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| Protesta por la guerra contra en pueblo en Chiapas |
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“La gente del municipio de Frontera Comalapa y de la región
de la frontera en general así lo manifiesta: está viviendo una situación de guerra”, señala el Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
Arrecian las ejecuciones, los
desplazamientos forzados y el reclutamiento forzado de jóvenes en la
disputa por el control entre los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva
Generación. Solo en mayo de 2023, por lo menos tres mil personas fueron
desplazadas de sus hogares en medio de batallas callejeras en Frontera
Comalapa. Un lugareño denuncia que los efectivos
de la Guardia Nacional (GN) y el
Ejército “se pasean por el lugar, pero nada hacen. La gente tiene miedo,
las calles están casi desiertas”. Se ilustra una vez más el contubernio
entre las fuerzas armadas y los cárteles.
En Chiapas y
muchas otras partes del país, se vive un horroroso aumento de asesinatos y
desapariciones. Cunde la violencia contra el pueblo, relacionada, en muchos
casos, con el empuje desde el gobierno y las grandes empresas para extender la explotación capitalista,
muchas veces acompañada por el crimen organizado. Por lo menos desde 2007,
cuando Calderón declaró la supuesta “guerra contra el crimen organizado”, lo
que vivimos en realidad es una guerra
contra el pueblo, una suerte de
“contrainsurgencia preventiva”—para
amedrentar, desplazar y controlar a la población, extender el “desarrollo”
depredador y prevenir que el pueblo se
levante—y sobre todo para impedir que se desarrolle una insurgencia real y
poderosa. Aunque no sea obvio a simple vista ahora, en un mundo de guerras
por imperio y crisis climática, la permanencia del actual sistema económico y
político se pone en duda, los gobiernos tambalean y pueden presentarse
posibilidades revolucionarias.
La guerra de contrainsurgencia contra el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional es parte importante de esta guerra
contra el pueblo (ver “Alto a la guerra contra el EZLN y las bases de apoyo”).
También hay otros importantes ataques y resistencia en el estado. Desde 2015,
arrecia en Chiapas la violencia reaccionaria del Estado y de otras fuerzas
armadas criminales. La “tríada” de poder
—el gobierno con sus fuerzas armadas, las empresas capitalistas y el crimen organizado—
coluden entre sí, a la vez que se intensifican los conflictos en sus filas por
el control económico, político, territorial y de la población, sobre todo
cuando las autoridades de distintos niveles del gobierno se alían con distintos
grupos criminales. Aumentan el tráfico de migrantes, la trata de mujeres y
niños, la venta y el consumo de drogas, el tráfico de armas de alto poder y
otros giros criminales lucrativos en general en el estado. Se multiplican las
bandas armadas locales, como se vio en junio de 2022, cuando una batalla campal
por el control del Mercado norte de San Cristóbal de las Casas convirtió esa
parte de la ciudad en una zona de guerra durante varias horas.
Narcoparamilitares y
Desplazamientos Forzados
En
Los Altos de Chiapas, sobre todo en los municipios de Chenalhó, Pantelhó,
Aldama y Chalchihuitán, grupos armados criminales, (herederos de los
paramilitares organizados por el ejército contra el EZLN en 1994, ahora
vinculados al narcotráfico), controlan comunidades y han desplazado a miles de
personas. De 2010 a 2022, por lo menos
16,755 personas fueron desplazadas a la fuerza, temporal o permanentemente.
En julio de 2021, Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos del
pueblo maya tsotsil y ex presidente de la Mesa Directiva de Las Abejas de
Acteal, fue ejecutado en el mercado de Simojovel, por denunciar la violencia
del grupo criminal que controlaba el municipio de Pantelhó. Días después, un
grupo de autodefensas corrió al grupo criminal y se formó un nuevo gobierno
municipal. Pero en agosto de 2023, retomaron el control los paramilitares, con
el respaldo de la Guardia Nacional. El
gobierno y los narcoparamilitares utilizan los programas “sociales” y las armas
de alto poder para fragmentar a las comunidades y despojar y desplazar a los
indígenas que no se alinean con el gobierno.
