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Todo indica que estamos frente a un intento por parte del gobierno
actual de reventar el caso Ayotzinapa y encubrir el papel criminal del Ejército
en los eventos de ese 26 de septiembre de 2014 que resultaron en seis
personas asesinadas y 43 normalistas desaparecidos, con la participación activa
de todos los niveles del gobierno.
Esto se ve en el desmembramiento
forzado por parte de la Fiscalía y descalificación desde la tribuna
presidencial a la Unidad Especial encargada del caso precisamente cuando
lograba avances importantes en esclarecer el crimen. Se ve en el rechazo
público por parte del presidente López Obrador a las recomendaciones del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha jugado un papel
decisivo en contribuir a descubrir la verdad. Y se ve en la cancelación de 21 órdenes de aprehensión que incluyen a
16 militares, varios de los cuales participaron directamente en este crimen de
Estado.
Se ha creado a propósito mucha
confusión sobre el caso Ayotzinapa, tanto por parte de los operativos de la
“verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto, varios de los cuales siguen
enquistados en el gobierno actual del supuesto “cambio”, como por parte del
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el fiscal Gertz Manero y otros
funcionarios actuales. Así que vamos por partes.
El trabajo del GIEI, documentado
en sus informes públicos, así como el trabajo de otras personas, ha demostrado
sin lugar a dudas que la supuesta “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa
del gobierno de Peña Nieto fue en realidad una gran mentira para pintar el
crimen como consecuencia de un conflicto entre grupos delictivos y así encubrir
el papel central que jugaron en este sangriento crimen el Ejército, la policía
federal y la estatal. Se ha documentado con decenas de videos y otros
documentos que esta “Mentira Histórica” fue armada cínicamente por medio de
múltiples casos de tortura por parte de las fuerzas federales, la “siembra” de
evidencia en el basurero de Cocula por parte de la Marina y en el Río San Juan
por parte del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás
Zerón, la destrucción de evidencia por parte del Ejército, entre otros actos
criminales.
La Unidad Especial de
Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA o la “Unidad Especial”)
fue creada en 2019 como producto de la valiente lucha de los normalistas,
padres y madres de Ayotzinapa, así como la necesidad política del nuevo
gobierno de AMLO de mostrar que era distinto al gobierno criminal de Peña
Nieto. Su creación y el nombramiento de su titular, Omar Gómez Trejo, que había
trabajado con el GIEI, fueron consensuados con las madres y padres de los 43
normalistas desaparecidos. Se estableció legalmente que se concentraría en esta
Unidad Especial toda la investigación y litigación del caso.
Con el trabajo de la UEILCA, en
coordinación con el GIEI, se llega a un “escenario, de avances paulatinos en la
investigación y… de llegar a un punto en
el que el caso podría resolverse en gran parte” (GIEI, Informe Ayotzinapa IV, p. 40; las citas a continuación son del
mismo informe, las negrillas son nuestras). Se ha encontrado evidencia que
indica que “hubo intervención del
ejército y policía estatal en la custodia de jóvenes detenidos" que
después fueron desaparecidos (p. 9).
Asimismo, existen pruebas de la participación en la desaparición forzada de
los 43 normalistas por parte de los comandantes
del 27 y 41 Batallones del Ejército, además de soldados bajo su mando. El
Ejército espiaba las actividades de los normalistas desde años atrás, con
infiltrados, el uso del software espía Pegasus
y otros medios. Sabían que los estudiantes iban a tomar autobuses para asistir
a la conmemoración del 2 de Octubre de ese año y “el 20 de septiembre de 2014 se dieron órdenes a todos los batallones
[de la 35 Zona Militar]… de realizar un seguimiento minucioso de los
estudiantes de Ayotzinapa” (p. 12).
Se consta que el Ejército no solo
conocía desde años atrás de las actividades del grupo delictivo Guerreros
Unidos, que también participó en la desaparición de los normalistas, sino que hubo complicidades y una “relación entre la
organización criminal y distintas autoridades, incluyendo integrantes del
Ejército, Marina, SEMEFO y presidentes de corporaciones locales y policías
municipales” (p. 16). “[L]as autoridades
militares y del CISEN estuvieron informadas en tiempo real de lo que ocurría”
(p. 7) antes, durante y después de los crímenes de Estado aquel 26 de
septiembre por medio del C4 y “el Grupo
Guerreros Unidos tenía acceso al C4” (p. 20). Esto comprueba que los dirigentes de Guerreros Unidos sabían que el
operativo fue contra los normalistas y no contra un grupo delictivo rival, los Rojos, como se mantiene no solo en la
“Mentira Histórica” sino también en la versión del reciente Informe de la
Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ)
del gobierno de AMLO.
