Ya está comprobado que
por lo menos siete personas fueron masacradas por este Estado ilegitimo y
criminal en Iguala. Por las pruebas del ADN, ya sabemos que Alexander Mora
Venancio, joven de 19 años, normalista de Ayotzinapa de primer año, fue
ejecutado y su cuerpo incinerado y pulverizado.
Alexander era de El
Pericón, municipio de Tecoanapa, parte de la Costa Chica conocida por su
rebeldía, donde el año pasado la gente se organizó y se armó para expulsar a la
delincuencia. Era el más joven de ocho hermanos, hijo de Ezequiel Mora,
campesino y taxista. Amaba el futbol y luchaba por su sueño de ser maestro
rural. Su familia le decía Chande y
sus compañeros La Roca, o bien por su
“férreo temple en la cancha” o porque, como decía otro normalista, “Era un compañero fuerte, muy perseverante en lo que se proponía”. De
los 43 normalistas desaparecidos, ocho son de Tecoanapa. A la pregunta de un
reportero de qué le pediría al gobierno, el papá de Alexander respondió, “¡Nada!
Me siento enojado con ellos; nunca encontré apoyos, nunca dieron con los
muchachos que estaban desaparecidos, los hubieran rescatado, (pero) estuvieron
contra ellos y decían que ellos se habían buscado eso: tres muertos, otros
malheridos y 43 desparecidos”. También dijo: “Es el gobierno que ha matado a
todos los luchadores sociales”.
En todo
caso, no cabe duda de que FUE EL ESTADO,
como han recalcado con mucha razón los normalistas, los padres de familia, y
los cientos de miles en el país y alrededor del mundo que se han levantado
contra este crimen. Todos los tres
niveles del gobierno están implicados en los crímenes de lesa humanidad en
Iguala. La policía municipal asesinó a seis personas y secuestró a los 43
normalistas la noche del 26 de septiembre. La Policía Federal y la estatal vigilaron
y siguieron a los normalistas desde Chilpancingo hacia Iguala. El gobierno del
estado avisó a la policía municipal de Iguala del traslado de los estudiantes
más de tres horas antes de su primer asalto armado contra los jóvenes. El 27
batallón de infantería del Ejército intervino después, agrediendo y amenazando
a los normalistas. Siguen sin identificarse los “hombres de negro” sin uniforme
que participaron en el asalto a los estudiantes. Exigimos la plena identificación y castigo ejemplar a todas las
autoridades y los mandos de las fuerzas federales, estatales y municipales con
o sin uniforme que participaron en el horror de Iguala. ¡Peña Nieto, Ángel
Aguirre y Abarca merecen cárcel!
El motivo de estos crímenes salvajes fue la
represión política por parte del Estado, y su uso de sicarios del crimen organizado en este y otros casos
no cambia ese hecho fundamental. Hasta el mismo gobierno mentiroso finalmente
tuvo que admitir que los normalistas no tenían nada que ver con el crimen
organizado. En cambio, el Estado persigue desde hace tiempo a normalistas y cierra
cuanta normal rural que pueda, porque el sistema principalmente capitalista que
este Estado defiende necesita explotar y despojar a los campesinos e indígenas,
y no necesita educarlos. También buscan
apagar las llamas de rebelión que emanan de estas escuelas de los pobres en
aras de reforzar el “orden” opresivo de este sistema; por eso el Estado se
encarga de hostigar y asesinar a los normalistas. La noche de terror en Iguala
tiene entre sus múltiples antecedentes el asesinato de dos normalistas de
Ayotzinapa por las policías federal y estatal el 12 de diciembre de 2011.
El
crimen masivo contra los normalistas de Ayotzinapa es especialmente horroroso,
pero es solo uno de los incontables crímenes de violencia reaccionaria contra
el pueblo, cometidos o solapados por este Estado que en los últimos años se han
generalizado e intensificado en lo que es una verdadera guerra contra el pueblo,
bajo la tutela de Washington. Para mencionar sólo algunos casos, en 2006, la
policía del estado de México bajo el mandato de Peña Nieto mató a dos personas
y violó a dos docenas de mujeres en Atenco. El 1º de marzo de 2010, el mismo
batallón del ejército en Iguala desapareció a seis personas, crimen que queda
impune pese a “pruebas contundentes” (Informe de 2011 de Human Rights Watch). Trece
luchadores sociales fueron asesinados en solo seis meses de 2013 en Guerrero,
incluyendo tres personas ejecutadas por Abarca en Iguala, pero la PGR rehusó
detenerlo. En junio de 2014, el ejército ejecutó a 21 personas que se habían
rendido en Tlatlaya, estado de México. Siete mujeres son asesinadas cada día en
este país (datos del Inegi) y en los primeros 23 meses del gobierno de Peña
Nieto, 41 mil personas fueron asesinadas. Horror tras horror, crimen tras
crimen, cometidos o solapados por un Estado criminal al servicio de un sistema
desalmado.
