Ayotzinapa: El Gobierno Asesina a Alumnos por Exigir una Mejor Educación

Los estudiantes de Ayotzinapa pedían cosas básicas para su educación y les dieron balas, golpes, patadas, detenciones, desapariciones y tortura, con dos estudiantes asesinados por la policía. El procurador y el general Arreola de la Secretaría Seguridad Pública (SSP) de Guerrero alegaron que los alumnos atacaron con armas de alto poder y granadas. El gobernador juró que su policía no iba armada. Ahora se han desenmascarado estas y otras mentiras y parte de la verdad comienza a salir.

El 12 de diciembre de 2011, cientos de alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, acompañados por indígenas de la Organización Campesina del Municipio de Tecoanapa, y de la organización Xanii Tsavvi (Sueño Mixteco),  llevaron su lucha a Chilpancingo. Fueron a cerrar la carretera del Sol para exigir que el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, les diera audiencia y resolviera demandas justas como: mejorar la alimentación de los alumnos, aumentar la matrícula anual de 140 a 170 alumnos; reducir el promedio requerido para ingresar a la escuela de 8 a 7; reparar las instalaciones de la escuela; trabajo para los egresados; y un nuevo director no corrupto ni represor.

En menos de una hora, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, alumnos de Ayotzinapa de 21 y 22 años de edad, respectivamente, cayeron asesinados por policías que les pegaron varios tiros en la cabeza y en el cuello. Otro alumno, Edgar David Espíritu Olmedo fue herido de bala en el estómago y se encuentra ahora en estado de coma. Hubo otros heridos, 24 detenidos, y un número desconocido de desaparecidos. La balacera continuó durante unos 30 minutos. Los manifestantes corrieron buscando refugio en los autobuses o en los cerros. Hubo impactos de bala en los autobuses con cristales destrozados y los policías persiguieron durante horas a los que huyeron por los cerros. La Policía Federal (PF) cercó a la Escuela Normal Rural. En una marcha el día 13 en Chilpancingo, los manifestantes denunciaron la desaparición de la señora Juana Mayo Avilés, de 65 años, una campesina de la comunidad de Las Ánimas, municipio guerrerense de Tecoanapa.

Primero asesinar, luego criminalizar a las víctimas

Como es la norma de la policía, el ejército y las autoridades políticas en el poder, después de asesinar,   inmediatamente comenzaron a mentir, torturar y armar montajes para "justificar" su violencia criminal contra la gente inocente. La policía federal y ministerial del estado torturaron a uno de los normalistas detenidos, Gerardo Torres Pérez, lo llevaron a un lote baldío y le hicieron tirar cinco balas de un AK-47, para fabricar "evidencia" de que los estudiantes iban armados y comenzaron la balacera (La Jornada, 14 de dic., “Liberan a normalista al que intentaron inculpar de portación de un rifle AK-47”). Policías estatales rodearon la clínica del ISSSTE donde estaba mal herido Edgar David Espíritu e intentaron llevárselo para interrogarlo y "aplicarle pruebas" para fabricar más supuesta “evidencia” de que disparara un arma de fuego. Como bien lo denunció un representante de los alumnos de Ayotzinapa, “Quieren disfrazar la bestial embestida que hicieron contra nuestros compañeros culpándonos que nosotros iniciamos la agresión con armas de fuego”. El Procurador estatal arengó ante los medios contra los “seudo-estudiantes”, los “vándalos” que hicieron necesario “restablecer la paz”, como dice fue la orden del gobernador. Los medios desinformaron con reportajes de un “enfrentamiento” en que los culpables eran los manifestantes; concentraron la nota en el incendio de una bomba de gasolina y el trabajador que sufrió quemaduras graves y le restaron importancia al asesinato de los normalistas, tachando de criminales a los alumnos víctimas de esta sanguinaria agresión y retratando la policía asesina como los “buenos” (como siempre lo dice Calderón), los protectores de “la sociedad”.

El gobernador Ángel Aguirre (ahora del PRD, antes del PRI) insistió que los policías estatales no iban armados y que su gobierno no reprime a la protesta social. El 13 de diciembre, un día después de los asesinatos, publicó un desplegado a toda plana en La Jornada con el título, “El Gobierno del Estado de Guerrero ha atendido los planteamientos y peticiones de la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa”, con todo y fotos de su “amable” visita a Ayotzinapa en septiembre pasado y el tractor que se les entregó. Pero si uno se esfuerza por leer la letra chiquita del cuadro sobre las demandas del pliego petitorio, descubre que de hecho el gobierno rechazó varias de ellas, por ejemplo, el aumento de matrícula a 170 alumnos. El gobernador dice que no habrá tal, porque “no existe demanda de maestros de educación primaria". Hasta dice que el presupuesto federal prohíbe crear plazas de primaria.

