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La tenaz lucha de las madres, padres, normalistas, abogados
y asesores de Ayotzinapa, así como la amplia protesta de mucha otra gente, es
un faro de lucha contra el Estado criminal. Ha sido punta de lanza contra
los cientos de miles de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados,
trata, acoso y feminicidios que quedan en la más absoluta impunidad frente a un
Estado cada vez más militarizado y coludido con el crimen organizado. Un Estado
cuya razón de ser es la defensa y reproducción del depredador sistema
capitalista que explota y oprime al pueblo. Nada de todos estos horrores
tiene por qué existir. Es posible otra sociedad radicalmente diferente y mucho
mejor. Para que la gente se libere de todo esto y forje un nuevo futuro
brillante, hace falta una revolución real.
1. Ayotzinapa: pruebas contundentes del carácter represor y corrupto del
Ejército y de todo el Estado mexicano y la necesidad de una revolución real
Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de
Ayotzinapa con mucha razón sospecharon que el Ejército participó en este crimen
de Estado. Ya que al ir a Iguala “nos dijeron los mismos pobladores de Iguala,
que ahí (en el Batallón) se habían llevado a unos estudiantes”. Como cuenta una
madre de los 43, “Desde el primer día que supimos que nuestros hijos estaban
desaparecidos, tuvimos conocimiento de que el Ejército había participado.
Recuerdo el 27 de septiembre, cuando nuestros hijos no llegaron a casa, no
sabíamos qué hacer. Nos juntamos en la Normal esperando que llegaran, pero para
nuestra mala suerte esa noche muchos muchachos no llegaron. El día 28 nos
fuimos todas las madres y padres a Iguala, nos repartimos en grupos y
recorrimos las colonias. Muchos nos decían que fuéramos al 27 Batallón de
Infantería porque normalmente ahí se llevan a los detenidos. Nos decían
seguramente ahí están sus hijos. Fuimos y preguntamos a los militares por
nuestros hijos, lo que nos respondieron es que ellos no se habían dado cuenta,
que no sabían de qué les hablábamos”.[1]
Los hechos que se han revelado desde aquel entonces han comprobado que las
madres y padres tenían razón y que el Ejército mintió y sigue mintiendo.
De hecho, el Ejército mexicano jugó un papel clave en el
operativo conjunto de las fuerzas del Estado y el crimen organizado en que
masacraron a seis personas y desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa
en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. También participaron en este
operativo de represión despiadada el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia o CNI), la policía
federal, la policía ministerial, la policía estatal, las policías municipales
de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y Taxco y el grupo criminal
Guerreros Unidos. Estas no son opiniones, son hechos documentados y resumidos
sobre todo en los Informes IV y VI del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Estos hechos demuestran el carácter represor y corrupto
del Ejército y de todo el Estado mexicano, y es por eso que, hasta ahora, dos
gobiernos han hecho todo lo posible por suprimir la verdad. El
operativo se realizó bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, del ahora muy
justamente odiado Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y para encubrir
su papel, armaron la gran mentira de la supuesta “Verdad Histórica” de que solo
se trataba de policías municipales corruptos y delincuentes que habrían quemado
los cuerpos de los muchachos en el basurero de Cocula. Varios videos demuestran
que fabricaron esta mentira a partir de docenas de casos de tortura de
supuestos “testigos”,[2]
que la Marina sembró supuestas “evidencias” en el basurero de Cocula y que la
Marina y Tomás Zerón de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) sembraron
otras “evidencias” en el río San Juan.
Las poderosas y airadas protestas de cientos de miles de
personas que irrumpieron en México e incluso en otras partes del mundo frente
al crimen y su encubrimiento por el gobierno priísta, así como la decidida lucha
de los familiares y normalistas de Ayotzinapa y muchos otros, lograron
arrancarle la promesa de resolver el caso a Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
al encararlo en un acto de su campaña presidencial y cuando asumió la
presidencia en 2018. El nuevo gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) permitió que el GIEI regresara a México. Se creó la Unidad Especial de
Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) y se tuvo acceso
durante un tiempo a varios documentos y videos en posesión del Ejército y la
Marina. Sin embargo, como señalan las madres y padres de los 43 en un
comunicado de abril de 2024 “Existen pruebas de que las investigaciones
avanzaban, pero cuando la misma tocó al ejército mexicano el presidente frenó
las pesquisas, para encubrirlos”.[3]
El gobierno de López Obrador revienta el caso legal en
agosto-septiembre de 2022. Confiscan toda la documentación de la Unidad
Especial para el caso. Logran la cancelación de 21 órdenes de aprehensión bien
fundamentadas (16 contra militares). Obligan al fiscal especial, Omar Gómez
Trejo, a renunciar al cargo y huir del país por temor por su vida. Reemplazan a
él y a su equipo con personas ajenas al caso, incluidos agentes heredados del
gobierno de Peña Nieto.
Vomitan mentira tras mentira. AMLO ataca un día sí y el otro
también a las valientes madres, padres, normalistas, abogados y asesores de
Ayotzinapa, así como al GIEI y a toda la gente que se atreve a seguir luchando
por verdad y justicia. “Manipulados”[4],
“infiltrados…de la delincuencia organizada”,[5]
“complacientes” con la “verdad histórica”,[6]
“conservadores”, “parece que no quieren que se avance” en el caso[7]
y tantas absurdas barbaridades más, siguiendo un guión de descalificación
semejante al del gobierno de Peña Nieto. Orillan al GIEI a abandonar el país al
rehusar entregar las evidencias clave que el GIEI ha documentado están en manos
del Ejército.
Cuando los normalistas, justamente enfurecidos por las
constantes mentiras y encubrimiento de oficiales criminales por parte del gobierno,
tumban una puerta del Palacio Nacional, el día siguiente la policía estatal
del gobierno morenista de Guerrero asesina a sangre fría al normalista de
Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, el 7 de marzo de 2024.[8]
Van a tratar de seguir con este encubrimiento criminal bajo
el nuevo gobierno morenista de Claudia Sheinbaum, que ni incluyó Ayotzinapa en
sus “100 compromisos de gobierno”. En cambio, ha nombrado como secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana a Omar García Harfuch, quien estuvo presente
en el sexenio de Peña Nieto en por los menos dos reuniones en Iguala dedicadas
a armar la gran mentira de la “Verdad Histórica”.[9]
El gobierno sigue con el encubrimiento porque, de conocer
la verdad, quedarían exhibidas las Fuerzas Armadas como las fuerzas represivas
que son: perpetradores de masacres, asesinatos y desapariciones. Quedaría
desnudado el Estado por lo que es: una dictadura capitalista criminal y
corrupta sobre el pueblo.
Ayotzinapa es una concentración de muchos otros casos de
contubernio entre el Estado y el crimen organizado para reprimir y amedrentar
al pueblo. Por los logros de la lucha en comprobar y documentar este
contubernio, ha contribuido mucho a arrancar la máscara “democrática” del
Estado mexicano para revelar la fea cara de una dictadura capitalista asesina y
enfermiza, con el doble cáncer de la creciente militarización y la expansión
del crimen organizado.
Esto es un logro muy importante de la lucha. Y al
desenmascararlo, Ayotzinapa se ha convertido en un faro de lucha y esperanza
contra todos los crímenes del Estado mexicano, coludido con el crimen
organizado. Estos crímenes, junto con el enorme crecimiento del crimen
organizado a la sombra del Estado capitalista represor, han devastado al país
con cientos de miles de personas asesinadas o desaparecidas y cientos de miles
más que han tenido que huir de sus hogares.
El caso Ayotzinapa demuestra una vez más, con toda claridad,
que, a pesar de cambios de formas, de partidos, de la retórica, sigue siendo en
esencia el mismo Estado de sangrienta represión al pueblo que sirve para
defender al sistema capitalista de explotación y opresión. Es en esencia el
mismo Estado con su Ejército que surgió al asesinar a traición a Zapata y Villa. El Estado de las
masacres de Tlatelolco, Acteal, Tlatlaya y tantas más.
AMLO se pavonea de que “no somos lo mismo” y que “no reprimimos”. Los
hechos refutan sus mentiras y cuentan otra historia. El Ejército cometió dos
masacres bien documentadas de gente desarmada tan solo en Nuevo Laredo bajo su gobierno.[10] La
Guardia Nacional acaba de matar a otra niña, de 9 años, según porque el coche
en que viajaba no paró, como en tantos casos más,[11] y
tres elementos de la misma corporación acaban de violar a una adolescente en
una playa de Isla Mujeres, Quintana Roo.[12] La
policía del gobierno morenista de Veracruz acaba de matar a dos campesinos (los
hermanos Jorge y Alberto Cortina) por protestar la contaminación y el
acaparamiento del agua por parte de la empresa Granjas Carroll, con la
complicidad de los gobernantes durante varias décadas.[13] La
Migra y la Guardia Nacional hacen el trabajo sucio del imperialismo
estadounidense al golpear, encarcelar, robar, expulsar y matar a los migrantes,
con 40 quemados vivos en una cárcel de Ciudad Juárez en 2023 por el supuesto
crimen de buscar una vida mejor.[14]
Continúa el uso de paramilitares y narcos para atacar al Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) y sus bases de apoyo, a la vez que siembran el
terror en el estado de Chiapas en general.[15] Y eso
sin contar el gran número de periodistas, ecologistas, policías comunitarias
indígenas, opositores a la minería y otros luchadores sociales asesinados por
sicarios que en muchos casos son producto de la colusión entre el gobierno, los
grandes empresarios y la delincuencia organizada. Todo esto representa una
guerra de contrainsurgencia preventiva contra el pueblo, represión a
luchadores y al pueblo en general para amedrentarnos y tratar de prevenir
cualquiera insurgencia que pudiera surgir. El Estado actúa así para preservar
el actual sistema capitalista depredador dominado por el imperialismo.
¡Ya basta de vivir bajo la bota de las
fuerzas armadas, policías represoras y, en muchas partes, el “cogobierno” con
el crimen organizado! ¡No aceptamos vivir así y no tenemos que vivir así! Hace
falta una revolución real para tumbar al Estado capitalista y establecer una
sociedad socialista liberadora. Es posible y urgentemente necesaria otra
sociedad radicalmente diferente y mucho mejor, otra manera de vivir y
convivir.
Ayotzinapa y otras luchas justas contribuyen a elevar la conciencia y
combatividad del pueblo y de esta manera ayudan a crear mejores condiciones
para la revolución, sobre todo cuando los revolucionarios participan y ayudan a
la gente a sacar las conclusiones que los mismos hechos subrayan: que el Estado
capitalista es criminal y necesita ser derrumbado por medio de la revolución.
Por otra parte, la intensificación de las mismas crisis del sistema está
provocando mayor sufrimiento para mucha gente, a la vez que está
abriendo nuevas posibilidades para una revolución liberadora. Convertir esas
posibilidades en la realidad de otro mundo posible y mucho mejor depende de
aplicar la ciencia revolucionaria, el Nuevo Comunismo desarrollado por
Bob Avakian, a las condiciones concretas del país y el mundo. Depende de forjar
una dirección comunista revolucionaria capaz de aplicar esa ciencia a
los múltiples problemas que enfrenta tal revolución. Y depende de organizar
cada vez más gente para una revolución real, y no la falsa “revolución
de conciencias” y otros engaños que promueven Morena y los falsos
“revolucionarios” que comulgan con Morena.[16]
Depende de lo que hagamos cada uno. Depende de lo que hagas tú.
2. El operativo conjunto por parte
del Estado y el crimen organizado contra los normalistas de Ayotzinapa fue
informado en tiempo real hasta al secretario de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos
Según
el GIEI, una de las “condiciones previas para entender el comportamiento del
ejército en la noche de Iguala del 26-27 de septiembre de 2014” es “la visión contrainsurgente de los
jóvenes de la escuela normal de Ayotzinapa… que se muestra en el nivel de
información de servicios de inteligencia del ejército, el foco de las
actividades de inteligencia centradas en sus movilizaciones, asambleas y
procesos organizativos”.[17]
Esta “visión contrainsurgente” es producto del papel
esencial del Ejército (y las fuerzas armadas en general) como parte central de
la “columna vertebral” del Estado capitalista. Son encargados de reprimir y
contener cualquier protesta o posibilidad de insurgencia que pudiera afectar al
sistema capitalista e incluso los intereses de capitalistas individuales
(como, por ejemplo, su represión a los mineros de Cananea en los intereses del
Grupo México y el multimillonario Germán Larrea).
En este caso, como comprueba el GIEI, “Inteligencia militar
de SEDENA [Secretaría de la Defensa Nacional] tenía desde hacía tiempo como
objetivo a la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y seguimiento de los
jóvenes y sus comités y asambleas debido a sus acciones y movilizaciones
políticas”.[18] De
hecho, en septiembre de 2014 tenían por lo menos tres “Órganos de Búsqueda de
Información” (OBI, agentes de inteligencia también llamados “fachadas” por los
militares) reportando regularmente sobre los normalistas de Ayotzinapa. Por lo
menos dos OBI fueron matriculados en la normal como estudiantes. Irónicamente,
uno de ellos resultó ser uno de los 43 desaparecidos.
La otra condición previa para “entender el comportamiento
del ejército” en este crimen de Estado, según el GIEI, es “la colusión con el
narcotráfico y la delincuencia organizada con mandos y miembros del 27 BI
[Batallón de Infantería] de Iguala, junto con otras policías, agentes del
Estado y autoridades”.[19]
“Esta colusión es parte de las condiciones que facilitaron que se llevase a
cabo la desaparición de los estudiantes”[20]
y para aparentar que el Ejército no tuvo nada que ver y solo se enteró después,
como ha sido la mentira de la SEDENA.
De hecho, “tal y como puede verse en las actas de la
Coordinación Guerrero Seguro donde participaban Ejército, Marina, Policía
Federal, PGJ, PGR, Seguridad pública Estatal y Gobierno de Guerrero…, todas las
autoridades de ámbito estatal y federal tenían conocimiento previo de la
colusión con la Delincuencia Organizada de autoridades y policías municipales
de Iguala y varias ciudades cercanas”.[21]
No obstante, el Ejército y demás autoridades, en vez de actuar en contra de
la delincuencia organizada, actuaron junto con los delincuentes para realizar
el sangriento operativo contra los normalistas y luego trataron de
encubrirlo como simplemente el acto del crimen organizado y algunos policías
locales corruptos.
Como analizaremos más adelante, la colusión del Estado
con el crimen organizado se ha vuelto una táctica clave en la guerra
contrainsurgente preventiva contra el pueblo, no solo en este caso sino en
muchos otros, sobre todo desde la declaración de la supuesta “guerra contra el
narcotráfico” iniciada por el entonces presidente Felipe Calderón en 2006. Todo
Estado capitalista reprime al pueblo, para mantener y defender el sistema
capitalista y los intereses de la clase o clases explotadoras. La
particularidad del Estado mexicano actual es su gran compenetración con el
crimen organizado y su utilización para reprimir y atemorizar al pueblo.
En el caso de Ayotzinapa, seis días antes del crimen,
enterado de que los normalistas planeaban participar en actividades de protesta
contra la masacre realizada por el Ejército el 2 de octubre de 1968, el entonces secretario de la Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos, dio
“órdenes a todos los batallones…
de realizar un seguimiento minucioso de los estudiantes de Ayotzinapa”.[22]
El 26 de septiembre un grupo de normalistas, la mayoría de
primer ingreso, salieron de la normal con la comisión de tomar autobuses para
poder ir a la protesta en la Ciudad de México el 2 de octubre. Primero
intentaron entrar en Chilpancingo, pero fueron bloqueados por la policía
estatal. Así que cambiaron de plan y se dirigieron hacia la ciudad de Iguala.
En las afueras de Iguala, en la caseta No. 3, lograron tomar un camión a pesar
de los intentos de impedirlo de parte de la policía federal, un agente del
Ejército y dos patrullas de la policía estatal. El chofer los convenció a dejar
los pasajeros en la central de autobuses. Sin embargo, al llegar, encerraron a
los normalistas en el autobús y otros compañeros tuvieron que llegar para
rescatarlos. Aunque no fue su plan original, aprovecharon la situación para
tomar más autobuses. En resumen, los normalistas llegaron a la central de
Iguala en dos autobuses, lograron tomar tres más y salieron en cinco.
El Ejército desde el principio ha mentido, negando
todo conocimiento de la brutal agresión que sucedió a los normalistas hasta
mucho después de los hechos. La realidad es otra.
En todo momento hubo un seguimiento minucioso de todo el
recorrido de los normalistas y de todos los eventos del brutal ataque en su
contra. Según las investigaciones resumidas por el GIEI, “Todas las
Corporaciones, Ejército, CISEN y Policía Federal y Estatal, hacían seguimiento
y reporte en tiempo real de todas las actividades de los normalistas...”
