Ángela Buitrago del GIEI documenta que el Ejército sabe todo sobre lo que les pasó a los 43 normalistas de Ayotzinapa

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En un importante artículo reciente en Proceso en línea, Ángela Buitrago, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demuestra que los más altos mandos del Ejército supieron en tiempo real cada paso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y siguen ocultando esa información, así como el papel del Ejército en ese crimen.

En su artículo, detalla el actuar criminal del Ejército y del ex secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en el crimen de Estado del 26 de septiembre de 2014 que resultó en seis personas asesinadas y 43 normalistas desaparecidos. Los Informes del GIEI demuestran contundentemente que participaron policías municipales, estatales, ministeriales y federales, el Ejército, el CISEN y el crimen organizado en el operativo de esa noche. No son opiniones, son hechos documentados en los Informes del GIEI a partir de documentos del propio Ejército. Tres gobiernos han encubierto la responsabilidad del Ejército en estos atroces crímenes: el gobierno de Enrique Peña Nieto, en cuya administración se cometió esta atrocidad, y los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo que siguen encubriendo el actuar criminal del Ejército al repetir y seguir repitiendo la mentira de que el Ejército no tiene más información que entregar.

Es la responsabilidad de toda persona de buen corazón denunciar estos hechos: platica con tus amigos y conocidos, denúncialo en tus redes. Porque, pese al criminal cerrazón del gobierno, esto contribuye a que muchos más conozcan la verdad y actúen en consecuencia. Es importante para la lucha por Verdad y Justicia en el caso Ayotzinapa y también para los más de 133 mil desaparecidos, los más de 460 mil asesinatos, los cientos de miles de desplazados forzados y tantos otros crímenes producto de la guerra contra el pueblo librada por la triple alianza del Estado, los grandes empresarios y el crimen organizado. Esta denuncia también contribuye a crear mejores condiciones para poner fin al actual sistema opresivo y crear otra sociedad radicalmente distinta y mucho mejor. (Puedes conocer más al respecto en el folleto Luchar ahora para la nueva revolución socialista en aurora‑roja.blogspot.com).

Lo siguiente es parte de lo que documenta Buitrago sobre la noche de Iguala en su impactante artículo:

Los militares desplegados en Iguala en labores de inteligencia —llamados Órganos de Búsqueda de Información (OBI u OBIS) en el lenguaje castrense— siguieron los hechos en tiempo real y los reportaban en forma inmediata al Batallón 27 en Iguala, a la Zona Militar 35 en Chilpancingo, a la IX Región Militar en Guerrero y a la oficina del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de la época, general Salvador Cienfuegos, identificado como DN1 en la documentación militar reservada.

El documento del Grupo de Análisis de Orden Interno (GAOI) de la Sedena numerado con el consecutivo 5151 del 25 de septiembre de 2014 conocido por el GIEI, indica que existía una orden del DN1 de realizar desde días antes un diagnóstico de las movilizaciones de los estudiantes que debería llegar a las 8:00 de la mañana del 26 de septiembre de ese año a las oficinas del general-secretario y, también, de mandar fotografías y material que se recuperara durante la preparación de los normalistas para viajar a la Ciudad de México a la conmemoración del 2 de octubre.

El VI Informe del GIEI señala que “por tanto, es inconcebible que se diga que no se tiene ninguna información al respecto de lo que estaba sucediendo con los estudiantes y que, por el contrario, el Ejército guardase prudente distancia, salvo la existencia de los OBI que informaban o del C-4 (centro interinstitucional de monitoreo) que transmitía lo que estaba sucediendo con la llegada de los estudiantes (a Iguala el 26 de septiembre). Era una orden del DN1 mandar fotografías y material de todo lo que estaba sucediendo, por lo que este material debe estar todavía en sus archivos”.

Por esa razón, “tampoco es sostenible, como señalaron algunos miembros del 27 BI (Batallón de Infantería) ahora investigados, que la información se dio de forma verbal entre los OBI y su responsable el teniente JG o el comandante del 27 BI, porque la orden era que se enviara directamente al DN1”.

