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En un importante artículo reciente en
Proceso en línea, Ángela Buitrago, del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) demuestra que los más altos mandos del
Ejército supieron en tiempo real cada paso de la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa y siguen ocultando esa información, así
como el papel del Ejército en ese crimen.
En su artículo, detalla el actuar criminal
del Ejército y del ex secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en el
crimen de Estado del 26 de septiembre de 2014 que resultó en seis
personas asesinadas y 43 normalistas desaparecidos. Los Informes del
GIEI demuestran contundentemente que participaron policías municipales,
estatales, ministeriales y federales, el Ejército, el CISEN y el crimen
organizado en el operativo de esa noche. No son opiniones, son hechos
documentados en los Informes del GIEI a partir de documentos del propio
Ejército. Tres gobiernos han encubierto la responsabilidad del Ejército en
estos atroces crímenes: el gobierno de Enrique Peña Nieto, en cuya
administración se cometió esta atrocidad, y los gobiernos de Andrés Manuel
López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo que siguen encubriendo el actuar
criminal del Ejército al repetir y seguir repitiendo la mentira
de que el Ejército no tiene más información que entregar.
Es la responsabilidad de toda persona
de buen corazón denunciar estos hechos: platica con tus amigos y conocidos, denúncialo en tus redes.
Porque, pese al criminal cerrazón del gobierno, esto contribuye a que muchos
más conozcan la verdad y actúen en consecuencia. Es importante para la lucha
por Verdad y Justicia en el caso Ayotzinapa y también para los más de 133
mil desaparecidos, los más de 460 mil asesinatos, los cientos de miles de
desplazados forzados y tantos otros crímenes producto de la guerra contra el
pueblo librada por la triple alianza del Estado, los grandes empresarios y el
crimen organizado. Esta denuncia también contribuye a crear mejores condiciones
para poner fin al actual sistema opresivo y crear otra sociedad radicalmente
distinta y mucho mejor. (Puedes conocer más al respecto en el folleto Luchar
ahora para la nueva revolución socialista en aurora‑roja.blogspot.com).
Lo siguiente es parte de lo que documenta
Buitrago sobre la noche de Iguala en su impactante artículo:
Los militares desplegados en Iguala en labores de
inteligencia —llamados Órganos de Búsqueda de Información (OBI u OBIS) en el
lenguaje castrense— siguieron los hechos en tiempo real y los reportaban en
forma inmediata al Batallón 27 en Iguala, a la Zona Militar 35 en Chilpancingo,
a la IX Región Militar en Guerrero y a la oficina del titular de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) de la época, general Salvador Cienfuegos,
identificado como DN1 en la documentación militar reservada.
El documento del Grupo de Análisis de Orden Interno (GAOI) de
la Sedena numerado con el consecutivo 5151 del 25 de septiembre de 2014
conocido por el GIEI, indica que existía una orden del DN1 de realizar desde
días antes un diagnóstico de las movilizaciones de los estudiantes que debería
llegar a las 8:00 de la mañana del 26 de septiembre de ese año a las oficinas
del general-secretario y, también, de mandar fotografías y material que se
recuperara durante la preparación de los normalistas para viajar a la Ciudad de
México a la conmemoración del 2 de octubre.
El VI Informe del GIEI señala que “por tanto, es inconcebible
que se diga que no se tiene ninguna información al respecto de lo que estaba
sucediendo con los estudiantes y que, por el contrario, el Ejército guardase
prudente distancia, salvo la existencia de los OBI que informaban o del C-4
(centro interinstitucional de monitoreo) que transmitía lo que estaba
sucediendo con la llegada de los estudiantes (a Iguala el 26 de septiembre).
Era una orden del DN1 mandar fotografías y material de todo lo que estaba
sucediendo, por lo que este material debe estar todavía en sus archivos”.
Por esa razón, “tampoco es sostenible, como señalaron algunos
miembros del 27 BI (Batallón de Infantería) ahora investigados, que la
información se dio de forma verbal entre los OBI y su responsable el teniente
JG o el comandante del 27 BI, porque la orden era que se enviara directamente
al DN1”.
Documentos militares recopilados por el GIEI, la CoVAJ y la
Fiscalía Especial dan cuenta de que los días 26 y 27 de septiembre de 2014 el
seguimiento de los OBIS a los estudiantes inició en Chilpancingo, continuó con
su salida de la Escuela Normal hacia Iguala, y en esta ciudad presenciaron los
intentos de toma de buses, su traslado a la Central Camionera y,
posteriormente, su desplazamiento en dos grupos con el propósito de salir de la
ciudad.