Además, “Durante, y posteriormente a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de
2014, el ejército recibió información de interceptación de comunicaciones la
cual nunca fue puesta a disposición de la búsqueda o la investigación… Los
documentos confirman que el Ejército (así como el CISEN) tenía intervenidas las
comunicaciones de actores relevantes en los hechos, incluso cuando estaban
ocurriendo, sin que consten autorizaciones judiciales para ello ni se conozca
el contenido completo de las mismas... Esto significa que las autoridades
militares y del CISEN estuvieron informadas en tiempo real de lo que ocurría”.[23]
El
Ejército no solo recibía información sino que coordinó la sangrienta represión
en tiempo real, en parte importante por medio del llamado C-4 (el Centro de
Comando, Control, Comunicación y Cómputo), que recibía información de diversas
fuentes e indicaba a varias unidades a dónde dirigirse. Los militares
tomaron el control del C-4 en Iguala esa noche. Aunque un testigo protegido
informa que el C-4 seguía operando, dando informes, indicaciones y tomando
fotografías por las cámeras de video, cuando entraron los normalistas en la
ciudad se dio un “apagón informativo” a las 21:20 horas no solo del C-4
sino de toda “la información
militar de SEDENA y de CISEN, de la Policía Estatal y federal”.[24]
Esto justo antes del primer ataque a los normalistas. Fingen que no supieron nada
a pesar de una orden del entonces secretario de la Defensa, Salvador
Cienfuegos, de que no solo debían realizar un seguimiento minucioso a
los normalistas sino que “debían
mandar fotografías y material que se recuperara”.[25]
Obviamente hubo órdenes de nivel superior de borrar toda la información, así
como la participación del Ejército, CISEN y las policías federal, ministerial y
estatal en este crimen de Estado. La orden muy probablemente vino del mismo
Cienfuegos, como jefe de la SEDENA, la organización con suficiente recursos
y organización para manejar toda la situación y el encubrimiento del crimen.
Durante
este “apagón informativo”, los normalistas fueron agredidos salvajemente al
intentar salir de Iguala en los cinco autobuses, como se explica en más detalle
en el Informe VI del GIEI.[26]
Fueron perseguidos y agredidos a balazos al tratar de salir de la
ciudad. Aunque la brutal agresión fue realizada principalmente por las policías
municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, así como algunos sicarios de Guerreros
Unidos, también participaron las policías federal, estatal y ministerial,
elementos del Ejército y del CISEN. No solo el Ejército en Guerrero sino
también la Secretaría de la Defensa Nacional a nivel federal recibía
informes en tiempo real por medio del C-4. También los recibía del Centro
Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) que se encontraba dentro de las
instalaciones del 27 Batallón de Infantería e intervenía teléfonos de Guerreros
Unidos y de otras personas ese día. Esta información luego se remitía al Centro
Militar de Inteligencia (CMI) en la Ciudad de México.[27]
Según un testigo protegido, “La
información generada por el software Pegasus es reflejada en la terminal en un
lapso de uno a dos minutos aproximadamente, y a la computadora del usuario del
CMI en un tiempo de cinco a diez minutos (…)”; “el área de análisis [de la
SEDENA en la Ciudad de México] es la parte fundamental la cual tuvo la mayor
injerencia en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 ya que tuvieron
conocimiento del caso en tiempo real de los hechos que se estaban suscitando”.[28]
En particular, recalca el GIEI que “La
documentación revisada de mensajes… muestra el nivel de coordinación de la
información” entre el Batallón de Infantería 27, la Zona Militar 35, la IX
Región militar y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos
sobre lo sucedido esa noche.[29]
O sea, como resume el GIEI, “el
nivel de monitoreo e información de sus movimientos era total y la información
llegaba al más alto nivel de SEDENA y no solo a sus autoridades en Guerrero”.[30]
El Ejército ha seguido con absurdas mentiras de que no
existía el CRFI ni el CMI, ni intervienen teléfonos nunca (no tienen la
autoridad legal para hacerlo), pero un montón de documentos del mismo Ejército
y otras evidencias demuestran que todo esto es una gran mentira. El Ejército
lleva años negando rotundamente su uso de Pegasus y otro software espía,
no solo en el caso de Ayotzinapa sino en varios otros casos comprobados de su
uso contra periodistas, activistas, opositores al gobierno y el mismo GIEI. Ya
ante una orden judicial de entregar los contratos cuya existencia ha
documentado hasta la Auditoría Superior de la Federación, el Ejército clasifica
como “información reservada” los contratos supuestamente inexistentes para el
uso de Pegasus, por razones de seguridad nacional.[31]
¡Mientan descaradamente, violan las propias leyes de su Estado capitalista y
luego se escudan detrás de la supuesta “seguridad nacional”, que no es más que
“seguridad” y la más completa impunidad para el sistema capitalista de
explotación y su Ejército represor!
En el caso Ayotzinapa, los hechos demuestran que el
Ejército no solo jugó un papel en la coordinación del ataque a los normalistas,
sino que también los más altos niveles del Ejército en la Ciudad de México
conocieron en tiempo real lo que estaba pasando y actuaron con rapidez para
encubrir este crimen de Estado.
3. Los hechos comprobados de la persecución, asesinato y desaparición de
los normalistas y otra gente desarmada en el operativo conjunto del Estado y el
crimen organizado
Cuando los normalistas intentaron salir de Iguala, fueron
perseguidos a balazos por la policía municipal de Iguala y por las policías
municipales de Cocula y Huitzuco, preparadas para responder por indicaciones
del C-4 y por radio. Después llegaron también policías municipales de Tepecoacuilco y hasta Taxco.
Hubo dos escenas de ataque a los cinco autobuses en que
viajaban los normalistas: una contra tres autobuses en la calle Juan N. Álvarez
y otra contra los otros dos, cerca del Palacio de Justicia. “En las escenas
de los dos ataques a los estudiantes, la calle Juan N. Álvarez y en Palacio de
Justicia estuvieron presentes OBI [Órganos de Búsqueda de Información, o
sea, agentes de inteligencia militar] y otros militares mientras sucedían
los hechos”, aunque han mentido y ocultado sus acciones.[32]
La evidencia de telefonía demuestra que el comandante del 27 Batallón de
Infantería, José Rodríguez Pérez, andaba en el centro de Iguala en el área
general del ataque en la calle Juan N. Álvarez, entre otros lugares, a
pesar de jurar que nunca salió del cuartel esa noche.[33]
La evidencia de telefonía también confirma una comunicación constante entre los
comandantes del 27 y 41 Batallones en Iguala, sus superiores en la Zona Militar
35 y IX Región Militar, las dos Fuerzas de Reacción militares que salieron a la
calle esa noche, así como las policías municipales, estatales, ministeriales y
federales durante las cruentas agresiones a los normalistas.[34]
También demuestra el papel del llamado “Caminante”, un probable policía
ministerial, “en la comunicación y coordinación entre miembros del aparato del
Estado y de Guerreros Unidos”.[35]
Al salir de la central camionera de Iguala, tres de los
cinco autobuses tomaron la calle Juan N. Álvarez, perseguidos y baleados por la
policía municipal. Una patrulla les bloqueó el paso pero la balacera contra los
jóvenes seguía. Los autobuses quedaron perforados por las balas policíacas, que
también alcanzaron al normalista Aldo Gutiérrez, quien quedó tendido en el
suelo con heridas gravísimas que lo mantienen en coma desde entonces. Todos
los normalistas a bordo del último de estos tres autobuses fueron
desaparecidos, salvo uno que bajó a defenderse de los disparos con un extintor
de incendios. Fue herido en su brazo y llevado después por una ambulancia. Los
demás normalistas de este camión fueron bajados, tirados al suelo y luego
llevados en las patrullas, quedando desaparecidos. Participaron en este
ataque las policías municipales de Iguala y Cocula, con la presencia
por lo menos de un agente del CISEN, el personal militar ya mencionado, así
como la policía estatal y ministerial.
Dos
de los cinco autobuses salieron por otra ruta y llegaron cerca del Palacio de Justicia. El primero de
estos dos fue agredido brutalmente por policías municipales de Iguala y otros
policías con uniforme y capuchas negras. Los normalistas recibieron disparos,
lanzamiento de gases lacrimógenos y golpes con objetos contundentes, mientras se resistieron a bajar del
camión y gritaron que tenían heridos. Todos estos jóvenes fueron golpeados,
bajados violentamente, subidos a patrullas de las policías municipales de
Iguala y Huitzuco y luego desaparecidos. También estuvieron
presentes el personal militar ya mencionado, así como las policías federal,
estatal y ministerial.
El otro autobús que tomó esta ruta, el “quinto” autobús, cuya existencia
el gobierno de Peña Nieto trató de esconder, fue detenido por la policía
federal pero, a diferencia de los otros, no fue atacado a disparos. Los
jóvenes lograron escapar y sobrevivieron a pesar de los disparos y la
persecución por parte de la policía ministerial. Esto duró varias
horas hasta que lograron refugiarse en el monte y en una casa, gracias a la
solidaridad de una vecina.
El GIEI hace notar que “Cuatro de los cinco
autobuses quedaron baleados, destrozados en vidrios, con sangre en su interior,
salvo el quinto autobús que salió escoltado hacia la caseta y pudo circular de
manera inexplicable por un territorio totalmente custodiado y cerrado en una
operación candado de autoridades y crimen organizado”.[36]
Existe la fuerte sospecha de que llevaba un cargamento de heroína, ya
que Guerreros Unidos, en colusión con el Ejército y otras autoridades, solía
transportar heroína en autobuses a Chicago, para su venta en Estados Unidos.
Después de estos primeros ataques a los
normalistas, aproximadamente entre las 21:20 y 22:30 horas, en que los 43
fueron desaparecidos, hubo otro ataque a las 22:30 horas contra un autobús en
que viajaba el equipo de fútbol Los Avispones, que los agresores confundieron
con los normalistas. Tres personas fueron asesinadas: David Josué García
Evangelista (futbolista de 15 años), Blanca Montiel Sánchez (pasajera en un
taxi que pasaba por el lugar) y Víctor Manuel Lugo Ortiz (chofer del autobús).
El ataque fue perpetrado por las policías de Iguala, Huitzuco y
Tepecoacuilco, junto con un jefe del grupo criminal Guerreros Unidos y la
participación de una patrulla de Protección Civil-Bomberos. Los
sobrevivientes del ataque pidieron auxilio al 27 Batallón de Infantería que
se negó a prestar apoyo a los heridos.
Después del ataque en la calle Juan N. Álvarez, los
normalistas sobrevivientes se reagruparon. Llegaron varios líderes y otros
estudiantes de Ayotzinapa y algunos maestros en apoyo y celebraron una rueda de
prensa. Estaban presentes “agentes de inteligencia y OBI identificados
por dos testigos”.[37] Fueron
atacados con armas de grueso calibre por la policía municipal de Iguala y
Guerreros Unidos en medio de la rueda de prensa a las 0:30 horas de la
noche con saldo de dos
normalistas asesinados, Julio César Ramírez y Daniel Solís. Un testigo también identificó a la
policía ministerial y una patrulla de Protección Civil-Bomberos en el
ataque.
En la desbandada para protegerse, el normalista Julio
César Mondragón salió corriendo y fue capturado por unos sujetos que lo
golpearon brutalmente, lo torturaron y lo asesinaron, dejándolo con la piel
cortada y arrancada de su cara. Como producto de la amplia falsificación de
registros que ha practicado el Ejército en el caso de Ayotzinapa en general,
existen por lo menos tres versiones oficiales distintas de cuáles militares
encontraron su cuerpo, dónde y a qué horas.[38]
Además de estos tres normalistas asesinados, hubo
“al menos 30 heridos por arma de fuego, y en dos casos por los golpes de
policías, que fueron atendidos o tuvieron que ser ingresados en el hospital
General de Iguala y otras clínicas”[39]
esa noche. Se localizaron 185 casquillos de disparos en los diferentes lugares
de ataque,[40]
que no necesariamente representan todas las balas disparadas.
El GIEI señala que agentes del Ejército, CISEN y
las policías federal, ministerial y estatal “estaban presentes en los
diferentes lugares cuando se dieron los hechos, según testimonios contrastados
de tres testigos directos, así como por las pruebas de telefonía”. Sin embargo,
“Ninguna corporación ni
agente de dichas corporaciones ha admitido estar presente…”, salvo un OBI que aceptó haber estado
presente brevemente cerca del Palacio de Justicia pero que mintió al respecto.[41]
A pesar de estar presentes y también de recibir informes en tiempo real por el
C-4, el CRFI y teléfono, “las versiones dadas por diferentes corporaciones
[incluido el Ejército] fueron que no se conocían los disparos, que no se sabía
de los hechos”.[42]
Del ataque en la calle Juan N. Álvarez, un grupo de
normalistas llevaron a su compañero herido en grave peligro de muerte a la
Clínica Cristina. Perdía mucha sangre y tenía una destrucción dental, del paladar y mandibular que necesitó de varias
operaciones durante años para una cirugía reconstructiva, Ahí el médico rehusó atenderlo, comentando a un
maestro que estaba presente, “que
no iba a venir ninguna ambulancia porque la orden es que ninguna ambulancia se
mueve por ustedes”. Llegó
el capitán Crespo al frente de una de las dos Fuerzas de Reacción del 27
Batallón que salieron esa noche, diciéndoles a los chavos que “se toparon
con la mera verga” y amenazando con desaparecerlos, exigiendo que “den
el nombre real, si no, no los van a encontrar”. También los amenazó con
entregarlos a la policía municipal que acababa de matar a los dos normalistas
en la rueda de prensa, cuyos cuerpos los militares pasaron y dejaron en la
calle al llegar a la clínica. Frente a la presencia de testigos, los militares
finalmente optaron por irse y los normalistas pudieron trasladar por sus
propios esfuerzos a su compañero herido al Hospital Soberón. El Ejército sigue
mintiendo sobre todo este incidente.[43]
4. El Estado ha ocultado el
destino de los 43 normalistas desaparecidos
Como hemos recalcado, el Ejército jugó un papel
importante en coordinar este crimen de Estado y su encubrimiento, estuvo
presente en los lugares de los hechos e intervenía los teléfonos de
perpetradores clave en los momentos críticos. Por eso, el Ejército, entre
otras autoridades, tiene evidencias y conocimientos clave sobre el destino de
los 43 desaparecidos. Sin embargo, rehúsa entregar estas evidencias y se
han dado órdenes institucionales de mentir al respecto, como ha documentado
ampliamente el GIEI.[44]
Por eso, todavía no se sabe el destino de los 43 desaparecidos.
Se ha comprobado que al menos 17 de los 43 fueron
llevados a la comisaría de Barandillas, “donde fueron detenidos, golpeados,
maniatados, tumbados en el suelo y luego sacados de dicho lugar por policías
municipales de Iguala y Cocula”.[45]
Esto fue ocultado por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, la
Procuraduría General de la República, el Juez de Barandillas y la SEDENA. Se
dejó escapar al citado juez, Ulises
Bernabé García, que huyó y se refugió en Estados Unidos. La Fiscalía General de
la República bajo Alejandro Gertz Manero, solicitó la cancelación de su
orden de captura sin ninguna explicación en septiembre de 2022, como parte
del operativo del gobierno de AMLO de reventar el caso, que analizaremos más
adelante.[46]
Frente a las demandas de los padres de los 43 y la presión de la denuncia
social, esta orden se reactivó en junio de 2023.
Vidulfo Rosales, abogado de las madres y los
padres de los 43, ha señalado que hay un testigo protegido “que ya declaró y
ratificó” que 25 estudiantes de los 43 normalistas fueron introducidos al
cuartel del 27 Batallón de Infantería donde “fueron torturados y luego
entregados a Guerreros Unidos”.[47]
Esto necesita corroborarse, pero las autoridades han bloqueado toda
investigación al respecto.
Otro testigo protegido, de Guerreros Unidos,
dio las indicaciones que llevaron a encontrar tres restos óseos
correspondientes a Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero
de la Cruz, aunque no se encontraron restos de huesos de otras partes de
sus cuerpos en el lugar. El GIEI enfatiza que “Esta es la única información
sobre destino y paradero de los jóvenes que ha sido confirmada de forma
independiente por la UEILCA [Unidad Especial de Investigación y Litigación para
el caso Ayotzinapa] y el EAAF [Equipo Argentino de Antropología Forense]”.[48]
Según la declaración de este mismo testigo
protegido y la de otro miembro de Guerreros Unidos (GU), “sin comunicación
entre sí cuando se tomaron esos testimonios”, después del crimen se organizó
“una reunión de los mandos del grupo GU donde el máximo jefe en ese momento,
indicó que había órdenes de autoridades de que al menos algunos restos
aparecieran para tratar de calmar las cosas, visto el revuelo que se había
producido con el caso”.[49]
Esta orden “fue llevada a cabo por un jefe de policía de Chilpancingo, lo
cual coincide con uno de los documentos del archivo de SEDENA”.[50]
De ser cierto, es posible que esto explique el origen del hueso del normalista
Alexander Mora Venancio, que todo indica fue sembrado en el río San Juan
por la Marina y Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC), como parte de fabricar la falsa versión de los
hechos conocida como la “Verdad Histórica” bajo el gobierno de Peña Nieto.
Aunque
quedan muchos interrogantes sobre el destino de los normalistas detenidos por
la policía municipal y luego desaparecidos, lo que hay que destacar es que la
vigilancia, persecución, agresiones, asesinatos y desapariciones forman parte
de un solo operativo conjunto coordinado de las fuerzas del Estado y el
crimen organizado, reportado en tiempo real a los más altos niveles del
gobierno federal.
