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| Personal de salud exige realizar pruebas y recibir insumos de protecciòn |
Le insistían en que
no tenía Covid-19 y que no se preocupara hasta pocos días antes de su muerte. Pedro
Alejandro trabajaba en un call center
(centro telefónico) dedicado a cobrar adeudos del Grupo Salinas, uno de los
grupos empresariales favorecidos por el gobierno de López Obrador con el manejo
de las tarjetas para programas sociales, entre otros. Como en otras empresas
asociadas con el Grupo Salinas, se insistía en que los trabajadores siguieran
trabajando, a pesar de la contingencia sanitaria y de ser actividades “no
esenciales”, so pena de perder su trabajo.
Pedro empezaba a sentirse mal el 23 de marzo. Llamó a la
Línea Covid-19 establecido por el gobierno y le dijeron que era solo una gripa,
que no necesitaba ir al hospital. El 6 de abril ya no pudo ir a trabajar: tenía
la temperatura alta, grave dificultad para respirar y tos, los síntomas típicos
de Covid. Llamó por
quinta vez a la
Línea oficial y le dijeron lo mismo. Decidió ir a la Clínica 92 del IMSS, pero
los doctores le dijeron que no había que preocuparse y que volviera a casa con
una receta de paracetamol e ibuprofeno. La enfermedad siguió empeorando hasta el
punto en que ya no pudo respirar ni mantenerse de pie. Llamó otra vez a la
Línea Covid-19 y le dijeron lo mismo, que no era Covid. Ya no confiaba y pidió
a su esposa que lo llevara al hospital. Cuatro días después, Pedro murió de
Covid-19.
[1]
Esto fue criminal.
Y no es un incidente aislado. Nos dice mucho de la naturaleza de un criminal
sistema económico capitalista que pone las ganancias por encima de la vida de
la gente — la empresa seguía abierta incluso después de la muerte de Pedro y
otro empleado. Nos dice mucho de la Línea Covid-19 oficial que trata de
disuadir a la gente a buscar tratamiento por los limitados recursos del
raquítico sistema de salud público que suele estar al tope incluso en los
mejores momentos.
Son esenciales las
pruebas masivas para salvar vidas, pero el gobierno mexicano rehúsa aplicarlas
También nos ilustra la naturaleza criminal de la política
del gobierno de no aplicar ampliamente las pruebas para detectar esta nueva
enfermedad altamente contagiosa. Si se hubiera aplicado la prueba cuando Pedro
presentaba los primeros síntomas, los trabajadores hubieran tenido más bases
para insistir en que se cerrara la oficina, tal vez evitando así lo que
sucedió: la infección de varios otros empleados y la muerte de Rodolfo Huby
Cruz Juárez, de 30 años de edad, dos semanas después de Pedro. Tal vez el mismo
Pedro Alberto hubiera recibido mejor tratamiento a tiempo y tenido más
posibilidades de sobrevivir la enfermedad.
Sigue...