La Sedena y DN1 recibieron toda esta información en tiempo
real. Los OBIS enviaban los reportes a los responsables de inteligencia del
Batallón 27 y de la Zona Militar 35, con copia a la IX Región Militar en
Guerrero y a las oficinas de DN1, es decir, al general Cienfuegos.
Un mensaje en Formato Cifrado Arcano (FCA), que es el
utilizado por la Sedena para sus informes confidenciales, llegó a las oficinas
del DN1, al S-2 (Inteligencia), a la IX Región y al Batallón 27 cuatro días
antes de las desapariciones. Señalaba: “A. 08:00, 22 de sep. de 2014, se tuvo
conocimiento de una reunión del comité estudiantil Ricardo Flores Magón
perteneciente al citado plantel educativo al interior de las instalaciones de
la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa municipio de Tixtla donde acordaron los
asistentes que durante la presente semana realizarán la retención de
aproximadamente 15 autobuses de las empresas con razón social Estrella de Oro,
y Estrella Blanca con la finalidad de contar con los medios necesarios para
trasladarse a la plaza de México D.F. a fin de participar en el XVLI
aniversario de los hechos registrados el 2 de octubre de 1968…”.
Ese tipo de mensajes se multiplicaron durante los días
siguientes. El 26 de septiembre de 2014, los OBIS reportaron de manera
pormenorizada a sus superiores todos los movimientos de los estudiantes,
quienes buscaban tomar buses para viajar a la Ciudad de México a la marcha por
el 2 de octubre.
Es claro que la información de la toma de buses por parte de
los normalistas se sabía con antelación en la Sedena y que la institución
militar tenía detalles precisos, al más alto nivel, por las órdenes que había
impartido DN1, de las reuniones que se celebraban dentro de la escuela, donde
se encontraban desplegados OBIS matriculados como normalistas que, según la
terminología militar, estaban en condición de “fachada”. Uno de ellos fue uno
de los 43 desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el pasado 1 de
octubre que “no necesariamente” era un infiltrado, sino que “estaba estudiando
en Ayotzinapa”. Pero los propios documentos de la Sedena contradicen a la
presidenta.
El GIEI conoció documentación de la Sedena que muestra que el
soldado López Patolzin fue asignado con función de OBI —en los documentos se le
señala como “fachada”— a la Escuela Normal y, por lo tanto, informaba
permanentemente de los movimientos de los estudiantes, igual que lo hacían
otros OBIS infiltrados en otros cursos.
Dolo eventual
[…]
La Sedena tenía competencia para actuar, tenía conocimiento
de los hechos en tiempo real y había intervenido en otras ocasiones en que se
presentaron hechos de violencia con armas de fuego en Iguala, según se
documenta en el capítulo “5.2.1. Contexto previo y deber de actuación en 2014.
Actuaciones y competencia de SEDENA cuando se dan ataques con armas” del VI
Informe del GIEI del caso Ayotzinapa.
La Sedena también monitoreaba a Guerreros Unidos y otros
grupos criminales que actuaban en la región de Iguala. Documentos de
inteligencia militar conocidos por el GIEI incluyen partes de conversaciones
entre criminales presuntamente implicados en las desapariciones de los
normalistas. En esas comunicaciones telefónicas interceptadas la noche del 26
de septiembre de 2014 se dice que tienen 17 detenidos en “la cueva”, lo que
coincide con los 17 jóvenes que fueron llevados a la comandancia de la policía
en barandillas y entregados a los criminales.
[…]
Existe abundante evidencia de que la Sedena se ha negado a
entregar a los padres de los 43, a sus representantes y a los investigadores
del caso, toda la información que tiene sobre el caso.
La institución militar cuenta con abundante y pormenorizada
información del ataque contra los 43 normalistas y de su desaparición, tanto
por el seguimiento que sus servicios de inteligencia hicieron a las actividades
de los estudiantes en septiembre de 2014 como por las investigaciones e
interceptaciones telefónicas a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
El muro verde
Como titular de la Sedena, el general Cienfuegos optó por la
opacidad en relación con la información en poder del Ejército sobre los sucesos
de la Noche de Iguala. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional
entre 2018 y 2024, permitió una apertura parcial de los archivos.
