Reproducimos los
siguientes artículos del valiente reportaje de Anabel Hernández y Steve Fisher
en la revista Proceso por su gran
importancia para la lucha por llegar a la verdad sobre los asesinatos y la
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y porque estos números ya no
están disponibles en los puestos de periódicos.
Anabel Hernández y
Steve Fisher
Revista Proceso No. 1989, 13 de diciembre de 2014
La noche del
26 de septiembre policías de Iguala y Cocula, obedeciendo órdenes del alcalde
igualteco, atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, mataron a tres y a otros
43 se los entregaron a Guerreros Unidos, grupo que presuntamente los asesinó e
incineró. Esa es la versión oficial. Pero una investigación periodística, basada
en documentos, audiovideos y testimonios, cuenta otra historia: El ataque fue
orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca
colaboración del Ejército.
Un trabajo realizado con el
apoyo del Programa de Periodismo
de Investigación de la Universidad de California en Berkeley con base en
testimonios, audiovideos, informes inéditos y declaraciones judiciales muestra
que la Policía Federal (PF) participó activa y directamente en el atentado.
Aún más, de acuerdo con la
información obtenida por Proceso en la Normal de Ayotzinapa, el ataque y
desaparición de los estudiantes fue dirigido específicamente a la estructura
ideológica y de gobierno de la institución, pues
de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil,
máximo órgano de gobierno de la escuela, y 10 eran “activistas políticos en
formación” del Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI).
Hasta ahora la versión oficial
es que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó la agresión,
preocupado por la posibilidad de que los estudiantes interrumpieran el informe
de actividades de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, titular del DIF
municipal.
Según esta versión, policías
municipales de Iguala y del vecino ayuntamiento de Cocula atacaron y capturaron
a los estudiantes, mientras Guerreros Unidos los asesinó y quemó, con el
desconocimiento de los agentes federales y los soldados destacados en la zona.
Sin embargo, los documentos y testimonios obtenidos revelan una historia
diferente.
Un informe inédito del gobierno
de Guerrero, fechado en octubre, entregado a la Secretaría de Gobernación
(Segob) hace más de un mes y obtenido por Proceso en torno a los hechos
del 26 y 27 de septiembre, señala que desde su salida de las instalaciones de
la Normal de Ayotzinapa los estudiantes eran monitoreados por agentes de las
administraciones estatal y federal.
El documento reporta que a las
17:59 horas el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de
Chilpancingo informó que los normalistas partían de Ayotzinapa rumbo a Iguala.
A las 20:00 horas la PF y la Policía Estatal llegaron a la autopista federal
Chilpancingo-Iguala, donde los estudiantes empezaban a hacer una colecta. A las
21:22 horas el jefe de la base de la PF, Luis
Antonio Dorantes, fue informado de la entrada de los jóvenes a la central
camionera y a las 21:40 el C4 de Iguala reportó el primer tiroteo.
El informe añade que desde el
pasado 28 de septiembre la Fiscalía General de Guerrero ordenó a la PF informar
si sus agentes participaron en los hechos del 26 de septiembre; pidió el
registro de entrada y salida del personal de su base de operaciones y exigió el
número de patrullas y el registro del armamento usado del 24 al 28 de
septiembre.
De acuerdo con la averiguación
previa HID/SC/02/0993/2014, la PF no entregó esa documentación. El 4 de
octubre, ante la presión política el gobierno de Guerrero declinó su
competencia y desde entonces la administración de Enrique Peña Nieto tiene el
control de la investigación.
Los videos
Este semanario pudo ver 12
videos grabados por los estudiantes con sus teléfonos celulares durante el
ataque. En uno de ellos las víctimas identifican claramente la presencia de la
PF. “¡Ya se están yendo los policías… se quedan los federales y nos van a
querer fastidiar!”, es la advertencia de un estudiante que se escucha en una de
las grabaciones.
En la historia reciente los
normalistas de Ayotzinapa ya habían sido atacados por la PF.
El 11 de diciembre de 2011,
durante una manifestación en la autopista México-Acapulco los federales
dispararon contra ellos y mataron a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y
Gabriel Echeverría de Jesús. El expediente CNDH/1/2011/1/VG consigna que varios
normalistas fueron detenidos y golpeados por la Policía Ministerial de Guerrero
y por la PF.