5. El Ejército jugó un papel clave
en coordinar y encubrir este crimen de Estado
Así,
en resumen, las evidencias bien documentadas del caso demuestran que hubo un enorme despliegue de fuerzas aquella aciaga
noche de 26 de septiembre en un operativo conjunto para realizar ataques con
armas de alto poder en varios lugares distintos con la presencia y
participación del Ejército, el CISEN, las policías federal, ministerial y
estatal, las policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y Taxco y sicarios de
Guerreros Unidos. El Ejército tomó el control del C-4, desde donde informó y
coordinó a las fuerzas represivas del Estado. El “Caminante”, presunto policía
ministerial, manejaba la coordinación telefónica entre las fuerzas del Estado y
Guerreros Unidos. El Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) del Ejército
intervenía y transmitía en tiempo real las conversaciones y mensajes
telefónicos de perpetradores claves. Los 43 normalistas fueron desaparecidos
sin rastro. Se estableció un fuerte “cinturón de seguridad” de retenes
alrededor de Iguala con la participación de policías municipales, estatales,
federales y elementos de Ejército para tener un control completo de la ciudad,
por el que pasó sin mayores problemas el “quinto autobús” con su probable
cargamento de heroína. Durante las agresiones armadas y desapariciones, hubo un
“apagón informativo” de parte del Ejército, el CISEN, la policía federal y la
policía estatal. De inmediato comenzaron a borrar, destruir, alterar y esconder
las evidencias, sobre todo de la responsabilidad de las autoridades federales y
estatales en los hechos. Todo esto fue informado en tiempo real a toda la
cadena de mando militar hasta el más alto nivel, al secretario de la Defensa
Nacional Salvador Cienfuegos y a la presidencia de Enrique Peña Nieto, y no
hubo ningún intento de autoridad alguna de detener este crimen de lesa
humanidad en marcha. Al contrario, todos actuaron inmediatamente para
encubrirlo.
Como plantea el GIEI: “¿Cómo
un operativo de estas dimensiones pudo suceder dentro de una ciudad pequeña
como Iguala, con dos batallones y todas las corporaciones de seguridad
presentes? ¿Cómo es posible que desaparezcan 43 jóvenes en medio de toda esa
presencia, sin el conocimiento o la colaboración de las mismas? Para el GIEI es
evidente que se dio una actuación conjunta de autoridades en el ámbito estatal
y federal durante la llegada al centro de Iguala y el ataque a los
estudiantes”.[51]
Como el GIEI recalcó en 2015, todo esto requería un
“enorme despliegue de
infraestructura y capacidad de coordinación, y ejecución de dicha acción” que
no tenían Guerreros Unidos.[52]
La organización que sí tenía esta capacidad
fue y sigue siendo el Ejército, que jugó un papel clave en coordinar este atroz
operativo conjunto y en encubrirlo. Y lo sigue encubriendo.
Por el ocultamiento de evidencias clave por
parte del Ejército y otras partes del Estado, no sabemos si la decisión en el
momento de llevar este operativo conjunto al extremo de desaparecer a los 43
normalistas detenidos provino del Estado o del crimen organizado. Lo que sí
queda claro es que las fuerzas del Estado y los Guerreros Unidos actuaron de
forma mancomunada y coordinada con la complicidad criminal de todo el
aparato del Estado, desde el presidente Peña Nieto hacia abajo.
Esta realidad refuta los intentos mentirosos tanto
del gobierno de Peña Nieto como el de López Obrador de encubrir sobre todo el
papel criminal del Ejército. Aunque cada quien lo hizo a su manera, no es
esencialmente una cuestión de estos individuos, sino la necesidad que tiene
el Estado capitalista, independientemente del partido en el poder, de encubrir
los crímenes de sus fuerzas represivas contra el pueblo.
El Estado capitalista existe para defender y
contribuir a reproducir el sistema capitalista, en nuestro caso, un capitalismo subordinado al
imperialismo. Como este sistema está basado en la explotación y opresión
de la mayoría por parte de una pequeña minoría de grandes capitalistas
nacionales y extranjeros, tiene la necesidad, como mencionamos al principio, de
reprimir y suprimir cualquier protesta o posibilidad de
insurgencia que pudiera afectar al sistema capitalista e incluso los
intereses de capitalistas individuales. Y esta verdad
queda demostrada palmariamente una vez más en el caso de Ayotzinapa.
6. Lo que motivó este crimen de
Estado fue la contrainsurgencia represiva en contra de los normalistas y la
protección del tráfico de drogas
Lo que motivó este horrendo crimen fue, por una
parte, la contrainsurgencia preventiva para asesinar, desaparecer e
intentar intimidar a fuerzas opuestas al injusto orden actual. Como ya lo
hemos citado, el GIEI señala que el actuar del Ejército se explica, por una
parte, por su “visión contrainsurgente de los jóvenes de la escuela normal de
Ayotzinapa”.[53]
Documentan que “Inteligencia militar de SEDENA tenía desde hacía tiempo como objetivo a
la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y seguimiento de los jóvenes y sus
comités y asambleas debido a sus acciones y movilizaciones políticas, en base a
un enfoque contrainsurgente. Las movilizaciones y asambleas de los jóvenes de
Ayotzinapa estuvieron monitoreadas por agentes de inteligencia militar (OBI)
infiltrados entre los estudiantes y que ejercieron vigilancia tanto en Tixtla
(población donde se encuentra la escuela) como Chilpancingo o Iguala, entre
otros muchos lugares. Los documentos de SEDENA muestran el nivel de detalle de
dichos informes, así como los objetivos y focalización en personas y
actividades”.[54]
La actividad contrainsurgente del Estado
mexicano en contra de las normales rurales no se limita a la infiltración y
espionaje sino que incluye repetidos casos de represión contra los estudiantes
en estas escuelas donde estudian principalmente jóvenes pobres del campo. En el
caso de Ayotzinapa, esto incluye, por ejemplo, el asesinato de dos normalistas
por disparos de policías federales y estatales al desalojar una protesta el 12
de diciembre de 2011[55]
y el asesinato de Yanqui Kothan Gómez Peralta por la policía estatal de
Guerrero, el 7 de marzo de 2024, que ya hemos citado.
Alguna
gente de buen corazón critica al Ejército por no “defender” a los normalistas
del ataque brutal en Iguala. Aunque supuestamente sea su deber legal, el
papel del Ejército y demás fuerzas represivas nunca ha sido el de “defender” a
la gente que se oponga al gobierno o que proteste contra el actual
sistema y sus crímenes. Su papel siempre ha sido y es espiarla, reprimirla,
asesinarla y desaparecerla en los intereses de las clases dominantes y su
sistema. Esto se ve en la “guerra sucia” de terribles torturas, asesinatos
y desapariciones de opositores y de “sospechosos” por parte del Estado y en
muchos otros ejemplos. Aunque el Ejército también realiza algunos trabajos de
auxilio en desastres, como recomiendan los manuales de contrainsurgencia, esto
tiene el propósito de darle una mejor imagen ante el pueblo y encubrir su
naturaleza asesina.
El
GIEI tiene sus propias ilusiones equivocadas sobre la naturaleza del Estado.
Sin embargo, reconoce explícitamente que el contexto de los crímenes contra los
normalistas de Ayotzinapa fueron “elementos estructurales que inciden en el
nivel de violencia que vive el país y la impunidad que la mantiene desde hace
décadas, y especialmente desde la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ desde
2006. Esta nueva ‘guerra’ ha profundizado elementos estructurales que vienen
desde la época de la llamada ‘guerra sucia’…”[56]
De hecho, de lo que se trata, a lo largo y ancho del país es una guerra
contrainsurgente contra el pueblo para tratar de prevenir o sofocar
cualquier rebelión o insurgencia contra los crímenes, injusticias y
sufrimientos que padece la mayoría de la población bajo el sistema actual.
El
otro factor detrás de este crimen de Estado fue la participación del
Ejército en el tráfico de drogas y su colusión y protección proporcionada al
crimen organizado. El GIEI señala que otra condición que explica “el
comportamiento del Ejército” fue “la colusión con el narcotráfico y la
delincuencia organizada con mandos y miembros del 27 BI [Batallón de
Infantería] de Iguala, junto con otras policías, agentes del Estado y
autoridades”.[57]
Por
una parte, esta colusión ha servido para ocultar el papel del Ejército y
otras fuerzas federales, al señalar al crimen organizado y algunas
autoridades locales corruptas como los únicos responsables. Es una burda
mentira que el Ejército mantiene hasta hoy en día, proporcionando también
asesoría legal a los militares acusados en el caso, a pesar de las contundentes
evidencias en su contra.
La
probable presencia de un cargamento de heroína en el “quinto autobús” en sí no
explica este crimen monstruoso. Todos los actores clave del Estado y de
Guerreros Unidos sabrían cuál autobús traía el probable cargamento. Fue el
único autobús que no fue tiroteado, fue el único parado específicamente por la
policía federal y luego fue escoltado a salir de la ciudad sin mayores
problemas. Así que difícilmente su protección explica el tiroteo y desaparición
de normalistas en un punto completamente distinto de la ciudad (la calle Juan
Álvarez) ni mucho menos los brutales asesinatos después de que el autobús
sospechoso había salido de la ciudad. Gran parte de la verdad todavía queda
ocultada por el Estado. Pero de los hechos que ya se conocen, se puede deducir
que lo que motivó este crimen de Estado fue la confluencia de intereses
entre el Estado y el crimen organizado. El Estado, particularmente
el Ejército, perseguía a los jóvenes con fines de darles un escarmiento
ejemplar por motivos contrainsurgentes, por sus actividades políticas de
oposición al gobierno, a la vez que los militares, bien metidos ellos mismos
en el negocio del narcotráfico, compartían con los Guerreros Unidos el interés
de darles un escarmiento por su disrupción del transporte de drogas en
autobuses, que los normalistas solían tomar para poder transportarse a
eventos importantes.
7. Es una burda mentira que se haya confundido a los normalistas con otro
grupo delictivo
En
esta relación, es totalmente falso que los normalistas fueran confundidos
con Los Rojos, un grupo delictivo contrincante opuesto a Guerreros
Unidos en la región. Esta mentira fue parte esencial de la falsa “Verdad
Histórica” fraguada en el sexenio de Peña Nieto. El mismo AMLO ha mentido
descaradamente al respecto, lanzando la acusación sin ninguna evidencia ni
intención de levantar cargos al respecto de que en Ayotzinapa, hay
“infiltrados…de la delincuencia organizada”.[58]
También el segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia
del Caso Ayotzinapa (COVAJ) indica “Confusión en ‘Guerreros Unidos’ respecto a
la presunta infiltración de ‘los Rojos’ entre los estudiantes de Ayotzinapa, en
el contexto de la disputa por la plaza de Iguala” como una de las posibles
“Causales de la desaparición de los estudiantes”.[59]
Cabe destacar que la COVAJ no es una comisión independiente (que es lo que el
Tribunal de Tamaulipas ordenó que el gobierno estableciera en 2018) sino una
comisión subordinada a la presidencia de la República que presentó varias
“evidencias” que habían sido falsificadas, como el GIEI ha demostrado con un
análisis técnico independiente al respecto.
La
conclusión documentada del GIEI es contundente: “Nadie confundió a los
jóvenes con lo que no eran. Todas las corporaciones sabían desde hacía
horas que se trataba de estudiantes de Ayotzinapa que trataban de tomar buses
para su marcha del 2 de octubre a la Ciudad de México. Quienes los bajaron de
los buses, los detuvieron y desaparecieron sabían que eran estudiantes, las
autoridades que los persiguieron y atacaron nuevamente durante toda la noche,
también”.[60] Y
toda vez que “el Grupo Guerreros Unidos tenía acceso al C4”,[61]
donde se señalaba constantemente que eran estudiantes de Ayotzinapa, sus
dirigentes también tenían claridad al respecto.
Como
concluye el GIEI, “La infiltración de los estudiantes de Ayotzinapa no era por
el crimen organizado, sino por miembros del ejército que ejercían su papel de
informantes”.[62]
8. La colusión y compenetración de todos los niveles del Estado mexicano
con el crimen organizado
La
colusión con el crimen organizado de las autoridades en este caso, incluidos
los comandantes de las dos bases militares en Iguala, no es una anomalía. De
hecho, el Estado mexicano de todos los niveles ha estado entrelazado con el
crimen organizado desde un principio. “La especificidad fundamental del crimen
organizado en México es que se origina, se sostiene y se nutre desde las
estructuras del Estado, en particular de aquellas que teóricamente existen para
combatir, precisamente, a la delincuencia”.[63]
Así
tenemos, por ejemplo, la cooperación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS)
en México con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del imperialismo
estadounidense para impulsar el narcotráfico colombiano y mexicano al pactar la
entrada de cocaína en EU a cambio del apoyo de los narcotraficantes al
operativo para enviar armas y dinero a los Contras en Nicaragua, como parte del
escándalo “Irán-Contra” en los años 1980. Otro ejemplo es la colusión con el
cartel de Sinaloa por parte del gobierno de Felipe Calderón, con su secretario
de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ahora condenado por narcotráfico en
EU.[64]
En
octubre de 2020, el general Salvador Cienfuegos fue arrestado en Estados Unidos
por cargos relacionados con el narcotráfico. Es el mismo general que mintió y
encubrió el crimen de Estado contra los normalistas de Ayotzinapa cuando era
secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Peña Nieto, Jesús Esquivel
documenta muy bien el caso en su libro A sus órdenes, mi general, El caso
Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar.[65]
Muestra como el presidente López Obrador primero declaró que era otra muestra
de la corrupción de los gobiernos anteriores. Después de recibir visitas
urgentes del actual secretario de la Defensa Nacional, Luís Cresencio Sandoval
y otros militares, dio un giro de 180 grados, con una defensa a ultranza del
general arrestado. Logró su liberación y regreso a México, no por ninguna
demostración de su inocencia de los cargos en su contra, sino por medio de
amenazas de expulsar a la DEA (la agencia antidrogas de EU) de México. No es
aventurado suponer que la preocupación de los más altos niveles militares que
llevó a AMLO a cambiar completamente su discurso y actuar tuvo que ver con lo
que podría salir en un juicio sobre los lazos actuales que tiene el aparato
militar y el Estado en general con el crimen organizado.
El
crimen organizado ha crecido y expandido su alcance en el país a la par de la
creciente militarización, sobre todo a partir de la declaración de la “guerra”
contra el narcotráfico por el entonces presidente Calderón en 2006, y con aún
mayores saltos durante el gobierno de López Obrador. La colusión y
compenetración del Estado con el crimen organizado no se debe simplemente a la
corrupción personal de autoridades individuales, aunque eso es obviamente un
factor. El narcotráfico representa una parte importante de las economías
mexicana y estadounidense, rinde recursos para las corporaciones
gubernamentales supuestamente dedicadas a combatirlo en los dos países y se ha
utilizado cada vez más para fines de contrainsurgencia, como en el caso de Ayotzinapa.
Incluso se recurre en México cada vez más a sicarios para amenazar y asesinar a
voces críticas del gobierno, los grandes empresarios y el sistema capitalista.
Por otra parte, también se ha vuelto un creciente elemento desestabilizador, al
salir cada vez más del control del Estado, con sangrientas disputas entre
cárteles rivales y un alto saldo de muertes, desapariciones y desplazamientos
forzados de gente inocente. Así, de forma contradictoria, también socava la
estabilidad del Estado y el sistema en general, lo que potencialmente abre
nuevas posibilidades para una revolución liberadora que supere toda esta
podrida sociedad capitalista sometida al imperialismo.
9. Tortura y “evidencias” sembradas para fraguar la “Mentira Histórica” del
gobierno de Peña Nieto
El
gobierno priísta de Enrique Peña Nieto actuó inmediatamente para encubrir el
horrendo crimen de Estado en Iguala, con la participación clave de Murillo
Karam, al frente de la Procuraduría General de la República (PGR, ahora
Fiscalía General de la República o FGR), Tomás Zerón, jefe de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC), Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa
Nacional, el CISEN (ahora CNI), la Marina y otras autoridades. Este
encubrimiento llegó a conocerse como la “Verdad Histórica”, por la infame frase
del entonces procurador federal, Murillo Karam. El objetivo de esta fábula de
mentiras fue “tratar de
cerrar el caso, ocultando las responsabilidades de diferentes corporaciones e
instituciones del Estado, imponiendo una versión que limitaba los hechos al
narcotráfico y dos policías municipales y el presidente municipal de Iguala”.[66]
Participó
en esta confabulación para ocultar la verdad el presidente Peña Nieto, ahora
viviendo a sus anchas en España, completamente impune, a pesar de sus múltiples
crímenes contra el pueblo y las cínicas promesas de Morena de “enjuiciar a los
ex presidentes”. También participaron en una reunión regional para armar esta
falsa “Verdad Histórica” personas como Omar García Harfuch, que ahora ha sido nombrado
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del nuevo gobierno morenista de
la presidenta Claudia Sheinbaum, como ya hemos mencionado.
El
gobierno de Peña Nieto montó todo un operativo para encubrir el papel del
Ejército y otras fuerzas federales y estatales en este crimen de Estado. A
partir del 12 de octubre de 2014, “Se
estableció una ‘war room’ para la coordinación de inteligencia de todas las
corporaciones y autoridades bajo dirección de Tomás Zerón. En reuniones de
coordinación, la PGR instaló la versión de que el ataque a los jóvenes se debió
al intento de obstaculizar la presentación del informe de la presidenta del DIF
por parte de los estudiantes o la presunta infiltración de los jóvenes por el
narco o la confusión contra ellos como si fueran parte de ‘los Rojos’”.[67]
Supuestamente los 43 fueron quemados en el basurero de Cocula, que se ha
demostrado es falso y hasta imposible técnicamente, y luego sus cenizas
depositadas en el río San Juan. El GIEI dio a conocer un video de un dron de la
misma Marina en que se ve a efectivos de la Marina sembrando “evidencias” en el
basurero de Cocula que luego son “descubiertas” por las autoridades unas horas
después.[68]
También existen videos de cuando Tomás Zerón y efectivos de la Marina sembraron
las bolsas de cenizas en que se encontró e identificó el ADN de un hueso del
normalista Alexander Mora Venancio.[69]
El gobierno de López Obrador no ha hecho nada respecto a este actuar criminal
de la Marina y dejó escapar a Tomás Zerón, primero a Canadá y luego a Israel.
