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A casi 12 años de este crimen del
Estado, el gobierno sigue encubriendo la verdad para proteger al Ejército y
otros culpables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el
asesinato de 6 personas la noche del 26 de septiembre de 2014. En su séptima reunión
con los familiares, el 28 de mayo, la presidenta Sheinbaum rechazó demandas
centrales de las madres y padres. Anunció que no va a regresar el GIEI y que no
se van a entregar los más de 853 folios incriminatorios del Ejército. Una vez
más, la mandataria tampoco informó de ningún avance significativo en el caso. Estas
reuniones que no resuelven nada son parte de una estrategia gubernamental
calculada para alargar la supuesta "investigación" y tratar de
desgastar y desbaratar al movimiento que exige Verdad y Justicia.
Los Informes V y VI del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demuestran que el
Ejercito desempeñó un papel decisivo en este crimen de Estado, junto con las
policías federal, estatal, ministerial y municipales, el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el grupo criminal de Guerreros
Unidos. El GIEI también hizo público un video en que se muestra a la Marina
sembrando “evidencias” en el basurero de Cocula para la falsa “Verdad
Histórica” del criminal gobierno de Peña Nieto. Con el mismo propósito,
elementos de la Marina y otros oficiales federales torturaron a docenas de
personas. Estos crímenes siguen impunes.