Documentos militares recopilados por el GIEI, la CoVAJ y la Fiscalía Especial dan cuenta de que los días 26 y 27 de septiembre de 2014 el seguimiento de los OBIS a los estudiantes inició en Chilpancingo, continuó con su salida de la Escuela Normal hacia Iguala, y en esta ciudad presenciaron los intentos de toma de buses, su traslado a la Central Camionera y, posteriormente, su desplazamiento en dos grupos con el propósito de salir de la ciudad.

La Sedena y DN1 recibieron toda esta información en tiempo real. Los OBIS enviaban los reportes a los responsables de inteligencia del Batallón 27 y de la Zona Militar 35, con copia a la IX Región Militar en Guerrero y a las oficinas de DN1, es decir, al general Cienfuegos.

Un mensaje en Formato Cifrado Arcano (FCA), que es el utilizado por la Sedena para sus informes confidenciales, llegó a las oficinas del DN1, al S-2 (Inteligencia), a la IX Región y al Batallón 27 cuatro días antes de las desapariciones. Señalaba: “A. 08:00, 22 de sep. de 2014, se tuvo conocimiento de una reunión del comité estudiantil Ricardo Flores Magón perteneciente al citado plantel educativo al interior de las instalaciones de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa municipio de Tixtla donde acordaron los asistentes que durante la presente semana realizarán la retención de aproximadamente 15 autobuses de las empresas con razón social Estrella de Oro, y Estrella Blanca con la finalidad de contar con los medios necesarios para trasladarse a la plaza de México D.F. a fin de participar en el XVLI aniversario de los hechos registrados el 2 de octubre de 1968…”.

Ese tipo de mensajes se multiplicaron durante los días siguientes. El 26 de septiembre de 2014, los OBIS reportaron de manera pormenorizada a sus superiores todos los movimientos de los estudiantes, quienes buscaban tomar buses para viajar a la Ciudad de México a la marcha por el 2 de octubre.

Es claro que la información de la toma de buses por parte de los normalistas se sabía con antelación en la Sedena y que la institución militar tenía detalles precisos, al más alto nivel, por las órdenes que había impartido DN1, de las reuniones que se celebraban dentro de la escuela, donde se encontraban desplegados OBIS matriculados como normalistas que, según la terminología militar, estaban en condición de “fachada”. Uno de ellos fue uno de los 43 desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el pasado 1 de octubre que “no necesariamente” era un infiltrado, sino que “estaba estudiando en Ayotzinapa”. Pero los propios documentos de la Sedena contradicen a la presidenta.

El GIEI conoció documentación de la Sedena que muestra que el soldado López Patolzin fue asignado con función de OBI —en los documentos se le señala como “fachada”— a la Escuela Normal y, por lo tanto, informaba permanentemente de los movimientos de los estudiantes, igual que lo hacían otros OBIS infiltrados en otros cursos.

Dolo eventual

[…]

La Sedena tenía competencia para actuar, tenía conocimiento de los hechos en tiempo real y había intervenido en otras ocasiones en que se presentaron hechos de violencia con armas de fuego en Iguala, según se documenta en el capítulo “5.2.1. Contexto previo y deber de actuación en 2014. Actuaciones y competencia de SEDENA cuando se dan ataques con armas” del VI Informe del GIEI del caso Ayotzinapa.

La Sedena también monitoreaba a Guerreros Unidos y otros grupos criminales que actuaban en la región de Iguala. Documentos de inteligencia militar conocidos por el GIEI incluyen partes de conversaciones entre criminales presuntamente implicados en las desapariciones de los normalistas. En esas comunicaciones telefónicas interceptadas la noche del 26 de septiembre de 2014 se dice que tienen 17 detenidos en “la cueva”, lo que coincide con los 17 jóvenes que fueron llevados a la comandancia de la policía en barandillas y entregados a los criminales.

[…]

Existe abundante evidencia de que la Sedena se ha negado a entregar a los padres de los 43, a sus representantes y a los investigadores del caso, toda la información que tiene sobre el caso.

La institución militar cuenta con abundante y pormenorizada información del ataque contra los 43 normalistas y de su desaparición, tanto por el seguimiento que sus servicios de inteligencia hicieron a las actividades de los estudiantes en septiembre de 2014 como por las investigaciones e interceptaciones telefónicas a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

El muro verde

Como titular de la Sedena, el general Cienfuegos optó por la opacidad en relación con la información en poder del Ejército sobre los sucesos de la Noche de Iguala. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional entre 2018 y 2024, permitió una apertura parcial de los archivos.

