¡Alto a la Contrainsurgencia Asesina en Guerrero!

Marcha en Chilpancingo contra represión. Foto: Jessica Torres
El Estado mexicano ha desatado una brutal represión en Guerrero. En los últimos seis meses, por lo menos 13 luchadores sociales han sido salvajemente asesinados, la mayoría después de sufrir amenazas y represión anteriormente. Esto ocurre también en el contexto de un ataque frontal en contra de las policías comunitarias.  De nada servirá apelar al mismo Estado asesino a que se investigue a sí mismo; solo la lucha combativa e independiente del pueblo en contra del Estado criminal que comete esta barbarie puede hacer justicia. Hace falta denunciar y movilizarse en todo el país en contra de esta embestida represiva; hace falta movilizar y extender La Red Nacional de Resistencia “¡Alto a la Guerra Contra el Pueblo!”

Trece sangrientos crímenes del Estado

Las manos del Estado están manchadas de sangre en esta ola de asesinatos políticos que sirve el propósito de la contrainsurgencia preventiva, al intentar suprimir y sofocar la lucha popular en el contexto de amplias protestas y la proliferación de policías comunitarias en que la gente se está defendiendo con armas fuera del control directo del Estado criminal.

Ya documentamos la existencia de escuadrones de la muerte de la Marina actuando en el caso de Veracruz para sembrar terror entre la gente en general (ver ¡Desatemos un torrente de lucha para PARAR LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO! Si odias la brutalidad e injusticia que el Estado impone, ¡tienes que ACTUAR AHORA!); en Guerrero ahora el blanco son los activistas políticos y el movimiento de policías comunitarias. Los tres niveles del gobierno han intentado callar esta ola de asesinatos políticos, o atribuirlos al crimen organizado o acusar a otros luchadores sociales, en un intento de encubrir su propia responsabilidad. ¿Quién tiene el motivo para matar a gente que organiza protestas contra el gobierno e intenta organizar a la gente en policías comunitarias independientes del control directo del gobierno? El mismo Estado, claro está. Si resultara que participaron sicarios en algunos de estos crímenes, no sería la primera vez que los utiliza el gobierno para su trabajo sucio, como se ha documentado en otros casos, y sólo sería nueva evidencia del alto nivel de colusión entre el Estado y el crimen organizado que también se ve en la represión gubernamental a las policías comunitarias a la vez que protegen al crimen organizado.


Asesinato de Arturo Hernández Cardona: crimen del Estado

Estos asesinatos en serie de luchadores sociales comenzaron el 30 de mayo en Iguala, cuando la Unidad Popular (UP) organizó una protesta en la caseta de cobro sobre la carretera federal. Hubo roces con la Policía Federal y horas después ocho personas que habían participado en la protesta fueron desaparecidas. Tres de ellos fueron asesinados y 5 días después, sus cuerpos fueron encontrados sobre esa misma carretera, vendados y con huellas de tortura: Arturo Hernández Cardona, líder de la UP y de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), así como Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, comerciantes integrantes de la UP. El propósito fue bien claro: una semana después el nuevo dirigente de la UP recibió una nota anónima ordenando que la organización cese sus actividades, que son de protesta en contra del gobierno.

Asesinato de Raymundo Velázquez Flores: crimen del Estado
“Mira Raymundo, déjate de chingaderas, ¡Ya cálmate!” Así el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, le amenazó a Raymundo Velázquez Flores, líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez). No se calmó y unos días después fue desaparecido junto con su sobrino, Samuel Vargas Ramírez y Miguel Ángel Solano Barrera. El 5 de agosto fueron encontrados sus cuerpos con las manos atadas, huellas de tortura, varias heridas de arma de fuego y el tiro de gracia en el municipio de Coyuca de Benítez. Su asesinato ocurrió en las afueras de la colonia 10 de abril donde su amigo, Luís Olivares Enríquez, que pronto sería otra víctima, organizaba a la gente en una policía comunitaria.