La clara conclusión es que los seis asesinatos y 43 desaparecidos de la
“Noche de Iguala” fueron producto de un operativo en el que participaron las
fuerzas armadas, las policías federal, estatal y municipales y los Guerreros
Unidos, con coordinación por lo menos de los comandantes de las dos bases del
Ejército en la zona.
La investigación ha topado con cada vez más obstáculos, frente a
los avances logrados por la Unidad Especial y el GIEI. El Ejército ha rehusado y sigue rehusando entregar todas las evidencias
del caso. El mismo Ejército y AMLO mienten
al decir que lo han entregado todo, ya que el GIEI documenta que "existen
citas en los propios documentos militares en los que se hace referencia a otras
intervenciones de comunicaciones que aún no han sido entregadas" (p. 9), lo
que es el caso también con otras evidencias escondidas. Recalca que en su
tercer Informe en marzo de 2022, el GIEI denunció “la no ejecución de varias órdenes de aprehensión” (p. 28) pedidas
por la Unidad Especial, las que debía ejecutar otra sección de la Fiscalía
General de la República (FGR). En su cuarto informe, reitera que “no se han llevado a cabo numerosas órdenes
de aprehensión que llevan dictadas algunas desde hace meses” (p. 41).
Al acercarse el octavo
aniversario de este crimen de Estado, la Unidad Especial preparaba las averiguaciones
previas que iban a resultar en 83 órdenes de aprehensión, entre las cuales
había 20 militares. El GIEI indica que "Las pruebas con que cuenta el
expediente penal estaban claras para los investigadores desde hace algún
tiempo, y se seguían consiguiendo documentos” (p. 11) y otras evidencias para asegurar que los casos realmente resultaran
en condenas, a diferencia de las detenciones bajo el gobierno anterior, con
los casos desechados debido al uso de tortura y la falta de pruebas reales.
En agosto y septiembre de 2022, de repente
se da una serie de golpes contundentes contra la investigación y contra la Unidad
Especial (UEILCA) por parte del fiscal general, Gertz Manero, con el apoyo
público en repetidas ocasiones de López Obrador:
- En agosto, “a la UEILCA se le privó
de todos los policías que habían sido asignados a la Unidad. Esa falta de
agentes policiales ha limitado la posibilidad de tomar declaraciones o
hacer diligencias pendientes, y por tanto ha conllevado la parálisis de
una buena parte de la investigación” (p. 31).
- El 17 de agosto, la FGR solicita la
orden de aprehensión contra Murillo Karam, el arquitecto de la llamada “verdad
histórica”. Esto por la insistencia de Gertz Manero de hacerlo ya, contra
la advertencia de la Unidad Especial de que se necesitaba un mes para
preparar bien el caso. Se deja fuera buena parte de la evidencia que tenía
la Unidad Especial, y llevan el caso funcionarios ajenos al caso a tal
grado que el juez les llamó la atención “por no conocer la carpeta de
investigación, ni los antecedentes que permitieran sustentar la imputación”.
Todo esto en directa violación del acuerdo que creó la UEILCA que
establece que “es facultad del titular de la UEILCA tomar esas decisiones”
(pp. 29-30). Así, se desmonta la Unidad Especial, se
estropea la investigación y se crea una situación para potencialmente
exonerar al criminal ex procurador Murillo Karam.
- El 18 de agosto, la COVAJ presenta
su informe que ya hemos analizado en “Impunidad de Peña y Cienfuegos,
encubrimiento del Ejército con el Informe Ayotzinapa del gobierno”.
Se presenta sin consultar ni con la Unidad Especial ni con el GIEI. Los
padres y madres de los 43 apenas lo conocen inmediatamente antes de
hacerlo público, y no se les permite ni hacer preguntas.
- En el mismo acto con los padres, el
presidente, militares y otros, el fiscal general, Gertz Manero anuncia
“que la UEILCA había solicitado las órdenes de aprehensión de 83 personas
entre las cuales había de 20 militares” (p. 32). Esto lo anuncia sin haber
consultado ni con la UEILCA ni con el GIEI, y manda a agentes sin
conocimiento del caso, omitiendo otra vez parte de las pruebas, a pedir
las órdenes, que son concedidas por un juez el 19 de agosto.
- A partir del 5 de septiembre la FGR
de Gertz Manero hace una auditoria a la UEILCA. La encabeza Adriana Campos
López, quien fue parte de suprimir, en el gobierno de Peña Nieto, un
informe que documentó acciones ilegales de funcionarios para fabricar la
“verdad histórica”. La auditoria a la UEILCA "se centró
fundamentalmente en la averiguación previa en la cual se despacharon 83
órdenes de aprehensión” y en particular “en la carpeta de investigación
que incluye militares presuntamente implicados en los hechos” (p. 31).
