¡Por el derecho al aborto seguro y gratuito a solicitud!
¡Parar el intento de penalizarlo en todo el país y reforzar la opresión a las mujeres!
Hace poco más de un año que en el Distrito Federal se ganó una importante batalla: las mujeres pueden recurrir a practicarse un aborto de manera legal y segura hasta las doce semanas de embarazo. Pero poderosas fuerzas han montado una ofensiva para presentar y aprobar iniciativas que han reformado las Constituciones locales de varios estados donde ahora se impide a las mujeres abortar incluso, en algunos casos, por causa de violación. Con esto se intensifica una campaña de criminalizar a las mujeres en que incluso antes de estos cambios legales son amenazadas, denunciadas, detenidas, sometidas a procesos legales y encarceladas por abortar. Esta ofensiva reaccionaria es parte de una estrategia para finalmente prohibir el aborto en todo el país.
El derecho al aborto seguro y gratuito a solicitud es un derecho elemental de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo a fin de propiciar su participación y contribución a la sociedad en pie de igualdad. Hace falta parar esta ofensiva contra las mujeres y lanzar una contraofensiva para conquistar el derecho al aborto en todo el país como parte de la lucha revolucionaria por la completa liberación de las mujeres.
Revertir el intento de criminalizar a las mujeres
Hasta ahora son 16 estados del país: Yucatán, Querétaro, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sonora y Oaxaca, donde se han reformado sus Constituciones locales aceptando, por ejemplo que: ?Todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural? como en el caso de Oaxaca, o ?... persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte y el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos? como en el caso de Guanajuato.
Tan llenas de odio contra las mujeres son estas leyes que incluso niegan el servicio a abortar a las mujeres que han sido victimas de una violación; ni este elemental derecho se tiene ahora, por ejemplo, en Baja California, Guanajuato y Morelos.
En Jalisco donde también se penaliza el aborto aun si la mujer fue violada, se agrega incrementar las penas o el castigo cuando se trata de alguien con “mala reputación”. Otro ejemplo es Baja California donde el aborto será castigado como homicidio calificado y las mujeres podrían pasar hasta 10 años en la cárcel. O sea la victima de violación sentada en el banquillo de los acusados.
Estos cambios legales ya de por sí son nuevos ultrajes en contra de las mujeres, pero la situación es aún más peligrosa: la tirada es lograr diecisiete Estados (o más) con estas reformas para luego buscar hacer lo mismo con la Constitución Política del país para de esa manera penalizar el aborto a escala nacional. O sea, ¡la prohibición absoluta del aborto en todo el país!
Hace rato que detienen, procesan y encarcelan a las mujeres por abortar. El caso más reciente es en Puebla donde una joven de 20 años, Alejandra Gómez Sánchez, fue detenida y actualmente enfrenta un proceso penal por haber abortado. Ella puede ser acusada de homicidio. Este año, incluso antes de la reciente reforma, otras cuatro mujeres fueron denunciadas por el Hospital de la Mujer ante la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) y también enfrentan procesos penales por haber interrumpido su embarazo.
En Guanajuato en ocho años (2000-2008), 130 mujeres que abortaron por complicaciones en su embarazo han sido denunciadas por la Secretaría de Salud ante el Ministerio Público, de las cuales nueve fueron sentenciadas y 11 son procesadas, todas bajo el “delito” de “homicidio por razón de parentesco”, que se castiga hasta con 35 años de prisión. Un ejemplo es el caso de una joven de 20 años sentenciada a 25 años de cárcel por homicidio en razón de parentesco “en agravio de su hija de siete meses de gestación". Otra joven está sentenciada a 26 años de cárcel por abortar a su hija “en proceso de gestación”.
Para colmo, incluso antes del cambio de ley en Guanajuato, cuando el aborto en caso de violación todavía era legal según la legislación estatal, no solamente se negaba a las mujeres violadas ese derecho, sino que arrestaron y trataron como delincuentes a decenas de mujeres por buscar atención médica legal, según un informe de Human Rights Watch.
