Ayotzinapa - Solo habrá justicia cuando estén en prisión todos los perpetradores y encubridores, incluido EPN

 
Zócalo capitalino, octubre de 2014

Es preocupante que la Fiscalía siga insistiendo en que el asesinato y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa fue "producto del choque de grupos delictivos" (Proceso No. 2279). Esto es un cuento ya refutado que se ha utilizado para proteger a los elementos del Ejército, la Policía Federal y el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) que participaron en perpetrar y encubrir estos crímenes de Estado.
 
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en otra entrevista, al responder a la pregunta: “¿Se sostiene que lo ocurrido con los normalistas se trató de una confusión con integrantes de un grupo delictivo?” respondió tajantemente “Se sostiene absolutamente” (La Jornada, 1/jul/2020).
 
Esto ya fue refutado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Al criticar la llamada “Verdad Histórica” oficial, no solo demostraron la imposibilidad de la supuesta incineración de los normalistas en el basurero de Cocula (algo ya aceptado por la nueva Fiscalía) sino que también criticaron directamente esa supuesta “confusión", al señalar que “El resto de posibles explicaciones, como confusión con un grupo del narcotráfico o la delincuencia organizada es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con la situación de que los estudiantes iban desarmados, con las circunstancias de la llegada de los normalistas a Iguala… no explican la masividad, la reacción tan hostil y la generalización de escenarios de violencia directa contra las personas y los autobuses” (GIEI, Informe Ayotzinapa, Resumen Ejecutivo, nuestro énfasis).
 
Y el GIEI subraya varios otros hechos que refutan esta desgastada “teoría” heredada del gobierno de EPN (las citas son de la misma fuente):

  • “Antes de los hechos los normalistas tuvieron seguimiento tanto de la Policía Federal, como la Estatal y el Ejército que tenían conocimiento de que se trataba de estudiantes de Ayotzinapa en actividades de boteo y toma de autobuses”. Todos los niveles de gobierno tenían conocimiento en tiempo real de los sucesos desde antes por medio del sistema C-4. Dados los comprobados lazos entre el gobierno y el crimen organizado, queda claro que el grupo criminal Guerreros Unidos también sabía que eran normalistas de Ayotzinapa.
  • No solo participaron policías municipales sino que también “hubo presencia de agentes del Ejército, de la Policía Federal y Ministerial en distintos momentos” la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando se registró un saldo de 6 asesinatos, 40 personas heridas y 43 normalistas desaparecidos por las fuerzas represivas del Estado.
  • Tanto el violento ataque por parte de la policía como la desaparición forzada de los normalistas fueron parte de un solo operativo. Al criticar la “desconexión” en la versión oficial entre el ataque y la desaparición, el GIEI concluye: “La desaparición no puede sin embargo ser achacada a este grupo [Guerreros Unidos] como si todas las acciones no formasen parte del mismo operativo… como si fueran dos escenarios diferentes en el que la policía y autoridades implicadas no tuvieran decisión sobre el destino de los normalistas detenidos”.

  • Es más, “La versión oficial enfatiza un nivel de organización y tipo de decisión de un grupo de delincuentes que no corresponde con el conjunto de otros casos en la zona”. Todo el operativo de múltiples ataques armados contra los normalistas y otros, la desaparición sin rastro de los 43 y el control que se estableció inmediatamente en toda la zona resultaron de “un enorme despliegue de infraestructura y capacidad de coordinación, y ejecución de dicha acción” que no correspondían a las capacidades de Guerreros Unidos. Aunque no figura en las conclusiones del GIEI y no se ha comprobado todo lo que hicieron, es de enfatizar que la fuerza que sí tenía tal capacidad fue el Ejército.
 Se montó la “Mentira Histórica” oficial a partir de un inmenso esfuerzo por parte del gobierno federal y otros de encubrir lo que realmente pasó. La Secretaría de la Defensa intervino el C-4 y borró la información en las horas críticas del ataque. La Policía Federal y otros recolectaron y desaparecieron varios videos clave. Han sido acusados de tortura para "comprobar" la versión oficial por lo menos 61 funcionarios, incluidos 39 de la Policía Federal Ministerial, 15 de la Secretaría de Marina y 8 de la Policía Federal. En 2016, el entonces visitador general de la Procuraduría General de la República, César Chávez Flores, documentó “conductas irregulares” de Tomás Zerón de Lucio como titular de la Agencia de Investigación Criminal y encargado de tramar la “Mentira Histórica” —incluida la posible “siembra” del hueso del normalista Alexander Mora en el río San Juan— y también recomendó investigaciones del Ejército. Su informe fue suprimido y él mismo fue despedido por instrucciones del entonces presidente Peña Nieto, según informa la periodista Anabel Hernández.
 