Asesinato de Rocío Mesino Mesino: crimen del Estado
 En Atoyac, Rocío Mesino Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) también propuso organizar una policía comunitaria en marzo de este año. Una semana después, fue encarcelada, acusada falsamente de secuestro, pero el gobierno no la pudo silenciar. Demostró su inocencia y quedó en libertad. Denunció los asesinatos ya mencionados y el peligro que corrían “todos aquellos que hemos criticado al gobierno". Fue asesinada el 19 de octubre en pleno centro de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez (Costa Grande) cuando iba acompañada de familiares y unos 60 trabajadores, para coordinar la reconstrucción de un puente destruido por la tormenta tropical Manuel. La mató a tiros un hombre que se le acercó y huyó en una moto.

A finales de octubre, el Estado puso en juego un plan para acusar falsamente a la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) del asesinato ya mencionado de Raymundo. En la madrugada del 29 de octubre, unos 30 hombres encapuchados entre militares y policía ministerial irrumpieron con violencia en la colonia popular Fuerte Emiliano Zapata, Coyuca de Benítez. Entraron en casas pateando puertas, amenazaron con violar a las mujeres y amedrentaron a los niños. Se llevaron a 4 jóvenes de la OPPCG sin orden de cateo ni de arresto. Un día antes, militares y policías habían detenido a otro joven de la OPPCG y su esposa en El Ocotito, Chilpancingo. Encerraron y torturaban a la esposa durante tres días para que declarara en contra de su esposo. Ella denunció después que: “Me decían que dijera que mi esposo asesinó a Raymundo, y que si no, nos llevaría la verga a mí y mi familia”. Los cinco jóvenes, Gabino García Avilés, Uriel Ruano García, Daniel Ruano García, Rey David Galeana Pastrana y Salvador del Carmen Vázquez, fueron detenidos ilegalmente, torturados y acusados del asesinato sin ningún elemento de prueba. Posteriormente, en una farsa judicial, se les declaró formal prisión, quedaron encerrados en el penal federal de Acapulco y el montaje sigue adelante.

Asesinato de Luis Olivares Enríquez: crimen del Estado
Los ultrajes perpetrados por militares y policías sólo fueron el preludio para otra ronda de asesinatos ahora en contra de esta organización. El 2 de noviembre, fue asesinado a balazos David Romero Téllez, el primo político del líder de la OPPCG, Luis Olivares Enríquez, alrededor de las 18 horas a unos 40 metros de su casa en la misma colonia Fuerte Emiliano Zapata. Junto a su cuerpo dejaron un mensaje: “aquí te dejamos este regalito ¡Luis Olivares!, así te metas debajo de las piedras vamos por ti te vamos a sacar de adonde estés te va a pasar lo que les pasó a los 3 del río. Att. La Santa M.” Lo de “los tres del río” se refiere al asesinato ya mencionado de Raymundo, Samuel y Miguel, cuyos cuerpos fueron encontrados en el Río Grande. Aparte del burdo intento de atribuir con la firma los asesinatos a la delincuencia organizada, la amenaza deja entrever que las mismas fuerzas reaccionarias cometieron, en el anonimato, estos cuatro homicidios y preparaban más mientras los militares, policías y la procuraduría atacaban más abiertamente a una de las  mismas organizaciones (la OPPCG) a que apuntaban los asesinos.

Pronto se cumplió la amenaza: el 10 de noviembre Luis Olivares Enríquez y su compañera Ana Lilia Gatica Rómulo fueron asesinados a balazos en su propio domicilio en la colonia Fuerte Emiliano Zapata. Luis conoció bien la violencia del Estado ya que, como Rocío Mesino, sobrevivió la masacre de Aguas Blancas perpetrada por la policía en 1995. Antes de que los balazos de los reaccionarios lo parara, se dice que él también trabajaba en crear una policía comunitaria en Coyuca de Benítez y que ya había, en Fuerte Emiliano Zapata y la colonia 10 de Abril, gente equipada para integrar la Policía Comunitaria cuando ocurrió el asesinato de su amigo Raymundo Velázquez cerca del lugar.

