El gobierno intenta reventar el caso Ayotzinapa y encubrir el papel criminal del Ejército

Bajar en PDF: ReventarCasoAyotzinapa.pdf

Todo indica que estamos frente a un intento por parte del gobierno actual de reventar el caso Ayotzinapa y encubrir el papel criminal del Ejército en los eventos de ese 26 de septiembre de 2014 que resultaron en seis personas asesinadas y 43 normalistas desaparecidos, con la participación activa de todos los niveles del gobierno.

Esto se ve en el desmembramiento forzado por parte de la Fiscalía y descalificación desde la tribuna presidencial a la Unidad Especial encargada del caso precisamente cuando lograba avances importantes en esclarecer el crimen. Se ve en el rechazo público por parte del presidente López Obrador a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha jugado un papel decisivo en contribuir a descubrir la verdad. Y se ve en la cancelación de 21 órdenes de aprehensión que incluyen a 16 militares, varios de los cuales participaron directamente en este crimen de Estado.

Se ha creado a propósito mucha confusión sobre el caso Ayotzinapa, tanto por parte de los operativos de la “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto, varios de los cuales siguen enquistados en el gobierno actual del supuesto “cambio”, como por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el fiscal Gertz Manero y otros funcionarios actuales. Así que vamos por partes.

El trabajo del GIEI, documentado en sus informes públicos, así como el trabajo de otras personas, ha demostrado sin lugar a dudas que la supuesta “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa del gobierno de Peña Nieto fue en realidad una gran mentira para pintar el crimen como consecuencia de un conflicto entre grupos delictivos y así encubrir el papel central que jugaron en este sangriento crimen el Ejército, la policía federal y la estatal. Se ha documentado con decenas de videos y otros documentos que esta “Mentira Histórica” fue armada cínicamente por medio de múltiples casos de tortura por parte de las fuerzas federales, la “siembra” de evidencia en el basurero de Cocula por parte de la Marina y en el Río San Juan por parte del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, la destrucción de evidencia por parte del Ejército, entre otros actos criminales.

La Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA o la “Unidad Especial”) fue creada en 2019 como producto de la valiente lucha de los normalistas, padres y madres de Ayotzinapa, así como la necesidad política del nuevo gobierno de AMLO de mostrar que era distinto al gobierno criminal de Peña Nieto. Su creación y el nombramiento de su titular, Omar Gómez Trejo, que había trabajado con el GIEI, fueron consensuados con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos. Se estableció legalmente que se concentraría en esta Unidad Especial toda la investigación y litigación del caso.

Con el trabajo de la UEILCA, en coordinación con el GIEI, se llega a un “escenario, de avances paulatinos en la investigación y… de llegar a un punto en el que el caso podría resolverse en gran parte” (GIEI, Informe Ayotzinapa IV, p. 40; las citas a continuación son del mismo informe, las negrillas son nuestras). Se ha encontrado evidencia que indica que “hubo intervención del ejército y policía estatal en la custodia de jóvenes detenidos" que después fueron desaparecidos (p. 9).

Asimismo, existen pruebas de la participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas por parte de los comandantes del 27 y 41 Batallones del Ejército, además de soldados bajo su mando. El Ejército espiaba las actividades de los normalistas desde años atrás, con infiltrados, el uso del software espía Pegasus y otros medios. Sabían que los estudiantes iban a tomar autobuses para asistir a la conmemoración del 2 de Octubre de ese año y “el 20 de septiembre de 2014 se dieron órdenes a todos los batallones [de la 35 Zona Militar]… de realizar un seguimiento minucioso de los estudiantes de Ayotzinapa” (p. 12).

Se consta que el Ejército no solo conocía desde años atrás de las actividades del grupo delictivo Guerreros Unidos, que también participó en la desaparición de los normalistas, sino que hubo complicidades y una “relación entre la organización criminal y distintas autoridades, incluyendo integrantes del Ejército, Marina, SEMEFO y presidentes de corporaciones locales y policías municipales” (p. 16). “[L]as autoridades militares y del CISEN estuvieron informadas en tiempo real de lo que ocurría” (p. 7) antes, durante y después de los crímenes de Estado aquel 26 de septiembre por medio del C4 y “el Grupo Guerreros Unidos tenía acceso al C4” (p. 20). Esto comprueba que los dirigentes de Guerreros Unidos sabían que el operativo fue contra los normalistas y no contra un grupo delictivo rival, los Rojos, como se mantiene no solo en la “Mentira Histórica” sino también en la versión del reciente Informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ) del gobierno de AMLO.