Mientras criminalizan y encarcelan a las víctimas de la violación, este crimen de odio en contra de las mujeres crece. Las violaciones cometidas contra mujeres y en especial contra las niñas en el caso de Guanajuato se incrementaron casi el doble. En el año 2007 se reportaron 105 violaciones de los cuales 25 fueron contra niñas; pero entre enero y septiembre de 2008, fueron 126 de las cuales 56 fueron contra menores. Según un informe del gobierno, más de 120 mil mujeres y niñas son violadas cada año en el país, pero estadísticas de organismos internacionales indican que la cifra real podría llegar a más de un millón en un año. A muchas de estas víctimas de violación se les ha negado su derecho a un aborto seguro. O en otras palabras, ni siquiera cumplen con la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) que estipula que es deber de las autoridades de salud garantizar que las mujeres embarazadas producto de una violación tengan acceso a un aborto seguro. Y encima de eso, como hemos visto, se les detiene, se les procesa y se les encarcela.
Con la pantalla de ‘defender la vida’, se defiende la opresión, el encarcelamiento, la violación y la muerte de las mujeres
Esta ofensiva reaccionaria en contra del derecho al aborto no tiene nada que ver con ‘defender la vida’. Su verdadero propósito es afianzar y reforzar la opresión a las mujeres.
Con estas nuevas leyes, los hombres, incluso los violadores, pueden obligar a las mujeres al embarazo y a dar a luz sin más alternativa que el riesgo del pabellón o el panteón por un aborto ilegal e inseguro.
En 1997, cuando el aborto era ilegal en todo el país, la ONU informaba que mil mujeres morían al año por abortos mal practicados, aunque es probable que en realidad la cifra sea mucho mayor. En el caso de los abortos legales en el Distrito Federal, casi se ha eliminado por completo el riesgo de muerte. Los supuestos “defensores de la vida” quieren condenar, en efecto, a muchas más mujeres a la muerte por abortos clandestinos y mal practicados.
Uno de los impulsores de esta campaña de criminalizar el aborto en todo el país es el gobierno federal, que presentó, por medio de la Procuraduría Federal de la República, una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Interrupción Legal del Embarazo en el DF, y ha propiciado la ofensiva actual en los Estados, mandando, por ejemplo, a Luís Felipe Bravo Mena, secretario particular del presidente Felipe Calderón, a reunirse con el gobernador priísta de Quintana Roo, Félix González Canto, y el obispo del estado para impulsar el endurecimiento de la prohibición del aborto. Llama hipócritamente a “defender la vida” el gobierno federal que ha asegurado la impunidad de los asesinos de mujeres en Ciudad Juárez, así como los responsables de las muertes de los bebés de la guardería ABC, que mandó a sus policías a matar a dos personas y violar a dos docenas de mujeres en Atenco y que, junto con el gobernador Ulises Ruiz, es responsable del asesinato de más de dos docenas de personas en la rebelión de Oaxaca.
Otro impulsor de esta ofensiva en contra de las mujeres es la iglesia católica, que promueve una campaña mundial contra el aborto que comienza en Latinoamérica y que califica de “crimen homicida” no sólo el aborto sino también anticonceptivos como la ‘píldora del día después’ y el dispositivo interuterino por “la interrupción de su desarrollo [del óvulo, embrión o feto], en cualquier momento anterior a su nacimiento normal”, y sentencia que quien lo haga “no sólo comete un pecado mortal, sino que además incurre en un delito que comporta la pena canónica de excomunión” (Comunicado de la Comisión Episcopal de Pastoral Familiar, México, enero de 2004). ¡Tiene el descaro de predicarnos sobre la “santidad de la vida” una institución encabezada por un Papa que militó en las juventudes fascistas, que es la misma iglesia que, entre otros crímenes justificó y promovió la Conquista y el genocidio de más de 20 millones de indígenas, que defendió el yugo colonial y excomulgó a Hidalgo, que promovió la matanza y tortura de maestros progresistas en la Cristiada, y que hoy en día protege a sus sacerdotes pederastas, propicia más muertes por SIDA al oponerse al uso del condón y trató de convencernos en su reciente Conferencia sobre la Familia que las mujeres somos culpables de la violación por vestir ropa “provocativa”! Su Santa Biblia llama a matar a los niños reales (no fetos) de Babilonia estrellando su cabeza contra las rocas (Isaías 13:15-16 y Salmo 137), además de condenar a la muerte a mujeres que no sean vírgenes al casarse, a los homosexuales y a los que no reconozcan a su dios, entre otros.
