2. Posible participación de elementos
federales encubiertos en los ataques: ¿Quiénes fueron los “hombres armados
vestidos de civil” que balacearon a los normalistas en los dos ataques en
Iguala, donde murieron tres estudiantes y fueron heridos más de 20, y a otros
inocentes en la carretera por Santa Teresa, en que murieron el joven
futbolista, el chofer del camión del equipo Los
Avispones, y una mujer que viajaba en taxi? Es posible que no fueran simplemente
policías municipales de Iguala y Cocula, y algunos sicarios de Guerreros Unidos, como ha dicho el
gobierno. Su apariencia y su actuar coinciden
con los de la Policía Federal en sus acciones “encubiertas”, así como con los del
escuadrón de la muerte de la Marina que mató a 35 personas en Veracruz en 2011,
que fingía ser del cártel Jalisco Nueva
Generación. Son muchas las ocasiones en que el Estado mexicano ha disfrazado
asesinatos, tortura y desapariciones de activistas y de otras personas
inocentes cometidos por sus propias fuerzas como actos del “crimen organizado”.
También es conocido que el Estado utiliza a los narcos para eliminar a todo
tipo de oposición política, como fue el caso del asesinato de los dos
encargados de la computación de votos para el Frente Democrático Nacional en
las elecciones presidenciales de 1988.
Fuentes: Reportajes de varios periódicos del 27 y
28 sep 2014; Proceso #1821; Anabel
Hernández, Los señores del narco, p.
195
3. Enterados
desde el principio, los gobiernos federal y estatal dejaron que siguiera la
masacre: Otro hecho que sugiere la posible participación de elementos
federales y/o estatales en la masacre es que la policía estatal y el ejército
enfrentaron a los normalistas en Chilpancingo pocas horas antes del ataque en
Iguala, impidiendo la toma de autobuses ahí, y sabían que por eso los jóvenes
iban para Iguala. ¿No es probable que cuando menos les hayan avisado a sus
contrapartes en Iguala para hostigarlos? En todo caso, el entonces gobernador
Ángel Aguirre admitió que él sabía y que la PGR y el ejército sabían del ataque
en Iguala de una vez (y el ejército evidentemente sabía por medio del 27
batallón de Infantería). Todos decidieron no intervenir y dejar que
siguieran los ataques que resultaron en un saldo de seis muertos y 43
desaparecidos.
Fuentes:
La Jornada, edición impresa, 26 oct
2014, pág. 6; Carta abierta desde el extranjero – #AyotzinapaSomosTodos
4. A
propósito, dejaron escapar a Abarca: Las autoridades estatales y federales
dejaron más que suficiente tiempo para que huyeran los que acusan de ser los
autores intelectuales de la masacre: el alcalde Abarca, su esposa María de Los
Ángeles Pineda y el jefe de policía Felipe Flores Velázquez. Ordenes de aprehensión en contra de Abarca, Pineda y Flores Velázquez no
hubo ¡hasta 26 días después del crimen! ¿No será que tienen miedo de quiénes
más puedan quedar implicados por el testimonio de estos criminales desalmados?
Fuente: Conferencia de Prensa de Murillo
Karam, 22 oct 2014, Boletín 198/14
5. El gobierno federal se niega a reconocer
que es un caso de desaparición forzada: El representante del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos declaró que dentro de 72 horas
del ataque, estaban dados los tres elementos que establecen la desaparición
forzada de los normalistas, lo cual requiere por ley la intervención del
gobierno federal. También recomendó “investigar por qué el Ejército y la
policía estatal no defendieron a los jóvenes, cuando en el centro de Iguala se
encuentra el 27 batallón de infantería, y el gobierno de Ángel Aguirre supo de
la agresión al momento en que ocurría”. Evidentemente no se ha querido realizar
tal investigación, por lo que podría revelar.
Fuente: La Jornada en línea, 21 oct 2014
El 30 de
septiembre, (cuatro días después del ataque), en un intento de restarle
importancia al crimen y fijar la culpa en el nivel local, Peña Nieto insistió
que el gobierno del estado de Guerrero debía “asumir su responsabilidad”, con
el simple “respaldo” del gobierno federal. “El
presidente Enrique Peña Nieto advirtió que aunque el gobierno federal
respaldará en labores de seguridad a Guerrero, la administración estatal debe
asumir su responsabilidad ante la situación que padece esa entidad”. La
Procuraduría General de la República no atrajo el caso sino hasta el día 5 de
octubre, 10 días después de la masacre, cuando se dio el “hallazgo” de las
primeras fosas clandestinas. Y hasta la fecha, persiste en hablar de “no
localizados” en vez de reconocer la contundente realidad de que hay 43
estudiantes víctimas de la desaparición forzada por agentes del Estado. ¿Cuál
es su interés en negar este hecho conocido por todos?
