En el caso Cienfuegos, el gobierno mexicano ha actuado para
encubrir el papel criminal del Ejército y la extensa colusión en todos los
niveles entre el crimen organizado, el gobierno y las fuerzas armadas.
El general Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de Defensa
Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido en octubre del año
2020 en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y lavado de dinero.
En ese momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que la detención de
Cienfuegos era “una muestra inequívoca de la descomposición
del régimen, de cómo se fue degradando la función gubernamental en el país
durante el periodo neoliberal”
y prometió que “los civiles en el gobierno o elementos de las fuerzas armadas
involucrados con las acusaciones contra Cienfuegos serán suspendidos y, si es
el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes”.
Sin embargo, AMLO pronto cambió radicalmente de parecer bajo
presiones del Ejército, y su gobierno exigió la devolución de Cienfuegos para
llevar el caso en México. La periodista Anabel Hernández afirma que varios
contactos en el gobierno le aseguraron que AMLO recibió una llamada indicando
que el Ejército dejaría de apoyarlo si no hiciera algo pronto al respecto. Lo que parece más lógico suponer es que
el Ejército actuó así, no simplemente
para proteger al general en retiro, sino también por temor a lo que pudiera
filtrarse en el juicio en EU sobre los lazos de otros militares con el crimen
organizado.
Se detuvo el juicio en Estados Unidos, no por falta de
méritos, sino por consideraciones de relaciones internacionales a solicitud del
Departamento de Estado de EU frente a la exigencia del gobierno mexicano a
devolverlo a México. Cuando Cienfuegos regresó al país, el gobierno mexicano
prometió que no habría impunidad, y el Secretario de Relaciones Exteriores;
Marcelo Ebrard, recalcó que sería “casi
suicida” traerlo a México y luego no hacer nada, porque para eso “mejor se
hubiera quedado en Estados Unidos”.
Sin embargo, eso es precisamente lo que se hizo. En una
investigación súper-exprés de solo un poco más de dos meses, la Fiscalía
General de la República (FGR) decidió el “no ejercicio de la acción penal, en
favor del General Salvador Cienfuegos Zepeda”. AMLO a su vez, respaldó la
decisión de la FGR y acusó a la Administración Antidrogas (DEA) de EU de fabricar
delitos.
No es posible que
hayan hecho una investigación exhaustiva en tan poco tiempo. De acuerdo con
la periodista Anabel Hernández, hay por lo menos 5 miembros extraditados del
cartel del capo Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como H-2 (el cartel al que
se acusa a Cienfuegos de proteger). Habría sido necesario interrogarlos al
respecto, un proceso que llevaría más tiempo para completar los trámites con el
gobierno de EU para poder hacerlo. La FGR tampoco ha indicado que haya
intentado tener acceso a todos los testigos, grabaciones telefónicas y
evidencias físicas que se iban a presentar en el juicio en EU. La evidencia que la FGR cita
específicamente para desestimar el caso es el testimonio del propio general
Cienfuegos en su defensa, además de aportar más de 6 mil hojas en que la
mayor parte del texto está testado. No se puede hablar de “transparentar” un
caso cuando se presenta un expediente ilegible en su mayor parte, con casi todo
tachado.
Existe evidencia de
que el Ejército sí protegía al cartel de H-2 en los mensajes de texto que
la DEA envió al gobierno de México y que este hizo públicos. Independientemente de que si esa
protección la proporcionara Cienfuegos, como sostienen la DEA y los fiscales de
Nueva York, o se tratara de otro personaje, como sostienen el propio Cienfuegos
y la FGR, la FGR no indicó ninguna
intención de averiguar quién sí proporcionaba esa protección, si no fuera
Cienfuegos.
Así que, a partir del cambio de parecer de AMLO, todo el actuar de la FGR y el gobierno
mexicano fue para exonerar a Cienfuegos y para encubrir y no descubrir los
lazos entre el Ejército y el crimen organizado, a pesar del enorme montón
de evidencia de tal colusión, en este y en otros casos. Por otra parte, tampoco se puede confiar en los dichos del
gobierno estadounidense, que tiene toda una historia de su propia colusión
con el narcotráfico y su uso para fines políticos.
Sea cual fuere su papel en este caso, sobran las evidencias de que Cienfuegos es culpable de encubrir una
serie de crímenes del Ejército que ocurrieron bajo su mando. Algunos de los
crímenes más notables son:
- Tlatlaya: Saldo de 22 civiles muertos, con la masacre de varias personas que se habían rendido, bajo órdenes escritas de salir en horas de oscuridad y "abatir delincuentes". Inicialmente el Ejército mintió al sostener que era un “enfrentamiento” y Cienfuegos personalmente trató de desestimar la prueba documental de la orden como “error de transcripción”.
- Ayotzinapa: El asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 normalistas en una operación conjunta del Ejército, las policías federal, estatal y municipal, así como el crimen organizado, en que el Ejército desapareció pruebas y Cienfuegos prohibió que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entrevistara a los efectivos militares directamente implicados sin la presencia intimidante de sus mandos. A pesar de las promesas del gobierno actual, no se ha esclarecido este horrendo crimen ni hecho justicia después de más de 6 años.
- Apatzingán: Los militares y
policías federales golpearon, mataron y desaparecieron a civiles
desarmados, con saldo de por lo menos 16 muertos.
Como ha señalado muy correctamente Laura Castellanos, quien documentó
el caso de Apatzingán, entre otros, en su libro Crónica de un país embozado 1994-2018, “Si Cienfuegos no es juzgado
en México por crímenes de lesa humanidad, entre estos por la matanza de
Apatzingán, el Estado mexicano seguirá perpetuando la impunidad con la que la
institución ha actuado históricamente”.
A pesar de toda su retórica de “combatir la corrupción”, el
gobierno de AMLO sigue encubriendo estos crímenes de Cienfuegos y el Ejército,
así como la colusión de las Fuerzas Armadas con el crimen organizado, por la
misma razón que el gobierno de Peña Nieto encubrió los mismos crímenes citados
y el gobierno de Calderón encubrió la violación y asesinato de Ernestina
Ascencio por efectivos militares, entre muchos otros asesinatos de gente
inocente. No van a permitir investigaciones que a su juicio debilitarían las
fuerzas armadas, por muchos crímenes que sí cometen, porque el papel esencial de las FFAA es defender el actual sistema
capitalista en que la gran mayoría es explotada y oprimida por una pequeña
minoría de grandes capitalistas. Para
mantener tal sistema, es necesario atemorizar y reprimir a los explotados y
oprimidos, y ningún gobernante puede escapar esa realidad. Además de este
papel esencial, el Estado mexicano en general y las Fuerzas Armadas en
particular están compenetrados hasta la médula con el crimen organizado,
producto también del mismo sistema capitalista en las condiciones actuales.
Con este encubrimiento de los lazos del Ejército con el
crimen organizado, así como muchos otros crímenes, se comprueba una vez más que
meter a nueva gente “honesta” en el podrido Estado actual no resuelve el
problema: hace falta acabar con este Estado reaccionario por medio de la
revolución, junto con el sistema que representa.
Voz de la Organización Comunista Revolucionaria, México
aurora-roja.blogspot.com auroraroja.mx@gmail.com
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