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| Buscadores cavan y encuentran fragmentos óseos en Teuchitlán |
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En marzo un
colectivo de buscadores y un fotoperiodista destaparon la cruda realidad de los
campos de entrenamiento y exterminio que operan desde hace años los cárteles
con la complicidad de las autoridades de los partidos electorales de todos los
colores. El gobierno actual, como todos los gobiernos anteriores, quiere negar
o minimizar los hechos. Pero los hechos son los hechos. Y nos dicen mucho del sistema
en que vivimos. Si queremos ver otra sociedad mucho mejor, necesitamos ver lo
que un análisis científico de los hechos nos dice y lo que corresponde hacer.
La presidenta
Sheinbaum rehúsa reunirse con las y los buscadores y dice que ya no existen
crímenes de lesa humanidad en el país como en el pasado, ya que, según ella, ya
no participa el Estado. Así que, por una parte, acepta que hubo crímenes de
lesa humanidad en el pasado, sin mencionar que han quedado en la más
absoluta impunidad. En segundo lugar, el Estado sigue cometiendo
crímenes de lesa humanidad, como los siete migrantes asesinados por el
Ejército en Chiapas y Chihuahua al principio del actual sexenio o las masacres de
gente inerme en Nuevo Laredo en el sexenio pasado, entre muchos otros crímenes
de Estado.
En el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, la presidenta trata de negar la participación del Estado cuando patrullas policíacas trajeron cada semana a grupos de jóvenes secuestrados o engañados con falsas promesas de trabajo a este campo de entrenamiento y exterminio del cartel Jalisco Nueva Generación, según el testimonio de una mujer que lo sobrevivió. La fiscalía estatal entró en el lugar en septiembre de 2024, junto con la Guardia Nacional. Pero ni unos ni otros informaron nada de lo que encontraron y filmaron los buscadores cuando entraron en el rancho el 5 de marzo de 2025, por una denuncia que recibieron.
Así que, los
gobiernos local, estatal y federal sí participaron en estos crímenes de lesa
humanidad o los encubrieron. Y en todo caso, ¿qué tan entregado a los
intereses del actual sistema capitalista criminal tiene que ser uno para negar
que sean crímenes de lesa humanidad desaparecer, violar, torturar, asesinar y
calcinar en fosas los cuerpos de cantidades de personas?
“Hay mucho
hueso calcinado, han estado saliendo molares, donde va la dentadura, para que
no digan que son de animal… se están destapando fosas tipo crematorio”
relató una de las madres en una transmisión en vivo el mismo día del hallazgo
de muchos huesos, placas y casquillos de bala, que se documentó con fotos,
videos y testimonios. ¿La respuesta de Sheinbaum? Trató de tapar el sol con un
dedo: “Vienen estas fotografías que salieron con un colectivo, de personas que
buscan a sus familiares, con una fotografía de ropa... un periodista... por
una fotografía hace toda una construcción". ¿Qué es eso si no un
cínico encubrimiento de crímenes de lesa humanidad con la colusión del Estado?
Luego las
autoridades cierran el lugar a las y los buscadores, lo limpian de evidencias y
las fiscalías estatal y federal invitan a un montón de gente a acudir al
campamento de exterminio para acabar de contaminar completamente la escena de
un sinnúmero de crímenes. Dice una madre que vino en busca de indicios de su
hijo desaparecido que “hay fotos de todo lo que hay, ahora no hay nada… Como
siempre, somos burla de esta sociedad, de este pinche gobierno. Todo está bien
manipulado, todo lo que hay adentro está manipulado. Esto nada más lo hacen
para hacer un teatro”.
Ahora frente
a la protesta social, Sheinbaum finge hacer algo al respecto, con planes de
CURP con foto y huellas dactilares, que no tiene nada que ver con encontrar a
los desaparecidos ni castigar a los criminales y todo que ver con tener más
control sobre la población. También promete, entre otras cosas, un registro y
búsqueda de desaparecidos cuando ella misma jugó un papel destacado en el
esfuerzo del gobierno de López Obrador de "desaparecer a los
desaparecidos", con el intento de borrar a gente del registro nacional
oficial que ahora registra más de 125 mil personas desaparecidas, sin
contar a los millares más que no son reportados por temor a represalias o por
colusión de las autoridades.
¿Por qué el
gobierno no solo no busca a los desaparecidos sino que trata de negar o
minimizar esta crisis que azota a todo el país? Porque están bien compenetrados
y coludidos con el crimen organizado todos los niveles del gobierno, incluidas
las fuerzas armadas y policías. O como lo expresó María Herrera, una madre
buscadora con cuatro hijos desaparecidos: “el Estado no busca, porque, si
busca, se encuentra a sí mismo con su responsabilidad”.
No es que no saben.
