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| Ernestina Ascencio Rosales |
¡CARCEL
PARA FELIPE CALDERÓN, FIDEL HERRERA Y LOS SOLDADOS ASESINOS!
El
4 de diciembre de 2020, el Estado mexicano volvió a intentar enterrar la verdad
sobre la violación y el asesinato de Ernestina Ascencio Rosales hace trece años.
En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la
delegación oficial del Estado mexicano repitió la misma mentira descarada que
impuso Felipe Calderón en marzo de 2007: que la Sra. Ernestina, una indígena nahua
de 73 años, no fue violada y asesinada por soldados que rondaban por su
comunidad, sino que murió por “causas naturales” (“anemia aguda” y “úlceras
gástricas” según el expediente, o “gastritis crónica” según Calderón).
Esta
despreciable falsedad conmocionó a todos los que claman por la verdad y la
justicia en este caso (y en tantos más), incluyendo a muchos que esperaban una
respuesta distinta del nuevo gobierno. La CIDH rechazó este “informe” y citó a
una segunda audiencia para el 3 de enero, en la que el gobierno mexicano debe
entregar toda la información sobre las actividades del Batallón 63 (al que
pertenecían los soldados culpables), todas las denuncias contra ese batallón ante
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), estadísticas de los casos de
violencia sexual cometida por militares mexicanos, la participación de la
Sedena en “la sanción de responsables de estos hechos”, el papel de la CNDH en
el caso de Ernestina, la declaración de Felipe Calderón sobre la causa de su
muerte, los argumentos por haber negado acceso público al expediente completo del
caso, la atención médica a las mujeres en las comunidades indígenas y otras
cosas relacionadas con este terrible crimen.
El
8 de diciembre, López Obrador respondió así a una reportera que preguntó si
sería posible reabrir el caso y hacer una nueva investigación: “Es un hecho que
sucedió, creo que en el gobierno de Calderón, en la sierra de Zongolica, en
Veracruz, lo tengo presente, de una anciana que fue víctima de un atropello, de
un abuso. Entonces hay que ver cómo está el expediente. Nosotros no tenemos
ningún interés en cerrar expedientes, en dar carpetazos a los asuntos. Lo
mejor, cuando hay dudas acerca de impartición de justicia, es ventilar los
casos, independientemente de los términos legales. Lo
mejor es convencer y argumentar, hacer justicia”. No dijo nada sobre por qué la delegación oficial del Estado mexicano
acababa de hacer todo lo contrario ante la CIDH. Si el gobierno en serio no
quiere “dar carpetazo” al caso, ¿por qué sus representantes hicieron
precisamente eso ante la audiencia internacional?
Así
AMLO dio la señal de que vendría algún cambio en la posición de su gobierno, a
la vez que le restaba importancia al caso, como si fuera un asunto de resolver
“dudas acerca de la impartición de justicia” en vez de denunciar y
rectificar el encubrimiento por el Estado mexicano de un crimen horrendo
cometido por elementos del ejército.
Dos
días después, Alejandro Encinas habló en la “mañanera”. Mencionó parte de los
testimonios y evidencia física del expediente original que estableció que Ernestina
había sido violada y herida gravemente por soldados, causando lesiones que
llevaron a su muerte. También señaló que la versión contraria declarada (e
impuesta) por la CNDH y el entonces presidente Felipe Calderón en 2007, “por
supuesto es inaceptable para el Gobierno de México, por lo cual queremos
señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos esta semana no representa la posición del
Estado mexicano”.
Agregó que “el
informe sobre estos hechos que se presentará el próximo 3 de enero a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecerá que la Fiscalía
General de Justicia del estado de Veracruz abrirá de nueva cuenta las
indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación, a fin de
garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas”. López
Obrador no comentó nada respecto a este informe de Encinas.
El
hecho de que un representante del gobierno federal llamara “inaceptable” el
anterior veredicto y planteara reabrir
el caso representa una pequeña victoria en la lucha por la verdad y la justicia.
