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| Protesta de familiares y otros por las personas desaparecidas por la Marina en Nuevo Laredo |
Ayotzinapa: fue el Estado, y siguen
mintiendo para encubrirlo
Las
evidencias recopiladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) no dejan lugar a dudas de que el gobierno federal, así como
el estatal y municipal, participaron directamente en el operativo conjunto que
resultó en el asesinato de 6 personas y la desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa y que luego actuaron para encubrir este crimen terrible. Militares
y policías de los tres niveles de gobierno vigilaban a través del sistema C-4 a
los normalistas desde que salieron de la Normal. Las policías y las FFAA (así
como los narcos) participaron en el operativo coordinado para impedir que los
normalistas salieran de Iguala, y el ejército tomó el control del C-4 en las
horas críticas y suprimió los videos de estos crímenes.
Un
video y otra evidencia también indican que sembraron, bajo el mando de Tomás
Zerón de la AIC, un pedazo de hueso del desaparecido Alex Mora Venancio en una
bolsa de basura en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, para ser “descubierto”
el día siguiente por buzos de la Marina. Además, sembraron 42 casquillos en el
basurero de Cocula. Si el gobierno
federal sembró el hueso de Alex, obviamente estuvo directamente involucrado en
estos crímenes. Las autoridades al más alto nivel del gobierno saben
donde están los desaparecidos, y solo tratan de encubrir el papel de sus
propios asesinos uniformados.
Y
lo siguen encubriendo: 10 entidades del gobierno federal han presentado por lo
menos 222 recursos judiciales para impedir la creación de una “Comisión de la
Verdad” y Peña Nieto sale en anuncios del gobierno para defender la misma
mentira “de que los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo
delincuencial”. Nadie del nuevo gobierno federal entrante ha salido a
denunciarlo por lo que es: un criminal cínico y mentiroso. Alejandro Encinas (futuro
subsecretario de derechos humanos de Gobernación) promete impulsar una
investigación verdadera a partir del 1° de diciembre, pero López Obrador ya ha
prometido seleccionar las nuevas cabezas de las FFAA de entre los mismos
generales y almirantes criminales actuales. Así que, ¿qué hará su gobierno
frente a la oposición de las FFAA, policía y PGR a ser investigadas?
Es por la resistencia tenaz de los
familiares, los normalistas y miles de personas más en el país y el mundo que el
Estado hasta ahora no ha podido enterrar toda la verdad y cerrar el caso. De que salga toda
la verdad y haya posibilidad de algo de justicia, dependerá de la resistencia
resuelta de la gente, independiente del Estado, que desenmascare sin cortapisas
sus crímenes y sus mentiras.
El 2 de octubre NO SE OLVIDA, y sigue
en pie el mismo Estado asesino
Aunque
ha habido algunos cambios de forma, el Estado actual sigue siendo en esencia el
mismo que masacró a más de cien estudiantes y otros el 2 de octubre de 1968,
cuando el ejército abrió fuego contra un mitin pacífico bajo órdenes del presidente
Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luís Echeverría, con el
respaldo y consejos del imperialismo estadounidense. Aunque el primer gobierno
de “alternancia” de partidos y supuesta “transición democrática” de Vicente Fox
prometió investigar y esclarecer “los crímenes del pasado” con una fiscalía
especial, esta fiscalía finalmente fue disuelta y ninguno de los verdugos responsables de las masacres de Tlatelolco, del
“Halconazo” de 1971, ni la guerra sucia del gobierno en los años siguientes fue
juzgado ni castigado.
El
movimiento estudiantil de 1968 estalló en un tiempo de revueltas y revoluciones
que convulsionaron el mundo y alentaron las esperanzas de millones de la
posibilidad de tumbar al actual sistema capitalista y lograr una sociedad socialista
mucho mejor. Ese movimiento combatió heroicamente a los granaderos, exigió
libertad para los presos políticos, se burló del “régimen de la Revolución Mexicana” y desnudó el carácter reaccionario de las fuerzas represivas del Estado, que fue
y sigue siendo una máquina opresiva para someter toda oposición popular que
amenaza o siquiera estorba el “buen funcionamiento” del sistema imperante.
¡Alto a la Guerra Contra el Pueblo!
Este
papel represivo reaccionario del Estado se disfraza en buena parte ahora con la
supuesta “guerra contra el crimen organizado” declarada hace 12 años por el
presidente Calderón con el patrocinio del gobierno de Estados Unidos, que en
realidad es una guerra contra el pueblo.
