Asalto a los electricistas

Asalto a los electricistas: Represión, privatización y mayor explotación en los intereses del imperialismo y el gran capital


En una burda medida de fuerza, por orden presidencial, más de 6 mil tropas militares y efectivos policíacos asaltaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) el sábado 11 de octubre a las 23:00 horas para imponer la extinción de la empresa y correr a unos 44 mil trabajadores. Ese operativo militar coordinado tuvo como propósito liquidar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como parte de reprimir fuerzas de oposición, militarizar más la sociedad y despejar el camino para mayor privatización del sistema eléctrico nacional y otros ataques al pueblo en los intereses de aumentar las ganancias del gran capital.

Mayor represión y militarización para el control social en un sistema opresivo

La ocupación militar y policíaca de LFC y el intento de acabar con el sindicato más antiguo del país es parte de un apuesto a más represión y mayor militarización de la sociedad, a la vez que se alienta a las fuerzas paramilitares y otras fuerzas reaccionarias en un intento por parte de las clases dominantes de mantener el control social en un sistema opresivo repleto de contradicciones explosivas. Por un lado la impunidad: las autoridades hasta alientan a las fuerzas fascistas en Guanajuato que promueven la quema de libros de texto oficiales que contienen algo de educación sexual, liberan a un buen número de los paramilitares priístas que participaron en la masacre de Acteal y los paramilitares que recientemente dispararon con armas de alto poder a una manifestación magisterial en la costa de Oaxaca, asesinando a un maestro, siguen impunes. Por otra parte, la represión a las fuerzas progresistas, rebeldes y de oposición: el asesinato por parte de los gobiernos estatal y federal de más de dos docenas de personas en la rebelión de Oaxaca, el asesinato de 2 personas, la violación de dos docenas de mujeres y el encarcelamiento de los dirigentes en Atenco, el acoso a Lucía Morett, el burdo intento de acusar y detener sin pruebas a Ramsés Villareal por los artefactos explosivos en algunos bancos en el Distrito Federal, entre muchos otros casos. Destaca también la “guerra contra el crimen organizado” que ha logrado poco o nada en el combate contra el narcotráfico pero sí han arrojado un saldo de mayor militarización de la vida pública en varios estados, más de 6 mil muertes este año y numerosas denuncias de tortura y asesinato por parte del ejército y la policía. El ataque a los electricistas se ubica en este marco de mayor represión, militarización y promoción de fuerzas paramilitares y reaccionarias a fin de tratar de mantener el control de la ira y rebelión social en una situación en que la crisis económica del sistema ha arrojado a 6 millones más a las filas de los mexicanos que viven en la pobreza.

¿Quiénes serán los “privilegiados”: los capitalistas multimillonarios o los obreros que ganan 6 mil pesos al mes?

El operativo militar fue acompañado por una vergonzosa campaña de desprestigio y mentiras por parte del gobierno y los medios de comunicación propiedad de un puñado de multimillonarios en contra de los electricistas. Se repite una y otra vez la burda mentira de que el SME iba a "bajar el switch". Calderón, que gana más de 200 mil pesos al mes, nos trató de convencer que los injustamente “privilegiados” en este país son los electricistas, que ganan en promedio 6 mil 600 pesos mensuales (de acuerdo con las mismas cifras de liquidación del gobierno), y no los grandes capitalistas explotadores del pueblo como Carlos Slim, cuya fortuna personal supera los ingresos de 17 millones de mexicanos. Se habla de las mayores pérdidas de LFC en comparación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras se esconde al público el hecho de que el gobierno federal obliga a LFC a comprar su energía eléctrica de la CFE a un costo mayor de lo que cobra LFC a las grandes empresas que son sus clientes y que buena parte de las "pérdidas" de electricidad en la red de LFC corresponden a tomas “directas” de grandes capitalistas y hasta del mismo gobierno que no pagan nada. Hasta un ex subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, Nicéforo Guerrero Reynoso, señala como problema central "el robo de energía de las grandes y medianas empresas, que son las que no pagan”. Nunca explicaron por qué supuestamente los trabajadores (quienes han cumplido en un 97% con los planes de productividad del gobierno) son los responsables de la ineficiencia de la empresa y no la gerencia de la misma, que es nombrada por la Presidencia. Se esconde también el hecho de que, igual que en el caso de PEMEX, el gobierno federal viene aplicando desde hace tiempo una cínica política de no invertir en la infraestructura necesaria para la modernización de la industria a fin de "llevarla a punto de venta".

