Carta sobre el derecho al aborto


Recibimos la siguiente carta de una lectora sobre algunos acontecimientos en la lucha por el derecho al aborto. La foto es de Lesly, la joven bajacaliforniana sentenciada a 23 años de prisión por sufrir un parto inmaduro o aborto espontáneo, que acaba de ser liberada después de cumplir 3 años en prisión.

Compañeras/os, 29 de abril de 2011

Les escribo un poco sobre la lucha por el derecho al aborto en la ocasión del cuarto aniversario de la despenalización del aborto (ILE) en el Distrito Federal. En todo Latinoamérica, el Distrito Federal de México sigue siendo hasta ahora el único lugar donde la mujer tiene el derecho al aborto legal y seguro a solicitud, aunque solo durante las primeras 12 semanas del embarazo. (En Uruguay, una ley semejante fue vetada por el presidente en 2008). Como ya sabrán muchos de los lectores de Aurora Roja, respondieron con saña varias fuerzas reaccionarias a esta primera victoria parcial en 2007: el Vaticano y casi toda la jerarquía de la iglesia católica en el país, las iglesias evangélicas fundamentalistas, el gobierno federal, el PAN, y gran parte del PRI. Casi como un relámpago (y con la anuencia de algunos legisladores del PRD), se aprobaron reformas constitucionales en 17 estados que reconocen como “ser humano” a todo óvulo fecundado. (Son 18 estados en total--ya que en Chihuahua tal reforma constitucional se hizo anteriormente, en 1994). Intentan evitar que se extienda la despenalización (aunque parcial) del aborto, revertirla en el DF y prohibir el aborto en todo el país. En varios estados encarcelan a las mujeres que abortan, y también arremeten contra los anticonceptivos, la educación sexual, la homosexualidad, el matrimonio gay y el estado laico. Así como en muchas otras partes del mundo, enfrentamos una “cruzada” por reforzar las relaciones patriarcales y la moral tradicional que esclavizan a las mujeres y apuntalan este sistema bárbaro.

La buena noticia es que esta embestida teocrática comienza a despertar la indignación de algunos y a veces se palpa el sentimiento de que hay que ponerles un hasta aquí a estos “señores de la Santa Inquisición”. El año pasado, el caso de 8 mujeres injustamente encarceladas y condenadas hasta a 29 años de prisión por “homicidio en razón de parentesco” en el estado de Guanajuato trascendió en algunos medios (prensa, radio y televisión) y se volvió una causa que galvanizó la protesta de parte de diversas fuerzas.

¿Qué será “homicidio en razón de parentesco”? El código penal de Guanajuato estipula: “A quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubinario o concubina, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le sancionará con prisión de veinticinco a treinta y cinco años y de doscientos a trescientos días multa”. Al aprobarse este nuevo artículo del código penal en 2002, se suprimió otro artículo sobre el “infanticidio”, con condena de 3 a 10 años de prisión, o de 3 a 8 años si “el infante es producto de una violación”. Dos cosas se destacan aquí: 1) Se trata de “privar de la vida” a personas vivas, y no de embriones o fetos; 2) Se aumenta mucho la condena en comparación con la pena anterior para "infanticidio". Sin embargo, el gobierno y la procuraduría de Guanajuato han utilizado esta ley para encarcelar a mujeres que perdieron fetos por aborto espontáneo. Y lo hicieron con base en engaños—agentes del ministerio público y defensores de oficio instruyeron a las mujeres a declarar falsamente que "escucharon llorar" los fetos, porque así les “iría mejor”. Fabricaron evidencias e indujeron a las mujeres a dar testimonios falsos en su propia contra, para luego sentenciarlas a condenas de 25 a 29 años de prisión. Cuando estos hechos comenzaron a darse a conocer en algunos medios de comunicación, creció la ira de mucha gente.

En junio de 2010, una de las 8 mujeres condenadas, Alma Yareli Sánchez, de 26 años, fue liberada después de pasar 3 años en la cárcel. Un juez del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato revocó su sentencia de 27 años y seis meses, cuando la denuncia y la defensa legal impulsada por el Centro Las Libres puso en claro que Alma Yareli sufrió un aborto espontáneo — ni nació ningún bebé ni hubo ningún homicidio: sólo hubo fabricaciones de parte de las autoridades. Se denunció ante los medios que el gobernador y el procurador de justicia de Guanajuato mentían al proclamar que no había mujeres encarceladas por abortar en Guanajuato, y que, al contrario, siete mujeres más se encontraban en la misma situación que Alma Yareli en esos momentos: al sufrir abortos espontáneos, fueron acusadas y condenadas por “homicidio”. Al contrario de los "hechos" fabricados por la procuraduría, ninguno de los embarazos había llegado a término, ningún bebé había nacido vivo y ni siquiera hubo aborto inducido. Condenaron a todas estas 8 mujeres como “homicidas” simplemente porque perdieron los fetos y no dieron a luz. ¿Podría haber prueba más elocuente de que reducir a la mujer a ser incubadora e imponerle la maternidad forzada son los objetivos de los que niegan el derecho al aborto?