Finalmente, el sábado 16 de noviembre, dos líderes de la comunidad serrana cafetalera El Paraíso, Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez, fueron ejecutados en Atoyac de Álvarez en pleno Zócalo por las 2:30 pm, a menos de 50 metros de la comandancia de la policía preventiva. Encabezaron una manifestación ese día para pedir mayor apoyo para los cafetaleros que perdieron sus cosechas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid. Fueron muertos por un asesino que les disparaba repetidas veces con una pistola de 9 milímetros, cuando iban abordo de una camioneta entre la multitud. Dos policías municipales presenciaron el asesinato y no hicieron nada. Según algunos reportes, habían anunciado la creación de una policía comunitaria en ese poblado apenas un día antes de su muerte.

El Estado asesino no hará justicia

Estos trece luchadores asesinados, ¿quiénes fueron? Gente que encabezaba protestas en contra el gobierno, gente de organizaciones hostigadas, amenazadas y reprimidas por el gobierno, gente que planteaba organizar nuevas policías comunitarias cuando el gobierno federal ya ha puesto en claro que no tolerará su proliferación. Aunque por el actuar encubierto de los matones reaccionarios y la negativa del Estado a perseguirlos, no se conocen todos los hechos, QUEDA CLARO QUE ESTOS SON CRÍMENES POLÍTICOS DEL ESTADO; varias voces han denunciado que se trata de una “limpieza social” de los movimientos, o de una contrainsurgencia u otra “guerra sucia” como en los 70.

Tanto el gobierno federal como el estatal tienen una larga historia de crímenes de sangre en contra del pueblo en Guerrero. Más de 400 personas fueron desaparecidas en Atoyac en los años 70, con completa impunidad. En 1995 la policía del estado asesinó a 17 campesinos e hirió a 23 en Aguas Blancas, Coyuca de Benítez. En 1998 el Ejército masacró a 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la UNAM en El Charco, municipio de Ayutla de Los Libres. En 2009, Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, Presidente y Secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y nativos de El Charco, fueron desaparecidos por agentes de la Policía Investigadora Ministerial en Ayutla de Los Libres, y después sus cuerpos sin vida fueron encontrados en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica, con claros signos de tortura. Los asesinatos por la policía de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, quedan impunes, así como de los ecologistas de Coyuca de Catalán, asesinados en 2012. Y estos son sólo algunos ejemplos, y no una lista exhaustiva, de los bárbaros asesinatos políticos perpetrados por el Ejército, la Marina y los policías federales y del estado. Son evidencias, entre muchas más, de que el Estado es un Estado asesino y criminal que sirve para proteger al sistema y sus clases dominantes del descontento, las protestas y rebelión de la gente oprimida.

Policía vestido de civil apunta a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa: la policía asesinó a dos jóvenes
No podemos esperar que este mismo Estado asesino se investigue a sí mismo y haga justicia. De gira en Iguala tras el asesinato de Arturo Hernández Cardona, a quien le llamaba “un compañero de lucha”, Andrés Manuel López Obrador dijo, “Ojalá que la autoridad haga una buena investigación y castigue a los responsables de ese asesinato, porque eso no puede quedar impune, no podemos seguir así, que se haga justicia”. Insinuar que “la autoridad” pudiera investigar y castigar los crímenes que el mismo Estado comete es una ilusión falsa y una mentira. El mismo Estado está matando, reprimiendo, torturando y desapareciendo a la gente. Es mentira que este Estado exista para “servir y proteger al pueblo” como siempre nos dicen. Existe para servir y proteger el sistema que gobierna sobre el pueblo, para defender y hacer respetar las relaciones de explotación y opresión de este sistema que producen toda la pobreza, brutalidad, humillación y degradación que padece la gente.

El Estado, coludido con el crimen organizado, intenta desintegrar y abatir las policías comunitarias

Otra muestra de la naturaleza criminal de este Estado es su respuesta ante el surgimiento de las policías comunitarias. Éstas tuvieron sus inicios en esfuerzos autónomos de los pueblos indígenas para protegerse tanto de los criminales como de los ultrajes del Ejército mexicano. Se extendieron frente al fortalecimiento del crimen organizado en la entidad que ha mantenido a la gente en muchas partes en una situación intolerable de extorsión, secuestros, violaciones y asesinatos. El gobierno, coludido con el crimen organizado en todos los niveles, no hizo nada efectivo ante esta situación intolerable, pero cuando la gente se ha armado como pudiera para defenderse, el Estado ha intervenido en contra de la gente, protegiendo al crimen organizado.
  
