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| Manifestación en Oaxaca contra la reforma educativa |
La
reciente arremetida represiva contra el magisterio en Oaxaca y otras partes por
parte del mismo Estado que ha perpetrado los horrendos crímenes de
Iguala/Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán y tantos más, tiene el propósito de quebrantar
la resistencia magisterial y sofocar las protestas de la gente en general. También
buscan imponer la reforma educativa dictada por organismos imperialistas como
la OCDE y organizaciones empresariales como "Mexicanos Primero", a
fin de someter y controlar a los maestros, producir graduados a la medida para
las grandes empresas, y encargar a los padres de familia la tarea de cubrir
gastos educativos. En respuesta, hace falta luchar por parar estos ataques como
parte integral de impulsar el movimiento para una revolución liberadora.
El 29 de octubre del 2015, con lujo de violencia, vestidos de civil y
sin orden de aprehensión, policías federales detuvieron en Oaxaca a cuatro
profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): Othón
Nazariega Segura, Roberto Abel Jiménez, Juan Carlos Orozco Matus y Efraín
Picazo Pérez. Los incomunicaron en el penal de máxima seguridad del Altiplano
en el estado de México, no permitieron el acceso a sus abogados y les
impusieron abogados de oficio para asegurar que no tuvieran una defensa legal
adecuada. Antes de su detención, tenían sus teléfonos intervenidos, estaban
sujetos a amenazas y constante acoso policiaco y a Jiménez García se le bloqueó
su cuenta de nómina con el argumento de que pertenece a la Sección 22 y que
esta organización sindical supuestamente “financia movimientos armados”, lo que
establece bases para actuar contra cualquiera simplemente por pertenecer al
sindicato, A raíz del justo y valiente boicot electoral de junio pasado, a los
cuatro detenidos les crearon delitos absurdos como el "robo" de
libros de texto gratuitos y delitos “contra
el consumo y riqueza nacional”, pero las fichas que emitió la Procuraduría
General de la República al respecto no hablan de otra cosa que los datos de su
“activismo”, su verdadero “delito” a los ojos de las autoridades. Claro que en
todo esto —como en un sinnúmero de casos más— el Estado capitalista viola su
propia legalidad, supuestamente, según la cínica verborrea del secretario de
Educación Aurelio Nuño, “en apoyo al cumplimiento de la ley y a la legalidad”.