Pero como señala Carmen Herrera García, de Abogadas y Abogados para la Justicia
y los Derechos Humanos (AJDH, una de las organizaciones que ha mantenido vivo
este caso durante 13 años y ahora lo presenta finalmente ante la CIDH), “La manera en que se anunció que
se va a abrir el caso nos parece preocupante, no estamos de acuerdo que esa sea
la vía. Creemos que la Fiscalía de Veracruz no está calificada para
meter las manos nuevamente en la investigación, porque es una de las autoridades responsables que
incurrió en las violaciones que estamos denunciando ante la Comisión
Interamericana y que además las fue a
reafirmar a la audiencia”.
Es
decir, fue Hernán Cortés Hernández, el
encargado de la Fiscalía Coordinadora Especializado en Asuntos Indígenas y
Derecho Humanos de la Fiscalía General de Veracruz (FGV), quien
presentó el dictamen de la CNDH (de 2007) ante la CIDH, lo cual descartó las
pruebas reales y fabricó “nuevas evidencias” para negar por completo el cruel
ataque por soldados que le quitó la vida a Ernestina Ascencio Rosario. Al
comparecer ahora ante la CIDH, fue respaldado por el Director General de
Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
Cristopher Ballinas Valdés. También estuvo presente un representante de la
Secretaría de la Defensa Nacional, el general Aníbal Trujillo, quien no habló.
Hasta
ahora, el gobierno no ha ofrecido ninguna explicación de por qué respaldó ante
la CIDH las mentiras de Calderón. Aún más importante, si se buscara en serio la justicia, ¿por qué se encargaría a la FGV de
la nueva investigación del caso? Como lo exigen las organizaciones, los
familiares y otros, se necesita una investigación independiente, con la
participación de expertos internacionales. Y el propósito de esta nueva
investigación no debe ser “agotar las líneas de investigación” como dice
Encinas, sino comprobar que el
expediente original documentó la verdad de los hechos, y fue descalificado y
reemplazado por un montaje fabricado por la CNDH a pedido del presidente Felipe
Calderón. Hace falta enjuiciar y
castigar a todos los culpables, desde los soldados que asesinaron a
Ernestina hasta Felipe Calderón, que encabezó el encubrimiento del crimen.
Por
último, Encinas cierra su intervención diciendo que “la Secretaría de
Gobernación coordinará ante la Comisión Interamericana estos trabajos, a fin de
alcanzar con los familiares de las víctimas una solución amistosa, que permita
atender a fondo esta denuncia que, por ejecución extrajudicial y violencia
contra la mujer, presentaron los familiares de la señora Ernestina Ascencio
para resolver de fondo este hecho y garantizar justicia, no repetición y la
reparación integral del daño”. Se oye bien “garantizar justicia”, pero es insultante decir que una agresión tan
cruel e inhumano podría tener una “solución amistosa”, a la vez que intenta
reducir su importancia a solo los familiares, olvidándose de la indignación social
ante este crimen, el coraje y la movilización exigiendo justicia de las
comunidades y organizaciones indígenas de la Sierra de Zongolica,
organizaciones de mujeres en Xalapa y gente en muchas partes del país. Parece
que ni AMLO ni Encinas reconocen que la tortura sexual y el asesinato de
Ernestina Ascencio concentran la ira social contra toda la opresión sistémica
que sufren los indígenas y las mujeres en esta sociedad, y contra el ejército
que sistemáticamente reprime, viola y asesina a las mujeres indígenas, como
parte esencial de su papel de tener a raya a todos “los de abajo”, para
garantizar el funcionamiento y la estabilidad del actual orden social de
extremas desigualdades y sufrimiento innecesario.
Los
hechos del crimen
El
25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio pastoreaba sus borregos en las
afueras de su comunidad —Tetlatzinga, en Soledad Atzompa, Veracruz— cuando fue
atacada por soldados desplegados en la zona un día antes para acechar a las
comunidades indígenas. Antes fueron acusados de cometer abusos contra mujeres y
niñas en la Huasteca. En la tarde, unos vecinos y su hija encontraron a
Ernestina, tirada en el suelo con las piernas atadas, con golpes en la cara,
los brazos y la cadera, sangrando y casi inconsciente. Pudo decirle a su hija “Se
me echaron encima los verdes” (los soldados). Mieque,
mieque (muchos, muchos). Me amarraron mis
pies. Me amarraron mis manos. Duele". La llevaron al hospital en
Río Blanco, a seis horas de distancia. Fue examinada y atendida por tres
médicos legistas en la unidad de cuidados intensivos durante otras seis horas
hasta que falleció. La ginecóloga especialista en delitos sexuales de la
procuraduría veracruzana, examinó a Ernestina todavía con vida y dictaminó que
había sufrido “agresión sexual”, incluyendo
“…esfínter
anal con desgarros recientes en horas con sangrado en capa, trans anal
abundante, con probable perforación rectal”.