También se utilizó la tortura de docenas
de personas para fabricar este encubrimiento del crimen de Estado, con
múltiples videos evidenciando que las torturas fueron realizadas por el
procurador Murillo Karam, Tomás Zerón del AIC, la Marina, el director de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO) y el CISEN, entre otros.[70]
El GIEI destaca que “En síntesis, miembros de la Marina detuvieron y torturaron
a varios detenidos en base a lo cual se construyó la llamada Verdad Histórica,
junto con SEIDO y la PGR [Procuraduría General de la República]. Realizaron un
operativo de inteligencia de carácter reservado desde el día siguiente de los
hechos, con un grupo especial de inteligencia del que no se ha conocido nada
hasta ahora, llevando a cabo detenciones y torturas, con [el] resultado de [la]
muerte de algunos detenidos y sin que se conozca el destino y paradero de
otros, sin haber dado cuenta de ninguna de esas acciones ni que formaran parte
de una investigación llevada a cabo por la autoridad competente”.[71]
Al comprobar la tortura utilizada, decenas de personas detenidas fueron
posteriormente liberadas.
En vez de denunciar este bárbaro uso de
tortura para encubrir la culpabilidad del gobierno de Peña Nieto, AMLO ha
criticado numerosas veces esta liberación de personas detenidas por
“confesiones” obtenida bajo tortura para armar la “Verdad Histórica”. Al
parecer no le parece tan mal arrancarle “confesiones” bajo tortura ni que estas
fueran usadas para montar la gran mentira de la “Verdad Histórica”. De hecho el
uso de la tortura por parte de las supuestas “fuerzas del orden” sigue siendo
una práctica común hoy en día. López Obrador ha mentido también numerosas veces
al acusar al GIEI y los abogados y asesores de las madres y padres de los 43 de
ser responsables de la liberación de estas personas, cuando en realidad no
tuvieron nada que ver.[72]
El gobierno y en particular el secretario de
la SEDENA, Salvador Cienfuegos, hicieron todo lo posible para obstaculizar las
investigaciones del GIEI. Cienfuegos se opuso tajantemente a que siquiera se
entrevistara a algunos de los soldados involucrados. Declaró públicamente “¿Qué
quieren saber?”. “¿Que qué sabían los soldados? Está todo declarado, yo no
puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran
interrogar…”.[73]
Es más, “el GIEI tuvo acceso a archivos de
SEDENA de 2014/2016 que incluyen documentos donde asesores militares señalan
que había que hacer una campaña de negativa a las demandas del GIEI y de
desprestigio contra el grupo y los representantes de las víctimas, tal y como
sucedió durante la segunda parte de 2015 y hasta abril de 2016”.[74]
Es un ejemplo más del cínico encubrimiento de sus crímenes. Así es la
"lealtad y disciplina" del Ejército que tanto ensalzan AMLO y demás
gobernantes, porque el Ejército cometerá cualquier atrocidad para defender los
intereses y encubrir los crímenes del sistema y las clases dominantes.
Con esta campaña de desprestigio y debido a su
primer y segundo informes que desmentían la versión fabricada por su gobierno,
Peña Nieto terminó el mandato del GIEI en abril de 2016. En su despedida del cargo antes de las
elecciones en 2018, grabó un mensaje en video a los familiares pidiendo que
aceptaran la versión mentirosa de su gobierno. No va a haber justicia para
Ayotzinapa hasta dar con el paradero de los normalistas y enjuiciar y
encarcelar a Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos y a todos los demás
responsables de este crimen de Estado y su encubrimiento.
10. Con la lucha se logra acceso a más evidencias mientras el gobierno
sigue maniobrando y reprime a los familiares y normalistas
Por
la presión de los familiares de los 43, que lo encararon en un acto de campaña,
y por la presión de la opinión pública, López Obrador se comprometió a lograr
verdad y justicia para Ayotzinapa al asumir la presidencia en 2018. La lucha
popular también logró que el GIEI regresara al país. También logró la creación
de la Unidad Especial de Investigación
y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) encabezado por Omar Gómez Trejo,
quien ya llevaba tiempo trabajando en el caso con el GIEI.
Legalmente, esta Unidad Especial era
independiente y era el único órgano facultado para investigarlo todo y llevar
ante la justicia a todas las personas relacionadas con el caso de Ayotzinapa.
Sin embargo, esta Unidad Especial fue creada como parte de la Fiscalía General
de la República (FGR), encabezada por Gertz Manero, en que permanecen muchos
funcionarios y agentes del gobierno de Peña Nieto. Una de las primeras acciones
de Gómez Trejo fue depurar a la Unidad Especial de agentes relacionados con las
torturas y los encubrimientos bajo el gobierno anterior. También reclasificó
los delitos como “desaparición forzada”, un crimen de Estado, cuando antes eran
limitados a cosas como secuestro, homicidio y asociación delictuosa.[75]
El trabajo de la Unidad Especial avanzó con
un equipo de personas dedicadas bajo la dirección de Gómez Trejo, aunque
enfrentaron muchas dificultades. El aparato de la FGR comandado por Gertz
Manero intentó enviarles personal asociado con la fabricación de la “Verdad
Histórica”, incluso personal que había participado en los múltiples casos de
tortura.[76]
Obstaculizaron la detención de personas que ya tenían órdenes de aprehensión
tramitadas por la Unidad Especial, incluso contra miembros del gobierno en
servicio. Dejaron a personas clave huir con la evidente complicidad de agentes
de la FGR ajenos al caso y otros miembros del gobierno, tales como los casos de
Tomás Zerón, fabricador en jefe de la “Verdad Histórica”, el jefe del SEIDO
implicado en las torturas y otros. También anunciaron públicamente los nombres
de testigos supuestamente protegidos.[77]
Además, policías ministeriales de la FGR, junto con policías estatales,
ejecutaron con 23 balazos a un testigo clave del crimen de Ayotzinapa, Salgado
Guzmán, alias “El Caderas”, mando de Guerreros Unidos, en un operativo
supuestamente para cumplir con una orden de detención.[78]
Las fuerzas del Estado también han reprimido
violentamente a las madres y padres de los 43 y a los normalistas, a pesar de la repetida mentira de AMLO de
que “no reprimimos”. Por ejemplo, el 28 de enero de 2022, la Guardia Nacional y
la policía de Guerrero, reprimieron a las madres, padres y normalistas que
intentaron volantear y botear en las casetas de la Autopista del Sol para
difundir y apoyar su movimiento. Escucharon la orden del mando de la Guardia
Nacional a su tropa de que “¡Ataquen como si estuvieran en una guerra!”. Hubo
otra represión por el mismo motivo una semana después, con saldo de al menos
dos normalistas hospitalizados. En su conferencia de prensa después, los
normalistas preguntaron, “¿Por qué nos tratan como delincuentes y ladrones?
Antes de criticar vean cómo vivimos en la sierra de Guerrero, donde el narco
pasea y controla los caminos, pero para el gobierno nosotros somos el enemigo”.
AMLO defendió públicamente la represión, lanzando acusaciones mentirosas sin
fundamento de que hay “Infiltrados” de la “Delincuencia organizada… en la
dirección” de los normalistas de Ayotzinapa.[79]
Así que López Obrador repite las mismas cínicas mentiras que usó el gobierno
de Peña Nieto para descalificar a los normalistas y proteger al Ejército.
11. Las Fuerzas Armadas esconden
pruebas esenciales del caso, con el apoyo del presidente
Las exigencias de las madres y padres de los
43, así como la amplia presión y protesta social demandando verdad y justicia
para Ayotzinapa, lograron que el presidente López Obrador ordenara no solo una
sino varias veces que los militares entregaran toda la documentación y otras
evidencias relacionadas con el caso. Eso facilitó que la Unidad Especial
encabezada por Gómez Trejo, con la ayuda también del GIEI, comenzara a lograr
avances importantes en el caso. Sin embargo, “llegado un momento crucial”,
cuando las investigaciones comenzaron a documentar el papel importante que
había jugado el Ejército en el crimen de Estado y su encubrimiento, la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ya rehusó entregar más
documentación. Esto a pesar de que “las pruebas de que existe numerosa
documentación que no ha sido proporcionada hasta ahora es abrumadora”.[80]
De hecho, el GIEI dedica cien páginas de su sexto Informe a documentar
en detalle como el Ejército ha mentido y sigue mintiendo y ocultando
evidencias cuya existencia se ha comprobado a fondo.[81]
Otros apartados detallan la participación del CISEN en tortura y
ocultamiento de evidencia, así como el papel de la Marina en tortura y en
fabricar y ocultar evidencia.[82]
También existen testimonios en poder de la Fiscalía General de la República
sobre el ocultamiento de evidencia por parte de la Secretaría de la Defensa
Nacional y que los “mandos militares instruyeron a su personal para negar la
existencia de estos materiales”.[83]
Tanto el fiscal general, Gertz Manero, como el presidente López Obrador han
participado plenamente en este criminal pacto de silencio.
Uno de los casos más descarados de burdas
mentiras por parte del Ejército y del mismo presidente López Obrador ocurrió en
el caso de los más de 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia
(CRFI) que contienen transcripciones de las conversaciones de Guerreros Unidos
y otros de teléfonos intervenidos en tiempo real durante los ataques y
desapariciones a los jóvenes. El Ejército negó que siquiera existiera el CRFI
en aquel tiempo, a pesar de documentos oficiales con su sello en posesión de la
investigación. Durante mucho tiempo la SEDENA y AMLO insistieron que ya lo
habían entregado todo. En particular, han estado duro y dale con que no existen los más de 800 folios, entre
otras evidencias importantes, que exigen los padres de los 43. ¡Y luego cambian de mentira! Ahora el subsecretario encargado del caso,
Arturo Medina, admite que siempre
sí existen pero sólo entregan 15,
señalando que los demás no son “relevantes” para el caso, y otros no se darán a
conocer por “seguridad nacional”.[84] Más
bien por la “seguridad” del Estado capitalista represor.
12. El gobierno de AMLO reventó el
caso cuando llegaba a revelar parte importante del papel criminal del Ejército
Cuando la Unidad Especial encabezada por
Gómez Trejo estaba a punto de solicitar 83 nuevas órdenes de aprehensión,
incluidas 20 contra militares, el gobierno actuó tajantemente para reventar el
caso.
Se describe en detalle cómo se llevó a cabo
esta artera traición a la palabra empeñada con los familiares de los 43 de
resolver el caso en el artículo “La instrucción: Cómo el gobierno dinamitó la
investigación del caso Ayotzinapa” de John Gibler.[85]
Su investigación se basa en entrevistas con el mismo ex fiscal especial para el
caso, Omar Gómez Trejo, entrevistas con otros miembros de su equipo, datos del
GIEI y varias otras fuentes. Resumimos algunos de los hechos más destacados de
su investigación aquí.
En mayo de 2022, Gómez Trejo visita Chicago
y logra revisar los mensajes interceptados de los teléfonos de Guerreros Unidos
por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de
Estados Unidos. Relata en la entrevista con Gibler que “Es una prueba muy
contundente del involucramiento que tenía el Ejército con el crimen
organizado”. “En las evidencias de Chicago se logra ver que [los militares]
venden armas, que capacitan [a miembros de Guerreros Unidos], que reciben
dinero”. Y Gómez Trejo piensa que esas pruebas fueron un punto de quiebre: “Ahí
es donde ellos entendieron que estaban en problemas, que había una prueba que
no controlaron, había un fiscal que no controlaron. Entonces es cuando dicen:
‘Ya, córtenlo’”.
El viernes 12 de agosto de 2022, el fiscal
general Gertz Manero, le pidió un informe sobre las investigaciones para
presentar el siguiente lunes. Gómez Trejo lo preparó y se lo entregó.
Ese lunes, 15 de agosto de 2022, estaban
presentes en un desayuno el presidente López Obrador, Gertz Manero, el
secretario de Gobernación Adán Augusto López, el ministro presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar y el subsecretario de
Derechos Humanos Alejandro Encinas. AMLO no ha negado que se reunieron ni que
trataron el caso de Ayotzinapa, a pesar de la supuesta “autonomía” de la
Fiscalía, que ha invocado en otros momentos. Todo indica que ahí acordaron
reventar la investigación que amenazaba con revelar parte importante de la
intervención del Ejército en la noche de terror en Iguala.
El día siguiente Gertz Manero le llamó a
Gómez Trejo a su oficina a decirle que “Necesitamos la judicialización de
Murillo Karam y de militares”. El fiscal especial intentó explicarle que las
órdenes de aprehensión contra militares y otros estaban casi listas, pero le
pedía un mes para preparar bien lo que faltaba contra Murillo Karam, el ex
procurador general que había propagado la mentirosa “Verdad Histórica” del
gobierno de Peña Nieto. Sin embargo Gertz insistió, diciendo, “No, no, Omar,
esto no es de un mes, esto es de ahora. Esto es una decisión de Estado, es una
instrucción”. Así ordena al jefe de la Unidad Especial, que legalmente debía
ser completamente independiente, a actuar según una consigna del gobierno, y no
de acuerdo con los procedimientos legales necesarios no solo para presumir
“detenciones” sino para realmente llegar a sentencias. Este tipo de
actuar es típico del Estado mexicano: hacen detenciones con procedimientos
defectuosos para aparentar que van contra algunos culpables y luego siguen con
casos inservibles y la liberación de los detenidos. Por este tipo de actuar,
entre otras mañas, no ha habido ninguna sentencia condenatoria firme
contra nadie en los diez años desde el crimen contra los normalistas de
Ayotzinapa.
Muy al contrario del actuar
"típico" del Estado, Gómez Trejo y su equipo preparaban casos
sólidos, con pruebas reales y procedimientos legales intachables. Ante la orden
de Gertz Manero, Gómez Trejo y su equipo trabajaron a marchas forzadas para
preparar las solicitudes de órdenes de aprehensión correspondientes. De las 83
solicitudes de órdenes de aprehensión, 20 eran contra militares. Incluían al
general Rafael Hernández Nieto, quien como comandante del 41 Batallón de
Infantería intercambiaba información con miembros de Guerreros Unidos y otros según
los registros telefónicos, además de recibir dinero del grupo criminal y
reunirse con sus jefes.[86]
Tenía órdenes del secretario de la SEDENA, como también las tenían los
comandantes de los Batallones 27 y 50 y la 35 Zona Militar, de monitorear todo
lo que pasaba con los normalistas desde días antes y recibía informes al
respecto en tiempo real.[87]
Otra solicitud de orden de aprehensión fue contra el coronel José Rodríguez
Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería, también comprometido con
Guerreros Unidos. Según los registros de telefonía y otra evidencia, como ya
hemos mencionado, jugó un papel muy activo en el operativo contra los
normalistas, a pesar de su mentira de que no había salido del cuartel esa
noche. Agentes del Ejército (OBI) bajo su mando estuvieron presentes en los
escenarios del crimen, las dos Fuerzas de Reacción salieron a la calle a sus
órdenes y personal de inteligencia de su Batallón 27 manejaban las cámaras del
C-4 esa noche, reportando inmediatamente al comandante Rodríguez.[88]
Fue promocionado a general después de su criminal actuar en Iguala. Otro
inculpado fue el capitán José Martínez Crespo, que encabezó la Fuerza de
Respuesta que recorrió la ciudad esa noche y amenazó a los normalistas en la
Clínica Cristina. También hubo solicitudes contra 17 soldados de inteligencia y
de la tropa involucrados en los sucesos de esa noche.
“Ellos sabían que estaban desapareciendo a
los chavos”, dice Gómez Trejo.[89]
Algunos participaron directamente, otros estaban al mando de la operación, pero
hay que enfatizar que incluso si algunas autoridades no participan
directamente, si saben de una desaparición forzada, no actúan para detenerla
y/o la encubren, también son culpables del crimen de Estado de desaparición
forzada.
El 16 de agosto de 2022, llegan agentes
ajenos a la Unidad Especial para encargarse, inicialmente, del caso de Murillo
Karam. Un miembro del equipo de la Unidad Especial relata a John Gibler que al
menos dos de estos agentes ajenos participaron en fabricar la versión falsa del
caso: “Pertenecían al mismo grupo [de la SEIDO] de Blanca [Alicia Bernal
Castilla, vinculada a proceso por el caso]: un conflicto de interés”. Esta ex
fiscal firmó varios de los oficios falsificados de la “verdad histórica”.
El 17 de agosto de 2023, un nuevo fiscal
externo sin conocimiento del caso, y sin avisar a la Unidad Especial, solicita
una orden de aprehensión contra Murillo Karam. Al presentar la solicitud en la
corte, estaba tan desorganizado e ignorante del caso que el juez lo reprendió.
El día siguiente, con la presencia del
presidente y altos funcionarios militares y de seguridad, Alejandro Encinas,
titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso
Ayotzinapa (COVAJ), presenta un
reporte ante los familiares de los 43, el GIEI y otros. Se presenta este
informe sin ninguna consulta previa con los padres, el GIEI ni la Unidad
Especial para el caso. Como ya hemos mencionado, incluye la falsa hipótesis de
una posible confusión con el grupo rival de Los Rojos como motivo del crimen de
Estado. Da por muertos a todos los normalistas y presume resolver gran parte
del caso. Pero se ha demostrado que fueron fabricadas o alteradas las tomas
de pantalla telefónica que se presentan como evidencia, de acuerdo con una
revisión técnica profesional independiente comisionada por el GIEI y reportada
en su Informe Ayotzinapa V.
