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Título completo:
Ciertos antecedentes de las
amenazas trumpistas de imponer aranceles con tal de exigir que México sea el
socio de Estados Unidos en crímenes contra los refugiados
En el último
período, al hacer uso de la amenaza de imponer, como garrote, aranceles escalonados
y paralizadores sobre todo los bienes provenientes de México, Trump exigía que
México se ponga de rodillas y se convierta en un colaboracionista aún más
servil y ejecutor de la meta del régimen de Trump y Pence de aniquilar de
manera efectiva el derecho al asilo para el creciente número de refugiados
provenientes de América Central que huyen de la pobreza, el desempleo, la
violencia y la represión en sus países de origen.
El 7 de junio, tan
sólo unas horas antes de que los aranceles contra México estuvieran programados
para entrar en vigor, Trump anunció que México se había suscrito una
“declaración conjunta” que aceptara “tomar medidas sin precedente para aumentar
los esfuerzos de agentes del orden público para frenar la migración irregular”.
México también acordó ampliar el programa “Permanecer en México” a lo largo de
la frontera de Estados Unidos y Mexico. Este programa obliga a miles de
personas que solicitan asilo a esperar en México durante meses, o incluso años,
hasta que se resuelva su solicitud de asilo, lo que implica que tendrían que
encontrar trabajo y sobrevivir en las ciudades fronterizas de México en lugar
de poder unirse a sus familias y amigos en Estados Unidos mientras esperan.
Según informes,
México también está muy cerca de firmar un convenio, en violación total de las
leyes de Estados Unidos y el derecho internacional, el que obligaría a todos
los refugiados de América Central a solicitar asilo en el primer país que
entren. De entrar en vigor ese convenio, los guatemaltecos tendrían que
solicitar asilo en México, mientras que los hondureños y los salvadoreños
serían obligados a solicitar asilo en Guatemala, un país con una pobreza tan
severa, agravada por el calentamiento global que está destruyendo los cultivos,
que los niños se están muriendo de hambre.
Incluso antes del
7 de junio, México ya llevaba semanas y meses de hacer concesiones a los
mangoneos de Estados Unidos para evitar la amenaza arancelaria. Las fuerzas
armadas mexicanas han estado llevando a cabo redadas y montando retenes las 24
horas del día en las rutas que van hacia el norte. Recientemente, México apostó
6.000 soldados fuertemente armados, una parte de una Guardia Nacional recién
formada, para bloquear una caravana de unos mil migrantes y obligarlos a dar
marcha atrás justo un día después de cruzar la frontera provenientes de
Guatemala.
Para asegurar
Estados Unidos que los organismos de inteligencia de México también estuvieran
a bordo, las autoridades mexicanas detuvieron a dos trabajadores prominentes de
ayuda humanitaria de Pueblos Sin Fronteras (PSF). Los dos cooperantes habían
desempeñado un papel clave en la organización de las grandes caravanas públicas
en 2018 que viajaban de Honduras a Estados Unidos. Trump y su régimen fascista
atacaron vilmente a las caravanas como unos “invasores” de las “fronteras
sagradas de Estados Unidos”. De acuerdo con documentos secretos divulgados a la
prensa el pasado invierno, estos cooperantes habían estado bajo vigilancia de
un operativo conjunto de inteligencia estadounidense-mexicano, el que también
perseguía a otros activistas, abogados y periodistas, luego de que la Patulla
Fronteriza gaseó a los refugiados en Tijuana en noviembre de 2018. Uno de los
cooperantes, Irineo Mújica, director de PSF, ha trabajado en estrecha colaboración
con Scott Warren, un voluntario de otro grupo de ayuda, No Más Muertes. Warren
había estado bajo proceso en Tucson por escandalosos delitos mayores
simplemente por proporcionar comida, ropa y una estancia corta para dos
migrantes desesperados antes de que el proceso terminara con el jurado
indeciso.
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