Esta campaña reaccionaria no tiene nada que ver con defender la vida y sí tiene todo que ver con reforzar la opresión de las mujeres. El derecho de controlar su propio cuerpo y elegir libremente cuándo y cómo quiere embarazarse o no es un derecho elemental para propiciar su participación en la vida social. Negarle ese derecho es parte de convertir a las mujeres en incubadoras de fetos sometidas aún más a la autoridad patriarcal del hombre, las iglesias y el gobierno.
El feto no es un bebé, el aborto no es un crimen
Las mujeres recurren al aborto por una necesidad legítima: el deseo de terminar un embarazo no deseado. Esto puede ocurrir, por muchas razones, por ejemplo, por falta de anticonceptivos (a los que la iglesia católica y otros opositores al aborto también se oponen), porque éstos fallaron, por falta de educación sexual (a que varios también se oponen, hasta recurriendo a la quema de libros de texto), por violación, porque el embarazo pone en peligro su vida o porque el feto está deformado. Cualquier razón que tenga la mujer para terminar un embarazo indeseado es legítima y moral, ya que se debe poner la vida de las mujeres, que son personas, por encima del producto de la fertilización del óvulo por el espermatozoide, que no es un ser humano. Nadie recurre al aborto ni a ningún otro procedimiento médico “porque les gusta”, y este argumento absurdo sólo es un ligero disfraz para la reaccionaria posición machista de que las mujeres no deben disfrutar su sexualidad.
El argumento común y básico de las recientes iniciativas en los Estados es que “el ser humano comienza su vida en el momento en que es una célula, resultado de la fecundación” (iniciativa para Baja California).
El argumento es una vil mentira. El feto (que ha evolucionado del cigoto y el embrión) se encuentra en el útero de la mujer y depende de ella, aún no es una vida separada de la vida de la mujer. Un embrión o feto no puede sobrevivir por si mismo, obtiene oxigeno de la sangre de la mujer. Para que un feto de seis meses pueda sobrevivir fuera del útero necesita cuidados intensivos y condiciones médicas especiales. Así que el embrión o feto NO es un ser humano hasta que nace y toma su primera respiración. Además, el 90% de los abortos se realizan en los primeros tres meses, cuando el embrión aún no tiene corteza cerebral, muchos de los otros órganos no están desarrollados, no tiene sensación ni sentimientos. Es por esto que ¡el feto no es un bebe! ni un “ser humano”. El aborto no es un crimen.
Intentan reforzar la opresión de la mujer para apuntalar su sistema de explotación y opresión
Estas reformas reaccionarias en los Estados han sido promovidos y apoyados por el gobierno federal, el PAN, gran parte del PRI e incluso parte del PRD, otros partidos, la iglesia católica, varias iglesias evangelistas, empresarios y otros. Es una ofensiva en contra de las mujeres por parte de buena parte de los representantes de las clases dominantes del sistema en este país, que son los imperialistas (o capitalistas extranjeros), los grandes capitalistas mexicanos y los terratenientes.
El ataque al derecho al aborto es parte de un programa más amplio de reforzar la opresión de la mujer y afianzar o reestablecer valores y relaciones patriarcales y tradicionales a fin de apuntalar el sistema de explotación y opresión en el país en general. No es casual que la oposición al aborto vaya ligada, en muchos casos, con la defensa de la familia tradicional bajo los dictados del hombre, el machismo, la oposición a los anticonceptivos y la educación sexual, la protección a los pederastas, la censura o destrucción de obras de arte con desnudos o novelas como Aura de Carlos Fuentes, la homofobia y los asesinatos de homosexuales, la complicidad y encubrimiento de los feminicidios y la pornografía infantil y el intento de acabar con el estado laico, que llega hasta el extremo en el caso de fuerzas fascistas como el Yunque, con destacada presencia en el gobierno, de pugnar por la "Ciudad de Dios", es decir, el establecimiento de una teocracia católica en el país.
Esta campaña a favor de fortalecer o reestablecer valores y relaciones patriarcales, tradicionales y confesionales tiene el propósito en parte de revertir y contener la gran fuerza potencialmente revolucionaria de las mujeres, que han asumido nuevos papeles en la sociedad, y por otra parte contener y aplacar la ira y rebelión de las masas en general en una situación en que el sistema está en crisis, se intentan imponer las llamadas “reformas estructurales” en petróleo, luz (con la toma por la fuerza de LFC), eliminación de garantías laborales, el IVA en medicamentos y alimentos, etc., crece la ira y resistencia de la gente, el estado tambalea al precipicio de convertirse en “estado fallido”, entre otras contradicciones que enfrentan las clases dominantes para mantener la estabilidad y continuidad de su sistema.
