Después de la masacre, los militares impusieron su terror contra los vecinos |
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En la madrugada del 26 de febrero, siete amigos salieron de
un antro de Nuevo Laredo, abordaron la camioneta que uno de ellos recién había
comprado e iban en camino a casa. Un vehículo militar que los seguía impactó
por atrás a su camioneta y la arrastró 20 metros hasta hacerla chocar con un
auto estacionado. En ese momento les abrieron fuego directo para matar a todos.
Asesinaron a cinco de los jóvenes. Dos fueron acribillados dentro del camión,
uno con 10 balas y el otro con 12. Balearon a otros tres sobre el pavimento —
uno fue ultimado con un solo tiro a la sien, los otros dos recibieron varios
balazos, y uno de ellos, Gustavo Pérez Benítez, murió desangrado después de
yacer varias horas sin atención médica. Su hermano, Alejandro, joven de 21
años, salió de la camioneta cuando ya no se oyeron balazos y le pusieron pecho al pavimento durante dos horas. Testificó que decían
“mátalo” y que cuando un herido pidió ambulancia, lo remataron con otro
balazo. “Luego me preguntaron si quería vivir o morir y
yo les respondí que quería vivir… me dijeron que me declarara culpable,
mientras ellos me grababan en vídeo. Que dijera que íbamos huyendo, lo cual no
es verdad”. Solo sobrevivió porque los militares querían utilizarlo para
encubrir sus crímenes y culpar a las víctimas. La FGR (Fiscalía General
de la Nación) tardó horas para llegar a la escena del crimen, más o menos a la
par con la ambulancia, que llevó el único herido aún vivo. Este séptimo joven
está mal herido, en coma inducido. Al despertar, dio testimonio coincidente
sobre la masacre. Sigue internado y se espera que se recupere.
Los militares impusieron inmediatamente su terror contra los
vecinos que abrieron puertas o se asomaron por las ventanas, prohibiendo que
salieran de sus casas. Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos
de Nuevo Laredo (CDHNL), organización civil independiente, llegó a la escena de
la masacre horas después, cuando le llamó una vecina encerrada por los
militares y le pidió que viniera para ayudarla a llevar a un familiar para un
tratamiento médico urgente. Para entonces, llegaban vecinos y familiares que
recriminaron a los militares con mucha ira. El papá del joven que manejaba la
camioneta levantó pedazos de lo que quedó del cuerpo de su hijo y gritaba “Mi
hijo no tenía armas. No tenía nada… Yo lo que quiero es
justicia”. Cuando llegó una grúa militar para llevarse la camioneta, los
reclamos se volvieron golpes y patadas contra los militares, intentando impedir
que se llevara la principal evidencia que quedaba de la masacre. Los militares
atacaron a Ramos, a periodistas y otros que filmaban, los golpearon, les arrebataron
sus celulares e intentaron llevarse a Raymundo. Dos o tres militares tiraron
balas al piso y al aire para intimidar y dispersar a la gente.
Durante dos días, ninguna autoridad del Estado informó nada.
El martes 28, la Secretaría de Defensia Nacional (Sedena) emitió una
declaración escueta y falsa que intenta justificar esta matanza con la mentira
de que la camioneta iba a alta velocidad, chocó con otro carro y, “Al escuchar
el estruendo, personal militar accionó sus armas”. No hay evidencia de delito
alguno de los jóvenes. Incluso el capitán al mando informó que no tenían
armas, drogas ni nada ilícito. Los testimonios de los dos sobrevivientes
señalan que, al ver que un vehículo militar les seguía por varias cuadras, se
orillaron a un lado de la calle y pararon su vehículo, esperando que tal vez
les hicieran una revisión o detención, sembrándoles algo para acusarlos. En vez
de eso, los militares chocaron contra la camioneta por atrás, la arrastraron
hasta una esquina sin cámaras de vigilancia (lo cual Raymundo Ramos informa es
una táctica común de los militares), y
abrieron ráfagas de fuego para aniquilarlos. Todo fue un ataque intencional
para asesinarlos y meter terror en la población civil, sobre todo entre la
gente pobre y oprimida.
Ese mismo día arrancó la ofensiva digital para criminalizar
a las víctimas: inundaron las redes con un video falso de una camioneta ajena
con armas adentro, otro video de solo uno de los jóvenes asesinados,
asociándolo con el cártel del Noreste (como supuesta “justificación” de
asesinarlo a sangre fría), y una lluvia de comentarios y bots alabando la
matanza, calificando de “narcos” a todas las víctimas, llamando a mayor
militarización y un reino de terror militarizado, al estilo de Bukele en El
Salvador, y celebrando estas crueles ejecuciones extrajudiciales de
jóvenes sin armas.