Hasta ahora el gobierno de Peña
Nieto ha ocultado la información que tiene acerca de la participación de la PF
y el Ejército en los acontecimientos.
La tarjeta informativa número
02370, firmada por el coordinador operativo de la región Norte de la Secretaría
de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, José Adame Bautista,
fechada el 26 de septiembre, afirma que a las 17:59 horas “reportaron vía
telefónica desde el C4 Chilpancingo sobre la salida de dos autobuses de la
línea Estrella de Oro con números económicos 1568 y 1531 con estudiantes de la
escuela rural Ayotzinapa con dirección a la ciudad de Iguala”.
La Normal Rural Raúl Isidro
Burgos está en el municipio de Tixtla, a una hora por carretera de Chilpancingo
y dos de Iguala. Se reportó a los tres niveles de gobierno la salida de los
estudiantes en tiempo real; esto indica que había vigilancia sobre ellos antes
del ataque.
La tarjeta informativa de Adame
agrega que los dos camiones llegaron a las 20:00 horas a la caseta de cobro
número tres de Iguala. Un camión se quedó ahí y el otro, frente al restaurante
La Palma en la carretera federal Iguala-Chilpancingo, a donde llegaron las
policías Estatal y Federal.
“Por lo antes narrado el
suscrito (Adame Bautista), con tres elementos más, se trasladó a la caseta en
mención, lugar donde se coordinó con personal de la Policía Federal sector
Caminos al mando del oficial Víctor Colmenares Campos con cinco elementos más
en tres unidades procediendo a monitorear las actividades de dichos
estudiantes”, señala el documento.
El informe de la esposa de
Abarca como presidenta del DIF municipal concluyó a las ocho de la noche –dos
horas antes de que los estudiantes entraran a la ciudad–, según declaraciones
judiciales de la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014 abierta por el
gobierno guerrerense –de la cual se tiene copia– y testimonios obtenidos por
este semanario.
Omar García, líder del COPI de Ayotzinapa,
entrevistado por Proceso en las instalaciones de la Normal, explica que
este año a su escuela le tocó “recolectar” 20 camiones para que ésta y otras
normales rurales fueran a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.
Antes de ir a Iguala ya habían “capturado” ocho camiones e iban por más. Contra
la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), afirma que no
tenían intención de protestar contra el alcalde o su esposa.
Sostiene que en la carretera
federal Iguala-Chilpancingo los normalistas tomaron un autobús, pero el chofer
no quiso bajar al pasaje y dijo que les daría la unidad al llegar a la central.
Pero cuando llegó a la estación, encerró en el vehículo a 10 estudiantes,
quienes llamaron a sus compañeros para pedir ayuda.
Los refuerzos llegaron y
rompieron la puerta del camión para sacar a sus compañeros. “Se armó el jaleo y
llamaron a la policía”, apunta Omar. De la central tomaron otros camiones. Dos
se fueron hacia Periférico Sur y otros tres debían tomar hacia Periférico
Norte, pero equivocaron la ruta.
Testigos afirman que cerca de
las 22:00 horas vieron circular tres autobuses de pasajeros por la calle Juan
N. Álvarez y a la altura
de la catedral los estudiantes comenzaron a bajar. El chofer que manejaba el
primer camión, Hugo Benigno Castro, asentó en su declaración judicial que los
jóvenes bajaron para preguntar a la gente por la salida a Chilpancingo.
Se escucharon entonces los
primeros disparos y la gente corrió. El policía municipal Raúl Cisneros declaró
que tras ser informado de un posible asalto acudió a la zona. Dijo que en el
lugar forcejeó con dos estudiantes que supuestamente lo quisieron desarmar, y
su supervisor de turno, Alejandro Temescalco, y él dispararon al aire. Ahí no
hubo heridos.
Los estudiantes ahuyentaron a
las patrullas a pedradas. Los tres vehículos siguieron por la Juan N. Álvarez
rumbo al Periférico.