Hace falta una contraofensiva a favor del aborto seguro y gratuito a solicitud en todo el país como parte de la lucha revolucionaria por emancipar a las mujeres y a la humanidad
Un número importante de valientes mujeres y hombres han venido luchando en contra de esta ofensiva reaccionaria, pero mucho más hace falta urgentemente: luchar por parar estas iniciativas reaccionarias en los Estados, por liberar a las mujeres detenidas, procesadas o encarceladas por ejercer su derecho moral al aborto, por defender al personal médico y las instituciones que proporcionan estos servicios y por establecer el derecho al aborto seguro y gratuito a solicitud de la mujer en cualquier momento del embarazo en todo el país.
Los comunistas revolucionarios nos unimos con todos los individuos y fuerzas que puedan unirse para luchar por el derecho al aborto a la vez que desarrollamos esta batalla como parte de la lucha por la revolución de nueva democracia que conduce al socialismo como transición al comunismo, a fin de emancipar a las mujeres y a la humanidad. Por medio de semejante revolución será posible transformar a la sociedad y al pueblo a fin de eliminar la violencia y las violaciones a las mujeres, la publicidad y pornografía degradantes que tratan a las mujeres como objetos sexuales y promueven el machismo, así como las redes de pornografía infantil, pederastia y prostitución de que se enriquecen grandes empresarios, y propiciar una participación cada vez mayor de las mujeres en transformar la sociedad y el mundo a fin de superar todas las desigualdades sociales, así como las relaciones, prácticas e ideas patriarcales, opresivas y de explotación.
Como contundentemente lo plantea Una declaración: Por la liberación de la mujer y por la emancipación de toda la humanidad del Partido Comunista Revolucionario, EU:
“Ya no existe la necesidad de que la función biológica de la mujer de dar a luz dicte su papel en la sociedad. Ya no existe la necesidad para que la humanidad se encuentre limitada por las tradiciones patriarcales y la opresiva moral religiosa. Hoy, esta situación es tan descabellada como es cruel, como absolutamente innecesaria.
“Por primera vez en la historia humana, no solamente es posible soñar sino hacer realidad un mundo que ya no se caracteriza por la subyugación de la mitad de la humanidad. Hoy es posible romper las cadenas que sujetan a las mujeres así como arrancar de raíz y dejar atrás la división de clases y las tradiciones correspondientes que afianzan e imponen la opresión de la mujer.
“El capitalismo con su desarrollo tecnológico, transporte, comunicaciones y medios masivos de producción socializada ha creado la base material para que toda la humanidad viva en una abundancia colectiva siempre y cuando se arrebaten esos medios de producción de las manos de la clase dominante capitalista y se pongan al servicio de la humanidad y siempre y cuando se transformen radicalmente todas las relaciones entre las personas y todas las ideas tradicionales.
“Para lograr todo eso se requiere de la revolución. Es decir, derrocar este sistema y la clase imperialista capitalista que lo encarna y lo dirige y establecer un nuevo poder estatal revolucionario”.
Romper las cadenas: Desencadenar la furia de las mujeres como una fuerza poderosa para la revolución
Aurora Roja
Voz de la Organización Comunista Revolucionaria
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Asalto a los electricistas
Asalto a los electricistas: Represión, privatización y mayor explotación en los intereses del imperialismo y el gran capital
En una burda medida de fuerza, por orden presidencial, más de 6 mil tropas militares y efectivos policíacos asaltaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) el sábado 11 de octubre a las 23:00 horas para imponer la extinción de la empresa y correr a unos 44 mil trabajadores. Ese operativo militar coordinado tuvo como propósito liquidar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como parte de reprimir fuerzas de oposición, militarizar más la sociedad y despejar el camino para mayor privatización del sistema eléctrico nacional y otros ataques al pueblo en los intereses de aumentar las ganancias del gran capital.