La clara conclusión es que los seis asesinatos y 43 desaparecidos de la “Noche de Iguala” fueron producto de un operativo en el que participaron las fuerzas armadas, las policías federal, estatal y municipales y los Guerreros Unidos, con coordinación por lo menos de los comandantes de las dos bases del Ejército en la zona.

La investigación ha topado con cada vez más obstáculos, frente a los avances logrados por la Unidad Especial y el GIEI. El Ejército ha rehusado y sigue rehusando entregar todas las evidencias del caso. El mismo Ejército y AMLO mienten al decir que lo han entregado todo, ya que el GIEI documenta que "existen citas en los propios documentos militares en los que se hace referencia a otras intervenciones de comunicaciones que aún no han sido entregadas" (p. 9), lo que es el caso también con otras evidencias escondidas. Recalca que en su tercer Informe en marzo de 2022, el GIEI denunció “la no ejecución de varias órdenes de aprehensión” (p. 28) pedidas por la Unidad Especial, las que debía ejecutar otra sección de la Fiscalía General de la República (FGR). En su cuarto informe, reitera que “no se han llevado a cabo numerosas órdenes de aprehensión que llevan dictadas algunas desde hace meses” (p. 41).

Al acercarse el octavo aniversario de este crimen de Estado, la Unidad Especial preparaba las averiguaciones previas que iban a resultar en 83 órdenes de aprehensión, entre las cuales había 20 militares. El GIEI indica que "Las pruebas con que cuenta el expediente penal estaban claras para los investigadores desde hace algún tiempo, y se seguían consiguiendo documentos” (p. 11) y otras evidencias para asegurar que los casos realmente resultaran en condenas, a diferencia de las detenciones bajo el gobierno anterior, con los casos desechados debido al uso de tortura y la falta de pruebas reales.

En agosto y septiembre de 2022, de repente se da una serie de golpes contundentes contra la investigación y contra la Unidad Especial (UEILCA) por parte del fiscal general, Gertz Manero, con el apoyo público en repetidas ocasiones de López Obrador:

  • En agosto, “a la UEILCA se le privó de todos los policías que habían sido asignados a la Unidad. Esa falta de agentes policiales ha limitado la posibilidad de tomar declaraciones o hacer diligencias pendientes, y por tanto ha conllevado la parálisis de una buena parte de la investigación” (p. 31).
  • El 17 de agosto, la FGR solicita la orden de aprehensión contra Murillo Karam, el arquitecto de la llamada “verdad histórica”. Esto por la insistencia de Gertz Manero de hacerlo ya, contra la advertencia de la Unidad Especial de que se necesitaba un mes para preparar bien el caso. Se deja fuera buena parte de la evidencia que tenía la Unidad Especial, y llevan el caso funcionarios ajenos al caso a tal grado que el juez les llamó la atención “por no conocer la carpeta de investigación, ni los antecedentes que permitieran sustentar la imputación”. Todo esto en directa violación del acuerdo que creó la UEILCA que establece que “es facultad del titular de la UEILCA tomar esas decisiones” (pp. 29-30). Así,  se desmonta la Unidad Especial, se estropea la investigación y se crea una situación para potencialmente exonerar al criminal ex procurador Murillo Karam.
  • El 18 de agosto, la COVAJ presenta su informe que ya hemos analizado en “Impunidad de Peña y Cienfuegos, encubrimiento del Ejército con el Informe Ayotzinapa del gobierno”. Se presenta sin consultar ni con la Unidad Especial ni con el GIEI. Los padres y madres de los 43 apenas lo conocen inmediatamente antes de hacerlo público, y no se les permite ni hacer preguntas.
  • En el mismo acto con los padres, el presidente, militares y otros, el fiscal general, Gertz Manero anuncia “que la UEILCA había solicitado las órdenes de aprehensión de 83 personas entre las cuales había de 20 militares” (p. 32). Esto lo anuncia sin haber consultado ni con la UEILCA ni con el GIEI, y manda a agentes sin conocimiento del caso, omitiendo otra vez parte de las pruebas, a pedir las órdenes, que son concedidas por un juez el 19 de agosto.
  • A partir del 5 de septiembre la FGR de Gertz Manero hace una auditoria a la UEILCA. La encabeza Adriana Campos López, quien fue parte de suprimir, en el gobierno de Peña Nieto, un informe que documentó acciones ilegales de funcionarios para fabricar la “verdad histórica”. La auditoria a la UEILCA "se centró fundamentalmente en la averiguación previa en la cual se despacharon 83 órdenes de aprehensión” y en particular “en la carpeta de investigación que incluye militares presuntamente implicados en los hechos” (p. 31).
  • El 13 de septiembre de 2022, un agente de la FGR ajeno al caso, sin ofrecer ninguna razón, pide y consigue la cancelación de 21 de las órdenes de aprehensión (16 contra militares) concedidas el mes anterior, otra vez sin el conocimiento previo ni participación de la Unidad Especial ni del GIEI. Así se exonera de antemano, a pesar de la evidencia en su contra, al general comandante del batallón 41 así como buena parte de los militares que participaron directamente en este crimen de Estado.