Federales
El ahora exsecretario de
Seguridad Pública municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, en su
declaración judicial el 27 de septiembre dijo que a las 21:22 horas recibió un
reporte telefónico de que los estudiantes estaban tomando camiones. Aseguró que
inmediatamente llamó a Luis Antonio Dorantes, jefe de la base de la PF, quien
le dijo que estaría alerta.
“A las 21:30 horas los
radioperadores de la Policía Estatal del C4 Iguala y del Cuartel Regional me
hacen del conocimiento que las operadoras del servicio de emergencias 066 han
recibido llamadas telefónicas donde advierten que estudiantes de la Normal
Rural de Ayotzinapa están haciendo desmanes en las centrales de autobuses
Estrella Blanca y Estrella de Oro”, indicó Adame Bautista en su tarjeta
informativa.
Al mismo tiempo que la Policía
Estatal recibía el reporte, también lo recibieron la PF, el Ejército y la Policía
Municipal de Iguala, instancias a las cuales el C4 les reporta. Desde ahí se
controla la red de cámaras de vigilancia, algunas de ellas instaladas en el
centro de la ciudad. Pero aun cuando la Fiscalía General del Estado pidió las
imágenes, nunca le fueron entregadas.
En el documento citado se
afirma que a las 21:40 horas el C4 de Iguala recibió el reporte de
“detonaciones de arma de fuego”. Según Adame Bautista su policía no atendió la
contingencia por órdenes del subsecretario de Prevención y Operación de la
Policial Estatal, Juan José Gatica Martínez.
Natividad Elías Moreno,
operador de radio de la policía de Iguala y quien trabajaba en el Palacio
Municipal la noche del 26 de septiembre, explica en entrevista que el C4 del
municipio está conectado al Sistema Nacional de Seguridad Pública, controlado
por la Segob. Afirma categórico que todos los reportes que llegan al C4 van
simultáneamente a la PF, al Ejército y a las instancias federales de seguridad.
El pasado 7 de noviembre el
procurador general Jesús Murillo Karam afirmó que el “operador de radio de la
central de policía de Iguala, David Hernández Cruz”, declaró que fue Abarca
quien ordenó el ataque a los estudiantes. De
acuerdo con la copia obtenida por este semanario de la “orden de los Servicios
Operativos de Vigilancia, así como de los Servicios Administrativos”, ningún
empleado de dicha corporación tiene ese nombre.
Los documentos obtenidos
indican que desde el 28 de octubre la Segob y el senador priista Omar Fayad
–cabeza del grupo de trabajo encargado de indagar lo ocurrido en Iguala–
recibieron el informe pormenorizado del gobierno de Guerrero.
El segundo ataque
El segundo ataque tuvo lugar
unas cuadras antes de llegar al Periférico de Iguala. Las balas impactaron los
vidrios de los vehículos, poncharon las llantas y una patrulla municipal le
cerró el paso a la caravana de tres autobuses. En una acción coordinada y
táctica los estudiantes quedaron atrapados entre dos fuegos, sin posibilidad de
escapar.
Algunos estudiantes intentaron
mover la patrulla municipal, pero les dispararon. El normalista Cornelio Copeño
dijo que ese fue el momento en el cual su compañero Aldo Gutiérrez recibió el
disparo en la cabeza.
Los 12 videos obtenidos
captaron la agresión. En un audio sin imagen se escuchan las ráfagas. En otro
se ve a Aldo tirado al lado de una patrulla agitando los brazos. Y en una
grabación más se escucha que los estudiantes reclaman a los policías por qué
recogen los casquillos percutidos.
El tercer autobús fue el más
dañado. Asientos y pasillos quedaron manchados de sangre, como se ve en las
fotografías tomadas por los estudiantes. Fue de ahí de donde se llevaron a
algunos de los 43 desaparecidos.
El estudiante Francisco
Trinidad Chalma declara que durante el segundo ataque “policías municipales”
bajaron a sus compañeros y en el costado izquierdo del camión los tenían
sometidos. “Eran como 17 o 18 y policías eran alrededor de 60. Al parecer había
compañeros heridos porque los tuvieron un rato en el suelo”.