Por órdenes del presidente López Obrador, el general Sandoval dio acceso al GIEI a parte de los archivos de la Sedena sobre el caso. Pero cuando la misma información suministrada nos indicaba que había cientos de documentos faltantes, pedimos a la Sedena proporcionarlos y, en ese momento, nos encontramos de nuevo con lo que he llamado un “muro verde” impenetrable.

El alto mando militar desobedeció las órdenes del presidente López Obrador de entregar toda la información de la institución militar sobre el caso Ayotzinapa.

[…]

López Obrador terminó por respaldar al Ejército mexicano en su afirmación de que ya había proporcionado toda la información sobre el caso, lo que no es verdad, según los propios folios referidos en los mismos documentos de la Sedena. Se trata de los famosos 800 folios faltantes.

El actual secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, mantiene la misma versión que sus antecesores: que ellos ya entregaron todo. El pasado 2 de octubre declaró que en esa institución militar “ya no hay más documentos” sobre el caso Ayotzinapa. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado esa versión. Pero las evidencias los contradicen.

Esta es parte de una entrevista que me hizo la revista Proceso en septiembre de 2013:

– ¿Usted cree que los militares saben qué pasó con los muchachos? –se le pregunta a Buitrago.

– Ellos saben –responde la exintegrante del GIEI.

– ¿Ellos saben qué pasó?

– Estoy convencida.

– ¿Ellos saben su paradero?

– Yo creo que sí, yo creo que sí —insiste—. Porque, además, en los documentos del CRFI (Centro Regional de Fusión de Inteligencia) está. Hay documentos en donde en esos monitoreos técnicos se dice dónde están.

– ¿Esa información que ellos (los militares) están ocultando podría servir para dar con el paradero de los 40 muchachos que faltan de ser localizados? –se le pregunta.

–Sí, y (con el paradero) de los demás responsables. Porque además el monitoreo es directo, el monitoreo es el seguimiento técnico de los teléfonos, incluso de autoridades, pero también del crimen organizado.

El caso Ayotzinapa es un caso de desaparición forzada constitutivo de un crimen de lesa humanidad. Este no es un delito que prescriba, ni en ámbito del Derecho Internacional Humanitario ni en la legislación mexicana. Por tanto, es un delito que, desde 2014, ha tenido continuidad hasta hoy.

Es, y vale la pena resaltarlo, un delito de ejecución permanente. Hoy mismo se está cometiendo, y los presuntos responsables están sujetos a todas las legislaciones actuales o futuras que sancionen ese crimen. En su caso no aplica el principio de irretroactividad de la ley.

(Hasta aquí el artículo de Ángela Buitrago, “La presunta responsabilidad militar en las desapariciones forzadas del caso Ayotzinapa” en www.proceso.com.mx del 19 de octubre de 2026).

El Artículo 27 de la ley mexicana sobre la desaparición forzada señala que “Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”.

El Artículo 28 de la misma ley establece que “Al servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30 (de 40 a 60 años de prisión)”.

Existe bastante evidencia de que el Ejército no solo monitoreó en tiempo real cada paso de la desaparición del los 43, sino que jugó un papel clave en coordinar el operativo y posterior encubrimiento en que seis personas fueron asesinadas y 43 normalistas fueron entregados al crimen organizado por policías municipales al crimen organizado. (Ver Ayotzinapa: Faro de lucha contra el Estado criminal y la necesidad de una revolución real de la Organización Comunista Revolucionaria, México, disponible para descarga gratuita en aurora-roja.blogspot.com). 

Sin embargo, tan solo por tener conocimiento de estos crímenes y luego encubrirlos, el Ejército, desde el secretario Cienfuegos hasta abajo, ha cometido y sigue cometiendo el crimen de desaparición forzada, ya que ha incurrido en “la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”. Al encubrir y negar la existencia de esta información, según las leyes mexicanas, no solo Cienfuegos y demás militares, sino también merecen cuando menos una pena de “40 a 60 años de prisión” los presidentes Peña Nieto, López Obrador y Sheinbaum Pardo.

 Aurora Roja

Voz de la Organización Comunista Revolucionaria, México

aurora-roja.blogspot.com         auroraroja.mx@gmail.com

- 13 de noviembre de 2026

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