Por órdenes del presidente López Obrador, el general Sandoval
dio acceso al GIEI a parte de los archivos de la Sedena sobre el caso. Pero
cuando la misma información suministrada nos indicaba que había cientos de
documentos faltantes, pedimos a la Sedena proporcionarlos y, en ese momento,
nos encontramos de nuevo con lo que he llamado un “muro verde” impenetrable.
El alto mando militar desobedeció las órdenes del presidente
López Obrador de entregar toda la información de la institución militar sobre
el caso Ayotzinapa.
[…]
López Obrador terminó por respaldar al Ejército mexicano en
su afirmación de que ya había proporcionado toda la información sobre el caso,
lo que no es verdad, según los propios folios referidos en los mismos
documentos de la Sedena. Se trata de los famosos 800 folios faltantes.
El actual secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo
Trevilla Trejo, mantiene la misma versión que sus antecesores: que ellos ya
entregaron todo. El pasado 2 de octubre declaró que en esa institución militar
“ya no hay más documentos” sobre el caso Ayotzinapa. La presidenta Claudia
Sheinbaum ha respaldado esa versión. Pero las evidencias los contradicen.
Esta es parte de una entrevista que me hizo la revista Proceso
en septiembre de 2013:
– ¿Usted cree que los militares saben qué pasó con los
muchachos? –se le pregunta a Buitrago.
– Ellos saben –responde la exintegrante del GIEI.
– ¿Ellos saben qué pasó?
– Estoy convencida.
– ¿Ellos saben su paradero?
– Yo creo que sí, yo creo que sí —insiste—. Porque, además,
en los documentos del CRFI (Centro Regional de Fusión de Inteligencia) está.
Hay documentos en donde en esos monitoreos técnicos se dice dónde están.
– ¿Esa información que ellos (los militares) están ocultando
podría servir para dar con el paradero de los 40 muchachos que faltan de ser
localizados? –se le pregunta.
–Sí, y (con el paradero) de los demás responsables. Porque
además el monitoreo es directo, el monitoreo es el seguimiento técnico de los
teléfonos, incluso de autoridades, pero también del crimen organizado.
El caso Ayotzinapa es un caso de desaparición forzada
constitutivo de un crimen de lesa humanidad. Este no es un delito que
prescriba, ni en ámbito del Derecho Internacional Humanitario ni en la
legislación mexicana. Por tanto, es un delito que, desde 2014, ha tenido
continuidad hasta hoy.
Es, y vale la pena resaltarlo, un delito de ejecución
permanente. Hoy mismo se está cometiendo, y los presuntos responsables están
sujetos a todas las legislaciones actuales o futuras que sancionen ese crimen.
En su caso no aplica el principio de irretroactividad de la ley.
(Hasta aquí el artículo de Ángela Buitrago, “La presunta
responsabilidad militar en las desapariciones forzadas del caso Ayotzinapa” en www.proceso.com.mx del 19 de octubre de
2026).
El Artículo 27 de la ley mexicana
sobre la desaparición forzada señala que “Comete el delito de desaparición
forzada de personas el servidor público o el particular que, con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la
libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa
a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información
sobre la misma o su suerte, destino o paradero”.
El Artículo 28 de la misma ley
establece que “Al servidor público, o el particular que con la autorización, el
apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar
información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el
paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier
forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30 (de 40 a 60 años de
prisión)”.
Existe bastante evidencia de que el
Ejército no solo monitoreó en tiempo real cada paso de la desaparición del los
43, sino que jugó un papel clave en coordinar el operativo y posterior
encubrimiento en que seis personas fueron asesinadas y 43 normalistas fueron
entregados al crimen organizado por policías municipales al crimen organizado.
(Ver Ayotzinapa: Faro de lucha contra el Estado criminal y la necesidad de
una revolución real de la Organización Comunista Revolucionaria,
México, disponible para descarga gratuita en aurora-roja.blogspot.com).
Sin embargo, tan
solo por tener conocimiento de estos crímenes y luego encubrirlos, el
Ejército, desde el secretario Cienfuegos hasta abajo, ha cometido y sigue
cometiendo el crimen de desaparición forzada, ya que ha incurrido en “la
abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a
proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”. Al
encubrir y negar la existencia de esta información, según las leyes mexicanas, no
solo Cienfuegos y demás militares, sino también merecen cuando menos una
pena de “40 a 60 años de prisión” los presidentes Peña Nieto, López Obrador y
Sheinbaum Pardo.
Voz de la
Organización Comunista Revolucionaria, México
aurora-roja.blogspot.com auroraroja.mx@gmail.com
- 13 de
noviembre de 2026

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