Fuente: Entrevista de López Dóriga con
Ángel Aguirre en Radio Fórmula, enlazada con otra reportera que estaba en un
acto con Peña Nieto; Conferencia de Prensa de Murillo Karam, 22 oct 2014, Boletín 198/14
6. El
gobierno es indulgente con los policías asesinos: A pesar de que el
gobierno acepta que dispararon a los estudiantes y se llevaron los
desaparecidos en patrullas, los policías municipales presos no están acusados
ni de homicidio ni de desaparición forzada, sino de delincuencia organizada y
“privación ilegal de la libertad”.
Fuente: La Jornada, edición impresa, 24 oct 2014,
pág. 4
7. Intentan
sabotear las investigaciones: El personal forense estatal y federal violaron adrede los protocolos internacionales
para la exhumación de cuerpos. El
representante del Alto Comisionado de la ONU afirmó que no se respetaron los
protocolos internacionales y que esto haría difícil o imposible lograr
resultados confiables en las pruebas de ADN (de los restos exhumados en las
primeras semanas). Miembros de organismos de derechos humanos criticaron que no
se preservó el área ni se tomaron correctamente las fotos forenses ni las del
lugar. Los cuerpos estaban mucho tiempo sin refrigeración en bolsas de plástica
y los números de identificación se colocaron mal, lo que hace más difícil
ubicarlos.
Fuentes: La
Jornada en línea, 21 oct 2014 y edición impresa 6 oct 2014, pág. 3
8.
Obstaculizan el trabajo independiente
del Equipo argentino: Se obstaculizó el trabajo del Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF), evitando que participaran en la exhumación de
cuerpos. La agente del Ministerio Público responsable de la Fiscalía
Especializada para Personas Desaparecidas de Guerrero se opuso a acreditarlos
como investigadores forenses y el Ministerio Público en Chilpancingo se negó a
firmar la cadena de custodia de las muestras de ADN que tomó el EAAF de los
familiares de los desaparecidos.
Fuente: Blanche Petrich, La Jornada en línea, 11 oct 2014, pág. 3
9.
La PGR cambia a cada rato su versión de
los hechos, sin ninguna explicación: El 5 de octubre se anunció que se encontraron
seis fosas clandestinas (aunque después dijeron cinco) localizadas por el
testimonio de cuatro personas detenidas, y de ahí exhumaron 28 cuerpos, con la
fuerte inferencia de parte del gobierno de que eran de los normalistas
desaparecidos. Luego, el 9 de octubre, el procurador federal Jesús Murillo
Karam anunció en conferencia de prensa que el arresto de cuatro personas el día
anterior llevó a la ubicación de cuatro fosas más donde “presuntamente se
habrían depositado los restos de otros 15 normalistas”. Al parecer, la “presunción”
de Murillo Karam de que en este segundo grupo de fosas se encontrarían los
cuerpos de los demás normalistas sólo se basó en restar 28 de los 43
desaparecidos que hay, para dar con 15. Luego, el 14 de octubre Murillo Karam anunció
que ninguno de los 28 cuerpos exhumados de las primeras cincos fosas
clandestinas correspondían a la “ADN que los familiares de estos jóvenes nos
han dado” (aunque el Equipo argentino todavía no ha anunciado sus conclusiones
al respecto) y que en el segundo grupo de fosas “no se hallaron cuerpos”. No
dieron ninguna explicación de por qué el supuesto testimonio de varios
presuntos testigos, del que tanto alarde hicieron, resultó falso según su nueva
versión. El Procurador tampoco demuestra ningún interés ni intención de
investigar quiénes fueron las personas asesinadas, cuyos cadáveres fueron
quemados y enterrados ahí, y quiénes son los culpables de estos horribles
crímenes. Ahora nos dicen de nuevo que cuatro nuevos detenidos ahora sí dieron
la pista clave para buscar fosas clandestinas en Cocula, mientras “reorientan”
la investigación a “encontrarlos vivos”, con todo un show de drones,
patrullajes y recompensas que hasta la fecha no encuentran nada. Lo único que queda claro de todo esto es
que el gobierno federal tiene más interés en encubrir los hechos que en
investigarlos.
Fuentes: La
Jornada, edición impresa, 10 oct 2014 y 15 oct 2014, pág. 3; Proceso en línea, 14 oct 2014, artículo
de Marcela Turati.