- El 13 de septiembre de 2022, un agente de la FGR ajeno al caso, sin ofrecer ninguna razón, pide
y consigue la cancelación de 21 de las órdenes de aprehensión (16 contra
militares) concedidas el mes anterior, otra vez sin el conocimiento
previo ni participación de la Unidad Especial ni del GIEI. Así se exonera de antemano, a pesar de
la evidencia en su contra, al general comandante del batallón 41 así como
buena parte de los militares que participaron directamente en este crimen
de Estado.
Todas estas acciones tomadas por la FGR de Gertz Manero y respaldadas por
AMLO tuvieron la clara intención de descalificar a la UEILCA y el GIEI, así
como descarrilar su investigación para proteger al Ejército, la Marina y otros
oficiales implicados en este horrendo crimen de Estado y su encubrimiento. Todas
estas acciones de la FGR violan la propia norma legal que dio lugar a la
UEILCA. El GIEI denuncia que este actuar “llevará
a mayor impunidad del caso” y que estas interferencias ilegales y “presiones indebidas” orillaron al
fiscal especial Omar Gómez Trejo y su equipo a renunciar a la UEILCA, señalando
la “indebida intromisión” de la FGR. Ya se ha nombrado un nuevo fiscal
especial, un señor ajeno al caso pero cercano al actual secretario de
Gobernación, Adán López, nombramiento que marca la misma senda de impunidad.
El GIEI también denuncia que con
estas acciones, “El papel de la
asistencia técnica internacional del GIEI que ha mantenido la investigación y
logrado avances significativos, se bloquea” (p. 35) y concluye que “Los
avances en la investigación que se han dado hasta ahora se ven amenazados por
el proceso de judicialización llevado a cabo por la FGR, la marginación de la
UEILCA y del propio papel del GIEI. En ese contexto, para el grupo [es decir,
el propio GIEI] no tiene sentido seguir con dicha asistencia técnica si no hay
un seguimiento de sus recomendaciones para fortalecer la judicialización del
caso y el reconocimiento de los derechos de las víctimas” (p. 43).
López Obrador, por su parte, ha
criticado al GIEI y ha defendido todas estas acciones ilegales de Gertz Manero
y la FGR, llegando al extremo de lanzar la acusación de que se metió a los 20
militares en las averiguaciones de la UEILCA, “Pensando que se iba a generar una rebelión en el Ejército si eran más e íbamos a tener que dar
marcha atrás para no tocar a nadie” (La
Jornada, 30/09/2022). Más bien acusa
a otros de hacer lo que en realidad hacen su gobierno y la FGR: dar marcha
atrás a las investigaciones con la descalificación de la UEILCA y el GIEI
precisamente para proteger al Ejército y encubrir su papel en estos crímenes.
Estas averiguaciones y
posterior órdenes de aprehensión se basaron, como recalca el GIEI, en
evidencias y pruebas sólidas que no se han refutado. Solo se han desechado con
la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión sin siquiera dar razones. Otras 58 de
las órdenes de agosto siguen sin ejecutarse, así como varias otras anteriores.
Y en los pocos casos de detenidos, como Murillo Karam y cuatro militares que
siguen detenidos por el momento, se han encargado los casos a fiscales ajenos
al caso Ayotzinapa, varios de los cuales tienen una historia con el gobierno de
Peña Nieto. Así que todo apunta a que
intentan reventar el caso Ayotzinapa y proteger y encubrir los crímenes de las
fuerzas armadas. No podemos permitir
que esto pase. Miles necesitan denunciar toda esta maniobra reaccionaria
para encubrir a los militares asesinos.
Hay que despertar y movilizar a todos los que odian este infame crimen para
exigir y luchar por justicia para los normalistas, para los familiares y para el
futuro de todo el pueblo.
Con esto y muchos otros hechos,
se comprueba que con el “gobierno del cambio” no cambia mucho. Son otras caras,
otro discurso pero el mismo Estado burgués con su misma columna vertebral, las
fuerzas armadas, que sigue masacrando al pueblo con impunidad. Se demuestra una vez más que el verdadero
cambio en los intereses del pueblo solo se logrará a fin de cuentas al hacer
añicos este Estado criminal por medio de la revolución. Cada vez más gente
comienza a ver que la llamada "Cuarta Transformación" no cumple ni
con lo que se prometió, ni mucho menos con el cambio radical de sistema que el
pueblo y, a fin de cuentas, toda la humanidad necesita urgentemente.
Como señalamos en La esperanza revolucionaria, “Se abren
nuevas posibilidades para la revolución liberadora en medio de agudas crisis y
trastornos del sistema capitalista – urge organizarse y luchar para la
revolución”.
Aurora Roja
Voz de la Organización Comunista Revolucionaria, México
auroraroja.mx@gmail.com aurora-roja.blogspot.com
8 de octubre de 2022
[Texto corregido]
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