Otros testimonios de los mismos
estudiantes hablan de “patrullas municipales” y “más patrullas”, y afirman que
algunos atacantes estaban equipados con pecheras, rodilleras, cascos, coderas y
pasamontañas, y una patrulla traía un soporte para ametralladora desde donde un
uniformado los encañonó. Otros agregan que los policías adoptaron posición de
tiro. Se investigó que la Policía Municipal de Iguala no usa ese equipo ni éste
forma parte de los objetos asegurados por la fiscalía.
“Pregunté quiénes habían sido
los que les habían disparado, manifestándome los compañeros que habían estado
en el lugar de los hechos que primeramente fueron los policías municipales,
quienes con un vehículo tipo patrulla les obstaculizaron la circulación, y unos
compañeros se bajaron a hacer la patrulla a un lado para que los dejaran pasar,
y que al momento de que intentaron mover la patrulla (…) llegaron elementos de
la Policía Federal y ellos fueron los que dispararon en contra de mis
compañeros, hiriendo a varios de éstos, y resultó muerto uno de ellos, sin
saber el nombre de éste, por lo que los demás compañeros se bajan de los
autobuses y salen corriendo para protegerse de las balas de los federales, por
lo que se pusieron atrás de los autobuses y otros se tiraron al piso, y que uno
de los federales se puso a fumar un cigarro en una esquina, y haciendo ademanes
de que se arrimaran, ya de ahí los federales empezaron a recoger los casquillos
para no dejar evidencias de los hechos”, declaró a la fiscalía el estudiante
Luis Pérez Martínez.
Un testigo entrevistado por Proceso
señala que fue a ver qué pasaba. Cuando llegó, la calle estaba cerrada por
policías encapuchados, con armas largas, uniformes oscuros y se fijó en el
detalle de que no usaban pantalones como los de los policías municipales. Uno
de los videos revisados por los reporteros demuestra que entre los atacantes sí
había agentes de la PF.
Se buscó en la Normal de
Ayotzinapa a los estudiantes que estuvieron durante los tres ataques ocurridos
en la calle Juan N. Álvarez, pero no fue posible localizarlos pues a la mayoría
de ellos sus padres los sacaron de la escuela poco después de que los jóvenes
declararon ante las autoridades, la mañana del 27 de septiembre, a las cuales,
por temor, les dieron nombres falsos.
Vidulfo Rosales, abogado de los
normalistas y de los padres de los desaparecidos, dice a Proceso que
tras el ataque hubo confusión y miedo, pero que desde un inicio los estudiantes
declararon que la PF participo en el ataque. En los últimos días de noviembre
los jóvenes ampliaron sus declaraciones ante la PGR para dar más detalles de la
participación en los hechos de la PF y el Ejército.
Municipales y Ejército
La base de la policía de Iguala
está en el número 109 de Rayón, un callejón. La PGR sostuvo que esa noche los
43 estudiantes fueron trasladados ahí en patrullas y después fueron entregados
a Guerreros Unidos.
La base tiene una sola entrada
y por su portón no caben las camionetas con roll bar que usa la Policía
Municipal. Esto se verificó pues la PF, que ahora resguarda esas instalaciones,
usa el mismo tipo de unidades y éstas no pueden pasar. Los detenidos son
bajados en la calle y entran caminando.
Por dentro las oficinas de una
sola planta forman una especie de escuadra y todas tienen vista a un patio
abierto con forma triangular al cual también tienen vista las casas aledañas.
Los vecinos afirman a este semanario no haber visto ni escuchado nada fuera de
lo común esa noche.
Ante diputados federales, el
secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, afirmó el 13 de noviembre que el
27 Batallón de Infantería supo del ataque dos horas después de ocurrido. Pero según esta investigación, los
militares sí fueron informados a través del C4 y comandos del batallón estaban
en la zona cuando todo pasó.
Luego del segundo ataque, entre
las 23:00 y las 24:00 horas, un capitán del que sólo se conoce el apellido,
Crespo, del 27 Batallón de Infantería, llegó a la base de la Policía Municipal
de Iguala junto con otros 12 militares.
Crespo habló con el juez de
barandilla Ulises Bernabé García y con el pretexto de buscar “una motoneta
blanca” se metió a inspeccionar las celdas, oficinas y el patio. Testigos de la
visita del capitán dijeron que después de que se supo de la desaparición de los
estudiantes, les pareció más sospechosa.