Mayor represión y militarización para el control social en un sistema opresivo
La ocupación militar y policíaca de LFC y el intento de acabar con el sindicato más antiguo del país es parte de un apuesto a más represión y mayor militarización de la sociedad, a la vez que se alienta a las fuerzas paramilitares y otras fuerzas reaccionarias en un intento por parte de las clases dominantes de mantener el control social en un sistema opresivo repleto de contradicciones explosivas. Por un lado la impunidad: las autoridades hasta alientan a las fuerzas fascistas en Guanajuato que promueven la quema de libros de texto oficiales que contienen algo de educación sexual, liberan a un buen número de los paramilitares priístas que participaron en la masacre de Acteal y los paramilitares que recientemente dispararon con armas de alto poder a una manifestación magisterial en la costa de Oaxaca, asesinando a un maestro, siguen impunes. Por otra parte, la represión a las fuerzas progresistas, rebeldes y de oposición: el asesinato por parte de los gobiernos estatal y federal de más de dos docenas de personas en la rebelión de Oaxaca, el asesinato de 2 personas, la violación de dos docenas de mujeres y el encarcelamiento de los dirigentes en Atenco, el acoso a Lucía Morett, el burdo intento de acusar y detener sin pruebas a Ramsés Villareal por los artefactos explosivos en algunos bancos en el Distrito Federal, entre muchos otros casos. Destaca también la “guerra contra el crimen organizado” que ha logrado poco o nada en el combate contra el narcotráfico pero sí han arrojado un saldo de mayor militarización de la vida pública en varios estados, más de 6 mil muertes este año y numerosas denuncias de tortura y asesinato por parte del ejército y la policía. El ataque a los electricistas se ubica en este marco de mayor represión, militarización y promoción de fuerzas paramilitares y reaccionarias a fin de tratar de mantener el control de la ira y rebelión social en una situación en que la crisis económica del sistema ha arrojado a 6 millones más a las filas de los mexicanos que viven en la pobreza.
¿Quiénes serán los “privilegiados”: los capitalistas multimillonarios o los obreros que ganan 6 mil pesos al mes?
El operativo militar fue acompañado por una vergonzosa campaña de desprestigio y mentiras por parte del gobierno y los medios de comunicación propiedad de un puñado de multimillonarios en contra de los electricistas. Se repite una y otra vez la burda mentira de que el SME iba a "bajar el switch". Calderón, que gana más de 200 mil pesos al mes, nos trató de convencer que los injustamente “privilegiados” en este país son los electricistas, que ganan en promedio 6 mil 600 pesos mensuales (de acuerdo con las mismas cifras de liquidación del gobierno), y no los grandes capitalistas explotadores del pueblo como Carlos Slim, cuya fortuna personal supera los ingresos de 17 millones de mexicanos. Se habla de las mayores pérdidas de LFC en comparación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras se esconde al público el hecho de que el gobierno federal obliga a LFC a comprar su energía eléctrica de la CFE a un costo mayor de lo que cobra LFC a las grandes empresas que son sus clientes y que buena parte de las "pérdidas" de electricidad en la red de LFC corresponden a tomas “directas” de grandes capitalistas y hasta del mismo gobierno que no pagan nada. Hasta un ex subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, Nicéforo Guerrero Reynoso, señala como problema central "el robo de energía de las grandes y medianas empresas, que son las que no pagan”. Nunca explicaron por qué supuestamente los trabajadores (quienes han cumplido en un 97% con los planes de productividad del gobierno) son los responsables de la ineficiencia de la empresa y no la gerencia de la misma, que es nombrada por la Presidencia. Se esconde también el hecho de que, igual que en el caso de PEMEX, el gobierno federal viene aplicando desde hace tiempo una cínica política de no invertir en la infraestructura necesaria para la modernización de la industria a fin de "llevarla a punto de venta".
Se ha impulsado una campaña de linchamiento en contra del SME por su “corrupción”, que no es más que otro caso del burro hablando de orejas, cuando uno de los aliados predilectos de Calderón es la nefasta y corrupta dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, responsable del asesinato de más de cien maestros democráticos y pieza clave en el fraude electoral de 2006. El verdadero “crimen” del SME a los ojos de las autoridades no es la corrupción sino su oposición a las políticas del gobierno federal: en particular, la privatización del sistema eléctrico nacional y la nueva red de fibra óptica, pero también toda la gama de “reformas estructurales” que buena parte de las clases dominantes tratan de imponer desde hace tiempo.