En julio y agosto (de 2010) se extendieron las protestas. Hubo manifestaciones en Guanajuato, el Distrito Federal, Veracruz y otros estados. Más denuncias salieron en la prensa y se difundieron por Internet. Las presas desafiaron las amenazas de oficiales y se entrevistaron con diputadas del PRD y con periodistas; denunciaron las trampas legales y las humillaciones que habían sufrido. Trascendió que, aparte de estas 8 mujeres condenadas por “homicidio en razón de parentesco”, 166 personas han sido investigadas por el delito de aborto en Guanajuato desde el año 2000, 30 han sido juzgadas (16 mujeres embarazadas y 14 personas por ayudarlas a abortar) y 12 mujeres han sido condenadas a 3 años bajo caución. Una joven denunció en Youtube que cuando solicitó su derecho a un aborto legal por violación, (derecho que todavía existe en los códigos penales de todos los estados —a pesar de las reformas constitucionales— así como en la Norma Oficial Mexicano 046), el ministerio público le dijo que “si intenta interrumpir el embarazo va a ir a la cárcel”. El hecho de que las autoridades y el personal médico violan sistemática y descaradamente este derecho en todos los estados y no solo en Guanajuato, lo atestiguó el caso de una niña de 11 años, Amalia, que en agosto dio a luz en Quintana Roo, después de haberle negado un aborto seguro y legal, aunque su embarazo fue resultado de ser violada por su padrastro.

Después de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitiera una recomendación al gobierno de Guanajuato de que “se revise la legislación, en particular la figura penal del “homicidio en razón de parentesco”, el gobernador buscó una salida para callar la protesta sin admitir su culpabilidad. Presentó una propuesta de reducir la condena por “homicidio en razón de parentesco” de un máximo de 35 años a una pena de 3 a 8 años, si éste se realiza por parte de la madre dentro de 24 horas del nacimiento de un bebé y si ha sido “consecuencia de motivaciones de carácter psicosocial”. Esta “reforma” fue aprobada por el congreso del estado a finales de agosto, que sirvió de escapatoria para el gobierno para dejar en libertad a las 7 mujeres condenadas, sin reconocer su inocencia y encubriendo sus propios crímenes.

El 7 de septiembre de 2010, salieron libres las 7 mujeres apresadas y condenadas injustamente, después de haber pasado de 10 meses hasta 9 años en la cárcel. El gobierno intentó evitar que hablaran con la prensa, escoltándolas a camionetas del gobierno en que se las llevarían a casa. Sin embargo, una de ellas, Yolanda Martínez Montoya, rehusó abordar la camioneta, salió caminando con el puño en alto y declaró “Soy libre porque soy inocente y salgo con la frente en alto”. Denunció que pasó más de seis años en prisión por un delito que no cometió y dijo: "Se hizo justicia, tarde o temprano. No nos vamos a dar por vencidas. Falta mucho por hacer y por cambiar". La abrazaron su hermana y Alma Yareli Salazar (que salió libre en junio), y fue aplaudida y acompañada por otros que habían luchado por la liberación de estas mujeres y celebraban este pequeño triunfo.

El mes pasado, (marzo de 2011) Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, informó que ya por fin, y por el momento, no hay ninguna mujer encarcelada por abortar ni ningún proceso penal al respecto en Guanajuato, gracias a la lucha de las organizaciones de la sociedad civil. Pero en varios otros estados existen mujeres detenidas, encarceladas y sentenciadas por el delito de “homicidio agravado por parentesco”, cuando en realidad no hubo ningún “homicidio”, sino sólo interrupción del embarazo, por sufrir abortos espontáneos o inducidos. De hecho, Verónica pronunció estas palabras el 15 de marzo en el DF, en una conferencia de prensa donde varias organizaciones exigieron la liberación de 24 mujeres presas por abortar en Baja California, y libertad para todas las mujeres presas por este motivo en México. En realidad, nadie sabe el número exacto de mujeres encarceladas por abortar porque estos casos son ocultados por las procuradurías en el país. Según Elsa Conde (ex diputada federal del extinto Partido Alternativa Socialdemócrata), 300 mujeres fueron procesadas penalmente por aborto en 2009 y hasta mayo de 2010 en el país, de acuerdo con varias solicitudes de información en diferentes estados por parte de organizaciones feministas. Es sólo por una solicitud de acceso a la información de parte de la Red Iberoamericana Pro Derecho Humanos que se dio a conocer que en Baja California hay 14 mujeres sentenciadas por el delito de homicidio agravado por parentesco y 10 más encarceladas en espera de su sentencia bajo el mismo cargo.

Baja California es el mismo estado donde las autoridades le negaron a Paulina, una niña de 13 años, el derecho a un aborto legal y seguro cuando fue violada y quedó embarazada en 1999. Finalmente en 2006, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado mexicano crear una norma oficial para evitar que ocurrieran otros casos de violencia institucional como se cometió contra Paulina.

¿Cómo respondieron las autoridades del estado? En 2008, el Congreso estatal reforzó la base legal para aumentar la “violencia institucional” contra las mujeres, al aprobar una reforma constitucional que establece que “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida”. En 2009, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de BC impugnó la reforma por medio de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde sigue a revisión.

