Autoridades apresan a médico en vez de surtir medicamentos e insumos


Protesta exigiendo la liberación del doctor Grajales Yuca en la Ciudad de México el 9 de agosto de 2020

El doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca fue detenido el 25 de julio, encarcelado y vinculado a proceso en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, acusado de algo que todos sabemos pasa todos los días: pedir a los familiares de un paciente enfermo que compraran medicamentos y equipo por la falta de los mismos en el hospital, donde era jefe del área Covid. El mismo doctor Grajales denuncia: "Me tomaron como un criminal, me dijeron eres un peligro para la denunciante y debes estar en prisión preventiva. Yo nunca he hecho mal a nadie. No tengo ningún antecedente, ni siquiera una multa de tránsito y me trataron así".

Issel Gutiérrez, presidente del Colegio de Pediatría en el estado, recuerda que el actual gobernador prometía al principio apoyar con todo a los trabajadores de la salud y recalca “por eso nos molesta e indigna que, por dar una receta para salvar una vida, los compañeros como el doctor Yuca se vayan a la cárcel”.

Miles de trabajadores de la salud y otros se han manifestado en Chiapas y otros estados en protesta por la detención del doctor Grajales Yuca y por la falta de medicamentos e insumos. Las carencias se arrastran desde hace tiempo pero se han vuelto particularmente críticas por la pandemia de SARS-CoV-2, con un elevado número de trabajadores de la salud contagiados y fallecidos por la falta de insumos adecuados. Sin embargo, en vez de atender sus justas demandas, el gobernador chiapaneco Rutilio Escandón, como otras autoridades en todo el país, simplemente miente, alegando en un video que no existe ninguna escasez de medicamentos, insumos ni equipo y llamando a la gente a denunciar a los médicos que digan lo contrario e indiquen a sus pacientes los medicamentos que pueden comprar. O sea, llama a criminalizar a más personal médico en vez de hacer algo para rectificar la situación de falta de medicamentos e insumos.

Es lo típico de las autoridades del sistema capitalista en que vivimos, regido por la busca de ganancias para unos cuantos: culpar a la gente, y en este caso a los trabajadores de la salud, por las fallas, crisis y crímenes de su propio sistema inhumano. Y esto subraya la necesidad de otro sistema muy distinto, que ponga en primer lugar el bienestar de la gente y las necesidades del personal médico para protegerse y realizar su trabajo: el verdadero socialismo, como transición al comunismo.

La acusación contra el doctor Grajales surge después de la muerte de su paciente, Miguel Arturo Ramírez López, al tratarlo en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH). Ingresó enfermo por contagio de Covid-19 y no sobrevivió a la enfermedad. No era derechohabiente, pero sí un político de peso, que había sido presidente municipal y diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres veces diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y últimamente presidente del partido estatal Podemos Mover a Chiapas.

Después de su muerte, su hija, Karen Alejandra Ramírez Molina, acusó al doctor Grajales de negligencia y luego presentó una denuncia por “abuso de autoridad”. Su acusación, según la carpeta de investigación es que “Nos dijo el doctor Yuca que el estado de salud de mi padre se había complicado y que por cualquier situación nos teníamos que preparar con medicamentos para la intubación y coma inducido; ese mismo día nos entregó recetas para que compráramos las medicinas (...) haciéndonos la aclaración de que nos estaba pidiendo este medicamento debido a que en todo el país había escasez, y que en este hospital no lo tenían”. Aun si uno creyera a la hija, ¿hubiera sido mejor que el doctor no les avisara de la situación y de lo que hacía falta?

“La hija que ahora lo denuncia estaba muy agradecida” por los intentos del doctor de salvarle la vida a su papá mientras resistía, comenta María Fernanda Ochoa, esposa del doctor, en una entrevista con El Universal. También describe el trabajo del doctor Grajales antes de su detención. Como médico urgenciólogo, casi vivía en el hospital desde el comienzo de la pandemia en marzo. “A pesar del riesgo, Gerardo los quería ayudar. Es un ser humano sensible y cuando se tenía que quedar más tiempo para sacar a un paciente, lo hacía, estaba el tiempo que tenía que estar en el hospital. Hubo un momento en que pensé que iba a colapsar porque nada más dormía dos horas o tres”.

La detención del doctor Grajales “ha sido en su totalidad ilegal”, relata otra familiar en entrevista con Aurora Roja. Nunca le informaron de la acusación, ni de la carpeta de investigación que se abrió el 17 de julio, ni de la orden de aprehensión que se giró cinco días después. “A él, por no ser un delito grave, se le había de haber notificado de que tenía obviamente una carpeta de investigación en su contra para que él pudiera presentarse y rendir su declaración. Pero, no. Aquí luego, luego fue orden de aprehensión y para adentro”.