Todas estas acciones tomadas por la FGR de Gertz Manero y respaldadas por AMLO tuvieron la clara intención de descalificar a la UEILCA y el GIEI, así como descarrilar su investigación para proteger al Ejército, la Marina y otros oficiales implicados en este horrendo crimen de Estado y su encubrimiento. Todas estas acciones de la FGR violan la propia norma legal que dio lugar a la UEILCA. El GIEI denuncia que este actuar “llevará a mayor impunidad del caso” y que estas interferencias ilegales y “presiones indebidas” orillaron al fiscal especial Omar Gómez Trejo y su equipo a renunciar a la UEILCA, señalando la “indebida intromisión” de la FGR. Ya se ha nombrado un nuevo fiscal especial, un señor ajeno al caso pero cercano al actual secretario de Gobernación, Adán López, nombramiento que marca la misma senda de impunidad.

El GIEI también denuncia que con estas acciones, “El papel de la asistencia técnica internacional del GIEI que ha mantenido la investigación y logrado avances significativos, se bloquea” (p. 35) y concluye que “Los avances en la investigación que se han dado hasta ahora se ven amenazados por el proceso de judicialización llevado a cabo por la FGR, la marginación de la UEILCA y del propio papel del GIEI. En ese contexto, para el grupo [es decir, el propio GIEI] no tiene sentido seguir con dicha asistencia técnica si no hay un seguimiento de sus recomendaciones para fortalecer la judicialización del caso y el reconocimiento de los derechos de las víctimas” (p. 43).

López Obrador, por su parte, ha criticado al GIEI y ha defendido todas estas acciones ilegales de Gertz Manero y la FGR, llegando al extremo de lanzar la acusación de que se metió a los 20 militares en las averiguaciones de la UEILCA, “Pensando que se iba a generar una rebelión en el Ejército si eran más e íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie” (La Jornada, 30/09/2022). Más bien acusa a otros de hacer lo que en realidad hacen su gobierno y la FGR: dar marcha atrás a las investigaciones con la descalificación de la UEILCA y el GIEI precisamente para proteger al Ejército y encubrir su papel en estos crímenes.

Estas averiguaciones y posterior órdenes de aprehensión se basaron, como recalca el GIEI, en evidencias y pruebas sólidas que no se han refutado. Solo se han desechado con la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión sin siquiera dar razones. Otras 58 de las órdenes de agosto siguen sin ejecutarse, así como varias otras anteriores. Y en los pocos casos de detenidos, como Murillo Karam y cuatro militares que siguen detenidos por el momento, se han encargado los casos a fiscales ajenos al caso Ayotzinapa, varios de los cuales tienen una historia con el gobierno de Peña Nieto. Así que todo apunta a que intentan reventar el caso Ayotzinapa y proteger y encubrir los crímenes de las fuerzas armadas. No podemos permitir que esto pase. Miles necesitan denunciar toda esta maniobra reaccionaria para encubrir a los militares asesinos. Hay que despertar y movilizar a todos los que odian este infame crimen para exigir y luchar por justicia para los normalistas, para los familiares y para el futuro de todo el pueblo.

Con esto y muchos otros hechos, se comprueba que con el “gobierno del cambio” no cambia mucho. Son otras caras, otro discurso pero el mismo Estado burgués con su misma columna vertebral, las fuerzas armadas, que sigue masacrando al pueblo con impunidad. Se demuestra una vez más que el verdadero cambio en los intereses del pueblo solo se logrará a fin de cuentas al hacer añicos este Estado criminal por medio de la revolución. Cada vez más gente comienza a ver que la llamada "Cuarta Transformación" no cumple ni con lo que se prometió, ni mucho menos con el cambio radical de sistema que el pueblo y, a fin de cuentas, toda la humanidad necesita urgentemente.

Como señalamos en La esperanza revolucionaria, “Se abren nuevas posibilidades para la revolución liberadora en medio de agudas crisis y trastornos del sistema capitalista – urge organizarse y luchar para la revolución”.

Aurora Roja

Voz de la Organización Comunista Revolucionaria, México

auroraroja.mx@gmail.com                 aurora-roja.blogspot.com

8 de octubre de 2022

[Texto corregido]

No hay comentarios: