Ya documentamos
la existencia de escuadrones de la muerte de la Marina actuando en el caso de
Veracruz para sembrar terror entre la gente en general (ver ¡Desatemos un torrente de lucha para PARAR
LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO! Si odias la brutalidad e injusticia que el Estado
impone, ¡tienes que ACTUAR AHORA!); en Guerrero ahora el blanco son los
activistas políticos y el movimiento de policías comunitarias. Los tres niveles
del gobierno han intentado callar esta ola de asesinatos políticos, o atribuirlos
al crimen organizado o acusar a otros luchadores sociales, en un intento de
encubrir su propia responsabilidad. ¿Quién tiene el motivo para matar a gente
que organiza protestas contra el gobierno e intenta organizar a la gente en
policías comunitarias independientes del control directo del gobierno? El mismo
Estado, claro está. Si resultara que participaron sicarios en algunos de estos
crímenes, no sería la primera vez que los utiliza el gobierno para su trabajo
sucio, como se ha documentado en otros casos, y sólo sería nueva evidencia del
alto nivel de colusión entre el Estado y el crimen organizado que también se ve
en la represión gubernamental a las policías comunitarias a la vez que protegen
al crimen organizado.
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| Asesinato de Arturo Hernández Cardona: crimen del Estado |
Estos asesinatos en serie de luchadores sociales comenzaron
el 30 de mayo en Iguala, cuando la Unidad Popular (UP) organizó una protesta en
la caseta de cobro sobre la carretera federal. Hubo roces con la Policía
Federal y horas después ocho personas que habían participado en la protesta
fueron desaparecidas. Tres de ellos fueron asesinados y 5 días después, sus
cuerpos fueron encontrados sobre esa misma carretera, vendados y con huellas de
tortura: Arturo Hernández Cardona, líder de la UP y de la Unión Campesina
Emiliano Zapata (UCEZ), así como Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román
Ramírez, comerciantes integrantes de la UP. El propósito fue bien claro: una
semana después el nuevo dirigente de la UP recibió una nota anónima ordenando
que la organización cese sus actividades, que son de protesta en contra del
gobierno.
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| Asesinato de Raymundo Velázquez Flores: crimen del Estado |
“Mira Raymundo, déjate de chingaderas, ¡Ya cálmate!” Así el
gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, le amenazó a Raymundo Velázquez Flores,
líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez). No se
calmó y unos días después fue desaparecido junto con su sobrino, Samuel Vargas
Ramírez y Miguel Ángel Solano Barrera. El 5 de agosto fueron encontrados sus cuerpos con las manos atadas,
huellas de tortura, varias heridas
de arma de fuego y el tiro de gracia en el municipio de Coyuca de
Benítez. Su asesinato ocurrió en las afueras de la colonia 10 de abril donde su
amigo, Luís Olivares Enríquez, que pronto sería otra víctima, organizaba a la
gente en una policía comunitaria.
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| Asesinato de Rocío Mesino Mesino: crimen del Estado |
En Atoyac, Rocío Mesino
Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) también propuso
organizar una policía comunitaria en marzo de este año. Una semana después, fue
encarcelada, acusada falsamente de secuestro, pero el gobierno no la pudo
silenciar. Demostró su inocencia y quedó en libertad. Denunció los asesinatos
ya mencionados y el peligro que corrían “todos aquellos que hemos criticado al
gobierno". Fue asesinada el 19 de octubre en pleno centro de Mexcaltepec, municipio
de Atoyac de Álvarez (Costa Grande) cuando iba acompañada de familiares
y unos 60 trabajadores, para coordinar la reconstrucción de un puente destruido
por la tormenta tropical Manuel. La
mató a tiros un hombre que se
le acercó y huyó en una moto.
A finales de octubre, el Estado puso en juego un plan para
acusar falsamente a la Organización
Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) del asesinato ya mencionado de Raymundo. En la madrugada del
29 de octubre, unos 30 hombres encapuchados entre militares y policía
ministerial irrumpieron con violencia en la colonia popular Fuerte Emiliano
Zapata, Coyuca de Benítez. Entraron en casas pateando puertas, amenazaron con violar
a las mujeres y amedrentaron a los niños. Se llevaron a 4 jóvenes de la OPPCG
sin orden de cateo ni de arresto. Un día antes, militares y policías habían
detenido a otro joven de la OPPCG y su esposa en El Ocotito, Chilpancingo.
Encerraron y torturaban a la esposa durante tres días para que declarara en
contra de su esposo. Ella denunció después que: “Me decían que dijera que mi
esposo asesinó a Raymundo, y que si no, nos llevaría la verga a mí y mi
familia”. Los cinco jóvenes, Gabino García Avilés, Uriel Ruano García, Daniel
Ruano García, Rey David Galeana Pastrana y Salvador del Carmen Vázquez, fueron
detenidos ilegalmente, torturados y acusados del asesinato sin ningún elemento
de prueba. Posteriormente, en una farsa judicial, se les declaró formal
prisión, quedaron encerrados en el penal federal de Acapulco y el montaje sigue
adelante.
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| Asesinato de Luis Olivares Enríquez: crimen del Estado |
Los ultrajes perpetrados por militares y policías sólo
fueron el preludio para otra ronda de asesinatos ahora en contra de esta
organización. El 2 de noviembre, fue asesinado a balazos David Romero Téllez,
el primo político del líder de la OPPCG, Luis Olivares Enríquez, alrededor de
las 18 horas a unos 40 metros de su casa en la misma colonia Fuerte Emiliano
Zapata. Junto a su cuerpo dejaron un mensaje: “aquí te dejamos este regalito
¡Luis Olivares!, así te metas debajo de las piedras vamos por ti te vamos a
sacar de adonde estés te va a pasar lo que les pasó a los 3 del río. Att. La
Santa M.” Lo de “los tres del río” se refiere al asesinato ya mencionado de
Raymundo, Samuel y Miguel, cuyos cuerpos fueron encontrados en el Río Grande. Aparte
del burdo intento de atribuir con la firma los asesinatos a la delincuencia
organizada, la amenaza deja entrever que las mismas fuerzas reaccionarias
cometieron, en el anonimato, estos cuatro homicidios y preparaban más mientras
los militares, policías y la procuraduría atacaban más abiertamente a una de las
mismas organizaciones (la OPPCG) a que
apuntaban los asesinos.
Pronto se cumplió la amenaza: el 10 de noviembre Luis Olivares Enríquez y su
compañera Ana Lilia Gatica Rómulo fueron asesinados a balazos en su propio
domicilio en la colonia Fuerte Emiliano Zapata. Luis conoció bien la violencia
del Estado ya que, como Rocío Mesino, sobrevivió la masacre de Aguas Blancas perpetrada
por la policía en 1995. Antes de que los balazos de los reaccionarios lo
parara, se dice que él también trabajaba en crear una policía comunitaria en
Coyuca de Benítez y que ya había, en Fuerte Emiliano Zapata y la colonia 10 de
Abril, gente equipada para integrar la Policía Comunitaria cuando ocurrió el asesinato
de su amigo Raymundo Velázquez cerca del lugar.
Finalmente, el sábado 16 de noviembre, dos líderes de la
comunidad serrana cafetalera El Paraíso, Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo
Martínez, fueron ejecutados en Atoyac de Álvarez en pleno Zócalo por las 2:30
pm, a menos de 50 metros de la comandancia de la policía preventiva.
Encabezaron una manifestación ese día para pedir mayor apoyo para los
cafetaleros que perdieron sus cosechas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid.
Fueron muertos por un asesino que les disparaba repetidas veces con una pistola
de 9 milímetros, cuando iban abordo de una camioneta entre la multitud. Dos
policías municipales presenciaron el asesinato y no hicieron nada. Según
algunos reportes, habían anunciado la creación
de una policía comunitaria en ese poblado apenas un día antes de su muerte.
El Estado asesino no hará
justicia
Estos trece luchadores asesinados, ¿quiénes fueron? Gente
que encabezaba protestas en contra el gobierno, gente de organizaciones
hostigadas, amenazadas y reprimidas por el gobierno, gente que planteaba
organizar nuevas policías comunitarias cuando el gobierno federal ya ha puesto
en claro que no tolerará su proliferación. Aunque por el actuar encubierto de
los matones reaccionarios y la negativa del Estado a perseguirlos, no se
conocen todos los hechos, QUEDA CLARO QUE ESTOS SON CRÍMENES POLÍTICOS DEL
ESTADO; varias voces han denunciado que se trata de una “limpieza social” de
los movimientos, o de una contrainsurgencia u otra “guerra sucia” como en los
70.
Tanto el gobierno federal como el estatal tienen una larga
historia de crímenes de sangre en contra del pueblo en Guerrero. Más de 400
personas fueron desaparecidas en Atoyac en los años 70, con completa impunidad.
En 1995 la policía del estado asesinó a 17 campesinos e hirió a 23 en Aguas
Blancas, Coyuca de Benítez. En 1998 el Ejército masacró a 10 indígenas mixtecos y un
estudiante de la UNAM en El Charco, municipio de Ayutla de Los Libres.
En 2009, Raúl Lucas Lucia y Manuel
Ponce Rosas, Presidente y Secretario de la Organización para el Futuro
del Pueblo Mixteco (OFPM) y nativos de El Charco, fueron desaparecidos por
agentes de la Policía Investigadora Ministerial en Ayutla de Los Libres, y
después sus cuerpos sin vida fueron encontrados en Las Cazuelas, municipio de
Tecoanapa, en la Costa Chica, con claros signos de tortura. Los
asesinatos por la policía de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera
Pino, estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, quedan
impunes, así como de los ecologistas de Coyuca de Catalán, asesinados en 2012. Y
estos son sólo algunos ejemplos, y no una lista exhaustiva, de los bárbaros asesinatos
políticos perpetrados por el Ejército, la Marina y los policías federales y del
estado. Son evidencias, entre muchas más, de que el Estado es un Estado asesino y criminal que sirve para proteger al
sistema y sus clases dominantes del descontento, las protestas y rebelión de la
gente oprimida.
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| Policía vestido de civil apunta a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa: la policía asesinó a dos jóvenes |
No podemos esperar que este mismo Estado asesino se
investigue a sí mismo y haga justicia. De gira en Iguala tras el asesinato de
Arturo Hernández Cardona, a quien le llamaba “un compañero de lucha”, Andrés
Manuel López Obrador dijo, “Ojalá que la autoridad haga una buena investigación
y castigue a los responsables de ese asesinato, porque eso no puede quedar
impune, no podemos seguir así, que se haga justicia”. Insinuar que “la
autoridad” pudiera investigar y castigar los crímenes que el mismo Estado
comete es una ilusión falsa y una mentira. El mismo Estado está matando,
reprimiendo, torturando y desapareciendo a la gente. Es mentira que este Estado
exista para “servir y proteger al
pueblo” como siempre nos dicen. Existe para servir y proteger el sistema que
gobierna sobre el pueblo, para defender y hacer respetar las relaciones de
explotación y opresión de este sistema que producen toda la pobreza,
brutalidad, humillación y degradación que padece la gente.
El Estado, coludido con el
crimen organizado, intenta desintegrar y abatir las policías comunitarias
Otra muestra de
la naturaleza criminal de este Estado es su respuesta ante el surgimiento de
las policías comunitarias. Éstas tuvieron sus inicios en esfuerzos autónomos de
los pueblos indígenas para protegerse tanto de los criminales como de los
ultrajes del Ejército mexicano. Se extendieron frente al fortalecimiento del
crimen organizado en la entidad que ha mantenido a la gente en muchas partes en
una situación intolerable de extorsión, secuestros, violaciones y asesinatos.
El gobierno, coludido con el crimen organizado en todos los niveles, no hizo
nada efectivo ante esta situación intolerable, pero cuando la gente se ha
armado como pudiera para defenderse, el Estado ha intervenido en contra de la
gente, protegiendo al crimen organizado.
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| Maestros de Guerrero se manifiestan contra la contrarreforma educativa |
Cuando desde
enero de 2013 se multiplicaron las policías comunitarias y ciudadanas en la
Montaña y Costa Chica, los pueblos organizados comenzaron a hacer retroceder a
las bandas criminales y también a desenmascarar los atropellos y la colusión de
autoridades, policías y militares con ellas. Cuando comenzó a cobrar fuerza la
lucha contra la contrarreforma educativa, los movimientos populares en Guerrero
confluyeron en una resistencia que alentó a la gente inconforme en todo el
país. Los estudiantes, padres de familia y policías comunitarias se unieron a
los maestros, sobre todo en la región principalmente indígena de la Montaña. Se
hablaba de una situación preñada de un estallido de rebelión, como pasó en
Oaxaca en 2006. En agosto en Tixtla, la policía comunitaria de la CRAC,
normalistas de Ayotzinapa, maestros y otros marcharon en contra de la reforma
energética y exigieron la salida del Ejército y de la Marina de los territorios
comunitarios. El coordinador de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina, denunció que
“con el pretexto de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Ejército y la
Marina están entrando a nuestras comunidades, intimidando a nuestros pueblos y
hostigando a nuestros policías comunitarios”. En ese contexto, el Estado mexicano ha intensificado su contrainsurgencia
preventiva de manera concentrada en Guerrero. Su objetivo es amedrentar y
desmoralizar a los de abajo, sobre todo los campesinos y pueblos indígenas,
descabezar y suprimir los brotes de resistencia, antes de que tengan la
oportunidad de levantarse en una lucha por un cambio realmente liberador.