Pero sí faltan maestros. Muchas comunidades rurales, sobre todo indígenas, no tienen maestros de primaria; campesinos indígenas de la región de la Montaña en Guerrero denunciaron en 2010 que hubo ausencia de 50 maestros de primaria en 46 comunidades de la región y llevaban 12 meses con las escuelas cerradas. Lo que el gobierno llama “el comportamiento demográfico” que supuestamente justifica cerrar escuelas por la migración de la gente, en realidad es el resultado de la embestida del gran capital por expulsar del campo a los campesinos, apoderarse del agua, los bosques, el oro y la tierra, despojando a las comunidades indígenas y forzándoles a emigrar o morir de hambre o ante las balas de los militares y paramilitares.

“No más maestros” es la posición de todos los niveles de gobierno, no porque ya no hay niños que los necesiten, sino porque educar a esos niños ya no es de interés en el nuevo esquema educativo diseñado por instituciones imperialistas como la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico) y el Banco Mundial. La “reforma educativa” que se está imponiendo aquí bajo el membrete de Alianza para la Calidad Educativa (ACE), y bajo otros nombres en Chile, Colombia, EU, Reino Unido, etc. es un  ataque general contra la educación pública que crea mayor desigualdad, impone menos y peores escuelas para la mayoría y una educación elitista, privatizada y con valores “del mercado” para una minoría selecta.

Desde la Segunda Guerra Mundial los alumnos y las comunidades campesinas han tenido que luchar constantemente para mantener las escuelas normales rurales, como una oportunidad para que los hijos de campesinos estudien y regresen a las comunidades rurales como maestros. Hoy solo quedan 16 de las 39 que había. El gobierno quiere eliminar estas escuelas porque chocan con los intereses del sistema: por una parte por chocar con el modelo educativo elitista al servicio del gran capital que vienen imponiendo, y por otra parte por querer sofocar el activismo social en estas escuelas que la nefasta dirigente del Sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, y otros funcionarios han llamado "semilleros de guerrillas". Quieren un pueblo aplastado y sumiso que ni se atreve a protestar, pero lo que necesita el pueblo es más y no menos resistencia contra este sistema inhumano.

La lucha de los alumnos de Ayotzinapa y de todas las escuelas normales rurales es justa y debe ser apoyada. Es parte de la resistencia al sistema capitalista-imperialista que está amolando a la gente por todo el mundo, arruinando el campo, destruyendo el medio ambiente, privatizando la educación, negando a millones los medios para sobrevivir, y masacrando a inocentes en nombre de combatir el narcotráfico o "el terrorismo", cuando los más grandes terroristas y criminales son los que detentan el poder.

Las movilizaciones y denuncias desbaratan el montaje y los poderosos se ponen a pelear entre ellos mismos

La respuesta contra el ataque sangriento y los asesinatos policiales fue inmediata. Los alumnos de las 16 escuelas normales rurales que aún existen, maestros, campesinos, estudiantes universitarios, centros de derechos humanos, y otras fuerzas en resistencia condenaron el ataque con marchas y denuncias en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, el DF y otros estados. Los alumnos de otras normales rurales en Durango, Chiapas y otras partes llegaron a Chilpancingo y se unieron a las protestas ahí. Respaldaron las denuncias los videos en Youtube que muestran a la PF golpeando y pateando a los manifestantes, los policías estatales uniformados que portaban armas, un policía vestido de civil (identificado como ministerial) que disparó contra manifestantes desarmados, y los cuerpos de Jorge Alexis y Gabriel sobre el pavimento: dos jóvenes más muertos por la policía cuando apenas empezaban su vida. Uno de los tiradores vestidos de civil fotografiados ha sido identificado como David Cortés Flores, Comandante de la policía ministerial (Proceso, 18 de diciembre).

Esta represión no es un acontecimiento aislado. En los 15 días anteriores al este ataque, hubo una racha de asesinatos, desapariciones y atentados contra luchadores sociales. La mayoría de ellos formaban parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Nepomuceno Morelos Muñoz fue asesinado a tiros en Hermosillo, Sonora el 28 de noviembre. Denunció el secuestro de su hijo en 2010, participó en las caravanas del MPJD y en el segundo diálogo en el castillo de Chapultepec, Calderón le prometió protección policial porque fue amenazado de muerte: otra promesa falsa. El 2 de diciembre, Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue herida de 5 balas al salir de su casa en Cd. Juárez y tuvo que ser hospitalizada. El 6 de diciembre Trinidad de la Cruz Crisóforo, dirigente de los campesinos de Ostula, comunidad nahua de Michoacán, fue torturado y asesinado cuando Policías Federales abandonaron la caravana del MPJD que lo acompañaba rumbo a Ostula, y poco después pararon la caravana los paramilitares que se llevaron a Trinidad y lo mataron. Entre el 6 y 7 de diciembre, Marcial Bautista Valle y Eva Fe Alarcón Ortiz, presidente y coordinadora de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, A.C. e integrantes del MPJD, fueron desaparecidos por hombres armados que los bajaron del camión rumbo a Chilpancingo.

