¡Muera el Estado asesino!

Protesta por el asesinato de Carlos Sinuhé Cuevas Mejías

Detener sin causa, torturar, desaparecer, asesinar: es el procedimiento normal del Estado mexicano. Se espera que cambie por medio de reformas o al elegir a otros, pero los hechos demuestran que no es así.

Siguen impunes los asesinatos del 68 porque el carácter del estado no ha cambiado

En 1968, se levantaron los jóvenes contra la represión sangrienta del Estado, rompieron la rutina asfixiante y desafiaron el orden social. ¿Por qué el Estado masacró a cientos de personas en Tlatelolco el dos de octubre? ¿Por qué encarceló a dos mil? ¿Por qué los medios principales difundieron la mentira oficial: “los estudiantes comenzaron la balacera” y que murieron 20 o 30? Para mantener y reforzar su monopolio de poder, y darles a todos los que se atrevieran a cuestionarlo el mensaje escrito en sangre de que, como dicen en la película Rojo Amanecer, “Con el gobierno no se juega”.

Si, como dicen, el Estado representa al “pueblo de México”, entonces, ¿cómo es que reprime a los que supuestamente representa? En realidad solo representa a la pequeña minoría que se enriquece y se beneficia del sistema actual, los grandes capitalistas y terratenientes mexicanos y extranjeros. Reprime cualquier oposición popular que amenace o siquiera estorbe la marcha del orden capitalista imperante (si no la logran someter por otros medios).

Ahora, 44 años después de la masacre y pese a seis años de una fiscalía especial para investigar “los crímenes del pasado”, ninguno de los asesinos responsables del 2 de octubre y los demás crímenes del 68 y 71 ha sido castigado porque, a pesar de las reformas y la “transición democrática”, seguimos enfrentando, en esencia, el mismo Estado que defiende el mismo sistema y representa a las mismas clases dominantes.

El estado sigue masacrando a la gente

La experiencia demuestra que todos los partidos que participan en el gobierno y todos los jefes del Estado defienden los intereses del sistema.

Resistencia popular a la represión en Chiapas

Acteal – diciembre de 1997: 45 campesinos tzotziles fueron masacrados por paramilitares entrenados y armados por el Ejército mexicano. El gobierno llamó “conflicto intercomunitario” una matanza que fue parte de su estrategia contra el levantamiento indígena y el EZLN. Buscan aplastar la resistencia campesina contra el Estado capitalista-terrateniente que niega la autonomía a los pueblos indígenas y despoja y destruye las comunidades al servicio de proyectos capitalistas. A petición de Calderón, hace poco el Departamento de Estado de EU “recomendó inmunidad” para Zedillo, principal responsable de este horrendo crimen. El PRI, el PAN, Obama y Hilliary Clinton (del Partido Demócrata de los imperialistas estadounidenses) les dan impunidad a los autores intelectuales de esta masacre. La misma estrategia de usar paramilitares para matar a la gente sigue vigente ahora en Chiapas, en Michoacán contra los purépechas de Cherán y los nahuas de Ostula, y en muchas otras partes del país.

Atenco – mayo de 2006: La Policía Federal Preventiva (Fox, del PAN) y la policía estatal de Estado.de México (Peña Nieto, del PRI) asediaron San Salvador Atenco, después de que la policía municipal de Texcoco (alcalde del PRD) impidió que trabajaran unos vendedores de flores y detuvo a 84 personas. En Atenco allanaron casas, robaron y golpearon, mataron a dos jóvenes. En total, apresaron a 146 personas y violaron a 26 mujeres detenidas, en un intento de aplastar la justa resistencia a su monopolio de poder. Este crimen del Estado también queda impune. El intento de Peña Nieto de justificarlo en la Universidad Iberoamericana contribuyó al nacimiento del movimiento #YoSoy132.

Oaxaca – junio de 2006: La brutal represión del plantón de los maestros en junio de 2006 (ordenada por URO, gobernador del PRI) fue la chispa que encendió la rebelión popular. La gente construyó barricadas, tomó estaciones de radio para difundir la verdad, y cientos de miles marcharon. La policía, el ejército y sus escuadrones de la muerte asesinaron a por lo menos 26 personas. Después de cinco meses de heroica resistencia, el Presidente Fox (PAN) mandó a la PFP para aplastar la rebelión y garantizar el “buen funcionamiento” del sistema. Ahora el gobernador Gabino Cue (postulado por PRD, MC, PAN) encubre los crímenes del régimen anterior y comete nuevos crímenes.

Asesinatos políticos en el DF

Los gobiernos del PRD en el DF encubren el asesinato político de luchadores del pueblo, además de reprimir con saña a huelguistas de la UNAM, protestas contra la invasión de Irak, en apoyo a Atenco, y causar la muerte de jóvenes en el News Divine, entre otros muchos crímenes.

