Veracruz: el gobierno miente y encubre el asesinato de gente inocente

El 20 de septiembre de 2011, dos camionetas se detuvieron en medio del Bulevar Adolfo Ruiz Cortines, una de las calles más transitadas de Boca del Río, frente a uno de los centros comerciales más concurridos. Tiraron cadáveres sobre el pavimento y dejaron otros en las redilas. 35 en total, 23 hombres y 12 mujeres, muchos con las manos o los pies atados con precintos plásticos, sus cuerpos golpeados y quemados.

Esta horrorosa escena se dio a las 5:15 de la tarde, a unos metros del Centro de Convenciones del World Trade Center, donde se inauguraría dos días después el 11 Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia. ¿Llegaron rápido las fuerzas federales que habrían de estar “asegurando el terreno” en la zona desde días anteriores? No. ¿Llegaron las tropas de élite aerotransportadas de la Marina que podrían haberse presentado en minutos? No.

Las autoridades criminalizan a las víctimas como supuestos Zetas y el gobernador justifica los asesinatos

Pocas horas después, el procurador de justicia estatal, Reynaldo Escobar Pérez, dijo de las víctimas: “Se ha confirmado, a través de Plataforma México, que todos tenían antecedentes penales y se dedicaban a actividades tales como secuestro, extorsión, homicidio y narcomenudeo” (La Jornada, 21 de septiembre, página 5). Se armó la “historia oficial”, con el respaldo de oficiales de Gobernación y de las FFAA desde el DF: fue un “ajuste de cuentas” entre grupos de narcotraficantes, los muertos son Zetas, “gente mala” que lastima a la “gente buena” (cómo diría Calderón), y ¡sanseacabó! Los principales medios de comunicación difundieron obedientemente esta versión con su habitual mendacidad.

El gobernador Javier Duarte fue aún más lejos. Escribió en su cuenta de Twitter: “Es aberrante e indignante; repudio lo que ocurrió ayer; sin embargo, el mensaje es muy claro, en Veracruz no hay cabida para la delincuencia”. Después agregó: “Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más que esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar". Dice que “repudia” esta masacre, mientras en realidad la reivindica. Justifica estas ejecuciones sumarias, como acción justiciera contra “la delincuencia”. Esto implica que los asesinos actuaron en causa común con el gobierno.

Entre las víctimas, ninguna evidencia de vínculos con el crimen y sí un joven inocente desaparecido por la policía

Uno de los asesinados fue Alan Michel Jiménez Velásquez, un joven de 15 años. Su madre, Rocío Velásquez Cruz, lo buscaba desde el 14 de septiembre, cuando fue detenido por policías estatales, quienes lo subieron a una patrulla. “A mi hijo, se lo llevó la 717 de la policía estatal, cuando iba a comprar comida para sus pollos, tenía 15 años y apenas iba a entrar a la escuela”. “Si, yo las vi, yo fui y abordé a las patrullas y los patrulleros de la patrulla 717 me apuntaron para que yo no me acercara a pedir informes sobre mi hijo, que si yo me acercaba me disparaban. Mi hijo me dijo: ‘Mami, no te acerques, hazte para allá, no te acerques porque te van a disparar’”. Durante siete días Rocío buscó a su hijo, primero con la policía y después en el Servicio de Medicina Forense, donde encontró su cuerpo el 22 de septiembre, entre los 35 cadáveres tirados el día 20. ¿Por qué desaparece un joven detenido por la policía estatal y 6 días después aparece, asesinado y arrojado sobre el pavimento por asesinos que se llaman "Matazetas"? Este joven encontrado entre los 35 cadáveres no fue delincuente, como según la versión era el caso con todos los muertos, y en cambio sí fue desaparecido por la policía. Estos hechos establecen un claro vínculo entre los asesinos y las fuerzas represivas oficiales.