Este
Estado nació de la contrarrevolución de
los Constitucionalistas, que representaban los intereses de sectores de los capitalistas
y terratenientes que confluyeron en la revolución de 1910, y luego ahogaron en
sangre a los ejércitos de Villa y Zapata, y se acoplaron al sistema
imperialista mundial. Desde aquel entonces este Estado nunca ha dejado de
reprimir, torturar y asesinar a gente del pueblo en los intereses de defender
un sistema basado en la explotación y opresión de la gran mayoría por unos
cuantos. La raíz del problema no es simplemente las políticas neoliberales de
las últimas décadas o la corrupción y complicidad con el narcotráfico que
saturan todos los niveles del gobierno. El
problema de fondo es el sistema capitalista-imperialista, un sistema regido
por la competencia salvaje entre grandes capitales, basado en la explotación. Un
sistema que produce la pobreza, tritura la vida y los sueños de la gran
mayoría, destruye el medio ambiente y amenaza el futuro de la vida en la
Tierra. La encomienda de este Estado no es de proteger a la gente como nos
cuentean; es de proteger a al sistema que reina sobre la gente, y reforzar las
relaciones opresivas que este sistema impone.
No se
puede esperar que el lobo se vuelva vegetariano. Comer carne está en su
naturaleza. Tampoco se puede esperar que este Estado deje de devorar a la
gente: está en su naturaleza y la naturaleza del sistema que protege. Ninguna
reforma, ningún cambio de personas o grupos políticos al mando del actual Estado
cambiará el hecho de que es un aparato represivo para proteger y reforzar el
funcionamiento del sistema capitalista-imperialista.
Si
realmente queremos luchar porque estos crímenes cesen y no vuelvan a ocurrir
nunca más, tenemos que forjar la más amplia y resuelta resistencia que ponga al
Estado en el banquillo de los acusados, como parte de la lucha por forjar un
movimiento para una nueva revolución emancipadora, distinta a las anteriores. La
tarea urgente ahora es preparar a la gente, la organización y la dirección
necesaria para tal revolución. Hace falta una revolución que derrote y
desmantele el actual Estado y elimine este sistema mayormente capitalista bajo
dominación imperialista. Sobre sus escombros construiremos entre todos una
nueva sociedad socialista dedicada a servir, no a las ganancias de unos cuantos
sino a las necesidades del pueblo y al avance de la revolución mundial hacia la
emancipación de la humanidad entera. Y en esa nueva sociedad, entre muchas
otras transformaciones profundas, las
fuerzas de seguridad populares arriesgarían su propia vida antes que causarle
daño alguno a la gente.
En las
palabras de uno de los padres de familia de los normalistas desaparecidos, “Alexander… haremos que tus cenizas sean
una semilla para la revolución”.
¡Castigo ejemplar a Peña Nieto, Ángel
Aguirre y Abarca!
¡Plena identificación y castigo a los mandos
federales, estatales y municipales que participaron en los crímenes de Iguala!
¡Muera el Estado asesino e ilegítimo!
¡La revolución es la solución!
Aurora Roja
Voz de la Organización Comunista
Revolucionaria, México
aurora-roja.blogspot.com auroraroja.mx@gmail.com
Cita textual del Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF): “El EAAF no estuvo presente en el momento en que
los buzos y peritos de la PGR recuperaron dicha bolsa ni participó en el
hallazgo de dicho fragmento. Fue convocado por la PGR al lugar cuando ya se
encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se hallaba
junto con otras sobre un área de limpieza… [E]n opinión de este equipo, por el
momento no hay suficiente certidumbre científica o evidencia física de que los
restos recuperados en el río San Juan por peritos de la PGR y en parte por el
EAAF correspondan a aquellos retirados del basurero de Cocula, como indicaron
los inculpados”.
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