Se ha impulsado una campaña de linchamiento en contra del SME por su “corrupción”, que no es más que otro caso del burro hablando de orejas, cuando uno de los aliados predilectos de Calderón es la nefasta y corrupta dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, responsable del asesinato de más de cien maestros democráticos y pieza clave en el fraude electoral de 2006. El verdadero “crimen” del SME a los ojos de las autoridades no es la corrupción sino su oposición a las políticas del gobierno federal: en particular, la privatización del sistema eléctrico nacional y la nueva red de fibra óptica, pero también toda la gama de “reformas estructurales” que buena parte de las clases dominantes tratan de imponer desde hace tiempo.

La campaña internacional encabezada por el FMI y el BM para privatizar la industria eléctrica

Otra mentira del gobierno es que no se privatiza la electricidad: de hecho, ya se ha venido privatizando. Hasta julio de 2009, la Comisión Reguladora de Energía había entregado 772 permisos a empresas particulares (transnacionales como Mitsubishi, Enron, Iberdrola y Unión Fenosa) que les ceden aproximadamente el 35% de la capacidad de generación de electricidad en el país. Esto refleja una campaña en marcha desde hace tiempo a nivel internacional para privatizar el sector energético, impulsada por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que representan los intereses de los grandes capitalistas de los países imperialistas como Estados Unidos, Europa y Japón. Con la ola de privatizaciones orquestada por el FMI y el BM en los años 90, entraron en el sector energético de 76 países subdesarrollados $187 mil millones de dólares de inversiones privadas. Parte de esa ofensiva internacional del imperialismo aquí fue la reforma en 1992, bajo Salinas, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir la generación de electricidad por empresas particulares.

Hubo intentos básicamente infructuosos bajo Zedillo y Fox de avanzar más en legislar la privatización del sector, y el gobierno de Fox incluso elaboró un plan para terminar el contrato con el SME en 2003, que a fin de cuentas evaluaron que no podían aplicar en esos momentos. Los planes de los grandes capitalistas y sus representantes políticos en el gobierno para avanzar más rápidamente en la privatización de la electricidad, así como el programa más amplio de “reformas estructurales”, han sido frustrados por la oposición de diversas fuerzas, incluyendo el SME, así como por los temores de las clases dominantes de que algunas de estas medidas antipopulares pudieran desatar un estallido social. De ahí la determinación del gobierno federal de ponerle fin al contrato colectivo de trabajo y destruir al SME: no por problemas de corrupción sino para contribuir (junto con ataques a otras fuerzas de oposición) a despejar el camino a más privatización de la electricidad, así como otras "reformas estructurales" como la privatización del petróleo, la eliminación de derechos laborales en la Ley Federal del Trabajo, aplicar el IVA en alimentos y medicamentos, etc.

Cabe mencionar que un aspecto particular del embate actual en contra de los electricistas es la concesión de la red de fibra óptica de LFC para el sistema de telecomunicaciones “Triple Play” de voz, imagen y datos, que promete convertirse en gran negocio. A pesar de que el contrato para este sistema pudiera haber convertido a LFC en una empresa redituable, el contrato fue adjudicado a una empresa privada, WL Comunicaciones, de origen español, cuyos socios mayoritarios son los exsecretarios de Energía Canales Clariond y Ernesto Martens. El SME ha indicado que no permitirá que se instale el servicio a menos que se adjudique el contrato a LFC y al SME: de ahí otro motivo particular para deshacerse del sindicato y lanzar a la calle a 44 mil trabajadores.

El cuento de que la privatización de la industria eléctrica va a mejorar el servicio y bajar el precio también es mentira. A raíz de un estudio extensivo de la ola de privatizaciones impulsadas por el FMI y BM en todo el mundo, Sharon Beder, autora del libro Energía y poder: la lucha por el control de la electricidad en el mundo, concluye que: “En todos los países donde la electricidad se ha privatizado los precios se incrementan, los servicios se vuelven menos confiables, se producen apagones, hay menos inversión en infraestructura de generación y se pierden miles de empleos; en general ha sido muy malo para la economía de esos países”. Cita entre otros el ejemplo de Brasil, donde un sistema confiable basado principalmente en las hidroeléctricas del gobierno pasó a manos de empresas transnacionales que no invirtieron en infraestructura y el suministro se volvió tan precario que se tuvo que racionar y los precios se elevaron mucho.