Clemente Rodríguez, padre del normalista
desaparecido Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, habla de la manera en que
informaron a los familiares. “Llegó a mi casa el señor Alejandro Encinas. Me
dijo ‘¿Sabes qué? Tu hijo ya no va a regresar. Está muerto, lo mataron’. Así,
con esa pinche frialdad me lo dijo”.[90]
Aquí cabe mencionar que la COVAJ fue creada
violando la decisión judicial del Tribunal de Tamaulipas del 4 de junio de
2018, que especificó la creación de una Comisión de la Verdad independiente
para el caso. Sin embargo, la COVAJ fue creada como parte subordinada del poder
ejecutivo federal y su primer titular, Alejandro Encinas, ha comentado
públicamente varias veces que realizaba varias acciones por instrucciones del
presidente López Obrador. La decisión del Tribunal también especificó que las
acciones de la COVAJ deben ser consultadas con los familiares, lo cuál se violó
con la presentación de este informe no consultado con “evidencias”
falsificadas.[91]
No se sabe quiénes proporcionaron estas evidencias falsificadas. Levanta muchas
sospechas el actuar del gobierno, al no realizar ningún análisis técnico de las
mismas ni consultar con el GIEI y los representantes legales de los familiares
antes de presentarlas públicamente como evidencias definitivas. Ahora la
falsedad de estas supuestas “evidencias” la están utilizando en su defensa
varios de los militares acusados en el caso,[92]
lo que es más tenebroso aún.
El día siguiente, el 18 de agosto, el fiscal
especial Omar Gómez Trejo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación
para el caso Ayotzinapa (UEILCA) viajaba a Israel para tratar de tramitar la
extradición de Tomás Zerón, que había encabezado el operativo de tortura y
falsificación de evidencia para encubrir el crimen de Estado durante el
gobierno de Peña Nieto. Aprovechando su ausencia, agentes ajenos al caso,
incluidos miembros de la ex SEIDO a los que la Unidad Especial investigaba por
falsificación de pruebas, tortura y desaparición forzada, tomaron el control de
su oficina. “Todo eso pasó cuando Omar y el titular del núcleo B estaban en
Israel”, dice un miembro del equipo de la UEILCA. “Eso dejó al equipo
desprotegido. Fue una invasión. SEIDO y Asuntos Internos querían instruir a la
unidad. Pero la unidad se creó con independencia y estaba investigando a SEIDO.
Y todo eso pasó por instrucción del fiscal general [Gertz Manero]”.[93]
Ese mismo día el ex procurador general,
Murillo Karam, se entregó y fiscales ajenos al caso metieron las
solicitudes de las 83 órdenes de aprehensión, incluidas 20 contra militares.
Gómez Trejo y la Unidad Especial habían preparado cuidadosamente estas
solicitudes y las pruebas correspondientes para que no solo resultaran
en detenciones sino también en sentencias condenatorias. Sin
embargo, en este caso, el mismo acto de la presentación de las 83 solicitudes
por agentes ajenos a la Unidad Especial fue una violación de la norma
que creó la UEILCA, que especificó que era la única unidad autorizada para
presentar y llevar los casos. Es una maniobra típica de las fiscalías
corruptas: primero se meten mal las solicitudes de captura para presumir
“detenciones”, pero las mismas violaciones de los procedimientos judiciales,
entre otras artimañas, sientan las bases para la posterior liberación de los
acusados.
El 30 de agosto, el fiscal general de la
República, Gertz Manero, le dice a Omar Gómez Trejo “Mire, ahorita quiero que
usted esté tranquilo, que no investigue más, porque quiero saber qué es lo que
tiene usted en su oficina. Entonces le voy a mandar una auditoría. Va Asuntos
Internos, le va a hacer una auditoría de todas sus investigaciones”.[94]
A raíz de esta supuesta “auditoría”, que se
enfocó principalmente en las carpetas de investigación contra militares, a
Gómez Trejo y a la Unidad Especial les confiscan toda la documentación y les
quitan los policías, asignados a la UEILCA autorizados para realizar
detenciones. Y sobre todo, poco después, el 9 de septiembre, agentes de la
FGR ajenos al caso piden la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, incluidas
16 contra militares, de las 83 que la corte ya había girado.
Relata Omar Gómez Trejo: “Yo me voy a
Israel. Salen las órdenes de aprehensión. Y después, cuando regreso, no tengo
policía, no puedo seguir investigando, me van a hacer una auditoría y todo eso.
Y hay un equipo por otro lado que está queriendo cancelar las órdenes de
aprehensión. Y ahí el fiscal [general, Gertz Manero] dice: ‘usted ya no se
mueva, usted ya no haga nada’. Ahí quedé paralizado”. Llama en ese tiempo a
Alejandro Encinas, titular de la COVAJ y subsecretario de Derechos Humanos. “Le
digo: yo no sé qué está pasando. Y después me dice: es porque judicializaste a militares. Le digo: pero esa fue la
petición. O sea, sí hubo una petición, nosotros estábamos listos para
judicializar y lo hicimos. Pues no fue así, [dijo Encinas,] porque te
excediste en cuanto al número de militares”.[95]
Fue después de
todas estas acciones para reventar el caso y en particular la cancelación de estas
órdenes de aprehensión que Omar Gómez Trejo renunció como fiscal especial. Sin embargo, con el paso del tiempo, el
presidente López Obrador ha inventado la burda mentira de que Gómez Trejo no
quiso realizar detenciones en el caso. Al contrario, estuvo a punto de
meter las 83 órdenes de aprehensión y solo pedía un mes más para preparar bien
la orden contra Murillo Karam cuando Gertz Manero metió a agentes ajenos al
caso para quitarle el control de estas carpetas de investigación. Fue cuando
cancelaron las 21 órdenes que Gómez Trejo presentó su renuncia. Esto
demuestra que el cuento posterior de que Gómez Trejo no quiso detener a nadie
es una burda mentira.
El presidente
apuesta a la mala memoria del público, ya que fue AMLO quien defendió la
cancelación de las órdenes de captura. Atacó públicamente a la Unidad
Especial, en relación con los
militares, al decir “responsabilizaron a 20, cuando en la investigación [de la
COVAJ] son cinco. ¿Por qué meten 20? Pensando que con eso iban a generar una
rebelión en el Ejército si eran más e íbamos a tener que dar marcha atrás
para no tocar a nadie”.[96]
AMLO no quiso que se enjuiciara a estos militares, a pesar de toda la
evidencia en su contra.
AMLO actuó junto con el supuestamente
“autónomo” fiscal general, Gertz Manero, para imponer decisiones basadas en
criterios políticos y no en las evidencias para proteger a los militares
y al Ejército. Tanto su
decisión de ordenar que agentes ajenos al caso quitaran el control de los casos
a Gómez Trejo y la Unidad Especial, como su posterior instrucción de cancelar
21 de las órdenes, principalmente contra militares, sirvieron el propósito de
reventar el caso.
Actuaron para reventar el caso y
desarticular a la Unidad Especial a cargo precisamente porque, como señala el GIEI, la Unidad Especial, en
coordinación con el GIEI, había logrado “llegar a un punto en el que el caso
podría resolverse en gran parte”.[97]
Actuaron para encubrir los crímenes del
Ejército y demás fuerzas del Estado. Las 83 órdenes de aprehensión no incluyen a todos los criminales
involucrados. Gómez Trejo relata que su estrategia era de comenzar desde abajo
con las personas directamente implicadas en los crímenes para luego llegar a
los mandos más altos que dieron los órdenes respecto al crimen de lesa humanidad
y su encubrimiento. Esto necesariamente llegaría al entonces secretario de
la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y al ex presidente Enrique Peña
Nieto, dos personajes que este gobierno ha demostrado que va a defender a capa
y espada de cualquier enjuiciamiento, a pesar de la falsa campaña de Morena
de supuestamente “enjuiciar a los ex presidentes” por sus crímenes muy reales.
Después de su renuncia, Gómez Trejo tuvo que
salir del país por temor por su vida. Lo explica: “Hay gente del crimen organizado,
hay gente del Estado, hay gente que tiene recursos, hay gente que puede hacer
cualquier cosa. Yo me sentí muy vulnerable. Superexpuesto. Que el presidente te
criminalice en su mañanera es otro nivel de mensaje el que manda. Tuve que
salirme. En fin, no es fácil. Ahora hay que inventarse otra vida”.[98]
Uno de sus compañeros en la Unidad Especial
que renunció poco después destaca: “Yo quiero escribir algo donde el título sea
‘La instrucción’, porque es lo único que te saben responder. Tú dices ‘eso está
mal’. Y te contestan ‘no, es la instrucción’. ‘Oye, es que eso no se puede
hacer’. ‘No, no, no, es la instrucción’. Y yo digo, a lo mejor en su eterna
ignorancia esta gente no entiende lo que significa, por ejemplo, haber dicho
eso en los juicios de Núremberg [donde los nazis atribuyeron sus crímenes a la
obediencia de órdenes superiores], porque obviamente no entienden de derechos
humanos. O sea, la salida de Omar no solo significa dinamitar el caso, lo
que ya es grave y complicado. Significa también desmantelar un semillero de
cómo se tiene que enfrentar la realidad más cruda que vive este país, que son
las más de 100,000 desapariciones”.[99]
El 5 de octubre de 2022, Rosendo Gómez
Piedra, incondicional del gobierno, toma el control de la UEILCA, corre a todo el
personal que realmente investigaba y lo sustituye con gente que no sabe del
caso. El mismo es un abogado sin experiencia en casos de tortura y desaparición
forzada, que viene de trabajar en el proyecto del ecocida y etnocida Tren
dizque “Maya”. No avanzan ni las investigaciones ni los procesos contra
militares y otros. Más bien se ha dedicado a tratar de dividir y socavar al
Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa al insistir en meter en las reuniones
con el gobierno a un grupo completamente minoritario encabezado por Felipe de
la Cruz, que fue candidato de Morena. Este grupo ha marchado a favor del
criminal José Luís Abarca, alcalde de Iguala cuando los normalistas fueron
atacados tan brutalmente y que recibía pagos y se coludía con el grupo criminal
Guerreros Unidos.[100]
Témoris Grecko ha reportado que este grupo esquirol fue organizado por Pedro
Segura, ligado a su vez con el grupo criminal Guerreros Unidos.[101]
A otros familiares les han ofrecido bastante dinero para unirse a este grupo
espurio al servicio del gobierno, pero son personas con principios, y lo han
rechazado.
La lucha de los familiares, normalistas y
otros obligó, en junio de 2023, a que se repusieran los cargos contra 17 de los
21 acusados cuyas órdenes de aprehensión las había cancelado la Fiscalía
General de la República con el apoyo del presidente, como ya subrayamos.
Supuestamente iban a quedar los cargos de desaparición forzada, pero
recientemente López Obrador ha informado que ningún militar está procesado
por desaparición forzada, ya desvinculándolos de este crimen de Estado y
procesándolos simplemente por delincuencia organizada, para así absolver al
Ejército de cualquier participación en la desaparición de los normalistas y su
encubrimiento. También dice que solo 17 militares están bajo proceso por el
caso, lo que implica que han sido liberados sin cargo alguno tres de los
militares judicializados por la investigación de la Unidad Especial bajo
Gómez Trejo.[102]
Al general brigadier José Rodríguez Pérez,
que era comandante del 27 Batallón y el comandante más directamente metido en
todo el operativo represivo, le fue otorgado libertad condicional en julio de
2024 para llevar su proceso en libertad, a pesar de que la ley todavía
especifica detención preventiva oficiosa en este tipo de casos. Con esto, once
de los militares acusados ya gozan de libertad condicional, en varios casos
porque la Fiscalía no realizó los trámites necesarios para impedir esto. Cabe
destacar que desde el principio abogados militares vinculados a la SEDENA se
han encargado de sus casos, incluido el Licenciado José Alfredo Rico,
implicado en la defensa de los militares que masacraron a gente desarmada en
Tlatlaya, bajo el gobierno de Peña Nieto.[103]
Así que otra parte del mismo gobierno que supuestamente está
procesando a los militares está llevando su defensa. ¡Es una farsa!
13. El golpe asqueroso final: en
su “Primer reporte” AMLO absuelve de antemano a los militares y acusa a los
defensores de Ayotzinapa de montar una conjura internacional en su contra
Es una mentira desvergonzada desde su
título, el “Primer reporte del Presidente de México sobre los jóvenes
desaparecidos en Iguala de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,
Guerrero”. Porque no habla de los jóvenes ni del salvaje ataque coordinado en
su contra, ni de los asesinatos, ni de los responsables, ni del destino de los
desaparecidos. Más bien se dedica a absolver de antemano a los militares del
crimen, al insistir en relación con el Ejército que “sobre su participación
directa en este crimen no se ha encontrado absolutamente nada”.[104]
Y acusa a los padres, asesores, GIEI y otros que insisten en los hechos de la
ya comprobada participación del Ejército y de que tiene que investigarse más a
fondo, de que “lo están haciendo ahora en mi contra con una campaña de
desprestigio, sin pruebas…”[105]
Para
supuestamente comprobar que no existe ninguna evidencia de la participación
directa del Ejército en el crimen, López Obrador se la pasa hablando de un
libro de la periodista respetada y progresista, Anabel Hernández, y del
testimonio en una audiencia acerca de José Ulises Bernabé, Juez de Barandillas
esa noche de Iguala, refugiado ahora en Estados Unidos. Luego dedica la tercera
parte de su supuesto reporte a ¡algunas de las fechorías de Calderón
como presidente antes de Ayotzinapa, como si eso tuvo algo que ver![106]
(En cambio, hay una notable ausencia de cualquier crítica directa a Enrique
Peña Nieto, el presidente responsable de este crimen de Estado, a quien AMLO ha
calificado de “demócrata” y recientemente lo ha defendido frente a acusaciones
de que participó en las reuniones federales en que se inventó la llamada
"Verdad Histórica"[107]).
El Reporte no dice ni pío sobre las abundantes y comprobadas pruebas
presentadas por el GIEI en sus seis informes sobre la participación del
Ejército en este crimen de Estado, que ya hemos resumido y no vamos a
repetir aquí. Solo cabe agregar que ni siquiera se toma la molestia de
refutar lo que dijo Alejandro Encinas en el contexto de presentar el segundo
informe de su propia Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso
Ayotzinapa (COVAJ), acusando al comandante del 27 Batallón de
Infantería, José Rodríguez, de ordenar asesinar a seis de los normalistas días
después de su desaparición.[108]
Aunque este informe no es muy confiable, por las razones que ya hemos
mencionado, es increíble que AMLO pueda decir que “no se ha encontrado
absolutamente nada” sobre la participación del Ejército sin siquiera mencionar
esta conclusión de Encinas del informe de su propio gobierno.
Por
lo demás, el reporte de AMLO está lleno de las mentiras y ataques sucios a los
familiares, sus asesores, Gómez Trejo y el GIEI que suele lanzar en sus
“mañaneras”. Comienza afirmando que los que demuestran la participación del
Ejército en el operativo conjunto afirman que “los culpables de esta infame
tragedia no fueron las autoridades locales, estatales y municipales de
Guerrero, ni la banda de delincuentes que operaba en esa región, totalmente
coludidos con dichos funcionarios, sino que en este crimen, la culpa mayor
recae en los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el manejo de
la consigna de que ‘fue el Estado’ y específicamente ‘fue el Ejército’
Mexicano”.[109]
Miente a sabiendas de que los informes del GIEI señalan claramente el papel
también de las policías federal, ministerial, estatal y municipales, así como
Guerreros Unidos y el CISEN, además del Ejército, como participantes en el
operativo conjunto contra los normalistas.
Miente
descaradamente al escribir que “los miembros del GIEI se inconformaron y
optaron por irse, pretextando que había estado mal meter a la cárcel a este
funcionario [Murillo Karam], así como a 20 militares y a 64 personas más”.[110]
Como ya lo citamos textualmente líneas arriba, fue AMLO quien atacó al fiscal
especial Gómez Trejo por preparar las 20 órdenes de aprehensión de militares y
fue AMLO que defendió la cancelación de la mayoría de estas órdenes,
como parte de reventar la investigación profesional encabezada por Gómez Trejo
con la ayuda de la investigación del GIEI. Y el GIEI explicó vez tras
vez tras vez que dejó el país por una sola razón: porque el Ejército y otras
partes del gobierno rehusaron entregar evidencia clave que se había
comprobado con documentos oficiales que sí existe, lo que les impedía
continuar con su investigación.
López Obrador plantea la “hipótesis” en su Reporte
de que las acusaciones contra “soldados de la Secretaría de la Defensa
Nacional, con el manejo de la consigna de que ‘fue el Estado’ y específicamente
‘fue el Ejército' Mexicano”[111]
son producto de una campaña internacional del “bloque conservador” para
desprestigiar al Ejército. Esto es ridículo, en primer lugar, porque trata de
incluir en este supuesto “bloque conservador” al GIEI, los abogados de los
familiares y el fiscal especial Gómez Trejo, o sea, precisamente los que
lograron avances reales en la investigación que el gobierno de AMLO luego
reventó. Es ridículo también porque los verdaderos conservadores nunca han
emprendido ni nunca emprenderán una campaña contra el prestigio del Ejército.