10. El gobierno
obstaculiza una búsqueda seria de los desaparecidos: El gobierno federal y el estatal no han rastreado
los celulares de los alumnos desaparecidos, aunque los padres de familia han
insistido que lo hagan. Repetidas veces el ejército o la Policía
Federal les ha cerrado el paso a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado
de Guerrero (Upoeg), prohibiendo así que pongan al descubierto más fosas
clandestinas o que investiguen en las que han ubicado. El 23 de octubre el
abogado de la dirigencia de la Upoeg anunció que han encontrado “26 puntos
probables de fosas clandestinas” en el área del Monte Horeb, municipio de
Iguala, y que en seis de esos puntos encontraron “restos óseos, cabellos, ropa
y mochilas”. El abogado también denunció que miembros de la Upoeg reciben
amenazas telefónicas para que abandonen la búsqueda. Un día después, peritos de
la PGR replicaron que “ya se habían hecho investigaciones y extraído los restos
humanos desde la semana pasada”. Pero la Upoeg insiste que “halló ‘carne
fresca’ y que en el paraje había un penetrante olor fétido, ‘una pestilencia
insoportable de restos humanos recién tirados’” y que “vecinos le dijeron que
todavía en las últimas noches ‘se siguen escuchando lamentos’”.
Fuente: La Jornada, 24 de octubre 2014, edición
impresa, pág. 7; y 25 de octubre 2014, pág. 3
11. Un
“mar de fosas clandestinas” y una historia de otros desaparecidos por el
ejército: Como lo dice un dirigente del Frente Igualteco por la Dignidad y
el Respeto a la Vida: “Iguala es una ciudad rodeada de un mar de fosas
clandestinas”. Las autoridades estatales y federales ya sabían de esa matanza
más generalizada mucho antes del 26 de septiembre, y no fue ninguna novedad
“descubrir” fosas clandestinas. Exhumaron fosas con 19 cuerpos en mayo pasado y
desde enero de 2014 habían aparecido 81 cuerpos, sin contar los 28 exhumados el
5 de octubre, aunque sin duda existen muchos más.
El hecho de que el ejército es culpable de
por lo menos algunos de estos asesinatos anteriores lo documenta un reportaje
reciente de la Associated Press (AP) sobre
un caso de 2010, cuando el ejército desapareció a Francis García Orozco, de 32
años, y Vladimir Lenin Pita, un joven de 17 años de edad. Hay testigos y un
video que documentan que se los llevaron soldados, cuando los dos transportaban
el equipo de sonido de un club nocturno al recinto de la feria para un festival.
Los dos siguen desaparecidos y el crimen queda impune.
Fuentes: La Jornada, edición impresa, 23 oct 2014, pág. 5; “Hunt for 43
students highlights Mexico’s missing”, Associated
Press en línea, 22 oct 2014; Sanjuana Martínez, La Jornada en línea, 19 oct 2014.
Además, millones de personas ya conocen que
el ejército ejecutó a 21 jóvenes que se habían rendido en Tlatlaya, Estado de México. No cabe duda de
que las Fuerzas Armadas están asesinando a mucha gente a sangre fría, sobre
todo jóvenes de las clases bajas y luchadores sociales, como lo son los
estudiantes de Ayotzinapa.
12. El
gobierno federal sabía de los crímenes anteriores de Abarca y los encubrió: El
gobierno federal también es culpable de los asesinatos y desapariciones en
Iguala porque encubrieron el asesinato de Arturo Hernández y dos compañeros más
de la Unidad Popular de Iguala el 30 de mayo de 2013. Murillo Karam y el
secretario de Gobernación Osorio Chong negaron todo conocimiento de estos
asesinatos, pero esto es una burda mentira. El caso fue denunciado ampliamente
en Internet, la esposa de Arturo Hernández acusó a Abarca de haber cometido los
asesinatos y un sobreviviente del secuestro testificó que presenció que Abarca
personalmente mató a Arturo Hernández con un tiro a la cabeza y otro al pecho. Este
testigo ocular dio su testimonio primero ante un notario público en el Distrito
Federal, y otra vez ante una agencia del Ministerio Público en marzo de 2014. La
Red Solidaria Década de Impunidad (RSDIAC),
encabezado por el obispo Raúl Vera López, tenía más de un año exigiendo a la
PGR que atrajera el caso cuando sucedió el ataque a los normalistas de
Ayotzinapa en Igual. Antes de la masacre de Iguala, la SEIDO (Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) aseguró que el
gobierno federal había atraído el caso en julio, mientras que la PGR hizo saber
a integrantes de la RSDIAC que “no quiso actuar contra José Luis Abarca Velázquez,
alcalde de Iguala, Guerrero, porque tenía fuero”. ¡¿Y ahora nos quieren decir
que no sabían nada del caso?! La verdad es que no tienen vergüenza. Frente a la
gran ola de protesta a nivel nacional e internacional por los crímenes de
Iguala, finalmente el mentiroso procurador Murillo Karam anunció el 9 de
octubre que la PGR había atraído el caso
y que ahora sí (después de dejar escapar a Abarca) el fuero no era problema.