El propósito escondido: aumentar la explotación para elevar las ganancias de los grandes capitalistas

Así que la ofensiva reaccionaria actual en contra de los electricistas es parte de una campaña internacional por parte de los grandes capitalistas e imperialistas para privatizar los energéticos, así como una amplia gama de otras medidas diseñadas esencialmente para aumentar la explotación de los trabajadores a fin de elevar las ganancias de los grandes capitalistas. Es muy miope, para decir lo menos, adscribir simplemente al “gobierno derechista de Calderón” políticas que se están imponiendo en virtualmente todos los países del mundo a la insistencia del FMI, BM y otros organismos imperialistas. Estas políticas corresponden a necesidades del sistema capitalista mundial. Bajo el sistema en que vivimos, la economía solamente funciona si los grandes capitalistas sacan enormes ganancias: vienen tratando de imponer estas políticas desde hace décadas para aumentar las ganancias de los capitalistas a expensas del pueblo, y tienen aún más necesidad de hacerlo en las condiciones actuales en que el sistema capitalista ha caído en una fuerte crisis y sus ganancias han caído bastante.

Tratan de vender aquí este programa de mayores ganancias para los capitalistas y mayor miseria para los pobres en nombre de lograr que "México sea competitivo". Incluso alguna gente de sentimientos democráticos que ha tomado posiciones progresistas en otros casos de represión gubernamental se ha dejado llevar en este caso por el sueño de un país "eficiente" y "competitivo". ¿Qué quiere decir ser “competitivo” en el mundo actual? Quiere decir ofrecer al capital “trasnacional” o imperialista el potencial de mayores ganancias, que es el único criterio que guía sus decisiones de inversión. Y para lograr mayores ganancias para los grandes capitalistas, hace falta aumentar la productividad a base de intensificar la explotación de la gran mayoría, con los resultados de mayor pobreza, mayor desempleo, eliminación de derechos laborales y reducción de salarios y beneficios, mayor destrucción del medio ambiente, etc.. Eso es lo que significa la “competitividad” bajo este sistema: riqueza obscena para una pequeña minoría y pobreza para la gran mayoría. Y para contener la ira y rebeldía que éstas y otras injusticias provocan, recurren a mayor represión, militarización, y promoción de fuerzas paramilitares y reaccionarias, a la vez que promueven valores tradicionales y patriarcales, con los ataques al derecho al aborto, la promoción de la iglesia católica y los ataques al estado laico, la oposición a anticonceptivos y educación sexual, etc., como otro elemento del intento de mantener el control social de un sistema en que una pequeña minoría explota y oprime a la gran mayoría.

Combatir el golpe reaccionario, luchar por la revolución y el socialismo

Un número significativo de gente se ha unido a la lucha de los electricistas no solamente porque es una lucha justa, sino también como una oportunidad de combatir toda la actual andanada de ataques y represiones al pueblo. Hace falta atizar esta ira y combatividad del pueblo y enfocarla en contra del sistema, ya que el problema fundamental es el sistema capitalista-imperialista y no simplemente Calderón y su gobierno, quienes sirven a las necesidades de este sistema mundial. Una consigna que se ha vuelto muy popular en las manifestaciones en contra de este ultraje es “Si no hay solución, habrá revolución”. Los verdaderos motivos detrás de éste y otros ataques revelan que no habrá solución a fondo de ningún problema sin una revolución para ir a la raíz de la miseria y la opresión de la gente: un sistema guiado por el principio de la máxima ganancia para un puñado de grandes capitalistas. Hay que combatir los intentos de privatizar los energéticos con el entendimiento de que la elección real para el pueblo no es simplemente una cuestión de escoger entre una industria manejada directamente por los capitalistas o por medio de sus representantes políticos en el gobierno. La solución liberadora para el pueblo es la revolución a fin de establecer una economía al servicio de las necesidades del pueblo y no de las ganancias de unos cuantos: una economía socialista. En una sociedad auténticamente socialista, se bregaría con problemas de producción a base de la movilización consciente de los mismos obreros para mejorar la producción en los intereses del pueblo y de la transformación revolucionaria del mundo. En esta sociedad lo primero que hacen es lanzar a los obreros a la calle a fin de recortar sus salarios, eliminar sus prestaciones, romper su capacidad de lucha y establecer un control político más férreo y represivo. Para el gobierno y los grandes capitalistas, este ataque es parte de una ofensiva más amplia en contra de los trabajadores y el pueblo en general. Para el pueblo, el combate a este ultraje ha de servir para impulsar la lucha revolucionaria por poner fin a este sistema inhumano y represivo de una vez por todas.

¡No al decreto de Extinción de LFC! ¡Atizar la ira y combatividad del pueblo en contra del sistema! ¡La revolución es la solución!

Aurora Roja
Voz de la Organización Comunista Revolucionaria
http://aurora-roja.blogspot.com