Sus gobiernos siempre han encubierto los crímenes del Ejército, igual que el
gobierno de Morena. Luego López Obrador llega al colmo de ridiculez al ofrecer
como “evidencia” de la supuesta campaña internacional del “bloque conservador”
contra el Ejército, en el Anexo del Primer Reporte, los acuerdos
firmados bajo el gobierno de Peña Nieto con la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos que establecieron la base para que viniera el GIEI a México en
respuesta a las demandas de los familiares de los normalistas. Omite mencionar
que el gobierno de Peña Nieto dejó de autorizar su presencia cuando sus Informes
I y II destruyeron la fábula de la “Verdad Histórica”, mientras AMLO no tomó
ninguna posición pública sobre Ayotzinapa hasta que los padres lo encararon en
un evento de campaña en 2018. Tampoco menciona que su propio gobierno llegó a
acuerdos semejantes para que el GIEI volviera a México, como fue la demanda de
los padres de los 43. Hasta acusa al gobierno de Estados Unidos de estar detrás
de la supuesta campaña internacional de culpar al Ejército por el caso
Ayotzinapa para “subordinar por entero al Ejército Mexicano”.[112]
Omite explicar por qué, entonces, él ha invitado a militares del ejército
imperialista estadounidense a México específicamente para entrenar al Ejército
mexicano ni por qué las fuerzas armadas mexicanas participan en ejercicios
conjuntos con las fuerzas imperialistas.[113]
AMLO es muy nacionalista de verbo, pero complaciente con la dominación
imperialista del país en muchos de sus actos.
La valiente
periodista Gloria Leticia Díaz ha demostrado con documentos del mismo gobierno,
que este cuento seudo-nacionalista de un supuesto complot internacional en
torno a Ayotzinapa contra el Ejército y gobierno mexicanos fue lo que el
Ejército propuso al entonces presidente Enrique Peña Nieto, pero que él no
lo adoptó. AMLO sí.[114]
También se incluye en el citado Anexo un informe
del Ejército que sigue sosteniendo la misma mentira que han repetido desde el
principio: que no tuvieron nada que ver y ni supieron de las persecuciones a
balazos, los seis asesinatos ni las 43 desapariciones hasta después de los
hechos. Dicen que los informes que recibía el Ejército “solo mostraban una
alteración del orden por parte de los estudiantes normalistas, y la acción de
las autoridades de seguridad pública para su contención, las cuales no
requirieron el apoyo de personal militar”.[115]
Eso a pesar de que los propios documentos del Ejército han refutado esta
mentira descarada.
Para dar solo un ejemplo, tratan de sostener que su agente
de inteligencia infiltrado entre los normalistas que resultó estar entre los 43
desaparecidos no era lo que llaman Órgano de Búsqueda de Información (OBI), o
sea, agente de inteligencia.[116]
La respuesta de los representantes de las madres y padres de los 43 es
contundente, al citar el oficio GAOUI-5823 firmado por un general del estado
mayor, en el que la SEDENA acepta que dicho joven “realizaba labores de
inteligencia militar en el plantel” para el Ejército.[117]
Los propios documentos del Ejército refutan sus mentiras.
Hasta
recurren a los argumentos más ridículos, por ejemplo cuando insisten en que en
las comunicaciones de Guerreros Unidos intervenidas por la DEA, solo se
refieren a “tenientes”, “militares” “guachos” “sin que pueda afirmarse
que se trata de personal del Ejército Mexicano”.[118]
¡Tanta ridiculez criminal de los sangrientos represores del pueblo!
Si se llegó a llamar la “Verdad Histórica” el cuento
fabricado para encubrir al Ejército y demás perpetradores de este crimen de
Estado bajo el gobierno de Peña Nieto, el cuento mentiroso fabricado por el
gobierno de López Obrador deberá conocerse como la “Verdad Verde Olivo”,
en la atinada frase de “El Astillero”.[119]
La misma saña con la que AMLO ha atacado a la gente que
lucha por verdad y justicia demuestra la extrema necesidad de tapar la verdad
sobre este horrendo crimen, porque revela la putrefacción de este criminal
Estado capitalista hasta los niveles más altos del gobierno. De revelarse
toda la verdad, muchos más concluirían que este Estado y la violencia que
ejerce son completamente ilegítimos.
La nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, por su parte, ni
mencionó verdad y justicia para Ayotzinapa en sus “100 Compromisos” y ha
apoyado la versión mentirosa de AMLO con el comentario de que él “ha trabajado
todo lo que ha podido” para esclarecer el caso.[120]
Como ya recalcamos, ha incluido en su gabinete como titular de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana a García Harfuch, quien participó en dos
reuniones regionales para fraguar la “Verdad Histórica” y ni ha tenido que
responder por su papel en eso.[121]
Sheinbaum dice que va a darle seguimiento al caso en su gobierno (con el mismo
fiscal especial, con el que no avanza el caso, a propósito), pero en la opinión
de uno de los padres de los 43: “para nosotros ya quedó claro que ya estando
con la nueva presidenta de la República tampoco va a tocar al ejército, va a
seguir todo igual”.[122]
Ayotzinapa
es solo uno de más de cien mil casos de desaparición que los sucesivos
gobiernos han mantenido en casi completa impunidad. Pero aunque fuera el único
crimen del actual sistema, el criminal operativo conjunto del Ejército, demás
fuerzas del Estado y Guerreros Unidos y los subsecuentes encubrimientos con la
“Verdad Histórica” y la “Verdad Verde Olivo”, bastan y sobran para subrayar la urgente
necesidad de una revolución real para tumbar este Estado capitalista que
reprime al pueblo.
14. Los crímenes de las fuerzas
armadas y su encubrimiento no se deben simplemente a los presidentes en turno,
sino a la naturaleza misma del Estado asesino como garante del sistema
capitalista
¿Por qué López Obrador encubre los crímenes
de las fuerzas armadas, a pesar de sus promesas de campaña de devolver los
militares a sus cuarteles y sus críticas a su actuar bajo gobiernos anteriores?
Aunque puede tener su propio estilo de mentiras descaradas y sus “otros datos”,
en cuanto al encubrimiento de los crímenes de las fuerza armadas es igual a
todos los presidentes criminales que le antecedieron. Todos los han encubierto.
La razón no hay que buscarla en las biografías o psicologías particulares de
los varios mandatarios; hay que buscarla en la naturaleza de las fuerzas
armadas, el Estado y el actual sistema capitalista de explotación y opresión.
Como ha resumido la ciencia del comunismo a
partir de muchas evidencias y casos concretos, las fuerzas armadas y
policías son la columna vertebral del Estado. E independientemente de las
engañosas formas “democráticas” que podría adoptar, el Estado es en esencia
una dictadura —es decir, el monopolio de la fuerza armada supuestamente
“legítima”— de la clase o clases dominantes sobre los demás para
defender y reproducir el sistema económico imperante. En nuestro caso, el
Estado representa la dictadura de los imperialistas, grandes capitalistas y terratenientes
para mantener y reproducir el sistema capitalista subordinado al imperialismo y
ligado todavía a algunas relaciones semifeudales sobrevivientes, sobre
todo en ciertas zonas del campo. La “democracia” se reduce, en este contexto,
como decía Marx, al “derecho” de decidir cada tantos años cuál representante de
las clases dominantes va a reprimir y suprimir al pueblo durante su
mandato.
Por eso, quien sea que esté al mando del
Estado capitalista tiene que mantener y defender la legitimidad de las fuerzas
armadas y la violencia que ejercen, máxime en el caso mexicano en que
históricamente el Ejército ha jugado un papel muy central en reprimir y oprimir
al pueblo.
El sistema capitalista subordinado al
imperialismo en México funciona, como el capitalismo-imperialismo en el mundo
entero, sobre la base de la explotación y opresión de la gran mayoría por parte
de una pequeña minoría de capitalistas. Por lo tanto, es una necesidad
imprescindible contar con una fuerza represora para sofocar, reprimir y asesinar
a los oprimidos que se rebelen. No va a haber y no puede haber un cambio en
la esencia capitalista represiva del Estado sin un cambio fundamental en la
economía y la sociedad capitalista a las que este Estado defiende y protege. Por
eso, es tan urgente y necesaria una revolución real que tumbe este Estado y abra el camino a una nueva sociedad socialista
liberadora, como parte de la lucha por la eliminación de toda forma de
explotación y opresión y la emancipación de la humanidad entera.
La valiente lucha de cientos de miles de
personas, con los altibajos en la lucha, ha podido arrancar del Estado pruebas
contundentes de una parte de la verdad, con diez años de completa
impunidad: ni una sola persona sentenciada por estos crímenes de lesa
humanidad. Todo esto demuestra una vez más el carácter completamente
reaccionario, corrupto y sangriento del Ejército y de todo el Estado. En unos
cuantos casos de los cientos de miles de asesinatos, desapariciones y demás
crímenes, se ha podido poner a algunos criminales menores tras las rejas, por
lo general tras años y años de lucha a pesar de todo tipo de amenazas y
represión. Sin embargo, la importancia de estas luchas no reside simplemente en
los logros inmediatos sino en que contribuyen a elevar la conciencia y
combatividad de la gente, elementos esenciales que pueden contribuir, sobre
todo con el trabajo consciente de los comunistas revolucionarios, a preparar la
revolución real que hace tanta falta para tumbar este Estado represor y
transformar de fondo el actual sistema capitalista opresor. Son, como diría
Lenin, “escuelas de guerra”, aunque no son la guerra revolucionaria misma
necesaria para ponerle fin a este mundo de horrores y sufrimientos innecesarios
y crear otro en el que todos quisiéramos vivir.
15. La guerra contrainsurgente
preventiva contra el pueblo: tal vez tú piensas que la revolución no es
posible, pero las clases dominantes saben que sí lo es
Gran parte de la población vive un infierno hoy en
día. Según las cifras oficiales del gobierno, solamente en los primeros cinco
años del gobierno de López Obrador, hubo un total de 171,085 asesinatos,
superando el total de todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 157,158
homicidios, que a su vez superó el total durante el gobierno de Felipe Calderón
de 121,613 víctimas mortales.[123]
A pesar de los intentos siniestros de López Obrador y Sheinbaum (como jefa del
gobierno capitalino) de “rasurar” el padrón de los desaparecidos,[124]
el número oficial de personas desaparecidas supera los 116 mil, con casi la
mitad (más de 50 mil) durante el gobierno de López Obrador.[125]
Como los asesinatos, el número de desaparecidos sube más con cada gobierno,
sobre todo a partir de la declaración de la supuesta “guerra contra el crimen
organizado” por parte de Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional
(PAN).
De manera semejante, el número de desplazados
forzados —gente obligada a abandonar sus hogares, principalmente en zonas
rurales y pequeñas ciudades debido en gran parte a la violencia cada vez más
extendida en el país— llega a 392 mil de 2008 a 2023.[126]
En varios casos esto es el resultado del contubernio entre el crimen
organizado, los grandes empresarios y el Estado. Como resume una activista
contra estos desplazamientos forzados, a base de conversaciones con varias
organizaciones que respaldan a los desplazados en diferentes estados, “la
gran mayoría de los desplazamientos ocurren en zonas donde hay una enorme
riqueza de minerales y bosques o se construyen megaproyectos. En esos lugares,
por lo general, hay acuerdos entre el gobierno y empresas, como las mineras o
las madereras, y el crimen organizado es el encargado de desalojar a los
habitantes de esas zonas”.[127]
Otros tantos desplazamientos forzosos se deben a la
violencia extrema de los conflictos entre los diversos cárteles del crimen
organizado, que reclutan a los jóvenes a la fuerza so pena de asesinar a sus
familiares, atacan y hasta bombardean con drones a las comunidades. Todo esto
pasa con casi completa impunidad, a pesar de la creciente militarización del
país y la presencia del Ejército y la Guardia Nacional militarizada, que por lo
general rehúsan actuar contra el crimen organizado o coluden abiertamente con
el mismo. En cada vez más amplias zonas del país, la gente enfrenta tres
alternativas bien difíciles: someterse al crimen organizado y con eso ser
cómplices o ejecutores de sus crímenes; huir por sus vidas; u organizarse y
jugarse la vida en autodefensas y policías comunitarias. Para las personas
valientes que intentan enfrentarse al crimen organizado coludido con el
gobierno, el precio es alto. Por ejemplo, la comunidad nahua de Santa María
Ostula, Michoacán, al organizar una policía comunitaria para defenderse de
empresarios que buscan robarles su tierra y del crimen organizado, ha tenido
gente secuestrada por la Marina,[128]
un niño asesinado por el Ejército,[129]
múltiples detenciones y hasta el año pasado habían sufrido “al menos 35
homicidios y seis desapariciones forzadas de autoridades agrarias y líderes
comunitarios”.[130]
La militarización y los crímenes de sangre de las
fuerzas armadas tienen una larga historia en el país, pero se han dado saltos
cualitativos en la militarización y en el crecimiento exponencial del crimen
organizado en las últimas décadas. Se da un salto inicial bajo el falso lema de
“guerra contra el crimen organizado” del gobierno de Felipe Calderón, que ha
quedado desenmascarada más bien como la colusión con el crimen organizado desde
los más altos niveles, con el proceso judicial y sentencia condenatoria de su
secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, entre otros datos. Y ha
habido más saltos en la militarización bajo el gobierno de AMLO, con las
fuerzas armadas tomando el control no solo de la (in)seguridad pública sino de
trenes, puertos, aeropuertos, hoteles, Tren dizque “Maya”, Corredor
Transoceánico y mucho más. A la vez el cáncer del crimen organizado se ha
extendido cada vez más en el país (y el mundo) bajo el igualmente falso lema de
“abrazos no balazos”, que en la realidad ha resultado ser “abrazos” para
ciertas bandas del crimen organizado y balazos para el pueblo.
Como ya hemos analizado aquí y anteriormente,[131]
todo esto constituye una guerra contrainsurgente preventiva contra el pueblo.
Es decir, la represión violenta para prevenir una insurgencia antes de que
surja y ponga en peligro el sistema capitalista dominado por el imperialismo en
México. Esta guerra contrainsurgente preventiva la llevan a cabo las fuerzas
represivas del Estado con cada vez mayor participación y colusión del crimen
organizado y con la intervención también del imperialismo, principalmente
estadounidense. Los imperialistas actúan por medio de los múltiples agentes de
la DEA, el FBI, la CIA, la migra y otros activos en el país, las empresas
transnacionales que están detrás de varias de las represiones y asesinatos en
los intereses de empresas mineras, turísticas, agropecuarias y otras, por medio
del entrenamiento y ejercicios conjuntos entre las fuerzas armadas mexicanas y
militares estadounidenses, entre otras formas.
Mucha gente piensa que la revolución no es posible,
pero esta misma guerra contrainsurgente preventiva demuestra que las clases
dominantes saben que sí lo es y toman medidas para tratar de prevenirla.
Esta guerra contrainsurgente preventiva tiene
varias aristas. La más obvia es la represión política abierta por parte
del Estado, como el asesinato del normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez
Peralta o el asesinato reciente de dos opositores a la empresa ecocida de
propiedad imperialista, Granjas Carroll que ya hemos mencionado y muchos otros casos
demasiado numerosos para enlistar aquí. Otro aspecto es la constante represión,
depredación y asesinatos en contra de los migrantes para cumplir con
los dictados del imperialismo estadounidense de reducir las oleadas de personas
desesperadas huyendo cada vez más del terror del crimen organizado, los
estragos del calentamiento global y la devastación de partes importantes de las
economías y los recursos naturales de los países oprimidos por el
capitalismo-imperialismo.
Otro elemento
menos evidente pero más insidioso es la utilización y colusión con
el crimen organizado para los propósitos de represión política, como el mismo
caso de Ayotzinapa o el asesinato de Samir Flores en 2019 por su oposición a la
planta termoeléctrica gubernamental, inmediatamente después de ser amenazado
por un delegado del gobierno federal, con los autores intelectuales todavía
gozando de una impunidad completa debido al burdo encubrimiento oficial del
caso.[132] Una
parte muy importante de los cientos de asesinatos de periodistas, dirigentes
indígenas y campesinos, ecologistas, defensores de derechos humanos y
luchadores de todo tipo se debe a esta colusión entre el Estado y el crimen
organizado. Esto rinde un doble beneficio al Estado capitalista represor: por
una parte sirve, como represión abierta, para eliminar a dirigentes e infundir
temor a la gente y por otra parte el Estado esconde su mano sangrienta,
culpándole de todo a la delincuencia organizada, que suele proporcionar los
asesinos directos.
Esto marca un
cambio importante en la modalidad de represión gubernamental contra las masas
descontentas. Durante lo que se llegó a llamar el “PRI-gobierno”, es decir, el
Estado reaccionario surgido de la contrarrevolución burguesa
encabezada por Carranza y Obregón en contra de los ejércitos revolucionarios de
Zapata y Villa,[133] las
clases dominantes solían apoyarse principalmente en el Ejército y otros
organismos represores del mismo gobierno, así como grupos paramilitares
estrechamente asociados con el Ejército, como en las masacres de 1968
(Tlatelolco) y 1971 (el llamado “Halconazo”) y toda la guerra sucia en que el
Ejército detuvo, torturó, desapareció y asesinó a muchos más de las 8 mil
personas indicadas en el informe parcial publicado recientemente por el
“Mecanismo para el Acceso a la Verdad” y obligó a otros 123 mil a huir de sus
comunidades.[134]
En un caso reciente, se ha revelado que al menos mil 500 víctimas fueron
lanzados al mar en los "vuelos de la muerte" por el Ejército.[135]
Fue una simulación
ultrajante del gobierno de López Obrador crear otra Comisión de la Verdad (como
lo hizo el presidente Fox en su momento) para supuestamente esclarecer y hacer
justicia acerca de esta guerra sucia, solo para denegarle acceso a documentos
clave del Ejército (igual que en el caso Ayotzinapa), escatimarle fondos y
ponerle otros obstáculos para dejar una vez más todos los horrendos crímenes de
esa época en la más completa impunidad. AMLO incluso ha llegado al colmo de la
apología de la represión militar al decir que el Ejército no fue culpable de
la masacre de cientos de personas en Tlatelolco en 1968 porque solo obedecía
órdenes de civiles,[136] en
ese caso, el criminal presidente Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación y
posterior presidente de la época de la guerra sucia, Luís Echeverría, quienes
tampoco pagaron por sus crímenes de lesa humanidad. ¡Según la lógica de López
Obrador, los criminales nazis enjuiciados en Núremberg por el genocidio de 6
millones de judíos tampoco tenían ninguna culpa, ya que solo obedecían órdenes
de Hitler, lo cual, de hecho, fue su defensa en esos juicios!