Digna Ochoa, valiente defensora de los campesinos ecologistas de Petatlán, Guerrero, fue cobardemente asesinada en su despacho el 19 de octubre de 2001, después de haber recibido repetidas amenazas y ataques. Los indicios apuntan hacia los caciques de la región y el ejército como los asesinos, pero la Procuraduría del DF cerró el caso con la mentira absurda de que se había suicidado.

Pavel González, estudiante de la UNAM y activista político, fue desaparecido de la facultad de Filosofía y Letras el 19 de abril de 2004. Fue torturado y asesinado unos días después, en el 5° aniversario de la huelga universitaria en que había participado. Su cuerpo fue cubierto de moretones, las huellas de sus asesinos se veían en el cuello, y lo encontraron amarrado a una cruz en el Pico de Águila en Ajusco. Otra vez la PGJDF declaró que fue suicidio.

Carlos Sinuhé antes de su asesinato político

Carlos Sinuhe Cuevas Mejia, pasante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue asesinado el 26 de octubre de 2011. Carlos también fue huelguista de la UNAM y activista político. De 2009 a 2011 fue difamado y amenazado en una serie de volantes firmados por un supuesto “Colectivo Revolucionario Emiliano Zapata”, organización fantasma cuya única labor fue acusar de “infiltrados” a luchadores auténticos. Los volantes aparecían en la facultad de manera anónima, y no hubo ningún intento de impedirlo de parte de las autoridades. Carlos participó en el apoyo al SME, al municipio autónomo de San Juan Copala, contra la represión y la militarización, y en defensa de los vendedores en CU, entre muchas otras injusticias y crímenes del Estado. La PGJDF no investigó nada del hostigamiento político que Carlos sufrió. Miguel Mancera, entonces Procurador de Justicia, declaró inmediatamente que podría ser un “crimen pasional”, y ahora buscan cerrar el caso, encubriendo este asesinato político como un supuesto asunto del narcomenudeo.

Criminalizar a las victimas para proteger a los verdaderos criminales

En los últimos seis años, con la pantalla de la “guerra contra el narcotráfico”, el Estado mexicano bajo la batuta de Estados Unidos ha generalizado su terror en contra de la población en general, particularmente los jóvenes y las clases bajas. Pensemos en las personas reales tras las cifras: 80 mil muertos, 30 mil desaparecidos, 250 mil desplazados de manera forzosa, 20 mil huérfanos. El informe de Human Rights Watch de noviembre de 2011, documenta que las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura y detenciones arbitrarias por las FFAA y las policías son “endémicas en la lucha contra el narcotráfico de México”. Son crímenes cotidianos del Estado, cuyo objetivo no es “proteger a los ciudadanos” ni “eliminar al crimen organizado”. Lo que buscan es controlar “el negocio”, fortalecer su máquina represiva, y someter, degradar y criminalizar a los oprimidos, en un intento de prevenir cualquier insurgencia con potencial revolucionario—antes de que nazca.

Este Estado está coludido con el secuestro, la extorsión y la desaparición de miles de inmigrantes centroamericanos. Está coludido con el feminicidio y con la desaparición de mujeres vendidas como esclavas sexuales. Está coludido con escuadrones de la muerte, como los “matazetas” en Veracruz que no mataron Zetas sino masacraron a 35 personas inocentes. Y los mismos militares y policías están matando a mucha gente, como las seis personas de la familia Reyes Salazar, asesinadas por el ejército en Valle de Guadalupe, Chihuahua de 2009 a 2011, y las 50 personas desaparecidas por la Marina en el corredor entre Monterrey y Nuevo Laredo en junio de 2011.

Combatir la represión, preparar la revolución

Estos crímenes son solo unos ejemplos entre miles que demuestran la naturaleza asesina de este Estado, que garantiza y ejerce el monopolio de poder político de las clases dominantes, concentrado en su monopolio de la fuerza armada supuestamente “legítima”. El carácter y papel de este Estado no ha cambiado y no cambiará por reformas ni por cambios de partido o del presidente en el poder.

Indiferencia = complicidad

Este Estado y este sistema no merecen ni tienen que perdurar— lo podrán barrer la lucha revolucionaria de la gente larga y cruelmente explotada y oprimida por el, que son la gran mayoría. El sistema está repleto de contradicciones que desembocan en crisis que despiertan a la gente y la obligan a actuar de alguna manera. Para que puedan actuar en sus propios intereses de liberarse, se necesita forjar ahora un movimiento para la revolución que combata la represión como parte de la lucha por finalmente hacer añicos este Estado y el sistema que defiende, liberar al país de la dominación imperialista y crear una sociedad mucho mejor que luche por el fin de toda explotación y opresión y la emancipación de toda la humanidad en un mundo comunista. Denunciar los crímenes y desenmascarar el Estado que los comete contribuirá a acelerar esta revolución; contribuirá a forjar la conciencia, la capacidad combativa y la organización que hacen falta para lograrlo.

Aurora Roja 
Voz de la Organización Comunista Revolucionaria, México
aurora-roja.blogspot.mx

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