Raúl Vera declaró que el secuestro de ocho integrantes del Frente Unidad
Popular y el asesinato de tres de ellos es el antecedente que explica lo que
pasó a los normalistas: “Aquí tenemos un caso claro en el que la prioridad es
tapar todo; Abarca secuestró, torturó, asesinó y no pasó nada. Ahora vuelve a
secuestrar, no sabemos dónde están los muchachos y otra vez, el Estado se
propone tapar todo. Se están yendo por los policías… No es la policía; queremos
que salgan a relucir las cabezas de esto”.
Fuente: Proceso #1980,
12 oct 2014, El Estado se convirtió en
una “institución criminal”, por Arturo Rodríguez García.
13. Apología para los asesinos, criminalización
a las víctimas: La conferencia de prensa del Procurador Murillo Karam del
22 de octubre es un ejemplo de su apología para las autoridades y la policía de
Iguala y los intentos del gobierno federal de criminalizar a los estudiantes. No
toma en cuenta ningún testimonio de los estudiantes agredidos: todo lo que afirma
se basa en “testimonios” de policías, funcionarios municipales, sicarios y supuestos
líderes de Guerreros Unidos. De los seis muertos de la masacre, solo menciona
el asesinato de un solo alumno en todo el pronunciamiento.
Miente al decir
que el motivo del ataque fue “evitar que los estudiantes ‘sabotearan’ la
fiesta… con motivo del informe de Pineda, presidente del DIF”. El primer ataque
comenzó cuando los normalistas ya habían pasado ese lugar, sin parar ni bajarse
de los camiones, y buscaban salir de la ciudad. Patrullas de la policía
bloquearon la calle y no permitieron su salida. Así el Procurador pinta una
masacre bestial casi como un acto de “autodefensa” por parte de los asesinos. Defiende
y busca justificar la masacre, al decir, “pensando ellos que podría repetirse
el escenario de conflicto que se vivió en junio de 2013 en la alcaldía de
Iguala, se les ordena reaccionar y pedir apoyo a la policía de Cocula”. NO menciona que el motivo de ese
"conflicto” en 2013 fue que Abarca acababa de asesinar a Arturo Hernández
y dos integrantes más de Unidad Popular, y por eso la gente protestaba en su
contra. Luego justifica el supuesto “aval” que da Sidronio Casarrubias, líder
de Guerreros Unidos, a la
desaparición forzada de 43 normalistas (lo cual no menciona directamente), al
decir que él pensaba que se trataba de “la defensa de su territorio de
influencia en Iguala”, en contra del “grupo
delictivo contrario”. Con
esto contradice su propio invento sobre la fiesta, con el único motivo de
criminalizar a las víctimas.
A pesar de todos
sus supuestos “testigos”, no ofrece ninguna información respecto a dónde están los 43 desaparecidos, ni si están vivos o muertos. Al
contrario, cuenta toda una serie de mentiras con el propósito de establecer
supuestos “bases” para seguir criminalizando a los estudiantes de Ayotzinapa,
acusarlos de ser cómplices de otra banda criminal (Los Rojos), culpar a los mismos estudiantes asesinados y
desaparecidos de la bestial represión que sufrieron, y dejar sin ningún castigo
a los verdaderos autores de estos crímenes atroces.
Fuente: Conferencia de Prensa de Murillo Karam, 22 oct 2014, Boletín 198/14
14. El gobierno federal persiste en agredir y
torturar a la gente: Desde que la Policía Federal tomó el control de la
(in)seguridad pública en Iguala, hay informes en Internet de que están cateando
casas, golpeando y deteniendo a personas inocentes. Para citar un caso del 24
de octubre: “Habitantes del poblado de Carrizalillo, en Zumpango de Neri,
denunciaron nuevamente en Iguala que efectivos de la Gendarmería y de la
Policía Federal incursionaron en la comunidad el pasado 21 de octubre,
torturaron a varias personas y se llevaron a ocho a Chilpancingo. ‘En total
golpearon como a 70’, dijo una persona que dijo haber sido testigo del
incidente”. En otro caso el mismo día pero en una colonia de Iguala pegadita a
Cocula, los federales golpearon, torturaron y detuvieron a ocho personas. La
madre de uno testifica que a su hijo lo golpearon, torturaron y le pusieron una
bolsa en la cabeza para que "dijera que era miembro de los Guerreros Unidos, un
narcotraficante".
Fuente: La Jornada, edición impresa, 25 oct
2014, pág. 3. y 29 oct 2014, pág. 5.
En resumen, no es solamente el gobierno municipal de Iguala y sus policías,
también los gobiernos federal y estatal, con sus policías y fuerzas armadas,
son asesinos, torturadores y secuestradores, y carecen de toda legitimidad.
Aurora Roja
Voz de la Organización Comunista Revolucionaria,
México
http:/aurora-roja.blogspot.com
1° de noviembre de 2014