El 30 de septiembre, el periódico Notiver publicó una lista de 28 personas identificadas de entre las 35 personas asesinadas. 18 tenían menos de 30 años de edad— 6 de ellos con menos de 20 años. Ninguno tenía historial de relación con el crimen organizado. Ninguno está en la base de datos de Plataforma México. Por lo menos 23 de estas personas murieron por golpes, sofocación o estrangulamiento. (Para los otros 5, no se especifica causa de muerte). El listado incluye Alan Michel Jiménez Velásquez, el joven ya mencionado detenido por la policía, “muerto por sofocación”. Está confirmado que otros en la lista estuvieron entre los asesinados del 20 septiembre, y que varios desparecieron días antes, como Abbi Lizbeth Poucholen Barrios, de 16 años, que desapareció la noche del 15 de septiembre, o Iván Cuesta Sánchez, joven transexual de 22 años que se llamaba “Brigitte” y desapareció 8 días antes del 20 de septiembre. Hasta ahora no se sabe quiénes se los llevaron.

El gobierno de Veracruz rechaza la lista publicada por Notiver y rehúsa dar a conocer su propia lista. Dicen que han identificado a todos y que han entregado los cuerpos a familiares. Entonces, ¿por qué no dan a conocer públicamente las identidades de los asesinados? ¿Qué esconden?

Gina Domínguez, la titular de Comunicación Social del gobierno de Veracruz, dijo en entrevista con Carmen Aristegui: “Crucé información y me dicen que sólo algunos nombres que ahí aparecen [en la lista de Notiver] pertenecen a víctimas reales”. Así admite que por lo menos “algunos” sí corresponden a los asesinados el 20 de septiembre; eso en sí confirma que mintió el procurador, porque ninguno de estos nombres aparece en Plataforma México, ni existe constancia alguna de asociación con el crimen organizado.

Respecto al testimonio de la mamá de Alan Michel de que su hijo fue detenido por policías estatales, Domínguez simplemente la descalificó porque, según, no existe una patrulla con el número 717. ¿Por qué el gobierno de Veracruz se agarra del número supuestamente equivocado de la patrulla para hacer la vista gorda a un testigo ocular de la detención y posterior desaparición por policías estatales de una de las personas asesinadas el 20 de septiembre?

¿Quiénes son estos “Matazetas” que no matan Zetas?

Pocos días después de la masacre aparece en Internet un video de cinco hombres encapuchados que se dicen “Matazetas” y se adjudican los asesinatos. Aparecen sentados en una mesa con mantel blanco, cada quien con su botellita de agua, como cualquier reunión de autoridades, excepto por las caras cubiertas. A diferencia del video matazetas del julio anterior, no dijeron que eran del cártel Jalisco Nueva Generación, sino que son “el brazo armado del pueblo”. Como en el video anterior, afirman su respeto por las fuerzas armadas y autoridades civiles del Estado y afirman que su único objeto es eliminar a Los Zetas.

Pero no existe ninguna evidencia de que nadie de entre los asesinados fuera Zeta, ni de que ninguno estuviera vinculado al crimen organizado. Las evidencias sí establecen que por lo menos algunas de estas personas fueron desaparecidas y torturadas antes de ser asesinadas, y que por lo menos el joven Alan fue detenido y desaparecido por la policía estatal.

Los precintos de plástico en las manos o los pies de varios cadáveres también hacen pensar en la participación de las fuerzas oficiales. El periódico Reforma reportó que con base en información obtenida de “fuentes cercanas a las investigaciones”, “los precintos de plástico han sido usados por cuerpos de seguridad institucionales y por efectivos de la Marina y el Ejército. ‘Estos precintos sólo los tienen en Estados Unidos o los usan fuerzas especiales de aquí: Marina o el Ejército’, consideró la fuente estatal que tuvo acceso a las primeras indagatorias y que pidió omitir su nombre” (Citado por Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública: Escuadrón de la muerte”, Reforma, 3 de octubre de 2011).

Sean quienes sean estos asesinos, sean policías, militares o sicarios sin uniforme, operan como un escuadrón de la muerte encubierto y protegido por el gobierno, que ha mentido sistemáticamente en este caso para criminalizar a las víctimas, restar atención y hasta justificar a los asesinos y encubrir la participación de la policía. Desaparecen, torturan y matan a personas al azar o a las que consideran indeseables y las arrojan en la calle para crear un clima de terror y miedo entre la población en general.

¡Alto a las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales! ¡Alto a la criminalización de víctimas inocentes! ¡Justicia para las miles de vidas robadas bajo la bandera de “la guerra contra el crimen organizado”!