¿Qué necesidad habría de montar todo este masivo esfuerzo por encubrir la verdad si solo se tratara de un “choque de grupos delictivos” locales? La única conclusión que concuerda con los hechos es que está implicada en estos crímenes toda la estructura del Estado, desde Peña Nieto hacia abajo, con la participación del Ejército, las policías federal, estatal y municipal y, sí, el crimen organizado. Por eso, no habrá justicia hasta que estén en prisión todos los perpetradores y encubridores, incluido EPN, Murillo Karam (el procurador que presentó la “Verdad Histórica"), Zerón y todos los oficiales y elementos implicados del Ejército, la Marina, las policías y gobiernos federal, estatal y municipales.
 
Han identificado recientemente un hueso del pie de otro normalista desaparecido, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. La gente que lo conoce lo describe como un joven alegre y entregado a sus estudios. Cuando desapareció tenía 19 años. Como muchos jóvenes que no encuentran futuro bajo este sistema, buscaba otra vida para él y su familia. Donde había encontrado la posibilidad de estudiar fue en la normal de Ayotzinapa, con el sueño de ser maestro de educación especial. Era parte del grupo de danza folclórica Xochiquetzal, y sus compañeras dicen que las respetaba y defnendía. Su última comunicación fue un mensaje a su pareja de baile el mismo 26 de septiembre.


Este pequeño avance en el caso es debido a la valiente lucha de los padres de familia, los normalistas y otros, así como la presión de la opinión pública. También han llevado al nuevo gobierno por lo menos a abandonar la ficción de la incineración en el basurero de Cocula y a reconocer que se trata del crimen de desaparición forzada, entre otros. Sin embargo, al seguir sosteniendo la desacreditada versión oficial de “confusión” y “choque de grupos delictivos”, la FGR mantiene la opción de limitar el alcance de la investigación al crimen organizado y oficiales menores. De hecho, al parecer, las nuevas órdenes de aprehensión son solo para oficiales municipales, con la excepción de Zerón, a quién dejaron escapar a Canadá en octubre de 2019, solo informando de una petición para su extradición hasta el 30 de junio de 2020, un proceso sin avances conocidos hasta ahora.
 
Con toda razón los padres de familia de los 43 enfatizaron el 13 de agosto, en una reunión con el presidente López Obrador, que “no queremos otra ‘verdad histórica’” y exigieron “consumar detenciones e iniciar los correspondientes procesos penales, pues que se nos diga que se presentarán acusaciones o que ya se han presentado, pero sin resultados, es preocupante”.
 
¿Por qué el nuevo gobierno, que surgió en oposición a los anteriores, todavía arrastra los pies en el caso Ayotzinapa después de un año y 9 meses? ¿Por qué existe el peligro de que no se indague a fondo ni se castigue a los principales perpetradores y encubridores de la horrorosa noche de Iguala? Porque, aunque no estén implicados ni tengan lazos directos con los implicados, son parte del mismo Estado burgués y necesitan contar con las mismas fuerzas armadas y policiales para mantener el actual sistema capitalista que oprime y explota al pueblo. Por eso, López Obrador, quien como candidato se daba el lujo de criticar algunos "excesos" del Ejército, ya como presidente lo alaba como el "pueblo en uniforme" y le da cada vez más recursos, poderes y facilidades, a pesar de su infame historia de masacres, guerra sucia, tortura y, sí, complicidad con el crimen organizado. El criminal Estado actual es podrido hasta el tuétano, y ningún cambio de partidos ni presidentes va a cambiar su naturaleza. Por eso, solo habrá plena justicia para los cientos de miles de asesinados y desaparecidos del pasado, presente y futuro al tumbar este Estado burgués como parte de una revolución liberadora para establecer el socialismo como transición al comunismo.
 
Como parte de preparar y luchar por esa revolución,  hay que denunciar los intentos de revivir la vil mentira de una supuesta “confusión” entre grupos delictivos y movilizar a la gente para exigir justicia con el afán de obligar al gobierno, por temor a quedar completamente desacreditado, a que avance más a fondo en las investigaciones, detenciones y convicciones de lo que harían por voluntad propia. ¡Que salga toda la verdad y queden tras las rejas todos los culpables de asesinar y desaparecer a los normalistas y de encubrir este terrible crimen!

Aurora Roja 

Voz de la Organización Comunista Revolucionaria, México

auroraroja.mx@gmail.com                            aurora-roja.blogspot.com       

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