Militarización y Represión
Política
Al
comenzar 2023, se habían construido 10
cuarteles de la Guardia Nacional (GN) en Chiapas, con 6 más programados para
este año. También hay 71 campamentos
militares y por lo menos 8500 efectivos del Ejército, la Marina y la GN. Además
de reforzar la guerra de contrainsurgencia contra el EZLN, los militares y
policías se encargan de perseguir y deportar decenas de miles de migrantes, reprimir
y desaparecer a periodistas, a
defensores y a estudiantes y maestros que luchan. Por ejemplo, los 95
normalistas de Mactumatzá, 71 mujeres y 24 hombres, fueron detenidos y
desaparecidos temporalmente, amenazados de muerte y apresados por la policía
del estado, ¡por exigir exámenes presenciales en vez de en línea!
Resistencia y Represión en Chilón
En
2020, las comunidades mayas tseltales del municipio de Chilón protestaron
contra la instalación de un cuartel de la GN en su territorio; 300 policías
municipales y estatales los reprimieron, hiriendo a 11 personas. Dos
ejidatarios, César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, fueron
detenidos, torturados y encarcelados durante 17 días. Fueron acusados de
“motín” y seguían casi tres años bajo proceso en libertad condicional. En mayo
de 2023, fueron sentenciados a dos años de cárcel y una multa de 6500 pesos,
sin evidencia de delito alguno. En 2007 estas mismas comunidades lucharon y
sacaron un cuartel del Ejército de su territorio, que denuncian traía “ejecuciones
y todo tipo de violencias en contra de la población local, alcoholismo,
drogadicción y prostitución”.
Chicomuselo – minería y
narcotráfico
En Chicomuselo hay 12
concesiones mineras vigentes y ninguna tiene la aprobación de los ejidos y
comunidades donde se ubican. Varias comunidades exigen que se cancelen todas y
que paren las amenazas a los defensores y las comunidades. En 2009, lograron
clausurar la minera canadiense Blackfire Exploration Ltd, después del asesinato
de su dirigente, Mariano Abarca Roblero. Ahora hay un cuartel militar en
Chicomuselo y estos luchadores enfrentan
la “tríada” del poder—las empresas mineras, el gobierno y el crimen organizado
que ejercen el control económico, político y territorial, por medio de los programas
“sociales” corporativistas y la violencia, con el respaldo de los militares. En junio de 2023, la organización Pueblo Creyente de la
Parroquia San Pedro y San Pablo de Chicomuselo marchó y denunció que
en esta región “estamos sufriendo como
pueblos los asesinatos, secuestros y desapariciones”, y que grupos criminales operan “con total
impunidad con el objetivo de controlar el territorio, saqueo, extracción y
explotación minera y cobro por derecho de piso”. En julio, las autoridades
ejidales y comunitarias denunciaron los daños provocados por la minera
Blackfire a las “aguas subterráneas, ríos, arroyos, bosques, la salud de
la población y el tejido comunitario que nos caracteriza como ejidos y
comunidades”, y declararon su rechazo a toda actividad minera.
Lo mismo pasa en muchas partes
del país, la gente vive con miedo, bajo la “ocupación” de una u otra banda
militar o “militarizada” que utiliza la fuerza, o la amenaza de la fuerza, para
controlar y someter al pueblo—sea la policía, GN, Ejército, Marina, bandas de
narcos, u otra fuerza paramilitar. Desbordan las evidencias de que las fuerzas
armadas y los mandos políticos del Estado están coludidos con las
organizaciones delincuenciales y que protegen los intereses de los grandes
capitalistas. Pero el problema de fondo no son solo oficiales corruptos u
“omisos”. El sistema económico y político, el sistema capitalista bajo
dominación imperialista que impera en el país, es lo que produce y encubre
estos horrores e injusticias—un sistema que no permite la autonomía de los
pueblos indígenas sino que les hace la guerra contrainsurgente. Que desplaza,
desaparece y asesina a la gente. Que caza a los migrantes. Que extiende la
explotación capitalista, destruye el medio ambiente y acelera el calentamiento
global. Este sistema amenaza la sobrevivencia de la raza humana y muchas más
especies y solo una revolución que lo
tumbe y lo desmantele hará posible un futuro liberador para la humanidad.
¡Apoyemos toda la resistencia justa en Chiapas y luchemos desde ahora para la revolución que derribe al actual Estado y construya una nueva sociedad socialista, base de apoyo para un nuevo mundo!
Aurora Roja
Voz de la
Organización Comunista Revolucionaria, México
auroraroja.mx@gmail.com aurora-roja.blogspot.com
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