En
2020, el Dr. Juan Pablo Mendizábal, que hizo la primera necropsia,
reafirmó
el dictamen de agresión sexual, señalando que “Ernestina fue agredida sexualmente. Por todos los indicios que se
encontraron, por todos los hallazgos físicos, los desgarres, el antígeno
prostático encontrado en el recto y la vagina es exclusivo de los hombres.
Todas esas cosas en conjunto fueron determinantes para estar completamente
seguros de la agresión sexual de la señora Ernestina”. Afirma por los análisis de ADN
que fue violada por lo menos por tres personas. Los tres médicos legistas observaron
“múltiples desgarros en las regiones vaginal y anal”. El acta de defunción, la
primera necropsia, el dictamen del subprocurador estatal y declaraciones del
procurador del Estado, además de testimonios de testigos que hablaron con
Ernestina, proporcionaron muchas evidencias de que Ernestina murió de varias
agresiones sexuales, por lo cual se abrieron averiguaciones en la Agencia
Especializada en Delitos Sexuales en Orizaba, el Ministerio Público de Ciudad
Mendoza y la PGJ de Veracruz.
Apenas 10 días después comenzó el
operativo desde Los Pinos para enterrar todas estas pruebas e imponer la
“mentira histórica” de “muerte por causas naturales”. El 7 de marzo de 2007, la CNDH
se encargó de exhumar el cuerpo y hacer una segunda necropsia. El 13 de marzo,
el presidente Felipe Calderón declaró al final de en una entrevista con La Jornada que “he estado pendiente del
caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica (tras una presunta
violación tumultuaria por militares). La CNDH intervino, y lo que resultó de la
necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay
rastros de que haya sido violada”. Calderón y Felipe Herrera acordaron encubrir
el crimen. Los médicos legistas que rehusaron cambiar sus dictámenes fueron
despedidos, los oficiales gubernamentales cambiaron sus declaraciones, y la
CNDH fue el vehículo principal para desechar las pruebas reales e imponer sin
evidencia alguna la conclusión de “muerte por anemia aguda y úlceras gástricas”.
La Procuraduría de Veracruz cerró el caso, policías estatales vigilaban las
casas de los hijos de Ernestina y gente del gobierno llevó a los familiares a
"pasear" durante veinte días, para garantizar que no metieran una
queja en contra del nuevo “veredicto”.
Son
incontables las veces que el Estado mexicano ha fabricado una supuesta “verdad
histórica” para encubrir los asesinatos y desapariciones que lleva a cabo su
“columna vertebral”, las fuerzas armadas: contra los estudiantes del Tec de
Monterrey, los normalistas de Ayotzinapa, la gente de Nuevo Laredo, Tamaulipas
y tantos crímenes más. No solo el poder de cada presidente en turno depende del
respaldo de las FFAA, sino que son el factor central que sostiene el sistema
económico y política. Por eso López Obrador los alaba constantemente, insiste
que estos guardianes de capital y su orden social opresivo son “pueblo”, dice
que la Guardia Nacional (compuesto y comandado por militares) no reprime a la
gente a pesar de sus múltiples crímenes y le da cada vez más poder económico y
político al Ejército. Hay que seguir y fortalecer la lucha por justicia por Ernestina
Ascencio Rosario y por todas las demás víctimas del terror del Estado. Y hay
que hacer que estas luchas por la verdad y la justicia contribuyan a forjar un
partido comunista revolucionario y un pueblo revolucionario que podrán tumbar
este sistema criminal y finalmente eliminar la opresión de los pueblos
indígenas y la opresión patriarcal de las mujeres.
Aurora Roja
Voz de la
Organización Comunista Revolucionaria, México
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aurora-roja.blogspot.com auroraroja.mx@gmail.com
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