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| Protesta en Oaxaca contra la "Ley indígena" |
Descargar en pdf: Abajo la nueva Ley indígena.pdf
La reforma
constitucional de 2024 y el actual proyecto de “Ley indígena” tienen el
propósito de apretar la dominación gubernamental y facilitar el despojo,
desplazamiento forzado y ecocidio en contra de los pueblos indígenas y
afromexicanos por parte de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros,
el Estado y el crimen organizado.
Junto con la
represión y asesinatos de dirigentes y participantes en los movimientos
indígenas, ecologistas y de defensores, estas medidas también tienen el
propósito de contener y sofocar el gran potencial revolucionario de los pueblos
originarios. Sin embargo, la propuesta de Ley en sí y la farsa de las
"consultas" al respecto han provocado una creciente ola de protestas justas.
Tanto la reforma
constitucional de 2024 y la actual propuesta de Ley General sobre Derechos de
los Pueblos Indígenas y Afromexicanos establecen el supuesto derecho a “Ser
consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan
adoptar, cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en
su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su
caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas”. O sea, los pueblos no
tienen ningún derecho a vetar las imposiciones del gobierno y los
empresarios, solo les permiten dar “su consentimiento” o “llegar
a un acuerdo”. Como ha señalado con toda razón la abogada Bárbara
Zamora, “En la práctica, la última palabra la tienen las empresas y los
gobiernos para ejecutar sus proyectos extractivistas y de despojo,
reforzados mediante este mecanismo de legitimación jurídica y blindaje” (todo
énfasis es nuestro).
Estas medidas violan el
derecho al “consentimiento libre previo e informado” establecido en el Artículo
10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por
México. Al contrario, se establece que las consultas “se realizarán de conformidad
con principios y normas” mucho más limitados de la Constitución Política
mexicana, sin siquiera mencionar el Convenio 169, que es un tratado jurídicamente
vinculante. ¡Ni respetan su propia legalidad burguesa!
La propuesta de Ley establece
que el gobierno federal determinará cuáles son pueblos y comunidades indígenas
y cuáles no lo son, por medio de un enredado proceso burocrático. A los que
sean aceptados como indígenas, el gobierno también determinará cuáles temas les
afecta y cuáles no y cómo se organizará cualquier consulta. Las “consultas”
gubernamentales siempre han sido una farsa con un resultado predeterminado en
contra del pueblo y de la naturaleza, pero esta nueva Ley codifica el control
absoluto de todo el proceso por el gobierno.
La propuesta de Ley, en su
artículo 33, también establece nuevas bases legales para el despojo y robo
de recursos. Dice que los pueblos indígenas pueden disponer de sus recursos
naturales “salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas”, o
sea, cosas tales como el petróleo, los minerales, la electricidad, el agua, megaproyectos
clasificados de “seguridad nacional”, etc. ¡Con eso, se puede justificar “legalmente”
cualquier tipo de despojo bajo este sistema capitalista!
Aunque se habla hipócritamente
en la Ley de “autonomía”, las decisiones de las asambleas o gobiernos
comunitarios siguen condicionados y subordinados a las leyes y burocracias gubernamentales.
Se reduce su “territorio” a una nueva forma de propiedad sin sustento jurídico
(“propiedad comunal tradicional”) que “podrá” ser “reconocida” por la
"persona titular del Poder Ejecutivo Federal". Así queda bajo el
control absoluto de la Presidencia, sin ningún control indígena real de
recursos como el agua, los bosques, el subsuelo, etc.
Estas son solamente algunas de
las disposiciones de la propuesta de Ley que el gobierno quiere fingir es un
hito histórico en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas
pero que es, en realidad, un manto legal hipócrita para encubrir la continuidad
de la opresión, despojo, desplazamiento forzado, represión y asesinato de
indígenas.
Por eso tanto la farsa de “consulta”
como la propuesta de Ley han provocado denuncias, protestas y movilizaciones en
muchas partes. Los integrantes del Congreso Nacional Indígena han denunciado la
“simulación de consulta" y que el laberinto de los más de 450 artículos de
la Ley ponen nuevas trabas a las comunidades indígenas y tratan de quebrar su
resistencia. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) ha irrumpido,
bloqueado y cancelado los mentirosos foros organizados por el Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Se ha llegado a cierres simultáneos
de carreteras federales y la toma de instalaciones de la CFE. Ha habido marchas
masivas de rechazo en Chiapas. Más de 90 organizaciones de Oaxaca han
denunciado la farsa de consulta y la Ley. Y han surgida airadas protestas
también en Guerrero, Yucatán y otros estados.
A la par con su reaccionaria
“consulta” y Ley, el Estado ha seguido con su imposición de megaproyectos de
muerte, así como con su guerra de contrainsurgencia en contra de los indígenas
y el pueblo en general. Acaban de imponer en la Bahía de Ohuira,
Sinaloa, una planta de amoniaco de la trasnacional suiza alemana Proman AG, a
pesar del rechazo por parte de la comunidad Yoreme-Mayo y el dictamen de
expertos de la ONU señalando serios daños a la población y el medio ambiente.
En este y muchos otros casos, se demuestra que el Estado impone la necesidad
de atraer inversión extranjera para mantener la economía capitalista
dependiente al flote, devastando la vida de los indígenas, el pueblo en general
y la naturaleza.
En Chilapa,
Guerrero, el 6 de mayo de 2026, las
fuerzas del Estado federal se retiraron de la zona para permitir que el grupo
criminal Los Ardillos atacaran varias comunidades nahuas y de otros
grupos indígenas con drones, bombas y armas de grueso calibre, matando a cuatro
miembros de la policía comunitaria y desplazando a más de dos mil personas. Y
después de este crimen de Estado, ¿a quién detienen y dan trato de
criminal de alta peligrosidad? ¡A Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo
Indígena y Popular de Guerrero "Emiliano Zapata" (CIPOG-EZ),
organización independiente de defensa en la zona! Es solo uno de muchos
ejemplos de la guerra de contrainsurgencia que el Estado libra en
colusión con el crimen organizado por todo el país en contra de la
resistencia indígena, ecologista y popular.
Desde el
genocidio de la Conquista hasta nuestros días, en una u otra forma, los pueblos
indígenas han sido oprimidos, sobreexplotados, despojados, desplazados y
asesinados por ser indígenas. La opresión de los indígenas es un pilar
fundamental del actual sistema capitalista dominado por el imperialismo. No
importa cuántas veces los de arriba pongan su show de “limpias” a la
Presidenta, el Estado actual es y solo puede ser una máquina de represión al
servicio del sistema capitalista actual y los grandes empresarios.
Los
indígenas son una gran fuerza potencial para la verdadera revolución socialista
encaminada a acabar de raíz con su opresión, así como con toda forma de
explotación y opresión. Hay que impulsar y apoyar la resistencia indígena
en contra de esta nueva Ley reaccionaria, los proyectos capitalistas de muerte
y la guerra contrainsurgente en su contra. Hay que combatir el pútrido racismo
y desprecio a los indígenas en toda la sociedad. Y hay que hacer todo esto como
parte de preparar y luchar por una nueva revolución socialista liberadora
que establecerá la verdadera autonomía regional indígena y combatirá toda
forma de discriminación, explotación y opresión. Si odias los inmensos
crímenes que este sistema ha perpetrado en contra de los indígenas y
afromexicanos, ponte en contacto y luchemos juntos por un mundo nuevo, posible
y radicalmente distinto.
Voz de la Organización Comunista Revolucionaria,
México
auroraroja.mx@gmail.com aurora-roja.blogspot.com
- 1° de octubre de 2026
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