Maestros de Guerrero se manifiestan contra la contrarreforma educativa
Cuando desde enero de 2013 se multiplicaron las policías comunitarias y ciudadanas en la Montaña y Costa Chica, los pueblos organizados comenzaron a hacer retroceder a las bandas criminales y también a desenmascarar los atropellos y la colusión de autoridades, policías y militares con ellas. Cuando comenzó a cobrar fuerza la lucha contra la contrarreforma educativa, los movimientos populares en Guerrero confluyeron en una resistencia que alentó a la gente inconforme en todo el país. Los estudiantes, padres de familia y policías comunitarias se unieron a los maestros, sobre todo en la región principalmente indígena de la Montaña. Se hablaba de una situación preñada de un estallido de rebelión, como pasó en Oaxaca en 2006. En agosto en Tixtla, la policía comunitaria de la CRAC, normalistas de Ayotzinapa, maestros y otros marcharon en contra de la reforma energética y exigieron la salida del Ejército y de la Marina de los territorios comunitarios. El coordinador de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina, denunció que “con el pretexto de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Ejército y la Marina están entrando a nuestras comunidades, intimidando a nuestros pueblos y hostigando a nuestros policías comunitarios”. En ese contexto, el Estado mexicano ha intensificado su contrainsurgencia preventiva de manera concentrada en Guerrero. Su objetivo es amedrentar y desmoralizar a los de abajo, sobre todo los campesinos y pueblos indígenas, descabezar y suprimir los brotes de resistencia, antes de que tengan la oportunidad de levantarse en una lucha por un cambio realmente liberador.

Policía comunitaria de Guerrero
El titular de la Procuraduría General de la República, Murillo Karam, declara que las policías comunitarias “no van a extenderse. Eso lo aseguro. Lo garantiza el Estado mexicano”. En Guerrero, el Estado hostiga, desarma, detiene y divide a las policías comunitarias; criminaliza algunos mientras enchufa e intenta servirse de otros. Por lo general, las policías comunitarias y el sistema de justicia alterna que las dirige, representan y defienden a la gente que no tiene poder alguno en esta sociedad— las clases y grupos que son excluidos del poder bajo este sistema y dominados por el Estado actual. Por eso, el gobierno los ataca como un atentado contra la “seguridad nacional”, porque cuestionan y desenmascaran el “monopolio de la fuerza (supuestamente) legítima” de los de arriba.

Nestora Salgado García, detenida: ¡Libertad ya!
En 2013 cuarenta integrantes de las policías comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) fueron detenidas y doce de ellos siguen presos. De estos 12, tres son coordinadores que pertenecen a la Casa de Justicia El Paraíso, de Ajutla, incluida la de Olinalá, Nestora Salgado García, detenida por militares el 21 de agosto, mantenida incomunicada un tiempo y finalmente encerrada en un penal federal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit. La acusan de secuestro agravado, por la detención del síndico de Olinalá por abigeo y otros posibles delitos. El gobernador Ángel Aguirre se agarra de la división de la CRAC que él mismo ha creado para declarar que Nestora ¡sí es secuestradora porque “ya la desconoció” el coordinador de la casa de justicia de la CRAC en San Luis Acatlán!

Bernardino García Francisco, coordinador de Ayutla, y Gonzalo Molina, coordinador de Tixtla, están presos por exigir la liberación de Nestora. Bernardino está acusado de secuestro. Gonzalo Molina, detenido el 7 de noviembre, está acusado de privación ilegal de la libertad, lesiones y terrorismo, por una  protesta que exigía la liberación de Nestora el 26 de agosto en Tixtla, en que policías comunitarios desarmaron a policías municipales y retuvieron a funcionarios. Está encerrado en el Centro Federal de Readaptación Social en el estado de Oaxaca y no le han permitido tener visitas. El procurador Iñaki Blanco Cabrera, intentó justificar la acusación de terrorismo, alegando que “se generó temor, zozobra y pánico en la población” de Tixtla. Este ataque donde el Estado intenta aterrorizar a la gente, apresando y acusando de terrorismo a sus dirigentes, tiene que ser derrotado por la resistencia popular.