El 21 de noviembre Bernabé
García fue citado a declarar por primera vez por una autoridad desde que
ocurrieron los hechos. Dijo a la PGR lo ocurrido con el capitán Crespo y afirmó
que los estudiantes de Ayotzinapa nunca fueron llevados a la base de la Policía
Municipal.
El 30 de octubre a las afueras
de Iguala fue colocada una manta dirigida a Peña Nieto supuestamente firmada
por un narcotraficante apodado El Gil. En ésta se responsabilizó de la muerte y
desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, entre otros, al “capitán
Crespo”, a quien se acusó de trabajar para el crimen organizado.
A las 23:00 horas Omar García y
otros estudiantes de Ayotzinapa llegaron a Iguala luego de recibir llamadas de
auxilio de sus compañeros. Hubo una hora sin disparos y ya no se veía a ningún
policía. Los normalistas llamaron a la prensa y mientras daban una conferencia
en la esquina del Periférico y Juan N. Álvarez, un comando abrió fuego contra
ellos a distancia. Cuando echaron a correr hubo varios heridos y dos
estudiantes cayeron muertos: Daniel Solís y Yosivani Guerrero.
El cuerpo de Julio César
Mondragón, el tercer estudiante asesinado, apareció al día siguiente en las
inmediaciones del C4 con el rostro desollado y con un globo ocular desprendido.
No tenía ningún disparo y según la necropsia murió por fractura de cráneo.
García dice a este semanario
que quienes dispararon era gente entrenada: “Es obvio que era gente muy
capacitada; he sido testigo de muchas balaceras en muchos lugares”, afirma.
“El Ejército llegó rápidamente.
Entró. Cortaron cartucho a modo de que iban, no sé, contra delincuentes, nos
acusó de que estábamos allanando morada, que nos iban a llevar a todos, pues
que éramos delincuentes”. Señala que los obligaron a quitarse la camisa,
revisaron si traían armas, les tomaron fotografías y les pidieron sus nombres
reales.
“No quiero que me den nombres
falsos porque si me dan un nombre falso, nunca los van a encontrar’. Eso lo
dijo así, textualmente”, afirma Omar. “Nos estaban insinuando que nos iban a
desaparecer o que nos iban a tener en algún lugar”.
Simultáneamente al tercer
ataque hubo una cuarta agresión contra uno de los camiones de normalistas que
tomó hacia Periférico Sur. De acuerdo con el informe de la Fiscalía de
Guerrero, el camión Estrella de Oro fue atacado en el tramo Iguala-Mezcala,
tenía vidrios rotos y llantas ponchadas. Se localizaron piedras, un suéter, un
pañuelo y ocho playeras, una de ellas con sangre y residuos de gas lacrimógeno,
el cual tampoco usa la policía de Iguala.
Tras los hechos del 26 y 27 de
septiembre, el jefe de la base de la PF en Iguala, Luis Antonio Dorantes y el
oficial Víctor Colmenares fueron removidos de sus cargos, se informó a Proceso
en la base policiaca.
Se solicitó a la PGR y a la
Segob un comentario sobre la participación de la Policía Federal y el Ejército
en el ataque a los normalistas. En nombre de la procuraduría, un funcionario
aceptó fijar una postura “institucional” y exigió su anonimato personal.
Dijo que el procurador Jesús
Murillo Karam ya había señalado que “las investigaciones continúan y que van a
llegar hasta sus últimas consecuencias”. La respuesta a las preguntas
planteadas forma parte de esa investigación,
agregó la fuente, y “por tanto nada podemos decir”. •
***
Declaraciones
a base de torturas
Anabel
Hernández y Steve Fisher
En torno al caso del ataque a
los normalistas de Ayotzinapa, actas de la Procuraduría General de la República
(PGR) prueban que al menos cinco de los supuestos integrantes de Guerreros
Unidos detenidos y que declararon contra el exalcalde igualteco José Luis
Abarca y contra las policías de Iguala y Cocula fueron previamente torturados
por marinos y policías federales.