La campaña internacional encabezada por el FMI y el BM para privatizar la industria eléctrica
Otra mentira del gobierno es que no se privatiza la electricidad: de hecho, ya se ha venido privatizando. Hasta julio de 2009, la Comisión Reguladora de Energía había entregado 772 permisos a empresas particulares (transnacionales como Mitsubishi, Enron, Iberdrola y Unión Fenosa) que les ceden aproximadamente el 35% de la capacidad de generación de electricidad en el país. Esto refleja una campaña en marcha desde hace tiempo a nivel internacional para privatizar el sector energético, impulsada por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que representan los intereses de los grandes capitalistas de los países imperialistas como Estados Unidos, Europa y Japón. Con la ola de privatizaciones orquestada por el FMI y el BM en los años 90, entraron en el sector energético de 76 países subdesarrollados $187 mil millones de dólares de inversiones privadas. Parte de esa ofensiva internacional del imperialismo aquí fue la reforma en 1992, bajo Salinas, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir la generación de electricidad por empresas particulares.
Hubo intentos básicamente infructuosos bajo Zedillo y Fox de avanzar más en legislar la privatización del sector, y el gobierno de Fox incluso elaboró un plan para terminar el contrato con el SME en 2003, que a fin de cuentas evaluaron que no podían aplicar en esos momentos. Los planes de los grandes capitalistas y sus representantes políticos en el gobierno para avanzar más rápidamente en la privatización de la electricidad, así como el programa más amplio de “reformas estructurales”, han sido frustrados por la oposición de diversas fuerzas, incluyendo el SME, así como por los temores de las clases dominantes de que algunas de estas medidas antipopulares pudieran desatar un estallido social. De ahí la determinación del gobierno federal de ponerle fin al contrato colectivo de trabajo y destruir al SME: no por problemas de corrupción sino para contribuir (junto con ataques a otras fuerzas de oposición) a despejar el camino a más privatización de la electricidad, así como otras "reformas estructurales" como la privatización del petróleo, la eliminación de derechos laborales en la Ley Federal del Trabajo, aplicar el IVA en alimentos y medicamentos, etc.
Cabe mencionar que un aspecto particular del embate actual en contra de los electricistas es la concesión de la red de fibra óptica de LFC para el sistema de telecomunicaciones “Triple Play” de voz, imagen y datos, que promete convertirse en gran negocio. A pesar de que el contrato para este sistema pudiera haber convertido a LFC en una empresa redituable, el contrato fue adjudicado a una empresa privada, WL Comunicaciones, de origen español, cuyos socios mayoritarios son los exsecretarios de Energía Canales Clariond y Ernesto Martens. El SME ha indicado que no permitirá que se instale el servicio a menos que se adjudique el contrato a LFC y al SME: de ahí otro motivo particular para deshacerse del sindicato y lanzar a la calle a 44 mil trabajadores.
El cuento de que la privatización de la industria eléctrica va a mejorar el servicio y bajar el precio también es mentira. A raíz de un estudio extensivo de la ola de privatizaciones impulsadas por el FMI y BM en todo el mundo, Sharon Beder, autora del libro Energía y poder: la lucha por el control de la electricidad en el mundo, concluye que: “En todos los países donde la electricidad se ha privatizado los precios se incrementan, los servicios se vuelven menos confiables, se producen apagones, hay menos inversión en infraestructura de generación y se pierden miles de empleos; en general ha sido muy malo para la economía de esos países”. Cita entre otros el ejemplo de Brasil, donde un sistema confiable basado principalmente en las hidroeléctricas del gobierno pasó a manos de empresas transnacionales que no invirtieron en infraestructura y el suministro se volvió tan precario que se tuvo que racionar y los precios se elevaron mucho.