Hasta el tercer día, el presidente López Obrador comentó que “… a
propuesta del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, se
pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se
investigue el caso, incluso las autoridades militares ya están también
coadyuvando en la investigación para que, si resultan responsables los miembros
del Ejército, sean castigados”. No criticó el
asesinato de civiles desarmados por los militares, más bien sugería que podrían
ser delincuentes; respaldó al periodista que pasó un audio de 2019 para tachar
a Raymundo Ramos de estar asociado con el cartel del Noreste, mientras criticó
e intentó deslegitimar a los periodistas que informaron y documentaron la
masacre que cometió el ejército. Como bien lo sabe López Obrador, no está en
marcha ninguna investigación de esta masacre, pero sí hay todo un
operativo de espiar y buscar criminalizar a periodistas honestos y sobre todo a
Raymundo Ramos, que encabeza la única organización que defiende a las
víctimas de crímenes del Estado en Tamaulipas. (Para más información, ver el
artículo “El Ejército asesina y espía, el presidente miente: el caso Pegasus).
La fiscalía militar solo acusa de
“desobediencia” a cuatro soldados, por supuestamente disparar sin orden del
mando — no por matar a 5 personas desarmadas. Incluso este cargo no es
creíble, ya que se ha documentado que el capitán al mando estaba en el mismo
vehículo con los 4 acusados de “desobediencia”. Todo apunta a la finta de
siempre de acusar a algunos de bajo rango (que finalmente salen libres) para
aparentar que “rinden cuentas” y proteger a los altos mandos y el “prestigio”
de las FFAA. Se informa que la FGR está
investigando y abrirá una carpeta de investigación, pero la realidad es que
todas estas instituciones coadyuvan para solapar los crímenes del Estado y
criminalizar a las víctimas.
López Obrador insiste que ahora el
ejército es otro, que ya no sale a
abatir “delincuentes” a altas horas de la noche, justo cuando acaba de cometer
esta masacre. El presidente incluso señaló el caso de Ayotzinapa como “prueba”
de que ahora hay justicia. En realidad, en este caso tampoco hay ni verdad
ni justicia. Aunque el presidente supuestamente haya ordenado que “se
entregue todo”, la Sedena no ha entregado documentos que el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes) y la anterior fiscalía especial de la FGR comprobaron que sí
existen. Desde la presidencia y la FGR, se ha desmantelado la investigación
seria que estaba en marcha y liberaron a 16 militares acusados de desaparición
forzada y otros crímenes contra los normalistas. Es el mismo ejército, y
este gobierno sigue el mismo camino que los anteriores, a la vez que ha
entregado más poder político y económico que nunca a los militares, y ningún
poder civil lo va a “enderezar”.
En Nuevo Laredo ha habido varias otras
ejecuciones extrajudiciales: en agosto de 2022, el ejército mató a Heidi
Mariana Pérez Rodríguez, una niña de 4 años cuando su cuidadora la
llevaba al centro médico por un malestar del estómago. Les dispararon desde un
vehículo militar y una bala entró en la cabeza de la niña, matándola
inmediatamente. La Sedena le ofreció a la mamá ayuda y dinero, como suelen
hacer, siempre a cambio de no denunciar. La mamá sí denunció pero “no
avanza la investigación”. En julio de 2020, también en Nuevo Laredo, el
ejército asesinó a 12 personas. Nueve eran delincuentes, pero tres eran
personas que habían secuestrado. Uno de los secuestrados levantó la mano y
gritó “Estoy vivo”. Un militar gritó “mátalo, mátalo” y lo asesinaron. Sedena
sigue insistiendo que eran “12 delincuentes”, aunque se ha comprobado que tres
eran víctimas de los delincuentes, asesinadas por los militares. En 2018, la
Marina desapareció a 47 personas. Hasta ahora se han encontrado muertas a 24 de
ellas y 23 siguen desaparecidas. Con este nuevo gobierno solo hubo una
“disculpa”, pero ningún marino ha sido juzgado.
No se vale seguir insistiendo que ya no pasen las
cosas que sí siguen pasando. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha
documentado por lo menos 30 “ejecuciones arbitrarias” por militares y la
Guardia Nacional en esta ciudad en lo que va del sexenio de López Obrador. No
se vale fingir que la fiscalía militar, la CNDH y la FGR vayan a investigar y
enjuiciar los crímenes que cometen las instituciones del Estado. Todas
estas instituciones, todo el aparato del Estado, está al servicio de mantener
el sistema capitalista que mantiene el sufrimiento, la pobreza y la opresión de
la gran mayoría de la gente. Este Estado y el sistema que defiende están completamente podridos y hace falta una
revolución real para derrocarlo y crear otro sistema económico y político, con
otras relaciones entre la gente, otros valores, y otra manera de vivir. Hay
que desenmascarar estos crímenes, hay que exigir que salga la verdad y haya
justicia, y sobre todo hay que organizarnos para hacer la revolución que creará
una sociedad socialista realmente liberadora.
¿Hasta cuándo serán masacrados los jóvenes por las FFAA? ¿Hasta cuándo
tendremos que sepultar a nuestras hijas e hijos, nuestras compañeras y
compañeros, que apenas están por comenzar su vida? Podemos ponerle fin a todos
estos horrores pero solo si ponemos fin al narcoestado militarizado y el
sistema capitalista bajo dominación imperialista que ese Estado defiende.
Arrasando con esto, podremos construir un mundo nuevo.
Aurora Roja
Voz de la
Organización Comunista Revolucionaria, México
auroraroja.mx@gmail.com aurora-roja.blogspot.com
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