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| Policía comunitaria de Guerrero |
El titular de la
Procuraduría General de la República, Murillo Karam, declara que las policías
comunitarias “no van a extenderse. Eso lo aseguro. Lo garantiza el Estado
mexicano”. En Guerrero, el Estado hostiga, desarma, detiene y divide a las
policías comunitarias; criminaliza algunos mientras enchufa e intenta servirse
de otros. Por lo general, las policías comunitarias y el sistema de justicia
alterna que las dirige, representan y defienden a la gente que no tiene poder
alguno en esta sociedad— las clases y grupos que son excluidos del poder bajo
este sistema y dominados por el Estado actual. Por eso, el gobierno los ataca
como un atentado contra la “seguridad nacional”, porque cuestionan y
desenmascaran el “monopolio de la fuerza (supuestamente) legítima” de los de
arriba.
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| Nestora Salgado García, detenida: ¡Libertad ya! |
En 2013 cuarenta
integrantes de las policías comunitarias de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC) fueron detenidas y doce de ellos siguen presos.
De estos 12, tres son coordinadores que pertenecen a la Casa de Justicia El
Paraíso, de Ajutla, incluida la de Olinalá, Nestora Salgado García, detenida
por militares el 21 de agosto, mantenida incomunicada un tiempo y finalmente encerrada
en un penal federal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit. La acusan de
secuestro agravado, por la detención del síndico de Olinalá por abigeo y otros
posibles delitos. El gobernador Ángel Aguirre se agarra de la división de la
CRAC que él mismo ha creado para declarar que Nestora ¡sí es secuestradora
porque “ya la desconoció” el coordinador de la casa de justicia de la CRAC en
San Luis Acatlán!
Bernardino García
Francisco, coordinador de Ayutla, y Gonzalo Molina, coordinador de Tixtla,
están presos por exigir la liberación de Nestora. Bernardino está acusado de
secuestro. Gonzalo Molina, detenido el 7 de noviembre, está acusado de
privación ilegal de la libertad, lesiones y terrorismo, por una protesta que exigía la liberación de Nestora
el 26 de agosto en Tixtla, en que policías comunitarios desarmaron a policías
municipales y retuvieron a funcionarios. Está encerrado en el Centro Federal de
Readaptación Social en el estado de Oaxaca y no le han permitido tener visitas.
El procurador Iñaki Blanco Cabrera, intentó justificar la acusación de
terrorismo, alegando que “se generó temor, zozobra y pánico en la población” de
Tixtla. Este ataque donde el Estado intenta aterrorizar a la gente, apresando y
acusando de terrorismo a sus dirigentes, tiene que ser derrotado por la
resistencia popular.
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| Manifestación exigiendo la liberación de Gonzalo Molina |
Policías comunitarios, maestros de la CETEG, normalistas de
Ayotzinapa marcharon en Tixtla exigiendo la liberación de Gonzalo Molina y
Nestora Salgado. Heliodoro Molina Isidro, padre de Gonzalo, se incorporó como
consejero de la policía comunitaria a sus 78 años cuando encarcelaron a su
hijo, y participa en todas las marchas. Ve que el encarcelamiento de su hijo es
una venganza del gobierno y dijo: “No quieren que en los pueblos haya quien los
defienda. Hay gente mala en los pueblos, y es lo que mi hijo no quería”. Uno de
los damnificados de la tormenta tropical Manuel
que marcharon declaró: “nosotros veíamos cómo el agua se comía nuestras casas,
y ni había policía, ni Ejercito estaban; sólo los comunitarios y los muchachos
de [la Normal de] Ayotzinapa, que se metieron con todo para sacarnos y salvar
algunas pertenencias”. El consejero regional de la CRAC por la Casa de Justicia
de El Paraíso, Ayutla denunció que los tres niveles de gobierno protegen a la
delincuencia organizada, y por eso “El gobierno no va a defender al pueblo,
porque primero tiene que defender a la delincuencia”. También denunció que el
gobierno del estado amenaza con desaforar y destituir a los presidentes
municipales que respalden movimientos de autodefensa, como en Apaxtla, donde la
gente organizó un movimiento ciudadano para defenderse. Por su parte, el Congreso del estado acaba de
aprobar la creación de una “policía rural”, que busca desintegrar las policías
comunitarias y convertirlas en una parte subordinada de la misma máquina
represiva del Estado
Combatamos la criminal contrainsurgencia del Estado
Urgen la denuncia y la movilización en todo el país en
contra de estos crímenes del Estado asesino y en defensa de la justa lucha de
la gente. Abandonemos la falsa ilusión de que el Estado asesino nos proteja de
sí mismo. ¡Denunciemos estos
asesinatos, estos encarcelamientos injustos y toda la sangrienta contrainsurgencia
del Estado! ¡Reforcemos la Red Nacional de Resistencia "Alto a la Guerra Contra el Pueblo", y
luchemos por ponerle fin a todos estos crímenes!
Aurora Roja
Voz de la Organización Comunista Revolucionaria,
México
http://aurora-roja.blogspot.com