Aceleró la militarización del país, aumentó el azote del crimen organizado y
llevó a una enorme escalada de violencia generalizada contra el pueblo —asesinatos,
feminicidios, desapariciones, tortura y el encarcelamiento injusto de miles de
personas inocentes— a manos de las fuerzas del Estado y también de grupos
criminales, que actúan en contubernio a la vez que compiten y chocan entre sí. Es
una forma de contrainsurgencia preventiva, que intenta impedir que surja una
insurgencia popular. En el mandato de Peña Nieto se ha recrudecido toda esta violencia reaccionaria contra los movimientos
sociales y también contra la población en general. Solo en julio de 2018,
la cifra oficial (que minimiza la cantidad real) fue de 2 mil 599 asesinatos — la
más alta de que se tiene registro. En los
primeros siete meses de 2018, van 16 mil 339 personas asesinadas. También
los asesinatos de mujeres calificados como feminicidios marcaron un récord de 78 mujeres en julio, cifra oficial que
omite muchos asesinatos misóginos que no se registran como feminicidios. El
Mapa del Feminicidio, por ejemplo,
reportó más de 230 feminicidios por mes en 2017.
Un
blanco prioritario en esta guerra son los inmigrantes, principalmente
centroamericanos, con el Estado mexicano actuando como perro guardián de EU. Huyen
de la violencia criminal y patriarcal y de la miseria, producto de la
destrucción del campo y medio ambiente, así como la superexplotación por parte de
empresas imperialistas. El gobierno mexicano y los sicarios se coluden para
secuestrar, deportar, desaparecer o asesinarlos. El crimen de los 72
inmigrantes ejecutados enterrados en San Fernando, Tamaulipas sacó a la luz
esta matanza, pero queda en total impunidad. El Movimiento Migrante
Mesoamericano dice haber documentado entre
70 y 80 mil centroamericanos desaparecidos en el sexenio de Calderón, el
30% mujeres y niñas, muchas vendidas a redes de trata. Desde 2014, el Estado mexicano, bajo la batuta de EU,
ha intensificado esta persecución, deportando más centroamericanos que EU y también
recogiendo sus datos biométricos para EU. Actualmente, el régimen fascista de Trump y Pence busca imponer que México sea un “tercer
país seguro”, acorralando acá a los migrantes que buscan asilo en EU.
El Ejército y la Marina desaparecen o
asesinan a los detenidos
Las
“ejecuciones extrajudiciales” ya son el pan de cada día. Todavía queda impune el
crimen de Tlatlaya en 2014, donde efectivos del ejército mataron a 22 personas,
ejecutando a la mayoría después de que se había rendido, obedeciendo órdenes
escritas de “salir en la oscuridad para
abatir delincuentes”. Luego la policía detuvo y torturó a los testigos.
Desde
enero de 2018, la Marina ha desatado un
reino de terror en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hasta mayo, habían desaparecido
a 36 personas, nueve de las cuales ya aparecieron muertas con huellas de
tortura. A pesar de videos, fotografías, testigos y hasta varios casos en que
familiares siguieron a los marinos secuestradores hasta sus bases, los mandos
siguen negándolo todo, igual como lo hicieron en marzo cuando un helicóptero de
la Marina asesinó a dos niñas y su madre, hecho que después fue comprobado por
los peritajes.
El problema es el sistema, la
solución es la revolución
¿Por
qué en estos y muchos casos más las fuerzas del Estado matan, desaparecen,
torturan y reprimen a la gente? No se debe simplemente a oficiales corruptos, la falta de “instrucción
en derechos humanos” o a que “no están haciendo su trabajo”. La verdad es que
al reprimir a la gente, el Estado sí
está haciendo su trabajo: su trabajo es defender un sistema basado en la
explotación y opresión de la gran mayoría por un puñado de grandes capitalistas
mexicanos y extranjeros. No hay manera de mantener este sistema de grandes
injusticias y desigualdades sin sembrar terror entre los de abajo y reprimir
los brotes de protesta y rebelión, y ello es precisamente el papel fundamental del
Estado actual. La elección de López Obrador ha despertado esperanzas en
muchos de que pudiera por lo menos aminorar los horrores crecientes que estamos
viviendo, pero la realidad es que va a estar al frente del mismo Estado
criminal, representando y defendiendo el mismo sistema desalmado.
La
única salida para el pueblo es la más
decidida resistencia independiente que denuncie el Estado criminal, y contribuya
a preparar una revolución guiada por el Nuevo Comunismo para tumbar el
actual sistema mayormente capitalista subordinado al imperialismo que es la
raíz de tanta miseria e injusticia, y crear una nueva sociedad socialista. Si
quieres contribuir a otro futuro posible y mucho mejor, comparte este volante y
contáctanos.
Aurora Roja, voz de la Organización Comunista
Revolucionaria, México
http://aurora-roja.blogspot.com auroraroja@gmail.com
1° de septiembre de 2018
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