Sidronio Casarrubias, a quien
la PGR señala como máximo líder de Guerreros Unidos, fue detenido el 15 de
octubre entre las 21:00 y las 22:00 horas en un restaurante, aunque la
procuraduría dijo que fue atrapado mientras circulaba por la carretera
México-Toluca. Aceptó ser hermano
de Mario Casarrubias, acusado de narcotráfico, pero negó pertenecer al grupo
criminal.
La PGR usó su testimonio para
decir que entre los estudiantes había miembros del grupo criminal Los Rojos y
que estaban armados, así como que el alcalde de Iguala daba al grupo una cuota
millonaria bimestral o mensualmente.
Según la dependencia fue
Sidronio quien confirmó que los estudiantes estaban muertos, aunque no ofreció
pruebas.
Raúl Núñez Salgado, quien tiene
una carnicería en Iguala y se dedica a organizar bailes y jaripeos, fue
detenido el 16 de octubre cuando salía de un centro comercial en Acapulco. La
PGR lo acusa de ser operador financiero de Guerreros Unidos y afirma que
“confesó” el pago de sobornos a la policía de Iguala y al alcalde.
En la “fe de integridad física”
levantada en la PGR se asienta que antes de declarar, Núñez presentaba más de
30 tipos de lesiones, entre ellas hemorragia interna en los ojos, huellas de
golpes en los oídos, moretones de 12 por ocho centímetros en la mejilla, marcas
en el cuello y brazos y golpes en las costillas. Por esas contusiones presentó
una queja contra los marinos que lo detuvieron.
Carlos Canto, El Pato, profesor
de secundaria y propietario del bar La Perinola, fue detenido en Iguala el 22
de octubre a las 03:00 horas por la Marina y la Policía Federal (PF). La PGR lo
acusa de delincuencia organizada y de la desaparición de los estudiantes. Fue
obligado a declarar contra Núñez Salgado, contra profesores amigos suyos y
contra Abarca. El 29 de octubre dijo en su declaración preparatoria que fue torturado
con toques eléctricos y golpes por la Marina para declarar con base en una
lista de nombres preparada por ellos.
El 7 de noviembre, durante la
conferencia de prensa para informar acerca del presunto asesinato y cremación
de los normalistas, el procurador general Jesús Murillo Karam presentó el
testimonio de otro individuo igualmente apodado El Pato, Patricio Reyes Landa,
visiblemente golpeado, quien supuestamente confesó que había matado y quemado a
los estudiantes.
Insectos eléctricos
Francisco Lozano y Eury Flores
fueron detenidos el 27 de octubre por la Marina en un departamento de
Cuernavaca, Morelos, aunque según los marinos el arresto ocurrió a las 5:00
horas del día 28, cuando interceptaron su coche, donde supuestamente traían armas
y cartuchos. Están acusados de delincuencia organizada, delitos contra la salud
y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego. Flores declaró que pertenecía
al grupo de Guerreros Unidos y que Núñez Salgado y Abarca también.
Según las constancias de integridad
física de la PGR, Flores presentaba hematomas en las costillas, en un ojo y un
labio, y dijo querer presentar denuncia contra quien lo golpeó. Lozano tenía
una herida en el tórax y las muñecas amoratadas, “y en la parte trasera de la
espalda, arriba de los glúteos, se aprecian picaduras, al parecer de algún
insecto con terminación puntiforme”… huellas del arma eléctrica con la cual lo
atormentaron. Lozano declaró al Ministerio Público que fue torturado por los
marinos que lo detuvieron.
Néstor Napoleón Martínez,
empleado de contabilidad e hijo de un funcionario de la Secretaría de Salud
guerrerense, tuvo la misma suerte. Lo detuvo la PF el 27 de octubre en Iguala a
las afueras del Centro Cristiano Nueva Vida. Cuando fue presentado en la PGR
tenía al menos 10 lesiones, entre ellas un hematoma de 13.5 por seis
centímetros en el vientre y cuatro heridas con costra en el muslo, cerca de la
ingle. Acusó de las lesiones a los policías que lo detuvieron y se reservó su
derecho a declarar.
La fuente de la PGR a la que
recurrieron los reporteros se limitó a responder que esa institución “desconoce
los hechos”. •
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