Manifestación exigiendo la liberación de Gonzalo Molina
Policías comunitarios, maestros de la CETEG, normalistas de Ayotzinapa marcharon en Tixtla exigiendo la liberación de Gonzalo Molina y Nestora Salgado. Heliodoro Molina Isidro, padre de Gonzalo, se incorporó como consejero de la policía comunitaria a sus 78 años cuando encarcelaron a su hijo, y participa en todas las marchas. Ve que el encarcelamiento de su hijo es una venganza del gobierno y dijo: “No quieren que en los pueblos haya quien los defienda. Hay gente mala en los pueblos, y es lo que mi hijo no quería”. Uno de los damnificados de la tormenta tropical Manuel que marcharon declaró: “nosotros veíamos cómo el agua se comía nuestras casas, y ni había policía, ni Ejercito estaban; sólo los comunitarios y los muchachos de [la Normal de] Ayotzinapa, que se metieron con todo para sacarnos y salvar algunas pertenencias”. El consejero regional de la CRAC por la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla denunció que los tres niveles de gobierno protegen a la delincuencia organizada, y por eso “El gobierno no va a defender al pueblo, porque primero tiene que defender a la delincuencia”. También denunció que el gobierno del estado amenaza con desaforar y destituir a los presidentes municipales que respalden movimientos de autodefensa, como en Apaxtla, donde la gente organizó un movimiento ciudadano para defenderse. Por su parte, el Congreso del estado acaba de aprobar la creación de una “policía rural”, que busca desintegrar las policías comunitarias y convertirlas en una parte subordinada de la misma máquina represiva del Estado

Combatamos la criminal contrainsurgencia del Estado

Urgen la denuncia y la movilización en todo el país en contra de estos crímenes del Estado asesino y en defensa de la justa lucha de la gente. Abandonemos la falsa ilusión de que el Estado asesino nos proteja de sí mismo. ¡Denunciemos estos asesinatos, estos encarcelamientos injustos y toda la sangrienta contrainsurgencia del Estado! ¡Reforcemos la Red Nacional de Resistencia "Alto a la Guerra Contra el Pueblo", y luchemos por ponerle fin a todos estos crímenes!

Aurora Roja
Voz de la Organización Comunista Revolucionaria, México
http://aurora-roja.blogspot.com

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2 comentarios:

JULEN URRUTIKOETXEA dijo...

LA VIOLENNCIA CONTRARREVOLUCIONARIA EN GUERRERO SIEMPRE HA SIDO CONSTANTE, UBIQUEMONOS HISTORICAMENTE, DESDE ANTES DE LA MISMA LUCHA INDEPENDENTISTA CONTRA EL COLONIALISMO ESPAÑOL, ESTA PARTE DEL PAIS HA SIDO COMBATIVA E IRREVERRENTE CONTRA TODO TIPO DE OPRESION, POR ESO, DESDE ESOS TIEMPOS, LOS GOBIERNOS SIEMPRE HAN REPRIMIDO ESA VORAGINE REBELDE QUE DATA DESDE AHI, LOS GRANDES CACIQUES DE GUERRERO, ESAS CASTAS DE CRIOLLOS Y NATIVOS LAMEBOTAS AL SERVICIO DEL GRAN OPRESOR, SIEMPRE HAN TRATADO DE REDUCIR ESA REBELDIA, ESO SOLO ES UNA MUESTRA DE LA REALIDAD NACIONAL, DURA , CRENTA Y SANGRIENTA, ALGO QUE NADIE SE ATREVE A HABLAR,COMENTAR O DECIR ABIERTAMENTE.


LA XUSTA LLUITA DELS PEUBLES, DEBE SÉR SOPORTAT, SÓ LA REVOLUCIÓ, ÉS LA UNIC SOLUCIÓ REAL PER LLIBERTAR A ELS PEUBLES.

VISCA LA REVOLUCIÓ ¡¡¡¡¡¡

Anónimo dijo...

Quiere defender a mi pais de estos hdpta,porfavor contactame.
gerson-87@hotmail.com