Existen desde hace por lo menos 15 años muchos campamentos de adiestramiento y exterminio
que funcionan de manera semejante al del rancho Izaguirre: desaparecen a la gente,
violan a las mujeres, obligan a las personas con maltratos y tortura o bien a
servir al narco o ser exterminadas. En 2010 se encontraron 72 migrantes
asesinados por no subordinarse al cártel en San Fernando, Tamaulipas, con una
segunda masacre en el mismo municipio el año siguiente. En 2015 se encontró un
centro de adiestramiento en el rancho El Sol en Tanhuato, Michoacán, con una
masacre por parte de la Policía Federal. Se han conocido muchos otros campos
con el paso de los años, incluido uno en Tala, municipio vecino de Teuchitlán,
en 2017. Y a días de denunciar el de Teuchitlán, familiares buscadores
encontraron otros en Yuriria, Guanajuato, y Reynosa, Tamaulipas. Los colectivos
de buscadores reportan que operan estos campos de exterminio en todos los
estados.
Tratan de
aplacar los reclamos de la gente con la detención de “el Lastra” y la
información de que su jefe, Gonzalo Mendoza Gaytán, alias el Sapo, es el
operador del cártel para estos campamentos en la zona. Pero resulta que el Sapo
cuenta con una orden de aprehensión desde 2010, bajo el gobierno panista de
Calderón, 5 más bajo el gobierno priísta de Peña Nieto y 4 más bajo el gobierno
morenista de López Obrador, sin ninguna detención, disfrutando hasta el momento
de la más completa impunidad. Lo que ilustra que todos los gobiernos de
todos los partidos electorales de las clases dominantes están bien
compenetrados y coludidos con el crimen organizado, por mucho que el
reaccionario gobierno actual y la reaccionaria "oposición" del
"Prian" traten de reducirlo todo a un pinche pleito entre políticos
burgueses sobre cuál grupo de cínicos criminales nos van a oprimir y reprimir
desde el Estado.
Cabe agregar
que en el gobierno de Peña, algunas de las carpetas sobre el Sapo estaban
bajo competencia de Tomás Zerón, operador clave de la “Mentira Histórica” para
encubrir el crimen de Estado contra los normalistas de Ayotzinapa. Estas
carpetas y otra, de 2017, luego fueron responsabilidad de García Harfuch,
cuando reemplazó a Zerón como jefe de la Agencia de Investigación Criminal.
Ahora el mismo Harfuch, como actual jefe de Seguridad federal, “descubre” el
papel del Sapo.
El horror
de Teuchitlán es solo un pequeño vistazo a una partecita de una enorme
estructura nacional e internacional de macrocriminalidad producto del actual
sistema capitalista. Miles de personas, sobre todo jóvenes, se enfrentan a la
disyuntiva entre el reclutamiento forzado o el exterminio. Según un estudio publicado
en la revista Science en 2023, hubo entre 160 y 185 mil miembros del
narco en el país, que reclutaba a 350 personas nuevas por semana. Según las
cifras oficiales del INEGI, el número de asesinatos ha subido con cada sexenio —Calderón
120 mil 463, Peña 156 mil 006 y López Obrador 176 mil 574 solo en sus primeros
cinco años— llegando a un total de más
de 453 mil muertes violentas. Millones de personas viven bajo el terror del
“cogobierno” del crimen organizado y el Estado capitalista, con su saldo de
asesinatos, desapariciones, secuestros, violaciones, trata, cobro de piso y
demás. Tanto los políticos y mandos militares como los grandes empresarios
nacionales e internacionales se benefician de los lucrativos negocios
criminales y también echan mano de los “servicios” de la maña para
reprimir, explotar y despojar a la gente, asesinando a líderes sociales y
desplazando a comunidades enteras.
Las redes
financieras que lavan los narcodólares se extienden hasta los grandes bancos de
Estados Unidos y otros países imperialistas. Desde hace medio siglo el
imperialismo estadounidense utiliza la llamada “guerra contra las drogas” como
pretexto tanto para su injerencia imperialista en otros países como para
criminalizar, encarcelar y matar a los oprimidos en Estados Unidos, sobre todo
a los negros, latinos e indígenas. A la vez, utilizan el crimen organizado para
fondos y operaciones imperialistas desde el escándalo “Irán-Contragate” de
contrainsurgencia en Nicaragua hasta nuestros días. Y todos los disparates,
espionaje e injerencia abierta del gobierno fascista de Trump no tienen nada
que ver con combatir al crimen organizado sino con oprimir y explotar aún más
al pueblo de México.
De tal tamaño
es el problema. Una enorme estructura de macrocriminalidad producto del actual
sistema capitalista. No va a cambiar con elegir a uno u otro candidato o con
una u otra reforma. Es fruto horroroso de un sistema venenoso y
criminal y la única solución de fondo es acabar con este sistema por medio de
una revolución real. Parte de preparar tal revolución es denunciar y luchar
contra los crímenes del sistema en casos como Teuchitlán, Ayotzinapa y tantos
más. Para ser parte de abrir esa posibilidad de una sociedad radicalmente
distinta y mucho mejor, ponte en contacto y participa con el Movimiento Revolución
y la Organización Comunista Revolucionaria, México.
Aurora Roja
Voz de la Organización Comunista
Revolucionaria, México
aurora-roja.blogspot.com auroraroja.mx@gmail.com
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