Regresando al tema del cambio de modalidad
represiva, en los años 90, sobre todo a partir del levantamiento zapatista en
1994, se comenzó a hacer mucho más uso de fuerzas paramilitares supuestamente
“independientes” del Estado, aunque por lo general fueron entrenadas y
financiadas por el Ejército. Seguían las masacres de parte del Ejército, como
el asesinato de 11 personas en El Charco, Guerrero, el 7 de junio de 1998. A la
vez, se desarrolló más la nueva modalidad de apoyarse más en paramilitares,
como en el caso más notorio de la masacre de Acteal, Chiapas, el 22 de
diciembre de 1997, en que mataron a 45 indígenas tzotziles de la organización
Las Abejas, incluidos niños y mujeres, mientras rezaban, como parte de la
guerra contrainsurgente del Estado en contra de bases y simpatizantes del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y otras fuerzas progresistas
en Chiapas. Los criminales paramilitares ya han sido liberados y los autores
intelectuales del gobierno priísta de Ernesto Zedillo nunca fueron enjuiciados
(otra vez, a pesar de las promesas de Morena de “enjuiciar a los ex
presidentes”, incluido el criminal Zedillo).
Muchos de estos mismos grupos paramilitares
posteriormente se han permutado en grupos de narcotráfico, siguiendo con sus
actividades contrainsurgentes pero agregando el tráfico de drogas y otras
actividades formalmente ilegales, pero protegidos por la complicidad del
Estado. Esto marca la nueva modalidad de guerra contrainsurgente que se
desarrolla cada vez más a partir de 2006 y la supuesta “guerra contra el crimen
organizado” del gobierno de Felipe Calderón.
Hay otros aspectos de la guerra contrainsurgente
preventiva que no son directamente políticos sino que tiene el propósito e
impacto de aterrorizar sobre todo a la gente oprimida. Esta guerra contra
el pueblo la libra por una parte las fuerzas armadas, como en los ejemplos de
las dos masacres de gente inerme en Nuevo Laredo bajo el gobierno de López
Obrador o la masacre de Tlatlaya bajo el gobierno priísta de Peña Nieto. Sin
embargo, gran parte del terror se ejerce ahora por parte del crimen organizado
con la complicidad del Estado capitalista, con saldo de cientos de miles de
asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos forzados, expansión de la
trata de mujeres, niñas y niños, reclutamiento forzado de jóvenes a las bandas
criminales, el “cobro de piso” por dondequiera y un sinfín de horrores
más.
En muchos casos existe una complicidad directa de
partes determinadas de los tres niveles del gobierno, con su tajada del
“comercio” ilícito, el pago de sobornos u otros “favores” de por medio. Pero
incluso cuando no existen estas formas más obvias de corrupción y lo que se ha
llegado a llamar el “cogobierno” con la delincuencia organizada en cada vez más
amplias zonas del país, está presente la complicidad del Estado en la forma de
la casi completa impunidad de este montón colosal de crímenes mortales. En caso
tras caso de comunidades desgarradas por esta violencia reaccionaria, los
pobladores se quejan de que cuando llega el Ejército o la Guardia Nacional (si
es que siquiera llegan), no hacen nada contra las bandas criminales, incluso
cuando la gente se atreve a identificar a los criminales responsables. ¿Por
qué? Una razón importante es que esta violencia desenfrenada y el “cogobierno”
con el crimen organizado sirven a los propósitos del Estado con su guerra
contrainsurgente preventiva de mantener a la gente sometida y atemorizada.
También, por supuesto, tiene que ver con otros
motivos. Como ya hemos mencionado, el narcotráfico, la trata de mujeres y otras
actividades capitalistas supuestamente “ilegales” rinden grandes frutos para la
economía capitalista en México y para el sector financiero internacional
encargado de “lavar” estas ganancias del crimen organizado. El Ejército en
particular está metido hasta las cachas en el narcotráfico como fuente de
enriquecimiento y recursos no rastreables, como es el caso también con la DEA y
otras agencias imperialistas activas en el país. Pero no por entrañar también
otros motivos deja de ser parte de la guerra contrainsurgente preventiva contra
el pueblo.
Finalmente, merece atención especial la epidemia de
feminicidios que padecen las mujeres desde hace tiempo. En algunos casos
las mismas fuerzas del Estado los cometen, como en el caso horroroso de la
violación y asesinato de Ernestina Ascencio Rosario, indígena nahua de 73 años,
por elementos del Ejército bajo el gobierno de Calderón. Y cabe notar que el
representante del gobierno de López Obrador repitió la descarada mentira de
Calderón de que murió de “gastritis aguda” ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en 2020.[137]
Sin embargo, la gran mayoría de los feminicidios son cometidos por hombres
misóginos, frecuentemente relacionados con la víctima y sin relación directa
con el Estado. ¿Por qué decimos, entonces, que, teniendo en cuenta las
particularidades de estos crímenes atroces, los feminicidios también
constituyen parte de la guerra contra el pueblo? Porque es la misma
estructura e ideología patriarcales del actual sistema que forman a esos machos
asesinos y que caracterizan a los organismos de (in)justicia del Estado que
garantizan la impunidad en la gran mayoría de estos casos.
Toda esta guerra contra el pueblo en sus diversas
formas demuestra, como ya hemos enfatizado, que el Estado actual es un
aparato represivo para defender el sistema capitalista de explotación y
opresión y eso va a seguir siendo el caso independientemente del partido o
personas que estén al frente del Estado capitalista. Ahora, con la elección de
Claudia Sheinbaum como presidenta, nos dicen que “Es tiempo de mujeres” para
difundir la falsa ilusión de que de alguna manera tener a una mujer al frente
del Estado capitalista represor va a cambiar su naturaleza. ¿Cómo se explica,
entonces, que fue pionera del neoliberalismo capitalista una mujer, Margaret
Thatcher, como jefa de Estado del Reino Unido? ¿Cómo se explican los más de 300
muertos en las recientes protestas contra los crímenes de la primera ministra
de Bangladesh que finalmente tuvo que huir de ese país? ¿Y qué decir de la
represión a las protestas de mujeres, entre otras, o el criminal encubrimiento
de responsabilidades por la muerte de 26 personas en el desplome de la Línea 12
del Metro, entre otros crímenes del gobierno capitalino de la misma Sheinbaum?
Toda esta guerra contrainsurgente preventiva de la
que el caso Ayotzinapa forma parte también demuestra que el actual Estado
mexicano no es solamente un aparato capitalista represor sino también un Estado
cada vez más coludido con el crimen organizado, hasta el grado de colocar
el país como el principal centro del narcotráfico en el mundo. A estos extremos
llegan, tanto por la dinámica económica de su sistema como por su afán de
prevenir y reprimir cualquier desafío potencial a su sistema de explotación y
muerte.
16. Se abren nuevas posibilidades
para una revolución liberadora: urge organizarse y luchar para una revolución
real
Hemos dicho que esta guerra contrainsurgente
preventiva demuestra que las clases dominantes y sus representantes políticos
tienen presente que una revolución sí es posible. En el libro La esperanza
revolucionaria señalamos en el mismo subtítulo del libro que “Se abren
nuevas posibilidades para la revolución liberadora en medio de agudas crisis y
trastornos del sistema capitalista – urge organizarse y luchar para la
revolución”.[138]
Analizamos allí la intensificación de la crisis climática provocada por el
capitalismo-imperialismo y sus estragos a nivel mundial y en el país, que
conlleva incluso la posibilidad de la extinción de la raza humana, entre muchas
otras especies, si no se detiene por medio de la revolución. Señalamos la
intensificación de los choques entre las potencias imperialistas, como Estados
Unidos, la Unión Europea, Rusia y China, así como el creciente peligro de una
guerra mundial nuclear, con consecuencias devastadoras para el planeta y la
humanidad. Enfatizamos que la aguda contienda en Estados Unidos entre los
republicanos fascistas y los demócratas belicistas se encamina hacia las
posibilidades de la imposición del fascismo, una guerra civil o incluso una
revolución —sí una revolución en las mismas entrañas de la bestia
imperialista— con enormes implicaciones para el mundo y para México en
particular. Señalamos la inmensa importancia de la lucha contra la opresión de
las mujeres y los indígenas como fuerzas revolucionarias potenciales, entre
otras contradicciones importantes. Analizamos, a partir de la historia de
México del último siglo, como se han desperdiciado las oportunidades para una
revolución liberadora, y la urgente necesidad de trabajar ahora para tal
revolución para que las oportunidades que se están madurando no se desperdicien
de nuevo, con consecuencias nefastas para el pueblo que sufre tanto y tan
innecesariamente.
No podemos repetir aquí todo ese análisis de las
crecientes bases para una revolución socialista en México. Aquí solo queremos
señalar que el mismo caso de Ayotzinapa y la guerra contrainsurgente más amplia
de la que forma parte, a la vez que demuestran la fortaleza táctica del
Estado represor, también demuestran su debilidad estratégica y nuevas
posibilidades para una revolución liberadora.
Hablando específicamente de Ayotzinapa, hay que
resaltar que con esta sangrienta represión, quisieron dar un escarmiento a
los normalistas y aterrorizar al pueblo en general, pero les salió el tiro por
la culata. Hubo un nuevo despertar de las masas con importantes
manifestaciones en varias ciudades e incluso en el extranjero denunciando este
brutal crimen. Aunque la lucha valiente y abnegada durante tantos años no ha
podido obligar al Estado represor a revelar toda la verdad, y mucho menos hacer
justicia, ha abierto los ojos de millones de personas, en un sentido básico.
Millones de personas, estén activas políticamente o no, piensan que es
completamente inaceptable que no hay ni verdad ni justicia para Ayotzinapa
después de 10 años. De ahí que se requiere la denuncia y lucha de parte de los
revolucionarios para elevar el entendimiento de la gente de por qué, después de
tantos años y tanta lucha no hay ni verdad ni justicia, y qué hace falta para
ponerle fin a toda la injusta violencia y matanzas de la gente. Es porque las
clases explotadoras y sus representantes políticos tienen una profunda
necesidad de mantener el mito de la “legitimidad” del Ejército como parte de la
columna vertebral de su Estado capitalista represor. Y la conclusión que surge
de ahí y de un entendimiento científico de la naturaleza de los Estados
capitalistas en general: que no es posible reformarlo para servir al pueblo en
vez de a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, solo cabe hacerlo
añicos por medio de una revolución real que abra paso a una sociedad
socialista radicalmente distinta y liberadora.
Aunque el sistema capitalista y sus defensores
tienen verdaderos colmillos y una fortaleza represiva táctica en el corto
plazo, estratégicamente son tigres de papel, en la frase de Mao, porque viven
aislados de las masas, como los explotadores y opresores que son. Es más, su
misma guerra de contrainsurgencia preventiva está abriendo nuevas grietas en su
capacidad de gobernar, sobre todo por el crecimiento cada vez más
descontrolado del crimen organizado.
Como señala Bob Avakian, líder revolucionario y
arquitecto del Nuevo Comunismo, “en el sentido más fundamental las revoluciones
comunistas no se dan simplemente como resultado del trabajo y la lucha
revolucionarios de los comunistas”. Sin embargo, “Es de importancia definitiva
y vital que los comunistas trabajen de manera consecuente y luchen de manera
vigorosa, con determinación y creatividad, para ganarse a masas de personas
para que vean la necesidad y lleguen a participar activamente en los
preparativos y luego en la realización del derrocamiento del sistema opresor, a
fin de crear un sistema radicalmente diferente y emancipador”. El método y
enfoque científico revela que “las revoluciones se vuelven posibles, en el
sentido más fundamental, como resultado de la intensificación de las
contradicciones del sistema opresor, que conduzcan a puntos de viraje
cruciales, proporcionando oportunidades poco comunes para avances
revolucionarios importantes, con el potencial de abrir el camino para la
victoria de la revolución”.[139]
En un sentido básico, podemos decir, parafraseando
a Lenin, que para que se dé una revolución, hace falta una situación
revolucionaria en que las clases dominantes no pueden seguir gobernando como
antes y las masas no pueden seguir viviendo como antes. Estamos en un
proceso de más investigación y análisis, pero podemos decir que crece la
evidencia de que se está desenvolviendo una potencial situación
revolucionaria con desarrollo muy desigual en el país.
Como ya hemos descrito, hay cada vez más áreas del
campo y poblaciones más pequeñas donde la gente literalmente no puede seguir
viviendo como antes: enfrentan la disyuntiva de someterse al crimen organizado,
huir por sus vidas o tomar las armas y defenderse. Y tanto en el campo como en
los “cinturones de miseria” que rodean a las ciudades, sobre todo los jóvenes
enfrentan una situación en que para siquiera sobrevivir las opciones básicas
son meterse al narco, meterse al Ejército y ser parte de reprimir al pueblo o
arriesgarse a tratar de llegar al norte, enfrentando la violencia asesina tanto
de la migra estadounidense como de la Guardia Nacional mexicana. O sea, un
porcentaje importante y creciente de la población no puede seguir viviendo como
antes.
También en muchas de estas mismas zonas del país, las
clases dominantes no pueden seguir gobernando como antes, lo que se refleja
más gráficamente en el hecho de que en varios lugares ni pueden celebrar
elecciones sin múltiples asesinatos. El proceso electoral culminando en 2024
fue el más violento en la historia, con al menos 39 candidatos asesinados, asesinatos
de mucha otra gente relacionada con las campañas electorales y cientos de
atentados.[140]
Se expresa también en el “cogobierno” con el crimen organizado en diversos
lugares y en los violentos enfrentamientos entre las bandas criminales que
desgarran a Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz y varios otros estados, así
como algunas localidades donde ni se pudo celebrar elecciones.
Esta situación se está desarrollando de manera muy
desigual: existen zonas de relativa estabilidad como en la mayor parte de la
Ciudad de México y algunas otras ciudades grandes. E incluso donde una
potencial situación revolucionaria se expresa de forma más aguda, la situación
presenta importantes dificultades para la revolución, además de oportunidades.
Con todo y así, se están abriendo nuevas posibilidades para la revolución
que en toda probabilidad van a intensificarse.
Sin embargo, como enfatiza Avakian, aunque lo más
fundamental es “la intensificación de las contradicciones del sistema opresor”,
eso en sí no va a llevar a una revolución real sin forjar una dirección
revolucionaria y un pueblo revolucionario suficientemente fuertes como para
aprovechar las crisis del sistema y derrocarlo. Por eso es tan urgente
avanzar ahora en organizar y luchar para una revolución real.
17. Dos futuros posibles y la
decisión que cada quien debe tomar
El caso Ayotzinapa ha desnudado la fea y fétida
naturaleza del Estado opresor y del sistema capitalista en general. El futuro
que ofrece este sistema es un futuro de miseria y muerte: de tortura,
asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de cientos de miles de
personas; de una inhumana competencia de todos contra todos para “superarse”;
de la amenaza mortífera de una guerra mundial; de la certidumbre de la
devastación del planeta por el calentamiento global y otras formas del ecocidio
capitalista que vivimos.
Pero es posible otro futuro para la humanidad. Un
futuro en el que las fuerzas del orden revolucionarias darían la vida propia
antes de causarle daño a ninguna persona del pueblo. Un futuro en el que nuevas
instituciones de una sociedad socialista verdadera, emanada de la misma lucha
revolucionaria del pueblo, harán justicia en contra de los verdaderos grandes
criminales del sistema capitalista, en vez de protegerlos y matar, torturar y
encarcelar a gente inocente. Un futuro en el que construiremos por medio de la
lucha de millones una sociedad socialista que está al servicio de las
necesidades materiales y culturales de la gente, la protección y restauración
del medio ambiente y el avance de la revolución mundial con la meta de eliminar
toda forma de explotación y opresión y lograr la emancipación de la humanidad
en un futuro mundo comunista.
Si no haces nada, el único futuro posible es el
tenebroso futuro que nos ofrece el capitalismo-imperialismo, con el peligro
incluso de la extinción de los seres humanos, junto con muchas otras especies.
Pero si tienes el valor de luchar, como tanta gente ha luchado por Ayotzinapa y
en tantas otras luchas y rebeliones populares, y si te abres al entendimiento
científico que ofrece el Nuevo Comunismo de cómo podemos luchar juntos para
realmente ganar, otro futuro brillante, liberador y radicalmente diferente es
posible. La decisión le toca a cada quien. Lo que está en juego es nada menos
que el futuro de la humanidad.
¡Verdad y Justicia
para Ayotzinapa y todas las personas asesinadas y desaparecidas!
¡Luchemos por una
revolución real y nada menos!
¡Atreverse a
luchar, atreverse a ganar!
Notas
[1]
“¿Exonerar o investigar al Ejército?”, tlacahinollan.org,
29/07/2024.