Los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), en vez de presentarse con orden de aprehensión en su domicilio, le tendieron una trampa. Le llamaron desde el Hospital pidiéndole que se presentara en ese momento para atender a un paciente grave. Al salir, a una cuadra de su casa fue detenido por agentes de la FGE y recluido directamente al penal El Canelo. Es más, en su primera audiencia, denuncia su familiar, “a él le dan la prisión preventiva ¡justificada!, como si fuera un delincuente de alta peligrosidad, pero estamos más o menos comparando… con un narcotraficante como el Chapo, el Mencho, una cosa así, que sea un peligro para la sociedad”. Lo que obviamente es ridículo. Al final de esta audiencia uno de sus abogados defensores de Grajales Yuca expresó que “no es un litigio, estamos defendiendo a un preso político” por la notoria y continua actuación de la autoridad estatal en su afán de castigar a Grajales Yuca.

Para colmo, aunque el doctor ya fue diagnosticado hace tres años con cardiopatía e hipertensión, no le dieron acceso a sus medicamentos en la prisión. Como consecuencia directa del trato, tuvo una crisis de hipertensión y tuvo que ser internado. Ahora está bajo arresto domiciliario, tras varias protestas por parte de los trabajadores de la salud en Chiapas, la Ciudad de México y en otros estados. Sus abogados exigen que también se ponga fin a esta “prisión política”.

El dcotor Grajales Yuca
La única evidencia de parte de la fiscalía son diez recetas sin firma, alegando que el doctor Grajales las emitió, así como el testimonio de la hija, su hermana y una testigo “protegida” que fue presentada a la mera hora de la audiencia, al parecer bajo presión. Según la familiar entrevistada por Aurora Roja, el hospital no ha producido el expediente del fallecido. Tampoco ha presentado un inventario para mostrar que supuestamente se tenían los medicamentos y que, según, el doctor iba a quedarse con los mismos. En cambio, además del testimonio de una enfermera a favor del doctor, su abogado ha presentado la grabación de una llamada entre la hija denunciante y el doctor Grajales: "Le dice que es un ángel en su vida… que no tiene ninguna queja en su contra, que se cuide porque no vaya a ser que le hagan alguna jugada que mejor documente todo". Esto, concluye el abogado, "acredita que todo fue fabricado y que es una mentira todo lo que dice la denuncia; hay pruebas que contradicen el dicho de la propia denunciante".

Como la Fiscalía ha actuado con dolo y de manera muy exagerada dado el carácter de la acusación inicial, han tratado de fincarle otros cargos, de "acoso sexual" por una supuesta "mirada" que "incomodó" a la hija del difunto, y de supuestamente pedirle dinero a Gustavo “N”, otro contagiado de Covid, para que pudiera ser atendido en el Hospital. Ahora el delito que la Fiscalía persigue es por “presuntas conductas delictivas” por lo que investiga a “la estructura directiva del ISSTECH”. O sea endurecer los delitos y ampliar su cacería de brujas a más personal médico.

México está en el tercer lugar de más muertes en el mundo por la fallida respuesta a la pandemia, lo que incluye la oposición obstinada del gobierno a realizar pruebas masivas y rastreo de contagios para contener el virus, el tratamiento tardío de la mayoría de los casos graves y la falta de insumos adecuados para el personal médico. Sobre todo en esta situación, es francamente obsceno que lo que se les ocurra a las autoridades es perseguir y criminalizar a los trabajadores de la salud que arriesgan la vida en la primera línea de combate contra el Covid-19.

Este ultraje ha provocado varias protestas que van cobrando fuerza, llegando a protestas simultáneas en varias ciudades chiapanecas y 10 estados más el domingo 9 de agosto. Unas 2 mil personas protestaron en Tuxtla Gutiérrez, además de manifestaciones en San Cristóbal, Comitán, Villaflores, Tonalá y otros lugares en Chiapas. Además de la liberación del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, exigieron una mesa de diálogo para resolver la falta de medicamentos y otros insumos para atender a pacientes con Covid y otras enfermedades. La secretaria de organización de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud señaló que ha sido muy común en la pandemia que los médicos soliciten que los familiares compren medicinas, porque no hay abasto suficiente. También hubo protestas simultáneas en la Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Quintana Roo, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas, Puebla y Jalisco.

Aurora Roja, Voz de la Organización Comunista Revolucionaria, México

15 de agosto de 2020

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