El 18 de marzo, hubo una manifestación en la sede del gobierno de Baja California en el Distrito Federal para exigir la libertad de las 24 mujeres encarceladas por abortar en ese estado, y en particular la libertad de una joven de 21 años que fue detenida hace 3 años después de sufrir un aborto espontáneo. Fue acusada de homicidio agravado por parentesco y sentenciada a 23 años de cárcel. Su sentencia fue apelada y se exige que el Tribunal Superior de Justicia del estado de BC la deje en libertad.

Además de la liberación de las siete mujeres encarceladas por aborto en Guanajuato, hubo otros dos sucesos favorables para el derecho al aborto en el último año: quedó derrotada la reforma constitucional para declarar "ser humano" todo óvulo fecundado en Michoacán, y se desechó la reforma en Veracruz cuando falló el intento de ratificarla, al no ser aprobada por dos tercios del Congreso. Sin embargo, la tendencia anti-aborto tiene más fuerza e iniciativa en general que la defensa del derecho al aborto; frente a nuestras pequeñas victorias, los reaccionarios redoblan sus esfuerzos. Por ejemplo, el sector salud en Veracruz está implementando un programa para vigilar a toda mujer embarazada que detecta, como se hizo en Guanajuato hace unos años (lo cual llevó a la detención de varias mujeres). Bajo el pretexto de “evitar las muertes maternas”, los centros de salud pretenden dar seguimiento a cada mujer embarazada, incluso con visitas a domicilio, para lograr que culminen el embarazo y no aborten. Activistas en Veracruz están denunciando que esto es acoso a las mujeres. Además de imponer la maternidad forzada, tiene el propósito de identificar y encarcelar a las “culpables” si aparecen fetos muertos no identificados.

Los que entendemos cuán fundamental es esta batalla para la liberación de la mujer necesitamos buscar la manera de cambiar radicalmente esta situación. Se necesita una lucha más combativa y más independiente frente al sistema (que es la fuente de la opresión de la mujer), con más independencia de las fuerzas que representan ese sistema y son los autores de estos ataques que buscan reforzar el control de una sociedad machista y patriarcal sobre la vida y el cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, no está mal que 382 mujeres se hayan amparado contra las reformas constitucionales en diferentes estados, como una forma de denunciar que estas reformas niegan el derecho fundamental de las mujeres a decidir tener o no tener un hijo. Pero también hay que reconocer que la SCJN ya ha desechado esos amparos en dos ocasiones: en marzo de 2010 rehusó atraer los amparos interpuestos por 161 mujeres de Jalisco y en marzo de 2011 desechó 66 juicios de amparo interpuestos por mujeres en Colima. No basta con este tipo de protestas.

Hace falta una lucha decidida por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito a solicitud de la mujer en todo el país. ¡Hace falta una gran rebelión en contra de la moral patriarcal religiosa que refuerza el sometimiento de las mujeres!

Cómo decía un volante del Movimiento Popular Revolucionario:

¡El feto no es un bebé, el aborto no es asesinato, y la vida de la mujer, que sí es un ser humano, no debe ser subordinada a la vida en gestación. Subordinar la vida de la mujer a la vida del feto es reducirla a un mero instrumento de la reproducción. ¡La mujer no es incubadora!


PD: El Tribunal Supremo de Justicia de Baja California acaba de declarar inocente a Lesly, la joven que pasó casi tres años en la cárcel en Mexicali. Hoy mismo salió libre. Hay más mujeres en prisión en las cárceles de Baja California y de otros Estados.

2 comentarios:

taro dijo...

Parece que La Aurora Roja representa el proximo cataclismo, no la próxima liberación.
Personalmente no me considero partidista, fanático, legalista ni gobiernista. Estoy a favor del libre albedrío, la justicia y la igualdad.

Sin embargo me llama la atención el modo tendencioso en que tratan este tema. Y no estoy de acuerdo en varios puntos:

Todo se ha politizado, incluso la aplicación de la ley. Sin embargo el inicio del la politización en el tema del aborto lo hizo el PRD, debiendo ser un tema social, discutirse sociedad y no en una lucha partidista. La mujer tiene derechos a decidir sobre su familia, pero no a atentar en contra de ella misma.

Las leyes hablan de individuos, los fetos no lo son, pero sí son seres vivos y no porque no se ven a simple vista, el aborto deja de ser un atentado a la vida. Aunque sea con descargo.

El libertinaje que se vive actualmente es un producto comercial de quienes Uds. suponen sus mayores enemigos: el capital, el poder internacional y el consumismo. La creciente venta de alcohol, anticonceptivos, medicamentos, pornografía, droga y de los enormes ingresos en antros, centros comerciales, moda gay y próximamente por abortos, es un reflejo indiscutible de ello.

El libertinaje se distingue de la libertad y del libre albedrío en que es un acto irracional, sin responsabilidad, sin medir consecencias y falto de humildad.

Anónimo dijo...

Es interesante tu concepto de "libertad" que excluye el derecho de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo, el derecho de preferencia sexual... y cuántos más?