[2] La
ONU documentó 34 casos de tortura en un informe en 2019 y más casos han salido
desde aquel entonces. Ver “Nueva evidencia de tortura en el caso Ayotzinapa
reafirma la urgencia de investigar a funcionarios que incurrieron en
violaciones a derechos humanos y obstruyeron la búsqueda de la justicia y la
verdad”, hchr.org.mx, 24/06/2019.
[3]
“COMUNICADO / POSICIONAMIENTO, La verdad y la justicia a la deriva”, https://shorturl.at/PxppK.
[4] “El
de los 43 ya es un movimiento contra nosotros: López Obrador”, La Jornada,
07/03/2024.
[5]
“Delincuencia está infiltrada en Ayotzinapa: López Obrador”, La Jornada,
08/02/2022.
[6]
“‘Verdad histórica’, en complacencia de supuestos defensores de DH: AMLO”, La
Jornada, 26/07/2024.
[7]
“‘Parece que no quieren que se avance’: AMLO reprocha demandas de los padres de
Ayotzinapa sobre consulta de archivos”, Animal Político, www.animalpolitico.com,
11/01/2024.
[8] Ver
“Asesina la policía de Guerrero al normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez
Peralta” en aurora-roja.blogspot.com.
[9]
“Encinas relaciona a García Harfuch con ‘Verdad Histórica’; exsecretario de
Seguridad de CDMX lo niega”, El Economista, 27/092023; “García Harfuch
se defiende por los señalamientos en el ‘caso Ayotzinapa’: ‘No tuve intervención’“,
El País, 27/09/2023. Aunque el funcionario ha negado, con varios
alegatos, su participación en armar la llamada “Verdad Histórica”, ahora no
niega que por lo menos estuvo presente en estas reuniones. Hasta ahora no ha
tenido que ni siquiera declarar sobre lo que pasó en esas reuniones, a pesar de
estar señalado en la investigación del propio gobierno de AMLO al respecto.
[10] Para
las masacres en Nuevo Laredo y muchos otros casos de asesinatos de gente
inocente por parte del Ejército y la Guardia Nacional, ver “El Ejército
mexicano vuelve a masacrar a civiles desarmados en Nuevo Laredo, Tamaulipas” y
“Nuevas masacres militares: con ejecuciones y militarización, SÍ son lo mismo”
en aurora-roja.blogspot.com.
[11] “Se
entregan 2 elementos de la GN vinculados a asesinato de niña en SLP”, La
Jornada, 16/07/2024.
[12]
“Detenidos tres miembros de la Guardia Nacional acusados de la violación de una
adolescente”, El País, 18/07/2024.
[13]
“Exigen justicia para dos campesinos asesinados en desalojo en Veracruz”, La
Jornada, 24/06/2024.
[14] “Los
gobiernos de México y Estados Unidos son los verdugos de los 39 migrantes
muertos en Ciudad Juárez” en aurora-roja.blogspot.com.
(El número de muertos subió a 40 cuando un migrante hospitalizado murió
después).
[15] Ver
“¡Alto a la guerra contra el EZLN y las bases de apoyo!” y “Contrainsurgencia,
terror y resistencia en Chiapas” en aurora-roja.blogspot.com.
[16] Ver,
por ejemplo, “Izquierda Socialista/’OCR’: una organización ‘socialista’ que
rinde loas al capitalismo y sus representantes”, de la Organización Comunista
Revolucionaria, México, en aurora-roja.blogspot.com.
[17]
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Informe
Ayotzinapa VI, p. 103, nuestro énfasis. Todos los informes del GIEI están
disponibles en prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa/informe-.
[18]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 114.
[19]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 103.
[20]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 105.
[21]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 106.
[22]
GIEI, Informe Ayotzinapa IV, p. 12.
[23]
GIEI, Informe Ayotzinapa IV, p. 7, nuestro énfasis.
[24]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 140, 143.
[25]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 141.
[26]
GIEI, apartado “1.2. La entrada y el intento de salir de los estudiantes.
Preparación de policías para intervenir, bloqueo, ataque y detenciones” Informe
Ayotzinapa VI. Nuestra descripción de lo que ocurrió se basa en este
informe.
[27]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 191.
[28]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 209.
[29]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 215. El texto completo es “La
documentación revisada de mensajes FCA y CRFI muestra el nivel de coordinación
de la información de B27-ZM35, IX Región y DN1 sobre lo sucedido esa noche”.
“DN1” se utiliza en el Informe para referirse al secretario de la
Defensa Nacional. “FCA” significa el “Formato Cifrado Arcano” utilizado por el
Ejército. También en la página 206 del mismo informe se indica que “el DN1
recibía la información de los CRFI”.
[30]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 120, nuestro énfasis.
[31] “El
Ejército cree que está por encima de la ley al no entregar contratos de
Pegasus: R3D”, Aristégui Noticias, aristeguinoticias.com,
24/07/2024 y “Juez ordena a la SEDENA cumplir resolución del INAI que le obliga
a entregar contratos de Pegasus”, r3d.mx,
23/07/2024.
[32]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 43. Un resumen de las responsabilidades
de las distintas corporaciones en los varios ataques esa noche se encuentra en
las páginas 42-43.
[33]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 137.
[34]
GIEI, ver el apartado “2. Análisis técnico sobre localización, relaciones
comunicacionales y desplazamientos”, Informe Ayotzinapa VI.
[35]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 62, 63, nuestro énfasis.
[36]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 32.
[37]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 39, nuestro énfasis.
[38]
GIEI, apartado “1.8. Asesinato y tortura de Julio César Mondragón”, Informe
Ayotzinapa VI,
[39]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 40.
[40]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 124.
[41]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 34, nuestro énfasis.
[42]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 35, nuestro énfasis.
[43]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, pp. 155-157, cursivas en el original.
[44]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, sobre todo los apartados 1, 2, 5 y 11.
[45]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 266, nuestro énfasis.
[46]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, pp. 248-250.
[47]
“Padres de Ayotzinapa exigen que se abra una nueva línea de investigación sobre
el paradero de los 43 normalistas”, Animal Político, 13/07/2024.
[48]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 269.
[49]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 256, nuestro énfasis.
[50]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 270, nuestro énfasis.
[51]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 36, énfasis en el original.
[52]
GIEI, Informe Ayotzinapa, Investigación y primeras conclusiones de las
desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, Resumen, pp.
24-25.
[53]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 103.
[54]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 114.
[55]
“Matan policías a dos estudiantes al desalojar un bloqueo carretero”, La
Jornada, 13/12/2011.
[56]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 17.
[57]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 103.
[58]
“Delincuencia está infiltrada en Ayotzinapa: López Obrador”, La Jornada,
08/02/2022.
[59] 2°
Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia
del Caso Ayotzinapa, apartado 4, p. 83.
[60] GIEI,
Informe Ayotzinapa VI, p. 31, nuestro énfasis.
[61]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 20.
[62]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 30.
[63]
Carlos Nesa Nestares, UNODC, citado en Diego Enrique Osorno, La Guerra de
los Zetas, Grijalbo, México 2012, p. 195.
[64] Para
un análisis a fondo de esto, ver “El auge del crimen organizado y la decadencia
del criminal Estado mexicano, Frutos gemelos de un sistema completamente
podrido”, Aurora Roja No. 15, disponible gratuitamente en aurora-roja.blogspot.com.
[65] J.
Jesús Esquivel, A sus órdenes, mi general, El caso Cienfuegos y la sumisión
de AMLO ante el poder militar, Grijalbo, 2023.
[66]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 258, énfasis en el original.
[67]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, pp. 258-259.
[68] Ver
el apartado “6.1 La intervención ilegal y falsedades sobre el ‘encuentro’ de la
bolsa con restos óseos en el río San Juan” en GIEI, Informe Ayotzinapa VI.
[69] Ver
el apartado “6.2 Operativo secreto en el basurero de Cocula” en GIEI, Informe
Ayotzinapa VI.
[70]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 260.
[71]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 245.
[72] Ver,
por ejemplo su “Primer reporte del Presidente de México sobre los jóvenes
desaparecidos en Iguala de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,
Guerrero” publicado en La Jornada, 20/07/2024.
[73]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 102.
[74]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 180.
[75] John
Gibler, “La instrucción: Cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso
Ayotzinapa”, adondevanlosdesaparecidos.org,
26/09/2023.
[76]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 307.
[77]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 13, 262.
[78]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 262; “El indio o el Cadera: la ejecución
extrajudicial contra persona clave de Ayotzinapa”, piedepagina.mx, 01/10/2024.
[79]
Organización Comunista Revolucionaria, México, La esperanza Revolucionaria,
disponible en aurora-roja.blogspot.com,
pp. 31-32; “Los de Abajo”, La Jornada, 05/02/2022; “Delincuencia está
infiltrada en Ayotzinapa: López Obrador”, La Jornada, 08/02/2022.
[80]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, pp. 181-182.
[81]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, pp. 116-215.
[82]
GIEI, “4. La actuación del CISEN” y “6. La intervención de la Marina”, Informe
Ayotzinapa VI.
[83]
“Operación silencio: Así el Ejército ocultó información sobre el caso
Ayotzinapa”, Proceso, edición impresa, abril de 2024, pp. 6-14.
[84]
“Padres de los normalistas exigen que el Ejército les dé 800 documentos, no
solo 15”, La Jornada, 05/06/2024.
[85] John
Gibler, “La instrucción: Cómo el
gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa”, disponible en adondevanlosdesaparecidos.org,
26/09/2023.
[86]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 104.
[87]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, p. 126.
[88]
GIEI, Informe Ayotzinapa VI, pp. 29-30, 31, 54, 104, entre otros.
[89]
Gibler, op. cit. El relato de lo que sigue se basa principalmente en su
investigación.
[90]
“Clemente Rodríguez: el incansable caminar por Ayotzinapa”, Corriente
Alterna, corrientealterna.unam.mx,
27/09/2023.
[91] Ver,
por ejemplo, el apartado, “11.8. La referencia a las órdenes del Tribunal de
Tamaulipas para la investigación y la atención a las víctimas”, en GIEI, Informe
Ayotzinapa VI.
[92] Los
militares acusados incluso han levantado una denuncia contra Encinas basada en
estas pruebas falsas. Ver, por ejemplo, “Denuncian a Encinas por pruebas falsas
en caso Ayotzinapa”, Reforma, 08/11/2024.
[93] Gibler, op. cit.
[94] Gibler, op. cit.
[95]
Ibídem, nuestro énfasis.
[96]
“Buscaron reventar pesquisas sobre los 43 y rebelión del Ejército: AMLO”, La
Jornada, 30/29/2022, nuestro énfasis.
[97]
GIEI, Informe Ayotzinapa IV, p. 40.
[98]
Gibler, op. cit.
[99]
Ibídem, nuestro énfasis.
[100]
“Caso Ayotzinapa: Padres de los 43 normalistas abandonan mesa con Segob; ‘Nos
quieren dividir’, acusan”, El Universal, 11/01/2024.
[101]
“Pedro Segura: el infiltrado de Abarca que hizo ‘tronar’ a padres de los 43 con
Segob”, Milenio, 01/02/2024.
[102]
“Cierran jornada de búsqueda de los 43 en cuartel de Iguala”, La Jornada,
03/08/2024.
[103]
“Los ocho militares liberados del ‘caso Ayotzinapa’ abren un nuevo cisma entre
el Gobierno y los jueces”, El País, 24/01/2024.
[104]
Andrés Manuel López Obrador, “Primer reporte del Presidente de México sobre los
jóvenes desaparecidos en Iguala de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa, Guerrero”, www.gob.mx, p. 11.
[105]
Ibídem, p. 2.
[106]
Ibídem, pp. 16-25.
[107]
“‘No protejo a Peña Nieto’, insiste AMLO”, La Jornada, 27/08/2024.
Aunque AMLO dice que no protege a Peña Nieto, sí lo defiende al insistir en que
existe una “confesión” de Murillo Karam de que él y Zerón tuvieron toda la
responsabilidad. Zerón, por su parte, ha dicho que actuaron por instrucciones
de Peña Nieto. De que hayan actuado sin ninguna participación ni autorización
del entonces presidente Peña Nieto, es, para decir lo menos, muy poco creíble,
[108] “El
Gobierno de México asegura que un coronel ordenó asesinar a seis de los 43
normalistas de Ayotzinapa días después de desaparecer”, El País,
28/08/2022; Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad
y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, www.gob.mx.
[109] López
Obrador, op. cit., p. 2.
[110]
López Obrador, op. cit., p. 6.
[111]
López Obrador, op. cit., p. 2
[112]
López Obrador, op. cit., p. 22.
[113]
Ver, por ejemplo, “Senado aprueba ingreso de militares de Estados Unidos a
México”, Animal Político, 04/04/2024, y “Ingresan a México elementos
militares de EU para ejercicio binacional”, La Jornada, 24/06/2024.
[114]
Gloria Leticia Díaz, “Caso Ayotzinapa: Con sello castrense, el discurso de AMLO
sobre ‘un complot internacional’”, Proceso, edición impresa, agosto de
2024, pp. 30-37.
[115]
“Actuación del personal Militar en los sucesos del ‘Caso Ayotzinapa’”, Anexo,
Informe a madres y padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl
Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, p. 7 del documento del Ejército, www.gob.mx, p. 69 del pdf oficial del Anexo,
énfasis en el original.
[116]
Ibídem, p. 11.
[117]
“Mensaje leído en la manifestación por Ayotzinapa el 26 de julio en respuesta
al Primer informe de AMLO”, transcripción publicada en La Jornada el
07/26/2024 bajo el título de “Respuesta de padres de los 43 al primer reporte
oficial del presidente López Obrador”.
[118] “La
Defensa desmiente las acusaciones de tres testigos”, La Jornada, 26/07/2024.
[119]
Julio Hernández López, “Astillero | La ‘verdad’ verde olivo”, La Jornada Baja
California, 27/07/2024.
[120]
“Sheinbaum recibirá a los familiares el lunes”, La Jornada, 26/07/2024.
[121]
Esto según el mismo segundo informe gubernamental de la COVAJ, presentado por
Alejandro Encinas, entre otras fuentes. Ver “García Harfuch sí participó en
junta que armó ‘verdad histórica’ de Ayotzinapa: Encinas”, Aristégui
Noticias, 22/09/2022.
[122] “No
esperan nada nuevo en el informe que dará el presidente, dicen padres de los 43
normalistas”, El Sur, www.suracapulco.mx,
11/08/2024.
[123]
“Suman 171,085 homicidios en el sexenio de AMLO”, El Economista,
17/01/2024.
[124]
Ver, entre otros artículos en el sitio, Efraín Tzuc, “Tiene censo de AMLO otros
datos… equivocados”, adondevanlosdesaparecidos.org,
24/01/2024.
[125]
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, versionpublicanpdno.segob.gob.mx,
consultado el 17/08/2024; “Desaparecen más de 50,000 personas en el sexenio de
AMLO”, adondevanlosdesaparecidos.org,
28/05/2024.
[127]
“Los desplazados, invisibles para el gobierno”, Proceso, edición
impresa, 09/01/2022.
[128]
“Policías comunitarios fueron secuestrados por marinos, sostienen indígenas de
Ostula”, Proceso, en línea, 09/02/2017.
[129]
“Doloroso que no reconozcan que el Ejército disparó en Ostula”, La Jornada,
25/07/2015.
[130]
“‘Dolor y rabia’ por policía comunal de Ostula”, La Jornada, 13/08/2023.
[131]
Ver, por ejemplo, “El auge del crimen organizado y la decadencia del criminal
Estado mexicano, Frutos gemelos de un sistema completamente podrido”, Aurora
Roja No.15, descarga gratuita en aurora-roja.blogspot.com.
[132]
Organización Comunista Revolucionaria, México, La esperanza revolucionaria,
Ediciones Aurora Roja, 2022, pp.33-34. Todo el apartado del libro titulado “El
Estado mexicano sigue siendo un aparato represor al servicio del sistema
capitalista – la única transformación liberadora posible es con la revolución”
tiene varios otros casos y datos sobre la militarización y represión bajo el
gobierno de López Obrador que supuestamente “no reprime”. Disponible para
descarga gratuita en aurora-roja.blogspot.com.
[133]
Para mayor análisis al respecto, ver 200 años de opresión y resistencia,
¡Hace falta una nueva revolución emancipadora!” de la Organización Comunista
Revolucionaria, México, Editorial Flor de la Sierra, 2010. Disponible para
descarga gratuita en aurora-roja.blogspot.com.
[134]
Según el Informe Final del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento
Histórico: Fue el Estado (1965-1990), disponible en http://www.meh.org.mx y resumido brevemente
en “Culpan al Estado de violaciones a derechos durante la guerra sucia”,
La Jornada, 16/08/2024.
[135]
“Militares registraron vuelos de la muerte para Gobernación y Sedena”, La
Jornada, 26/08/2024.
[136]
“AMLO justifica a Ejército en matanza del 68: ‘recibió órdenes’”, Aristegui
Noticias, 02/10/2023.
[137] La
esperanza revolucionaria, op. cit., pp. 29-30.
[138] De
la Organización Comunista Revolucionaria, México. Disponible para descarga
gratuita en aurora-roja.blogspot.com.
[139] Bob
Avakian, Una revolución: importantes puntos de viraje y oportunidades poco
comunes, disponible gratuitamente en revcom.us.
[140]
“Proceso electoral 2023-2024 es el más violento en la historia de México con 39
candidatos asesinados, según firma consultora”, CNN, cnnespanol.cnn.com,
08/07/2024.
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