Es en el contexto de esta embestida en contra de varios dirigentes de la resistencia que se da el ataque a los alumnos de Ayotzinapa. Crece la ira entre sectores de la gente que comienza a darse cuenta de que la violencia del Estado no se justifica; no es “legítima” de manera alguna, sino que es para someter a la gran mayoría de la población, a los que no tienen ningún poder político y son oprimidos en esta sociedad.

Para la noche del 13 de diciembre, los poderosos comenzaron a comprender que estaban perdiendo “legitimidad” ante los ojos de muchos y también salieron a relucir contradicciones entre las filas de los mismos reaccionarios. Comenzaron a maniobrar para echarse la culpa unos a otros por los asesinatos. Cada partido y grupo teme quedar desenmascarado ante la gente, sobre todo en estos tiempos de crisis y de elecciones, cuando todos se dedican a desprestigiar a sus contrincantes para tratar de salir airosos.

Es en este contexto que, aunque sigue en otros tonos la campaña de desinformación y desprestigio en contra de los normalistas, ha salido suficiente información para comprobar que las autoridades responsables de estos bárbaros asesinatos mintieron hipócrita y criminalmente. El gobernador Aguirre, que primero decía que los policías de Guerrero iban desarmados y sólo llegaron hasta después, y cuyos huestes torturaron a los estudiantes tratando de inventar un ficticio "enfrentamiento" con estudiantes supuestamente armados, frente a un video difundido por la SSP federal que mostraba un policía ministerial del estado como el asesino de los estudiantes, tuvo que admitir que sí iban armados, pero que no eran los únicos que dispararon. Aunque no sólo el gobernador sino varios testigos del enfrentamiento sostienen que la Policía Federal también disparó indiscriminadamente contra los estudiantes, la SPP federal sigue mintiendo y encubriendo su propio papel.

Míralos bien. Este es el tipo de autoridades que nos gobiernan: que mandan a sus policías a reprimir y asesinar a la gente inconforme, luego mienten y recurren hasta a la tortura para tratar de culpar a las víctimas de su propio muerte. Y este es el tipo de medios que nos desinforman, en su mayoría no solamente repitiendo las mentiras del gobierno sino también esforzándose ellos mismos por desprestigiar más a las víctimas. Así es la naturaleza de las autoridades y sus fuerzas represivas bajo este sistema. Como bien lo dice Bob Avakian en su libre Lo BAsico: “El papel de la policía no es de servir y proteger a la gente, es para servir y proteger el sistema que gobierna sobre la gente. De reforzar las relaciones de explotación y opresión, las condiciones de pobreza, miseria y degradación que el sistema ha impuesto sobre la gente y está determinado a mantenerla allí. La ley y el orden que representa la policía con toda su brutalidad y asesinato es la ley y el orden que refuerza toda esta opresión y locura”.

Y luego, cuando su naturaleza criminal comienza a quedar al descubierto, cínicamente fingen que “les preocupan” estos asesinatos: el gobernador Aguirre cesa a cuatro oficiales de su gobierno, Peña Nieto del PRI y Josefina Vázquez Mota del PAN “lamentan la muerte” de los estudiantes, Jesús Zambrano (líder nacional del PRD) llama por “una investigación objetiva y creíble”, y hasta Elba Esther Gordillo, autor intelectual del asesinato de docenas de maestros democráticos supuestamente reprueba la violencia contra los alumnos. No son más que lágrimas de cocodrilo, cínica “preocupación” por no quedarse demasiado desenmascarados, de parte de representantes políticos de los grandes capitalistas y su sistema que, a pesar de las fuertes contradicciones en sus propias filas, están bien unidos en la necesidad de mantener su yugo de dominación sobre el pueblo y reprimir la resistencia y las protestas populares. De la supuesta “investigación” que lleva a cabo la PGR, no se puede esperar justicia.

Las movilizaciones y protestas continúan y los alumnos de Ayotzinapa exigen la destitución del gobernador Ángel Aguirre Rivero. Hay que apoyar y fortalecer esta lucha, desenmascarar las maquinaciones y maniobras de todas las fuerzas que representan el sistema y su Estado y buscan desviar la lucha para “controlar los daños” y reforzar la legitimidad de un sistema y un Estado que son la fuente de estos asesinatos y de todos los horrores que sufre la gran mayoría de la gente. Hay que forjar un movimiento para la revolución de cada vez más amplios sectores de las masas en contra del actual orden social criminal y caduco, para crear el mundo mucho mejor que es necesario y posible por medio de la lucha revolucionaria de millones.

¡Justicia para Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús!
¡Condena para los policías asesinos y los que dieron la orden de matar estudiantes!
¡Alto al asesinato y la criminalización de los luchadores del pueblo!
¡Todo el maldito sistema es culpable!

Testimonio de la mamá de uno de los estudiantes asesinados: "Mi hijo no era asesino; nomás fue a una escuela de pobres"