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| Protesta en cárcel de Bogotá en medio de la pandemia |
Reproducimos
a continuación un artículo de interés de La Jornada.
R. Aída Hernández*
La Jornada, 16 de abril de 2020
Estamos entrando en la cuarta semana de
aislamiento, dentro de lo que se conoce como la fase 2 de dispersión
comunitaria del virus Covid-19; hasta la semana pasada, la mayoría de los
centros de detención del país seguían funcionando como si existieran
condiciones que los volvieran inmunes al virus. Las demandas de medidas de
protección para la población en reclusión por parte de los organismos
internacionales, de organizaciones de la sociedad civil y de los familiares de
las personas detenidas han sido ignoradas. La Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Human RightsWatch, entre otros, han planteado la urgencia de asegurar
el derecho a la salud de esta población y de impulsar medidas de liberación anticipada
que permitan descongestionar las prisiones.
En Irán 85
mil reos fueron liberados con el fin de evitar una pandemia en el espacio
carcelario, medidas similares se han tomado en cárceles estatales y de condado
en Estados Unidos. En Chile y en Colombia discuten leyes de indulto para grupos
vulnerables, como mujeres mayores de 55 años, embarazadas o con enfermedades
crónicas y madres de niños menores de edad. Mientras en México, las medidas de
protección se han limitado a prohibir la visita de menores de edad y adultos
mayores, y en algunos penales a regalar gel a los visitantes. En Morelos los
grupos religiosos siguen entrando, bajo su propio riesgo, nos aclara una
de las funcionarias encargadas de un centro femenil, como si la seguridad de
las internas no estuviera en peligro con las entradas y salidas de los grupos
voluntarios y del propio personal de seguridad.
Desde el 18
de marzo, una semana antes de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell,
anunciara el inicio de la llamada fase 2, un grupo de organizaciones que
trabajamos con mujeres en reclusión emitimos un comunicado en el que demandamos
a las autoridades correspondientes medidas urgentes para proteger a la
población en reclusión y garantizar su derecho a la salud (https://equis.org.mx/mexico-debe-cambiar-practicas-carceles-ante-pandemia-de-covid-19/). Entre las recomendaciones que se hacían, estaba adoptar una política
de no detención de personas por delitos no violentos, como el transporte y
posesión de sustancias ilícitas o infracciones administrativas; priorizar las
medidas cautelares por sobre la prisión preventiva; hacer efectiva la Ley de
Amnistía aprobada por los diputados, con el propósito de liberar a las mujeres
presas por delitos no graves y excarcelar a las adultas mayores, mujeres
embarazadas y a quienes tengan complicaciones de salud que las vuelven
vulnerables al Covid-19. Las principales recomendaciones de este documento fueron
retomadas por la senadora Nestora Salgado en una proposición de punto de
acuerdo sometida al Senado el 24 de marzo pasado. La respuesta fue la creación
del Grupo de Trabajo para el Covid-19, encabezado por el senador Miguel Ángel
Navarro Quintero, pero a la fecha ninguna de las iniciativas propuestas por la
senadora guerrerense ha sido retomada y el Senado ha interrumpido sus sesiones
como parte de la cuarentena.
Mientras
tanto, la incertidumbre y el miedo marcan la vida cotidiana de las mujeres presas,
que viven hacinadas en celdas donde llegan a dormir hasta 15 mujeres, según
diagnósticos realizados en cárceles femeniles. Si 46 por ciento de la población
en reclusión comparte su celda con más de cinco personas, ¿cómo lograr el
distanciamiento social que recomiendan las autoridades sanitarias? ¿Cómo
lavarse las manos constantemente cuando una tercera parte de las personas en
reclusión no cuenta con agua potable en sus celdas? Esta crisis de salud pone
en evidencia las profundas desigualdades en nuestro país, que hace que algunas
podamos guardar el aislamiento seguras en nuestras casas, mientras otras
mujeres no tienen casas y tienen que salir a trabajar para no perder sus
ingresos o están presas por delitos de pobreza, a merced de políticas penitenciarias
que cotidianamente violan sus derechos humanos.
Mientras
escribo este artículo, recibo una llamada urgente de Luz, la hija de una de las
internas de un Cereso femenil de Morelos. Su historia y sus urgencias no son
una excepción, acaba de cumplir 18 años y desde hace cuatro es responsable de
sus tres hermanitos, porque su madre está presa por un delito que no cometió,
pero el cual confesó después de haber sido torturada. Al igual que para muchas
mujeres, la cuarentena no sólo ha implicado para Luz el no poder salir a vender
los productos de belleza, con lo que mantiene a su familia, sino que está
encerrada con su hermano adolescente, que bajo el influjo de las drogas o por
su abstinencia, se pone violento y la golpea a ella y a sus hermanitos. No puede
visitar a su madre, porque no la dejan entrar con los niños, tampoco puede
comunicarse con ella, porque no hay cómo mandarle dinero para que compre una
tarjeta telefónica. Está angustiada por su seguridad y la de su madre. Una
tragedia más, de las muchas que viven las hi-jas de las mujeres presas en este
aislamiento, mientras sus madres esperan impacientes la tan anunciada amnistía,
que pasó a un segundo término ante la emergencia del coronavirus. Sus vidas y
las de sus hijos no parecen ser una prioridad en esta emergencia sanitaria.
Desde
Argentina, una interna de la Colectiva Yo No Fui describe esta
indiferencia estatal ante la vida de las mujeres presas, en tiempos de
pandemias de Covid-19, diciendo: somos el tipo de personas que no entran
en el plan de emergencia. Cuerpos extraños. El descarte de una sociedad que nos
trata en cualquier circunstancia como ciudadanas de segunda. Para ellos,
nosotras somos el virus. Lo sabemos. Nos hacemos cargo. Mutamos, sobrevivimos
y, por eso, no hay anticuerpo que nos detenga. Estamos inmunizadas a cualquier
mierda, porque hemos pasado la mayor parte de nuestras vidas expuestas a la
pobreza, al hambre, al consumo, a la vida en la calle, a la cárcel, a los
síntomas y las secuelas del capitalismo; sobre su efecto en nuestras vidas
podemos escribir largo y tendido. Por eso no hay cuarentena ni obediencia que
nos aseguren una vida vivible bajo los parámetros de una sociedad de la que
pareciéramos no ser parte.
* Investigadora
del Ciesas
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