El propósito escondido: aumentar la explotación para elevar las ganancias de los grandes capitalistas
Así que la ofensiva reaccionaria actual en contra de los electricistas es parte de una campaña internacional por parte de los grandes capitalistas e imperialistas para privatizar los energéticos, así como una amplia gama de otras medidas diseñadas esencialmente para aumentar la explotación de los trabajadores a fin de elevar las ganancias de los grandes capitalistas. Es muy miope, para decir lo menos, adscribir simplemente al “gobierno derechista de Calderón” políticas que se están imponiendo en virtualmente todos los países del mundo a la insistencia del FMI, BM y otros organismos imperialistas. Estas políticas corresponden a necesidades del sistema capitalista mundial. Bajo el sistema en que vivimos, la economía solamente funciona si los grandes capitalistas sacan enormes ganancias: vienen tratando de imponer estas políticas desde hace décadas para aumentar las ganancias de los capitalistas a expensas del pueblo, y tienen aún más necesidad de hacerlo en las condiciones actuales en que el sistema capitalista ha caído en una fuerte crisis y sus ganancias han caído bastante.
Tratan de vender aquí este programa de mayores ganancias para los capitalistas y mayor miseria para los pobres en nombre de lograr que "México sea competitivo". Incluso alguna gente de sentimientos democráticos que ha tomado posiciones progresistas en otros casos de represión gubernamental se ha dejado llevar en este caso por el sueño de un país "eficiente" y "competitivo". ¿Qué quiere decir ser “competitivo” en el mundo actual? Quiere decir ofrecer al capital “trasnacional” o imperialista el potencial de mayores ganancias, que es el único criterio que guía sus decisiones de inversión. Y para lograr mayores ganancias para los grandes capitalistas, hace falta aumentar la productividad a base de intensificar la explotación de la gran mayoría, con los resultados de mayor pobreza, mayor desempleo, eliminación de derechos laborales y reducción de salarios y beneficios, mayor destrucción del medio ambiente, etc.. Eso es lo que significa la “competitividad” bajo este sistema: riqueza obscena para una pequeña minoría y pobreza para la gran mayoría. Y para contener la ira y rebeldía que éstas y otras injusticias provocan, recurren a mayor represión, militarización, y promoción de fuerzas paramilitares y reaccionarias, a la vez que promueven valores tradicionales y patriarcales, con los ataques al derecho al aborto, la promoción de la iglesia católica y los ataques al estado laico, la oposición a anticonceptivos y educación sexual, etc., como otro elemento del intento de mantener el control social de un sistema en que una pequeña minoría explota y oprime a la gran mayoría.
Combatir el golpe reaccionario, luchar por la revolución y el socialismo
Un número significativo de gente se ha unido a la lucha de los electricistas no solamente porque es una lucha justa, sino también como una oportunidad de combatir toda la actual andanada de ataques y represiones al pueblo. Hace falta atizar esta ira y combatividad del pueblo y enfocarla en contra del sistema, ya que el problema fundamental es el sistema capitalista-imperialista y no simplemente Calderón y su gobierno, quienes sirven a las necesidades de este sistema mundial. Una consigna que se ha vuelto muy popular en las manifestaciones en contra de este ultraje es “Si no hay solución, habrá revolución”. Los verdaderos motivos detrás de éste y otros ataques revelan que no habrá solución a fondo de ningún problema sin una revolución para ir a la raíz de la miseria y la opresión de la gente: un sistema guiado por el principio de la máxima ganancia para un puñado de grandes capitalistas. Hay que combatir los intentos de privatizar los energéticos con el entendimiento de que la elección real para el pueblo no es simplemente una cuestión de escoger entre una industria manejada directamente por los capitalistas o por medio de sus representantes políticos en el gobierno. La solución liberadora para el pueblo es la revolución a fin de establecer una economía al servicio de las necesidades del pueblo y no de las ganancias de unos cuantos: una economía socialista. En una sociedad auténticamente socialista, se bregaría con problemas de producción a base de la movilización consciente de los mismos obreros para mejorar la producción en los intereses del pueblo y de la transformación revolucionaria del mundo. En esta sociedad lo primero que hacen es lanzar a los obreros a la calle a fin de recortar sus salarios, eliminar sus prestaciones, romper su capacidad de lucha y establecer un control político más férreo y represivo. Para el gobierno y los grandes capitalistas, este ataque es parte de una ofensiva más amplia en contra de los trabajadores y el pueblo en general. Para el pueblo, el combate a este ultraje ha de servir para impulsar la lucha revolucionaria por poner fin a este sistema inhumano y represivo de una vez por todas.
¡No al decreto de Extinción de LFC! ¡Atizar la ira y combatividad del pueblo en contra del sistema! ¡La revolución es la solución!
Aurora Roja
Voz de la Organización Comunista Revolucionaria
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